AFGANISTAN.- Las autoridades afganas perdieron la esperanza de hallar supervivientes entre las miles de personas que quedaron sepultadas bajo el lodo por el deslizamiento de tierra en Badakhshan y estiman que el número de muertos supere las 2.100 personas.
«Más de 2.100 personas de 300 familias han muerto», ha señalado a Reuters, Naweed Forotan, portavoz provincial.
El gobernador de la provincia, Shah Wali Adeeb, ha explicado a Efe que se ha creado «una comisión para identificar a las víctimas y atender a sus familias».
Los propios vecinos y solo unas decenas de policías han reanudado la búsqueda de supervivientes con la llegada del día, pero apenas disponían de medios técnicos y la esperanza de hallar a personas con vida se ha esfumado.
La atención ahora se centra en los 4.000 desplazados que han tenido que avandonar sus hogares, ya sea por la catástrofe o como medida de prevención ante posibles nuevos corrimientos.
Sus principales necesidades ahora son agua, medicamentos, alimentos, refugios y asesoramiento, ha señalado a Reuters Ari Gaitanis, portavoz de la misión de asistencia de Naciones Unidas en el país asiático.
Un rescate imposible sin ayuda exterior
Shah Walliulah Adeeb ha advertido de que sin ayuda exterior es imposible rescatar a las víctimas del corrimiento de tierras.
«Hemos empezado las operaciones de rescate y pensábamos que la podríamos realizar con palas y los equipos habituales, pero no es posible hacerlo porque hay gente bajo 10, 20 o 30 metros de lodo y piedras», ha dicho el funcionario a la agencia local AIP.
El gobernador provincial ha expresado su temor de que la inmensa mayoría de las personas sepultadas «hayan perdido la vida».
300 viviendas bajo tierra
El corrimiento de tierras se produjo tras dos días de intensas lluvias en la localidad de Ab-e-Barik, del distrito de Argo y donde quedaron completamente enterradas al menos 300 del millar de casas que resultaron afectadas por el desastre.
Los equipos de rescate habían recuperado hasta esta mañana 350 cadáveres pero se teme que haya unos 2.000 cuerpos bajo la tierra.
Los desastres naturales son frecuentes en el extremo norte del país asiático, fronterizo con Tayikistán, Pakistán y China, y que cuenta con precarios medios para hacer frente a riadas, avalanchas de nieve y terremotos que se producen en la región.
Fuente: RTVE.es
jt/am

Uruguay venderá legalmente marihuana en farmacias con un precio que oscilará entre los 20 y los 22 pesos por gramo, menos de un euro, según establece el reglamento de la ley que legalizó su producción y compraventa en diciembre pasado, hecho público este viernes por el Ejecutivo de José Mújica.
Al presentar el reglamento, el presidente de la Junta Nacional de Drogas (JND), Diego Cánepa, ha declarado que la tarifa del producto que se venderá en los locales habilitados será «fijado administrativamente» y no se permitirá la «competencia de precios», aunque sí cubrir los costes de producción, las tasas y el beneficio del productor.
Cánepa ha confirmado que el precio, «que será variable» en función de lo que decida el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCA), pretende que esté «por debajo del precio de la marihuana ilegal con un control de calidad muy alto».
La marihuana a la venta en farmacias no podrá estar a la vista del público ni ser anunciada de ninguna manera, y deberá ser almacenada en condiciones de seguridad y controlada como los medicamentos que se expiden con receta, y el resto de productos «de uso controlado», añadió.
Cánepa ha adelantado, además, que según calculan los técnicos de la JND, las farmacias que lo deseen podrán estar vendiendo marihuana en los próximos meses de noviembre o diciembre.
La ley, que pretende disminuir el poder del narcotráfico en el país y controlar el consumo de esta droga, convirtió a Uruguay en la primera nación del mundo que otorga al Estado el control de la producción, distribución y venta de marihuana.
Seis licencias productoras y farmacias limitadas
En función del volumen de consumidores de marihuana que tiene actualmente el país, el Gobierno de Uruguay ha decidido otorgar solo hasta seis licencias a empresas para producir la planta en cultivos en una superficie máxima de diez hectáreas.
Habrá «un mínimo de dos y un máximo de cuatro o seis licencias», y en este último caso se permitirá «hectárea y media por licencia», ha afirmado el secretario general de la JND, Julio Calzada.
Las únicas farmacias «habilitadas» para vender marihuana al público serán las «comunitarias» y las «de primera categoría», que podrán decidir libremente si distribuyen o no la droga.
De hacerlo, deberán obtener un permiso del IRCA que se tendrá que renovar según establezca la organización, y también deberán cumplir todos los requisitos que exige el Ministerio de Salud uruguayo.
El beneficio de las mismas por la venta de este producto será el que ya se establece en Uruguay para la venta de otros productos de precio regulado y será aproximadamente del 30%.
Como el alcohol o el tabaco
Cánepa también ha anunciado que los límites para consumir cannabis en lugares públicos o privados y en actividades cotidianas serán «similares» a los que existen para el alcohol y el tabaco.
Según el alto cargo uruguayo, el consumo de cannabis tendrá «prohibiciones similares a las que existen para fumar tabaco» en espacios cerrados en lugares públicos o espacios abiertos que correspondan a centros sanitarios o de índole educativa o deportiva.
Control al consumo y los consumidores
En Uruguay, el consumo de marihuana está permitido desde hace cuatro décadas y es frecuente ver a jóvenes fumando en plazas y parques públicos.
En lo que se refiere a las actividades cotidianas, «todo conductor que tenga afectada su capacidad por el consumo de cannabis» será penalizado en caso de dar positivo en unas pruebas de saliva, aunque tendrá derecho a pedir otro examen para corroborarlo.
Será también motivo de sanción «fumar cannabis durante la jornada de trabajo y durante todo el tiempo que el empleado esté al servicio del empleador», según Cánepa.
En materia laboral se realizarán «controles aleatorios no invasivos de carácter preventivo en las empresas», pactados con «la organización sindical de base y de la rama», para detectar a los trabajadores que ingresen a su puesto de trabajo bajo los efectos del cannabis, como ocurre con el alcohol, sobre todo en labores de riesgo.
El presidente de la JND también anunció que «se podrá prohibir el ingreso o permanencia en centros educativos de personas bajo los efectos de la marihuana».
Otra de las disposiciones del reglamento es la prohibición de realizar concursos o torneos «que promuevan el consumo de cannabis».
En el acto se confirmó asimismo que el consumo será solo para personas previamente registradas en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCA).
Cultivos particulares
Se podrá consumir cannabis a partir de cultivos personales en casas a razón de 6 plantas por domicilio y una producción de 480 gramos anuales, así como en clubes de entre 15 y 45 miembros con hasta 99 plantas y un máximo de 480 gramos anuales por socio, con la idea de que toda la producción sea para ellos.
En ambos casos, esas personas deberán tener en esos espacios una «infraestructura mínima de seguridad y funcionamiento».
Fuente: RTVE.es
jt/am

CARACAS.- El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Miguel Rodríguez Torres, denunció el viernes la existencia de un supuesto plan para promover las protestas callejeras ocurridas en los últimos meses en Venezuela y dijo que 58 extranjeros, entre ellos un estadounidense, han sido detenidos por su presunta relación con esos hechos.

Rodríguez Torres dijo en conferencia de prensa que las autoridades han detenido en las últimas horas a los extranjeros, entre los que se encuentra el estadounidense Todd Michael Leininger, por su presunta relación con una conspiración para promover las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

En el caso Leininger, el ministro dijo que fue apresado en la ciudad suroccidental de San Cristóbal con dos pistolas, dos fusiles de asalto y uniformes militares y agregó que también se le incautó un pasaporte estadounidense y una insignia de una «supuesta justicia norteamericana» por la que las autoridades venezolanas están pidiendo requerimientos.

«¿Qué hacía ese señor con esas armas en una guarimba (barricada) en San Cristóbal?», indicó Rodríguez Torres al referirse Leininger.

El Tribunal Supremo de Justicia informó el 23 de abril la detención de Leininger, de 32 años, tras «herir presuntamente, con un arma de fuego» a un hombre, se informó en un comunicado en el que no se precisó la fecha del incidente ni cuándo fue capturado.

Entre los detenidos extranjeros el ministro mencionó a Luis Enrique Liscano Villamizar, a quien identificó como un exmilitar colombiano y lo acusó de ser «asesor de las guarimbas» en el estado occidental del Zulia; y a Gualberto Soto, quien según dijo formó parte de las Autodefensas de Colombia y del grupo paramilitar Los Urabeños de la región colombiana de Urabá, y habría asesorado las protestas de calle y las barricadas del estado suroccidental de Táchira.

Otro de los extranjeros detenidos es Gabriel Alejandro Reyes Beltrán, quien es solicitado por el gobierno español y es buscado por Interpol y habría actuado como «un entrenador para los estudiantes en el Táchira en el tema de la guarimba», precisó el ministro.

El alto oficial también informó la captura de un hombre de origen árabe a quien identificó como Jayssam Mokded Mokded, un supuesto «terrorista» que fue apresado en el estado centro costero de Aragua. La estatal Agencia Venezolana de Noticias indicó que Mokded fue arrestado hace dos meses y que le incautaron teléfonos celulares, documentación y computadoras desde los cuales establecía contacto con personas en distintos lugares del mundo.

Rodríguez Torres señaló que algunos dirigentes estudiantiles y opositores venezolanos están implicados en el supuesto plan de conspiración, pero no presentó mayores pruebas que algunas fotografías de los mencionados e imágenes de armas.

El ministro indicó que un funcionario de la embajada de Estados Unidos en Caracas, al que identificó como Robin Mellers, habría tenido contacto con un opositor venezolano implicado en el complot, al que ayudó a tramitar una visa para viajar a Estados Unidos. Al ser interrogado sobre la situación del funcionario estadounidense el ministro solo dijo que estuvo en Venezuela en 2011.

AP solicitó a la embajada de Estados Unidos en Caracas una reacción sobre el funcionario mencionado por el ministro pero no hubo comentarios de momento.

Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, en contra de una inflación desbordada -que alcanzó en marzo una tasa anualizada de 59%-, el desabastecimiento de productos básicos y un alto índice de delincuencia.

Rodríguez Torres anunció el mes pasado la detención de nueve personas acusadas de organizar e integrar grupos que generaban disturbios callejeros en el municipio capitalino de Chacao, donde se registraron por varias semanas violentas protestas callejeras.

Maduro ha dicho en varias ocasiones que las acciones de protesta forman parte de un plan promovido por grupos de «extrema derecha» para dar un «golpe de Estado».

Los violentos incidentes registrados en Caracas y otras ciudades han dejado 41 muertos, 785 heridos y unos 2.200 detenidos, de los cuales 197 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.

El mandatario ha denunciado durante su primer año de gobierno unos cinco planes de magnicidio y más de una decena de actos de sabotaje y complot. La oposición ha desestimado esas denuncias, asegurando que forman parte de una estrategia del oficialismo para distraer la atención de los venezolanos de los problemas graves que padece el país.

jt/am