Tras agotar una semana de consultas al liderazgo político, empresarial y religioso, el presidente Danilo Medina se debate entre una Ley de Naturalización Especial u otra de Convalidación de las Actas de Nacimiento instrumentadas por los oficiales civiles a los dominicanos descendientes de extranjeros indocumentados.
El mandatario también tiene la opción de la “opinión consultiva” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte), pero se inclinaría por una fórmula que resuelva el drama de los desnacionalizados y satisfaga los requerimientos del derecho internacional, evadiendo confrontar el dictamen del Tribunal Constitucional.
Ley de Naturalización
La primera opción que ha contemplado el Gobierno y que se llegó a anunciar en noviembre, es una Ley Especial de Naturalización, que ha sido favorecida por los sectores ultranacionalistas, medios de comunicación y aliados del Gobierno, pero tropieza con los organismos internacionales de derechos humanos que han advertido que no hay solución sin restitución plena de los derechos conculcados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe preliminar y al conversar con el presidente Medina dejó bien claro que una ciudadanía de segunda categoría, como la naturalización que contiene limitaciones constitucionales a los derechos (cuadro anexo), dejaría abierto el conflicto internacional y en camino a la Corte, cuya jurisprudencia augura una condena revocatoria de la TC-168-13.
El Sistema de las Naciones Unidas en un pliego entregado al Gobierno en noviembre, proponía dos fórmulas para devolver los derechos conculcados, sin enfrentar al TC: que a los extranjeros indocumentados que tuvieron hijos en el país se les dé retroactivamente categoría de residentes, o que se establezca un mecanismo jurídico fundamentado en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954. Al referirse a la propuesta ley de naturalización, el documento, que nunca ha sido publicado, la condicionaba a que otorgara a los desnacionalizados la condición de “naturalizados dominicanos, de pleno derecho”.
En la audiencia del lunes 24 de la CIDH dos de sus titulares, el chileno Felipe González y la paraguaya Rosa María Ortiz, insistieron en que no se puede considerar extranjeros a los nacidos en el país antes de la Constitución del 2010 y pidieron al Estado que responda las propuestas del informe preliminar sobre su visita al país.
Ley de Convalidación
Un anteproyecto de ley que busca atender los requerimientos constitucionales y del derecho internacional, que elaboró el Ministerio de la Presidencia, estaría como opción tras algunas modificaciones que no han trascendido. Se fundamenta en los artículos 38 y 18.2 de la Constitución. El primero proclama que la “dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”, y el segundo reconoce como dominicanos a “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.
Su artículo primero dispone “la convalidación de todas las actas de nacimiento instrumentadas por Oficiales del Estado Civil sin el cumplimiento de los requisitos legales en el período comprendido entre el 20 del mes de junio de 1929 y el 18 de abril del año 2007, a personas de ascendencia extranjera o no”. El segundo dice que para beneficiarse de esa disposición se requiere “(a) que la persona titular del acta de nacimiento no tuvo participación directa en la irregularidad de su inscripción en el Registro Civil y (b) que no se trate de duplicidad o suplantación de identidad.”
Este proyecto buscaba también resolver de una vez el problema de los descendientes de inmigrantes que no tienen registro de nacimiento, pero a quienes las constituciones del jus soli (hasta 2010) les otorgaban también la nacionalidad, cuando en su artículo 6 establece una “Regularización documental” condicionada a que “acrediten fehacientemente el hecho del nacimiento, el arraigo y vínculos con la sociedad dominicana”, lo que sería reglamentado.
Fusión de transacción
No hay pacto sin dolor pero hasta los triunfadores en las guerras a menudo tienen que hacer concesiones y transar en aras de la convivencia. El Presidente podría hacer una fusión de Convalidación y Naturalización. La primera para reconocer a los que estaban registrados como ciudadanos y la segunda para los que no fueron declarados a tiempo. A los ultranacionalistas les ofrendaría el sacrificio de la “regularización documental”, planteada en el artículo 6 del anteproyecto elaborado por el equipo del ministro de la Presidencia.
La sociedad dominicana está dividida a fondo por el conflicto, y así habría quedado de manifiesto en las consultas del Presidente. La encuesta Gallup-HOY de enero indicó que el 58 por ciento de la población (65 en el gran Santo Domingo) considera dominicanos a los hijos de extranjeros indocumentados nacidos en el país inscritos en el Registro Civil. Se percibe un crecimiento de los que comparten la justicia, incluyendo a importantes sectores empresariales, que habrían incentivado al presidente Medina a una solución que conjure el escándalo y evite complicaciones internacionales que podrían afectar el país hasta económicamente.
El intercambio de Medina con el presidente de su partido, Leonel Fernández, fue un paso fundamental en dirección a una solución mediante ley, porque este también ha cuestionado la retroactividad de la sentencia y hasta ha planteado que “Juliana Deguis debe ser considerada dominicana”. Los dos líderes del PLD tienen el poder suficiente para hacer al Poder Legislativo, bajo amplio control de su partido, compromisario de una ley reivindicativa que resuelva tan grave problema.
Debe asumirse que los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen suficiente legitimidad, por lo menos tanta como el TC, para tomar una iniciativa que sin confrontar la sentencia 168-13 satisfaga las mayorías nacionales, el interés de la nación y el derecho internacional, en cuyo caso sería aplaudida ampliamente en el país y a unanimidad en el exterior. No se debería descartar que los ultranacionalistas la interpelen en el TC, pero se debe esperar que los jueces tendrán suficiente talento para aceptar el “bajadero” y no desafiar a los otros dos poderes y a la comunidad internacional.
Pero mientras esa posibilidad se materializa, pasarían meses y el Gobierno se habrá quitado el peso de encima y logrado el reconocimiento internacional, de los decenas de miles de personas a quienes se haría justicia y de todos los que les respaldan. Si predominara el absurdo tampoco pierde el Gobierno, porque entonces sí que tendría que pedir la opinión consultiva de la Corte Interamericana (opción que también tiene ahora) y nadie duda que el TC quedaría enterrado y sus miembros tendrían que renunciar para que se pueda rescatar ese organismo del descrédito. Pero hasta ahí no llegará el conflicto si Danilo Medina y Leonel Fernández quieren, porque no hay tanta independencia judicial.
La convicción de Danilo
Tras admitir esta semana que el Gobierno está sujeto a fuertes presiones internacionales por los efectos de la sentencia, (y personas bien informadas indican que son más graves de lo publicado) el Presidente planteó que resolverá el conflicto por convicción personal. Eso remite a sus dos declaraciones iniciales en octubre, tras escuchar a un grupo de desnacionalizados a los que pidió excusas por los daños causados y poco después al visitar la mina de oro de Cotuí. Dejó interrogantes sobre la retroactividad de la sentencia y planteó una “solución humanitaria”.
Esa convicción fue lo que llevó el Gobierno a firmar el 19 de noviembre un acuerdo con el canciller de Haití, con el aval de Venezuela, para iniciar conversaciones sobre los diferendos binacionales, cuyo segundo punto no deja dudas al reafirmar su voluntad de “avanzar en todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad jurídica, el pleno goce y respeto de los derechos de los descendientes de haitianos nacidos en el país”. Venezuela y Haití han estado demandando el cumplimiento del compromiso, tras dos reuniones bilaterales en las que se ha adelantado varios acuerdos. A eso se atribuye las dos suspensiones de la tercera cita, ahora hasta la segunda semana de abril.
La convalidación de las actas, y no la naturalización, resolvería el conflicto tanto a nivel nacional como internacional y eliminaría un escándalo que ha consumido demasiado tiempo del Presidente y sus principales colaboradores, que desacredita a la nación y deja pendientes posibles condenas y hasta sanciones. Sin confrontar la TC-168-13, se podría proteger a los que fueron admitidos como ciudadanos, cuyo despojo es lo más inaceptable para todo el mundo.

El ArtículoNo. 34 de la
Ley No. 183-02, Código Monetario y Financiero de la República Dominicana de
fecha 21 de noviembre de 2002, expresa que los tipos de Entidades de Intermediación
Financiera son las entidades que realizan intermediación financiera las cuales
podrán ser de naturalezapública o privada. A su vez, las entidades privadas
podrán ser de carácter accionario o no accionario.

Se consideran entidades accionarias,
los Bancos Múltiples y Entidades de Crédito, pudiendo ser estas últimas, Bancos
de Ahorros y Corporaciones de Crédito. Asimismo se consideran entidades no
accionarias, las Asociaciones de Ahorros y Préstamos y las Cooperativas de
Ahorro y Crédito que realicen intermediación financiera.

Los Bancos Múltiples son aquellas
entidades que pueden captar depósitos del público de inmediata exigibilidad, a
la vista o en cuenta corriente, y realizan todo tipo de operaciones incluidas
dentro del catálogo general de actividades establecido en el Artículo 40 de la
indicada Ley.

Mientras las entidades de Crédito
son aquellas cuyas captaciones se realizan mediante depósitos de ahorros y a
plazo, sujeta a las disposiciones de la Junta Monetaria y a las condiciones
pactadas entre las partes.

Los Bancos Múltiples deben tener un capital pagado mínimo
determinado por reglamentación de la Junta Monetaria que nunca será inferior a
noventa millones de pesos (RD$90.0 millones), los Bancos de Ahorro y Crédito
dieciocho millones de pesos (RD$18.0 millones) y las Corporaciones de Crédito
unos cinco millones (RD$5.0 millones).

Estas instituciones del sistema
financiero dominicano como depositarias de los ahorros e inversiones de
entidades públicas, privadas y público en general, emisoras de títulos valores,
receptoras de préstamos de instituciones financieras, emisoras de letras,
ordenes de pagos, giro contra sus propias oficinas o corresponsales y
cobranzas, pagos y transparencias de fondos.

Asimismo, proveedoras depréstamos en
moneda nacional e internacional, descontadoras de letras de cambio, libranzas,
pagares, entre otros servicios, deberán cumplir a cabalidad con las normas
prudenciales y de evaluación de activos: Patrimonio Técnico, Imputación,
Capital Primario y Secundario, Ponderación de Activos y Contingentes por
Riesgo, Coeficiente de Solvencia y Otros Ajustes Patrimoniales.

De igual manera estas instituciones
deben cumplir religiosamente con la Sección V, sobre Transferencia Financiera,
Articulo 51 relativa a laDocumentación de Operaciones y Suministro de Información
en el cual se establece que estas entidades de intermediación financiera estarán
obligadas a documentar sus operaciones.

Cumplir con la letra b del Artículo
52 sobre Publicación de Informaciones, haciendo público sus Estados Financieros
por los medios que se determinen.

Asimismo, deberán publicar en forma
visible en las oficinas abiertas al público las tasas de interés, gastos y
comisiones que aplican a las diferentes operaciones activas y pasivas,
calculados en términos anuales, así como las tasas de cambio.

En ese sentido, si bien es cierto
que las entidades de intermediación financiera cumplen con el envió de sus
Estados Financieros a la Autoridad Monetaria y Financiera (Junta Monetaria,
Banco Centra y Superintendencia de Bancos) y los publican cada tres meses en
los principales periódicos de amplia circulación nacional, no menos cierto que
no publican los tarifarios de cargos financieros por servicios ofrecidos, a
menos que algún cliente los solicite de manera expresa.

Lo anterior provoca que muchos usuarios
de estos servicios,por desconocimiento, se conviertan en deudores indirectos de
los bancos, cuando en principios los bancos eran sus acreedores por el
dineroque los clientes depositaron en dichas entidades.

En tal sentido hay clientes
bancarios que disponían de unos pesos depositados en el banco y al cabo de cierto tiempo estos
comenzaron a deberle dinero al banco por el hecho de no haber movido su cuenta
de ahorros durante más de un mes por lo que los bancos cobran una comisión por
inactividad en las cuentas.

Asimismo se desconoce el análisis e
interpretación de los Estados Financieros de cada una de las entidades de
intermediación financiera, una vez sus Estados Financieros han sido auditados y
publicados a los fines de que el usuario pueda tomar las decisiones que más le
convenga en un momento determinado respecto a mantener sus depósitos o inversiones
en dichas entidades conforme la salud financiera de las mismas.

Se conoce de forma global o integral
la liquidez, solidez, solvencia, capital de trabajo, capital de trabajo neto,
capacidad de endeudamiento, rentabilidad, entre otros índices del sector financiero, ofrecidos por la
Superintendencia de Bancos periódicamente, pero no porque cada banco lo haya
publicado de forma individual.

Se sabe de la falta de cultura
financiera que afecta a la mayor parte dela población dominicana inclus
accionistas, empleados de dichas instituciones y usuarios de los servicios
financieros o aquellos que se encuentran bancarizados y público en general,
pues no obstantelos intermediarios financieros cumplir con la Ley 183-02, Código
Monetario Financiero, en lo que respecta a la publicación de sus Estados
Financieros auditados, son pocas las personas que pueden interpretar el
contenido de los mismos ya que estos llegan con un lenguaje muy técnico.

Por lo tanto se sugiere que como
parte de la actualización del Código Monetario y Financiero que aun cursa en el
Congreso Nacional se incluya en el mismo la obligatoriedad de parte de los
intermediarios financieros depublicar trimestral en los medios informativos públicos los
cargos o tarifarios de los servicios bancarios, los índices o razones
financieras y sus explicaciones e interpretación en un lenguaje asequible al
ciudadano común carente de formación relativa a la literaturaeconómica-financiera.

felix.felixsantana.santanagar@gmail.com