SANTO DOMINGO.- República Dominicana tiene la «obligación moral» de integrar a los haitianos que aparecen inscritos en el registro civil, a juicio de José Ricardo Taveras, director general de Migración.
«Ese es el precio que el país debe pagar por haber manejado de manera caótica la política migratoria por más de cien años», expresó.
Dijo que «los errores y desaciertos de los gobiernos anteriores deben ser resarcidos por las autoridades de turno, y una manera de hacerlo es integrando a la sociedad dominicana a personas que han podido ser víctimas de ese caos en material migratoria».
Sin embargo, aclaró que esa integración debe hacerse respetando la Constitución de la República, las leyes que norman la materia y la sentencia 168-20013 del Tribunal Constitucional, que niega la nacionalidad a los hijos de indocumentados.
«Pero, repito, el Estado Dominicano algún precio tiene que pagar por los errores de los antepasados, tenemos un caos en la política migratoria por más de 100 años, y es un deber moral integrar a quien está en el registro civil», reiteró.
Dijo que «ese caos se inició con el despegue de la industria azucarera dominicana en las dos últimas décadas del siglo XIX».
Aseguró que «ya provisto del andamiaje jurídico, más otras iniciativas pendientes, el Gobierno ha mostrado la voluntad firme de resolver ese drama humano, dentro de la facultad que tiene un Estado soberano como la República Dominicana».
En ese sentido, agregó que frente al «heredado» problema migratorio, el presidente Danilo Medina se ha comportado a la altura de la circunstancia de un líder de su dimensión histórica.
Valoróó que, pese a contar con una abrumadora popularidad en la población, Medina decidió consultar su Plan de Naturalización con el liderazgo político y religioso de la República Dominicana antes de someterlo al Congreso, ya que es unproblema que nos afecta a todos como nación».
«Eso lo hace un líder que está consciente de que la identidad y el equilibrio de la paz social se preservan a través de una correcta política migratoria de los Estados», explicó.
Manifestó que «que el país debe tener la absoluta seguridad de que lo que salga del despacho del presidente Medina para resolver este problema será una iniciativa que garantizará el respeto de la soberanía».
Taveras fue entrevistado por el periodista Héctor Herrera Cabral en el programa D´agenda que se difunde por Telesistema.
jt/am

Santo Domingo, 29 mar (PL) La Dirección de Aduanas de República Dominicana lleva adelante hoy un programa de renovación de sus oficinas en la zona fronteriza con Haití, el otro país ocupante de la caribeña isla de La Española.
El proyecto tiene como principales objetivos fortalecer los controles en la línea divisoria y ofrecer un servicio ágil y efectivo a los usuarios.
Según el titular de dicha entidad, Fernando Fernández, los trabajos incluyen el remozamiento de la infraestructura de algunas oficinas y la capacitación constante de su personal.
También se contempla en la iniciativa la formación técnica de fuerza laboral haitiana como parte de los acuerdos suscritos en esta materia entre los dos países.
ls/dsa
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SANTO DOMINGO (PL).- República Dominicana se mantiene como el país de América Central y el Caribe de mayor cantidad de personas víctimas de trata, según informes de organismos internacionales.
Un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito precisa que las víctimas dominicanas de ese flagelo han sido repatriadas de al menos 18 países, principalmente de Europa y América.
De 2007 a 2010, las dominicanas representaron uno y tres por ciento de las mujeres afectadas por dicho problema en los continentes mencionados, respectivamente.
Al referirse a la actual situación, el procurador general, Francisco Domínguez, manifestó que este país no puede seguir permitiendo que sus mujeres sean ofrecidas al mejor postor.
Nuestras compatriotas no son parte de un paquete turístico, afirmó el titular del Ministerio Público y reflexionó sobre la necesidad de poner fin al fenómeno de marcada incidencia social negativa.
A juicio de Domínguez, resulta necesario que se terminen las impunidades y complicidades con redes internacionales empeñadas en engañar a las dominicanas a partir del ofrecimiento de falsos contratos de trabajo.
Mediante una promesa laboral y de mejores condiciones de vida, los traficantes de seres humanos explotan a las mujeres de forma sexual con lo cual vulneran todos sus derechos fundamentales.
Por su parte, diversas organizaciones sociales también han denunciado la trata de personas y ofrecido algunas vías para superar este mal a partir de un enfoque multidimensional.
De acuerdo con el Movimiento contra la Esclavitud 1 A 1, cuyos propósitos son orientar y ayudar a víctimas a recuperarse e insertarse en la sociedad, este problema representa un delito de terribles consecuencias.
Paralelamente, está considerado como una modalidad contemporánea de esclavitud y una forma extrema de violencia contra mujeres, adolescentes y niños.
Con estrecha relación aparecen asociados la prostitución, la pornografía, el turismo sexual y el servicio doméstico, entre otras dificultades.
Aunque se reconocen los esfuerzos gubernamentales para enfrentar y solucionar la situación, las autoridades deben trabajar más en ese sentido, consideró el referido grupo.
Especialistas en el tema sostienen que la trata de personas no es solamente un problema que debe afrontar el Gobierno, se necesita la unidad y la comprensión de todos.
La atención a féminas víctimas de la trata cuenta con respaldo legal en Dominicana desde 2003 por medio del Ministerio de la Mujer y el Centro de Orientación e Investigación Integral.
Profesionales de la última institución desempeñan un papel fundamental para ayudar a las afectadas a regresar a su país o localidades de procedencia.
También, el Estado dominicano promovió y promulgó leyes al respecto y ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada y los dos protocolos que la complementan.
Uno de ellos va contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, y el otro está dirigido a prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños.
Por su parte, la Policía Nacional, la Procuraduría General, los Ministerios de Relaciones Exteriores, Trabajo y Educación, la Dirección de Migración y otras entidades también ejecutan acciones contra la trata.
Sin embargo, en opinión de diversas voces, queda mucho por hacer para transformar una realidad que en múltiples ocasiones acontece de manera silenciosa.
Después del tráfico de armas y el narcotráfico, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual constituye la tercera actividad ilegal más lucrativa del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones.
jt/am