El comportamiento de la historia electoral dominicana revela que el sufragio se divide entre gobiernistas y opositores. Décadas atrás, las luchas por el control del Estado, salvo contadas excepciones, la escenificaban perredeístas versus reformistas y finalmente perredeístas y peledeístas. Al introducirse el sistema de doble vuelta y mayoría absoluta, a partir del 16 de mayo de 1996, la tendencia hacia la bipolarización ha cobrado fuerza. Sólo en dos certámenes comiciales el voto se ha dividido en tres entidades políticas. El primer caso fue en la primera ronda de 1996, en la que el PRD obtuvo un 46%, el PLD un 39% y el PRSC un 15%. Un segundo ejemplo se registró en la contienda del 2000, en la que el PRD alcanzó el 49.87%, el PLD 24% y el PRSC 24%. Pero con la desaparición física del doctor Balaguer, en el año 2002, hubo una mudanza masiva de reformistas hacia el PLD y el partido morado se consolida definitivamente como mayoritario. A partir de entonces todos los torneos electorales –nacionales y de medio término– han sido disputados por el PLD y el PRD. La votación de las demás organizaciones políticas, incluyendo al PRSC, ha sido insignificante. Esa conducta obedece a que el electorado percibía a una como gobiernista y a la otra como opositora. No hay dispersión en el voto. Sin embargo, el buey (como también se le denominó al PRD) acaba de ser descuartizado por el señor Miguel Vargas, dejando fuera de la entidad a la gran mayoría de sus líderes tradicionales, incluyendo a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República en los comicios del 2012, los cuales recibieron una votación favorable ascendente al 47%. También el grueso de los dirigentes y militantes, en toda la geografía nacional, fueron excluidos del padrón electoral en la pasada convención, en una maniobra que involucra al PLD y al gobierno, autores intelectuales de todas las sentencias que emite el Tribunal Superior Electoral. Ahora al PRD se le percibe como una sucursal del gobierno y de Leonel Fernández. No es oposición. Miguel Vargas carece de crédito público y las figuras de prestigio brillan por su ausencia en esa entidad política. Fiquito, después del presidente del partido, es el dirigente de mayor jerarquía, seguido muy de cerca por Maríñez y doña Peggy. Ante ese descalabro y ausencia total de imagen pública y principios éticos en los dirigentes que quedan, al PRD no se le observa perspectiva con miras al torneo electoral del 2016. Si las elecciones fueran hoy el PRD alcanzaría un 8%. Pero ese 8% lo atribuyo al hecho de que todavía le quedan muchos diputados y síndicos con sus respectivas clientelas en sus demarcaciones geográficas. Con el paso de los días esos legisladores y alcaldes establecerían que sus posibilidades de reelección son inciertas, porque sus antiguos compañeros se han ido al naciente Partido Revolucionario Mayoritario. Y ellos, en su mayoría, también irían paulatinamente dando el paso. Se deduce, pues, que para el 2016 el PRD sería una entelequia política, que difícilmente obtenga el 2% de los votos válidos emitidos. Inyectar recursos económicos al PRD, podría ser una estrategia del oficialismo para restar fuerza a la oposición, pero también se corre el riesgo de que se produzcan compras de potenciales votantes peledeístas, debido a la afinidad incuestionable entre el peledeísmo y el miguelismo.

Por EDDY OLIVARES ORTEGA El municipio surgió como producto de la necesidad de organizar los gobiernos de las ciudades libres de Roma. Es por ello que la libertad es parte de su esencia. En ese sentido, Alexis de Tocqueville considera que: “las instituciones municipales son a la libertad lo que las escuelas primarias a la ciencia. Ellas son las que la ponen al alcance del pueblo, le hacen gustar de su uso y lo habitúan a servirse de ellas. Sin instituciones municipales una nación puede darse un gobierno libre, pero carecerá del espíritu de la libertad”. De conformidad con la Constitución de la República, el municipio es una persona jurídica con patrimonio propio, autonomía presupuestaria, potestad normativa, administrativa y de uso de suelo. Su gobierno está a cargo del ayuntamiento, constituido por dos órganos complementarios entre sí: el Concejo de Regidores que tiene atribución normativa, reglamentaria y de fiscalización, y la Alcaldía que tiene la función ejecutiva. Como consecuencia de su autonomía e independencia el ayuntamiento administra libremente una cuota importante del poder político. En la demarcación municipal la fuerza del gobierno central está sometida a los límites que le impone el gobierno local en los asuntos de su competencia. Los ciudadanos de un municipio bien gobernado por su ayuntamiento tienden a sufrir en menor grado los dolorosos efectos de un mal gobierno nacional. Conjuntamente con su autonomía administrativa, el municipio disfruta de una amplia independencia electoral, en la elección de los cargos de alcalde, vicealcalde, regidor y suplente de regidor, así como de director, subdirector, vocal y suplente de Distrito Municipal, que, por cierto, a partir del 2020 serán elegidos separadamente el tercer domingo del mes de febrero, tres meses antes de las elecciones presidenciales y las congresuales. En cada municipio funciona una Junta Electoral Municipal (JEM) que al igual que la Junta Central Electoral (JCE), tiene el mandato constitucional de organizar, dirigir y supervisar las elecciones, garantizando, además, su libertad, transparencia, equidad y objetividad. Las JEM tienen bajo su responsabilidad entre otras atribuciones, las de nombrar los miembros y secretarios de los colegios electorales, gestionar los locales donde éstos deben funcionar, distribuir los equipos y materiales electorales, verificar el cómputo de la votación en cada elección, conocer y decidir sobre las protestas en el proceso de votación ante los colegios electorales, conocer y decidir sobre las impugnaciones y otras acciones previstas en la ley y anular las elecciones en uno o más colegios electorales. En sintonía con la autonomía del municipio, el proceso de elección de los cargos locales de elección popular, está completamente a cargo de la JEM, como lo demuestra el hecho de que la misma tiene la facultad de admitir o rechazar las candidaturas, de expedir los correspondientes certificados de elección y de proclamar a los ganadores. Lo mismo ocurre con los organismos locales de los partidos políticos que tienen la exclusividad, conforme a los artículos 56 y 69, respectivamente, de la Ley Electoral, de nombrar los delegados ante las JEM y presentar ante ellas las propuestas de candidaturas a los cargos municipales. Por lo tanto, no tiene ninguna justificación que los directivos de los organismos municipales de los partidos políticos permitan que las élites nacionales les impongan los candidatos locales en las elecciones. ej.olivares@hotmail.com