«Reconozco que existe algo en la vida más molesto y degradante que un gobierno o político corrupto, es aquel que lo defiende…» Despertar Ciudadano. AC
Cambiemos la forma en que opera la política. Todo verdadero estadista debe estar comprometido con su pueblo y sentir lo que siente ese pueblo, sus problemas y preocupaciones en torno a las necesidades básicas, que son derechos, y que en nuestro caso, siguen ausentes en 170 años de vida republicana que llevamos. Los últimos acontecimientos acaecidos en el país en relación a los crímenes, la violencia, corrupción y migración nos muestran la indiferencia del gobierno hacia su pueblo, pues, no se ha referido a ninguno de estos temas y al parecer lo único que le interesa es inaugurar escuelas, aún no cuente con las herramientas y los docentes para operarlas, además de las dádivas o prestamos a las pequeñas asociaciones en las diferentes comunidades. Estos hechos evidencian que los ministros y directores de las diferentes carteras que corresponden estas responsabilidades son inoperantes y simbólicos. Y que muy al contrario de lo que muestran las encuestas nuestro presidente carece de liderazgo y autoridad. Lamentablemente nuestra sociedad tiene muchas trabas e impedimentos para cumplir y hacer cumplir la ley. Las instituciones encargadas de dar servicios y promover el desarrollo integrar y humano están de espalda a esas responsabilidades y de cumplir con las demandas o necesidades de las personas. Provocando así el deterioro cada vez más calamitoso de los servicios públicos que son derechos incumplidos desde siempre. Pagamos los funcionarios o autoridades más caras del mundo, sin resultado alguno, pues no funcionan ni ejercen autoridad, sonineficientes y corruptos por participación u omisión. Somos una sociedad anómica que vive del desorden, donde reina la corrupción y la impunidad. ¿A qué me refiero? Si alguien quiere tener servicio de agua debe tener una cisterna con su bomba, si se quiere tener energía eléctrica debe poseer un inversor o un generador, el que necesita seguridad debe pagar un guardián privado, colocar alarma o vigilancia de cámara, el que necesita atención médica debe ir a una clínica, si quiere transporte debe gestionarlo o tener su vehículo y así sucesivamente los demás servicio deben ser proporcionados de manera personal e independiente. “Nuestra justicia es cara y lenta” Así mismo los legisladores que conforman el congreso, “primer poder del Estado”, junto al Poder Judicial, deben ser un contra peso de los gobernantes y el equilibrio de los poderes públicos; además ejemplo del cumplimiento de las normas y las leyes que el mismo congreso sanciona, pero, son los primeros en violentarlas, defraudando a la sociedad que “representan” y que juraron proteger y defender. Para los congresistas dominicanos la política y sus responsabilidades se han convertido en un juego, una chercha o un negocio sucio. Con lo que evidentemente traicionan a sus electores. El fundamento del derecho dominicano, la Constitución, la cual es ignorada, violentada y culturalmente considerada por nuestros gobernantes “un simple pedazo de papel” un instrumento de juego político que solo le reconocen valor cada cuatro años cuando renuevan el poder para mal gobernar, es decir, un círculo vicioso para dar paso a bellaquearías de los que controlan el poder en su momento, excluyendo los intereses colectivos, manteniendo a la sociedad sin estabilidad jurídica y entretenida en simbolismos politiqueros, sin dar respuestas a las demandas y necesidades del pueblo. Somos la viva expresión de un Estado violento, inquisidor y abusador donde se esclavizan los empleados, se niega la justicia a los pobres, se malversan los fondos públicos o se roba el erario, se miente o engaña al pueblo, se maltratan los protestantes, se violan las leyes. Podríamos concluir que la mayoría de las carteras e instituciones que conforman la administración pública del Estado dominicano son compañías por acciones asociadas al sector privado las cuales son administradas como una propiedad privada en las que se socializa el costo y se privatiza el beneficio, beneficio éste que queda repartido entre los incumbentes y los asociados privados en perjuicio y detrimento del erario público. Los habitantes contribuyentes con los impuestos trabajadores y personas de bien con buenas costumbres, pagamos dos veces, primero al Estado a través del fisco, sin resultado alguno, pues, los servicios públicos no funcionan y cuando pagamos al servicio alternativo privado, también ineficiente y caro. República Dominicana urge de líderes como Pepe Mujica quien ha demostrado que cuando se es presidente o funcionario debemos seguir siendo personas normales y que la política es para servir y no para el lucro. “La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos”. Jurista Enrique Múgica Herzog. Dios les bendiga hoy y siempre. Infoseguridad007@gmail.com @Jttaveras Dios les bendiga hoy y siempre.

En mi condición de ciudadano dominicano me siento autorizado y también obligado a tener que responderle a dos intelectuales que hicieron pública una carta que fuera dirigida al Dr. Leonel Fernández el21 de Noviembre a raíz de la conferencia que éste últimodictara en la sede dela OEA en Washington el pasado 13 delmismo mes en que estamos. En su conferencia el Dr. Leonel Fernández hace referencia a un evento celebrado el día 5 de Noviembre en Washington en donde participaron los profesores Paolo carrozo y Doug Cassel, ambos profesores de la Universidad de Notra Dame, y en el cual ellos hicieron referencia a la crisis que vive el sistema interamericano de derechos humanos y a la necesidad de reformar dicho sistema en este momento. En su carta los profesores Paolo Carrozo y Doug Cassel , específicamente en los párrafos 3 y 4, le dicen al Dr. Leonel Fernández que no están de acuerdo con sus puntos de vistas externados en su conferencia cuando dice que la CIDH, en su sentencia del 28 de Agosto, “se extralimitó en sus funciones, violó la soberanía nacional dominicana y se deslegitimizó como institución de justicia ante el estado dominicano”. Esta posición por parte de ellos es entendible debido a que ellos son defensores de la CIDH y por tanto de sus sentencias, en tanto que la posición del Dr. Leonel Fernández fue de rechazo a la decisión de dicha corte. Ahora bien, en la misma primera línea del párrafo 1 de dicha carta ellos de dicen al Dr. Leonel Fernández que le escriben con el “propósito de aclarar una referencia imprecisa que él hiciera en su conferencia del 13 de Noviembre en relación a las declaraciones que ellos habían hecho en su evento del 5 de Noviembre”; para luego saltar varios párrafos y retomar el asunto en el párrafo 5 en que vuelven a hacer alusión a lo establecido en el primer párrafo. Pero es el párrafo 6 en el que entrar en materia especifica cuando entre otras cosas dicen “…..si bien en la actualidad el sistema atraviesa por momentos de crisis, la misma es el resultado en gran parte de la postura de algunos gobiernos de atacarlos cada vez que pierden un caso ante la comisión o la corte”. Como se puede ver ellos mismos confiesan y reafirman en ese párrafo 6 lo que empiezan negando en el párrafo 1 de dicha carta. En ningún momento el Dr. Leonel Fernández dijo que ellos estaban en desacuerdo con la decisión de la CIDH del 28 de Agosto con respecto a la República Dominicana. La razón de la carta, como se puede ver, no debía ser la de aclarar ni desmentir la referencia que hizo el Dr. Leonel Fernández de lo dicho por ellos en su evento, sino el de refutar las afirmaciones y la postura asumida por el Dr. Leonel Fernández ante las múltiples sentencias y decisiones de la CIDH en materia de derechos humanos en América Latina especialmente la dictada el 28 de agosto de este año en donde ordena a la República Dominicana a cambiar su constitución y sus leyes de inmigración a los fines de permitir que los hijos de los inmigrantes ilegales puedan recibir la nacionalidad dominicana automática. Estos académicos se enfocan en las decisiones de la CIDH como si la misma fuera la única institución de justicia y de derechos humanos en el mundo y no hacen referencia a lo establecido por la Corte de la Haya que le reconoce a los estados soberanía para legislar en materia de migración. Pero es el párrafo 8 en donde estos intelectuales botan la pelota cuando dicen que: un sistema de justicia no funcionaría si una parte no acepta una sentencia por no estar de acuerdo con ella y que el Dr. Leonel Fernández está defendiendo que un estado insatisfecho con una sentencia se convierta en su propio juez de apelación. Esto último nunca fue dicho por el Dr. Leonel Fernández quien dijo que fueron los estados quienes voluntariamente le dieron a la CIDH el poder para impartir justicia en materia de derechos humanos pero que muchas sentencias demuestran que ellos se han excedido en ese sentido , lo cual explica la gran cantidad de sentencias incumplidas por muchos estados e incluso de varios estados que se han salido del sistema por esa razón. El Dr. Leonel Fernández no enfocó su conferencia en un conflicto de la CIDH y la República Dominicana sino en la situación de crisis del sistema de derechos humanos que prevalece en la región y llegó incluso a plantear posibles soluciones al problema. Pero a estos intelectuales solo les interesa deslucir la magistral conferencia del Dr. Leonel Fernández y para eso hacen uso magistral de una serie de recursos y de manipulaciones como las que ya he mencionado y otras que mencionaré los siguientes párrafos. En los siguientes párrafos de su misiva estos intelectuales hacen referencia a la afirmación que hiciera el Dr. Leonel Fernández en el sentido de solo 30 países de 194 otorgan la ciudadanía mediante el Jus Solis automático y que República Dominicana no es parte de ese reducido número sino de los restantes 164 que no usan el Jus Solis automático; y dentro de los cuales se encuentra el mismo Haití y Costa Rica. Ellos dicen que de los 30 países que no otorgan la ciudadanía automática mediante el Jus Solis 25 de ellos permiten la ciudadanía de los hijos de extranjeros con algunas condiciones, mientras que la República Dominicana es el único país cuya constitución niega el derecho de ciudadanía a los hijos de extranjeros ilegales. Como pueden ver en nada hacen referencia a la nueva ley de inmigración de este año que permite a los hijos de extranjeros ilegales regularizar su status mediante un reglamento establecido para ello. No sé por qué estos intelectuales no cuestionan el hecho de Costa Rica y el mismo Haití sean los únicos países de la región cuyas constituciones no establecen el Jus Solis como forma automática de otorgar la ciudadanía a los hijos de extranjeros nacidos en sus respectivos países. Más bien ellos insisten en que la República Dominicana debe cambiar su constitución y sus leyes migratorias para que los hijos de extranjeros Ilegales puedan obtener la ciudadanía dominicana automática. La verdad es que se les ve el refajo desde lejos a estos genios de los derechos humanos de América Latina. A otro perro con ese hueso!!.

Desde la Era de Trujillo, y más especificamente desde el año 1937 cuando se produjo aquella gran matanza de miles de haitianos en la frontera, la República Dominicana ha sido sentada en el banquillo de los acusados por los organismos internacionales en cuanto al tema de los derechos humanos. Aquel incidente trágico repudiable, que la dictadura de los Duvalier capitalizó muy bien en Haití, colocó el pais a la defensiva y fue lo que llevó al dictadora la firma del Concordato con el Vaticano en 1952, que entregó privilegios a la Iglesia Católica Dominicana que aún siguen vigentes. Desde hace 77 años el fantasma de la violación a los derechos humanos ha rondado la vida de la República Domincana, muy pobremente defendida ante la OEA y la ONU de los ataques injustificados de la diplomacia haitiana, que siempre persiguió esa condena contra el país por los excesos de una dictadura. Y la verdad es que lejos de ser una nación que maltrata a los extranjeros, la realidad social y económica demuestra todo lo contrario. Los haitianos tienen a la República Dominicana como su refugi trabajo garantizado en la construcción y la agricultura, salud y educación gratuita para legales e ilegales que desenvuelven su vida de manera digna. Contrario a lo que ocurre en su país, donde el desempleo, el hambre y la falta de oportunidades expulsa a los haitianos a buscar mejor suerte. Si hay una nación que hace tiempo debió ser condenada por violación a los derechos humanos de sus ciudadanos es Haití, donde el noventa por ciento de sus casi diez millones de habitantes carecen de acta de nacimiento o registro civil y los derechos humanos son pisoteados. Para el haitiano trabajador, el territorio dominicano es su paraíso, dado el desastre, la pesadilla, que es para ellos vivir en Haití. Es una pena que nuestros diplomáticos hayan sido tan incompetentes en la defensa de argumentos tan contundentes que los propios haitianos, legales e ilegales, son los primeros en apreciar y valorar en su diario vivir. Puede haber violaciones a los derechos laborales, como en todas partes, pero no a los derechos humanos. El conflicto que generó el despojo retroactivo de la nacionalidad de 200 mil hijos de haitianos indocumentados nacidos desde 1929 hasta el 2010 –tan nacionales dominicanos como José Francisco Peña Gómez, hijo de haitianos ilegales, y a quien nadie habría osado despojar de su nacionalidad y a quien la vida colocó muy cerca de la Presidencia de la República Dominicana– ya quedó resuelto con la nueva ley de regularización de extranjeros. Ya no hay por qué sancionar a la República Dominicana y muy por el contrario, si hay mucho por donde reconocerla por su afán en respetar y reconocer los derechos humanos de los inmigrantes extranjeros. Es probable que estemos pagando el precio de no contar, salvo muy contadas excepciones, con una representación diplomática digna, competente, en las Naciones Unidas y en el mundo que haya hecho valer con fuerza los derechos de la República Dominicana donde por primera vez se ha puesto en vigencia una reforma migratoria justa. Entonces la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) ha impuesto una sanción de condena totalmente desaprensiva, desenfocada e inoportuna.