BUENOS AIRES.- El jefe de gabinete argentino tendió un manto de sospechas sobre la madre del fallecido fiscal Alberto Nisman al acusarla de obstruir la investigación de la muerte de su hijo y señalar que debe ser investigada.

«Si yo hubiera sido fiscal habría pedido la detención de la mamá de Nisman», dijo Aníbal Fernández a la radio Vorterix al dirigir sus críticas a Sara Garfunkel.

Agregó que «todos los elementos indican que hay demasiadas cosas que pasaron cerca de la señora que tienen que ver con el ocultamiento de pruebas, la modificación de la escena de los hechos».

Garfunkel y un custodio de Nisman encontraron el 18 de enero al fiscal muerto de un tiro en la cabeza en su apartamento de Buenos Aires. El hallazgo del cuerpo sin vida del investigador ocurrió cuatro días después de que éste denunciara a la presidenta Cristina Fernández como supuesta ideóloga de un plan para encubrir a ex diplomáticos y ex funcionarios iraníes acusados del atentado contra un centro judío en Argentina en 1994.

El jefe de ministros cuestionó a la madre de Nisman por haber «ocultado» la existencia de una pistola que al parecer pertenecía al fiscal y que estaba en el guardamuebles del edificio donde ella reside. También criticó que horas después de la muerte de su hijo, Garfunkel «vaciara» el contenido de dos cajas fuertes a nombre del investigador y que quisiera mantener en secreto la existencia de una cuenta bancaria que compartía con su hijo en Estados Unidos, la cual es investigada por la justicia.

«¿Cómo se sabe que en esas cajas no había una nota suicida o una amenaza?», señaló el funcionario.

Viviana Fein, fiscal a cargo de la pesquisa por la muerte de Nisman, aún no ha concluido si el hecho fue un asesinato, un suicidio voluntario o un suicidio inducido.

La ex mujer del investigador y querellante en la causa, la jueza Sandra Arroyo Salgado, sostiene que fue un crimen y ha intentado desplazar a Fein de la causa, al calor de la cual se han producido constantes enfrentamientos entre las partes y todo tipo de opiniones de funcionarios políticos y judiciales.

Fernández sostuvo que el reciente hallazgo en el edificio de Garfunkel de la pistola calibre 22 que pertenecería a Nisman cambia el curso de la investigación y en ese sentido afirmó estar de acuerdo «por primera vez» con Arroyo Salgado.

La ex mujer de Nisman puso en duda que el fiscal pidiera prestada un arma a su asesor informático el día antes de ser hallado muerto cuando podía haberse dirigido a la casa de la madre a buscar la que estaba en el guardamuebles.

Al respecto, Fernández apuntó contra Diego Lagomarsino, quien trabajaba para Nisman y reconoció haber suministrado una pistola al investigador porque éste le dijo que se sentía amenazado. Esa arma, del mismo calibre que la que estaba en el edificio de Garfunkel, apareció junto al cadáver del fiscal y está comprobado que fue la que efectuó el disparo.

«No entiendo por qué a nadie le llama la atención que este señor le dé un arma (a Nisman) para que se produzca la muerte», sostuvo Fernández, para quien el asesor informático también debería estar detenido.

Lagomarsino está imputado por haber prestado la pistola al fiscal pero no hay acusaciones formales en su contra por la muerte de Nisman. El abogado del técnico informático, Maximiliano Rusconi, señaló a la prensa que la situación de su defendido no ha cambiado «en nada». «Me permito sospechar que el arma estaba en la caja de seguridad vaciada por la madre de Nisman», agregó sobre la pistola que pertenecería al fiscal.

El ministro también sostuvo que el domicilio de Garfunkel tendría que haber sido allanado poco días después de la muerte de su hijo para determinar «qué es lo que sabe». «¿Cuántas horas estuvo en el departamento (de Nisman tras encontrarlo muerto?)», se preguntó.

Fernández, quien actúa como portavoz del gobierno, opina con frecuencia sobre la muerte del investigador, al que ha criticado al afirmar que era un «sinvergüenza» que usaba fondos del Estado que debían emplearse en la investigación del atentado para salir con mujeres.

La denuncia de Nisman contra la presidenta ha sido desestimada por un juez federal y un tribunal de alzada por falta de pruebas.

La propia mandataria dijo que el fiscal se basó para hacerla en datos falsos que le suministró un ex jefe de espías. Ese ex agente ha sido denunciado a su vez por el gobierno por haber incurrido supuestamente en «conductas irregulares» en la investigación del atentado y en contrabando agravado.