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La República Dominicana arrastra desde hace décadas una deuda histórica con sus ciudadanos: la de una justicia oportuna, imparcial e independiente. El sistema de justicia dominicano enfrenta el gran reto de mejorar sus niveles de confianza.
Uno de los males más crónicos del sistema judicial dominicano es la llamada mora judicial, que se traduce en expedientes acumulados, audiencias postergadas y ciudadanos que esperan años para obtener una resolución. Al 15 de enero de 2024, se identificaron 66,500 asuntos en estado de mora a nivel nacional, registrados en el Sistema de Gestión de Casos, y en ese momento solo el 30% de los tribunales del país estaban al día. [El Nacional] https://elnacional.com.do/
El presidente de la Suprema Corte de Justicia ha reconocido públicamente la gravedad del problema. Durante el acto conmemorativo por el Día del Poder Judicial, el magistrado Luis Henry Molina Peña subrayó que la mora judicial continúa siendo el mayor reto que enfrenta el sistema, señalando que «hay cientos de historias que ilustran la desesperanza e incertidumbre que generan los casos pendientes». (Diario Libre, 2025).
Más allá de la mora estructural, el talón de Aquiles del sistema judicial dominicano es su incapacidad para procesar con celeridad los casos de corrupción administrativa de alto perfil. Los casos de corrupción presentados por el Ministerio Público en los años 2020 y 2021 avanzan muy lentamente, con algunos expedientes que acumulan ya cuatro años sin que se haya logrado una sentencia en primera instancia.
La organización Participación Ciudadana ha sido una de las voces más críticas frente a esta situación. Según esta entidad, aunque el país cuenta con un marco legal y organismos especializados para combatir la corrupción, el principal desafío sigue siendo la mora judicial y el uso de recursos legales para retrasar los procesos. «Se utilizan mecanismos para bombardear el proceso y atrasarlo.
Blanco cuestionó abiertamente la ausencia de condenas ejemplarizantes, señalando: «Hemos visto los casos, hemos visto cómo se decide llevarlos a la justicia, pero ¿dónde están los presos?, ¿dónde están las sanciones?». Además, advirtió que muchos expedientes tardan cinco o seis años en llegar a un juicio de fondo, lo que debilita la confianza en las instituciones. (Diario Libre, 2026). Esta impunidad de facto no es solo una falla técnica del sistema: es una señal política que desalienta la denuncia ciudadana y alimenta la percepción de que en la República Dominicana la justicia tiene dos pesos y dos medidas.
La situación financiera del Poder Judicial agrava aún más el panorama. La Ley 194-04 fija un piso del 4.10% de los ingresos internos para el sistema de justicia, del cual el 2.66% corresponde al Poder Judicial. Sin embargo, históricamente la justicia ha operado con un porcentaje muy inferior: el promedio histórico es de apenas 1.23%, equivalente a un exiguo 0.15% del PIB. ([El Nuevo Diario] https://elnuevodiario.com.do/
En el plano de la corrupción pública, Participación Ciudadana advirtió en su balance de 2025 que la sociedad dominicana experimentó «graves retrocesos» en materia de lucha contra la corrupción, transparencia y justicia. La organización consideró el desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) como el caso más grave del año, con un perjuicio estimado en 15,000 millones de pesos que afectó directamente el acceso a servicios de salud de sectores vulnerables. [Diario Libre, 2025) Que el crimen llegue hasta la salud de los más pobres habla de un sistema de control judicial que no ha logrado actuar como verdadero disuasor de la corrupción administrativa.
A pesar del avance de cinco puntos consecutivos en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que llevó al país al puesto 99 mundial con 37 puntos en 2026, el informe advierte que el progreso sigue siendo limitado y marcado por la falta de sanciones efectivas y la lentitud del sistema judicial para castigar los casos de corrupción.
jpm-am