La realidad dominicana es que no tenemos resultado alguno por el pago de nuestros impuestos. La mayoría del pueblo trabajador, los contribuyentes, somos abusados y explotados con ausencia de nuestros derechos.

Ninguno de los gobiernos dominicano a resuelto las necesidades básicas: salud, medioambiente sano, educación, ciencia y tecnología con Internet gratuito; justicia, seguridad, energía eléctrica, empleos y oportunidades para desarrollar talentos; producción agrícola, avícola y ganadera; agua, viviendas, transporte, seguridad social, calidad de vida, equidad, derechos, patriotismo y libertades protegidos; con justicia social y orden para todos. En 171 años de vida republicana el pueblo dominicano ha sido traicionado por los políticos y autoridades gubernamentales y los que podrían ser excepción fueron efímeros.

¿Entonces, para qué pagamos nuestros impuestos?

¿Hasta cuando toleraremos ser violados?

Debemos exigir política con propósitos de bienestar colectivo con calidad vida para todos y una administración pública éticamente saludable.

Cuando elegimos practicar la honestidad y la ética en nuestra trayectoria de vida, basada en principios y valores, debemos tener claro que obtener nuestras necesidades es tan difícil como sobrevivir en una guerra convencional.  En República Dominicana el mérito es un riesgo.

Desde el inicio de las primeras sociedades organizadas conocidas en la historia humana los grupos de poder y autoridades designadas, elegidas o heredadas han trabajado para el lucho y acumulación de riquezas sin importar costo o daño a las poblaciones, recursos naturales y diferentes ecosistemas que garantizan la supervivencia en el planeta.

Los actores de poder hacen cada proyecto, cada gasto, cada plan, cada ley y cada constitución modificada, solo tienen un objetivo, usar para su propio beneficio los cuartos públicos y los recursos naturales, así como, la ignorancia, la pobreza y cada acción de los grupos de poder fáctico y de las autoridades estatales formales en sus tres poderes sirven o se suman a este objetivo.

Me encantaría ver reducidas las causas de mis críticas y reclamos, pero cada día se aumentan las razones de indignación y críticas por la ausencia de respuestas y soluciones a las demandas de las necesidades básicas que se convierten en múltiples problemas sociales que permanecen desde siempre y están cada vez peor.

El pueblo debe entender que vivimos en una guerra asimétrica o irregular constante, en donde los principales enemigos del pueblo soberano, con esa soberanía usurpada, son los dichos actores de los grupos de poder y los funcionarios del Estado, los cuales violan todo, traicionan todo, engañan a todos, mienten a todos, roban a todos, contaminan todo, empeñan todo, enferman todo, destruyen todo, como los más siniestros o  perversos monstruos depredadores.

El Estado ha debilitado sus estructuras de poder institucional, y se ha subordinado a las mafias, los funcionarios son socios y miembros del crimen organizado. De igual manera los grupos de poder fáctico se integran a este entramado criminal. Ya no tenemos actores representantes confiables que cumplan los lineamientos institucionales del Estado, como lo mandan la Constitución artículo 7 y 8 y cada ley orgánica o institucional en que se fundamentan sus roles y funciones esenciales para el bien colectivo y servicios de calidad.

Cada funcionario elegido o designado violenta sus principios de juramento y las leyes a las que se deben, subordinándose a las mafias que controlan todo en lo publico y lo privado. A costo del futuro y bienestar del pueblo usurpando su soberanía y traicionando su confianza y lealtad debida. Como el Estado no cumple su rol cada quien decide buscar o suplir de manera individual sus necesidades básicas y lo hacen en riesgo del poder colectivo.

No puede existir un desarrollo humano sano y exitoso con calidad para todos, si no hay garantía de derechos y libertades basados en el cumplimiento de la ley.

Desde nuestros orígenes como sociedad dominicana hemos sufrido la injusticia de la justicia. Defendamos el derecho que tenemos todos y todas de tener una sociedad menos injusta.

Tal como lo define Wenceslao Vega en su libro Historia del Derecho Dominicano: “El derecho, como superestructura impuesta por la clase que detenta el poder, sirve solo a los intereses de esa clase, por más democrática y humanitaria que parezca la legislación.

Cuando la Ley claramente tiende asegurar esos intereses, su letra es obedecida por los encargados de aplicarla, pero cuando ella perjudica el dominio de esa clase, sus jueces y gobernantes se encargan de tergiversarla o tomarla en letra muerta”

El Gobierno dominicano finalizó los primeros tres meses del año 2015 con un faltante de efectivo del orden de los RD$4,391.5 millones, equivalente a 0.1% del Producto Interno Bruto (PIB) ya que los ingresos ascendieron a RD$105,194.8 millones, incluyendo donaciones por RD$451.2 millones, frente a un gasto de RD$109,586.3 millones equivalente a 3.6% del PIB.

El renglón más relevante de todos los egresos fue el relativo a los gastos por servicios sociales el cual representó un 49.0%, seguido por los servicios generales equivalente a un 19.9%, servicios económicos 13.5%, intereses de la deuda publica 17.2% y protección del medio ambiente 0.4% del total ejecutado (RD$109,586.3 millones).

Respecto a las operaciones financieras del Gobierno Central, la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) informa sujeto a revisión que los ingresos obtenidos de Fuentes Financieras ascendieron a un monto de RD$141,307,660 para un 5.1% del PIB, mientras las Aplicaciones Financieras se elevaron a RD$219, 226,620 mil pesos para un 7.9% respecto al PIB, resultando al comparar de dichas cifras un balance financiero negativo por RD$7,791,896 equivalente a 2.6% del PIB (RD$3,021,784.6 millones).

Del total de los ingresos la oficina que más recaudó fue la Dirección General de Impuestos Internos con RD$80,134,300 millones por debajo de los RD$81,057,400 millones estimados para el primer trimestre, seguida por la Dirección General de Aduanas con RD20,323,100 millones y la Tesorería Nacional con RD$4,286,200 millones.

Ante esta situación financiera deficitaria correspondiente al primer trimestre del año 2015 el Gobierno dominicano requirió de financiamiento por el orden de los RD$55,028.9 millones al emitir títulos valores de largo plazo y contraer  compromisos bilaterales.

En el bimestre enero-febrero del presente año el Gobierno dominicano presentó un balance primario positivo del orden de los RD$8,691.4 millones resultado de  ingresos por RD$71,214.8 menos gastos corrientes y capital por RD$62,523.4, pero insuficiente para hacer frente a los compromisos financieros asumidos por el país.

Si las autoridades dominicanas no se exceden en el gasto en lo que resta de año, manteniendo disciplina estricta sobre los mismos, se podría alcanzar un menor déficit fiscal a final de año lo cual se pone en duda ya que el país se encuentra en un año preelectoral lo que implicaría desde ya mayores gastos superfluos y clientelar  lo que llevaría a la nación a enfrentar un mayor déficit al estimado para el presente año ascendente a los RD$73,882.6 millones equivalente a 2.4% del PIB.

Más aún, si se impone la reelección presidencial mediante la modificación de la Constitución de la República Dominicana lo cual implicaría la compra de la conciencia de los legisladores contrarios a tal alocada decisión de propiciar dicha modificación, a los fines de prepararle un traje a la medida al actual incumbente para que proceda después de ganar la nominación de su partido buscar afanosamente la reelección luego de haber negado una y otra vez no buscar la misma ya que en su momento era de criterio de que optar por una re-postulación era llevar al país a una situación embarazosa.

Hay que esperar que suceda todo lo contrario a los fines de evitar que la ley de leyes sea modificada para favorecer solo al gobernante de turno y en contra del buen uso de los fondos del erario. Que Dios se apiade del pueblo dominicano.

felixsantana.santanagarc@gmail.com

   

Por JUAN LOPEZ

A finales del año pasado se empezó a reclamar un aumento salarial.  Han fracasado las  seis diferentes reuniones que, con ese propósito,  realizaron   los representantes del sector empresarial, sindical y gubernamental en el Comité Nacional de Salarios (CNS) para ponerse de acuerdo en el porcentaje para aumentar el  salario mínimo.

Los representantes de los trabajadores iniciaron la puja con un 30%, la cual se redujo, en la última reunión, a un 25%. Durante las primeras 5 sesiones, el sector empresarial presentaba la reclasificación empresarial como condición indispensable para luego establecer el porcentaje a incrementar el salario mínimo. Finalmente, sugieren aumentar 8.92%.

Aunque el sector gubernamental es el mayor empleador del país, todavía no se conoce su propuesta para los empleados públicos. Hasta ahora, sólo se limita al arbitraje entre empleadores y empleados del sector privado.

En ese contexto y sin ninguna posibilidad de convertirse en realidad, surgió  el utópico  proyecto del senador Adriano Sánchez Roa, en el que se contempla un 32% como tope máximo para aumentar el salario mínimo.

A los fines de valorar nuestra propuesta, consideramos pertinente repensar esta objetiva realidad:

1.      En nuestro país solo el 24% de los que trabajan en la economía formal reciben ingresos por encima de RD$20,000.00.

2.      Un 10% ganan más de RD$33,000.00;

3.      Apenas un 1% gana por encima de RD$45,000.00.

4.      El 45.5% de los empleados que cotizan en la Seguridad Social tienen un ingreso menor de RD$10,000.00.

5.      En la Administración Pública el cuadro  es más desgarrador. El 21.6% de los empleados gana el salario mínimo, entre RD$5,117.00 y RD$6,000.00 pesos.

6.      El 64.5% se encuentran en el rango entre RD$5,118.00 y RD$10,000.00.

7.      El promedio de empleados que ganan hasta RD$10,000.00, tanto en el sector privado como en la Administración Pública es de 55%.

8.      Otro 19% gana entre RD$10,000.00 y RD$15,000.00.

9.      Esto significa que un 74% de los empleados con empleo formal recibe RD$15,000.00 pesos.

Mientras que, de acuerdo al Banco Central, la canasta familiar en nuestro país, en lo que va de año, asciende a RD$27,619.88 mensual, lo cual es indispensable  para sobrevivir.  

Este dramático panorama  amerita de una acción justiciera  que debe empezar por reconocer, con hechos y no solo con palabras, que es justo y necesario la aprobación de un aumento salariar general, en el cual se incluyan a los trabajadores y empleados activos y pensionados tanto del sector privado como de la administración pública.

No debemos abusar  de la debilidad que corroe al movimiento sindical dominicano Tenemos que actuar  con sentido común, lógica, sensatez y prudencia. 

Si aceptamos como bueno y válido el cacareado  crecimiento sostenido del PIB por encima del 5% en los últimos diez años, lo cual no se ha traducido al bienestar de la población y mejorar el  índice de desarrollo humano.

Y consideramos  que el salario  es una de las variables a través de la cual se puede hacer justicia y redistribuir la riqueza social que todos generamos, entonces se levanta como una imperiosa necesidad la decisión de aumentar los salarios y sueldos de trabajadores,  empleados y pensionados públicos y privados.

En este contexto, consideramos que conviene empezar los aumentos con 18% para el salario mínimo a los trabajadores y empleados del  sector privado, con efectividad al 1ro.  de junio.           

El Poder Ejecutivo, para tener calidad a seguir arbitrando el impasse, debe hacerlo con el ejemplo. Es decir,   someter al Congreso Nacional  una modificación al actual Presupuesto Nacional, en la que se asigne la partida suficiente para aumentar un  15% a los empleados públicos (incluyendo a los empleados municipales) con sueldos por debajo de los RD$50,000.00 y un 10% para los sueldos superiores, también efectivos  al 1ro. de junio.

Si somos responsables y nos empoderamos de la importancia de combatir con eficacia la pobreza y exclusión social, enfrentar  la delincuencia para reducir los niveles de violencia que afecta el sosiego  familiar y la seguridad ciudadana, entonces debemos empezar por aplicar un aumento salarial, empezando con el salario mínimo, lo cual consideramos  justo y necesario en nuestro país.