Santo Domingo, 15 jul (EFE).- La Dirección de Contrataciones Públicas y la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) acordaron hoy impulsar el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales en materia compras, así como promover el aumento de la informatización de las mujeres y Mipymes de los pueblos.

El acuerdo fue suscrito en la sede de Fedomu por su presidente, Juan de los Santos, y la directora de Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán quien estuvo acompañada por la subdirectora de la institución, Elizabeth Rodríguez Pavón.

Mientras que por Fedomu además de su presidente, participaron el vicepresidente del organismo, Rafael Hidalgo; la directora ejecutiva, Altagracia Tavárez; el secretario general, Anyolino Germosén, el tesorero, Tony Echavarría y alcaldesas y alcaldes de diferentes pueblos.

Guzmán calificó el acuerdo como «un lazo de coordinación formal» de consulta, diálogo y colaboración mutua para el cumplimiento de la Ley sobre compras y contrataciones.

Agregó que los ayuntamientos pueden contribuir al desarrollo de sus comunidades mediante la correcta aplicación de la normativa actual.

De su lado, Juan de los Santos, definió a Guzmán como una «verdadera aliada» de los ayuntamientos del país que busca el fortalecimiento y correcta ejecución de los procesos de compras que realizan las alcaldías.

Dijo con la firma del convenio se busca reducir a su mínima expresión los errores que cometen los ayuntamiento en los procesos de compras y contrataciones públicas.

Asimismo, se prevé un plan de capacitación dirigido a los responsables de compras de los ayuntamientos del país; desarrollar una estrategia de abordaje conjunta que permita comprender las ventajas para los gobiernos locales de trabajar apegados a la normativa actual para las compras y contrataciones de bienes y servicios públicos.

También, formular una estrategia que permita estimular la informatización de las mujeres y las Mipymes de forma que puedan tener acceso a los proceso ejecutados por los gobiernos locales, apegándose a la reglamentación vigente.

Realizar un plan de trabajo conjunto que implique la gestión de residuos sólidos desde la perspectiva de las contrataciones públicas, articulando a la Dirección de Compras y Contrataciones con la temática de residuos sólidos que realiza Fedomu, también formará parte del acuerdo.

La Dirección de Contrataciones Públicas pondrá a disposición de la Fedomu un personal técnico capacitado para ofrecer formación al personal administrativo y financiero de los ayuntamientos miembros de ese organismo.

De su lado, Fedomu pondrá a disposición de Contrataciones Públicas las estructuras regionales para la coordinación y ejecución de las acciones a ejecutar en los municipios. EFE

Por TEOFILO BONILLA

 

La proliferación de gasolineras y envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP) en zonas residenciales, próximo a centros escolares y religiosos en violación a leyes vigentes, se produce porque los beneficiarios se agencian licencias pagando “peajes” de dos y tres millones de pesos a funcionarios que facilitan la expedición de permisos. 

Los peajes no incluyen el pago de los impuestos, que oscilan entre 30 y 50 mil pesos, según personas que hablaron bajo condición de no revelar su identidad por temor a represalia de funcionarios que ocupan importantes cargos en instituciones del Gobierno.

En el Distrito Nacional, Santo Domingo y otras provincias, las violaciones son recurrentes cuando se otorgan permisos para instalar envasadoras de GLP y bombas de gasolina, haciendo caso omiso a las protestas de personas que viven en urbanizaciones, residenciales, torres, escuelas públicas, colegios, iglesias, clubes o plazas comerciales que rechazan ese tipo de establecimientos en sus alrededores.

Gasolineras y envasadoras de GLP son instaladas, conscientes las autoridades cuando ceden los permisos, de que violan las leyes 253, 317-72, 407-72, 520-89, 112-00 de Hidrocarburos y la 64-00 de Medio ambiente y Recursos Naturales, sus reglamentos y ordenanzas municipales.

Una fuente de crédito confió que “el Plan Regulador de Industria y Comercio tiene en carpeta más de cien expedientes del formulario M-11, y más del 70 por ciento de estos ya tienen el visto bueno para que los solicitantes instalen sus estaciones, y muchas de ellas violan las leyes y las normas”.

Personas consultadas afirman que en el desorden están involucrados funcionarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Industria y Comercio y Obras Públicas.

Además atribuyen responsabilidad a la Defensa Civil, Cuerpos de Bomberos, Planeamiento Urbano de los Ayuntamientos, Dirección General de Catastro y la Liga Municipal Dominicana (LMD), ya que debe avalar las instalaciones de plantas de GLP y las demás estaciones de carburantes que operan fuera del Gran Santo Domingo y Santiago de los Caballeros.

Son muchas las quejas y protestas de sectores y comunidades porque ven que en áreas prohibidas por la Ley se construye una envasadora de GLP o una gasolinera, empero, ese rechazo lo ignoran las autoridades e instituciones facultadas para otorgar permisos.

Los promotores de bombas y envasadoras de GLP hacen caso omiso a protestas, a normativas y a impedimentos legales, siguen los contactos y amarres hasta conseguir a como de lugar, la licencia, sin tomar en cuenta la desgracia que pueda ocurrir cuando estén operando.

Una empresaria dueña de varias envasadoras de GLP y que solicitó guardar su identidad, sostuvo que además de los obstáculos que le ponen a los futuros dueños de negocios de este tipo, “Se debe tener a manos entre dos o tres millones de pesos para distribuirlos a las personas que supervisan los terrenos, avalan el impacto ambiental, inspeccionan terrenos e infraestructuras para determinar si está dentro del marco de la ley, aunque esto último no importa mucho si tiene el dinero”.

Además de las estaciones de combustibles líquido y las envasadoras de GLP con décadas operando, y las demás autorizadas violando preceptos legales, Anadegas afirma que Industria y Comercio por acciones politiqueras ha autorizado 1,200 tanques para que funcionen bombas de patios, que además de representar un peligro se convierten en competencia desleal para los detallistas de carburantes organizados que pagan impuestos al fisco.

Los Ayuntamientos casi siempre tienen el visto bueno para decidir o no la instalación de una envasadora de GLP o cualquier otras estación de combustibles, se dice que en la capital y la provincia Santo Domingo, y Santiago, hay que distribuir entre los concejales, un millón y millón y medio de pesos para aprobar la construcción del negocio de carburantes.

Anadegas

Sostiene que de los establecimientos que detallan combustibles, dependen directamente unas 72 mil personas.

El presidente de Anadegas, Emilio Vásquez, calificó de “violadores tangibles y persistentes de las leyes” a funcionarios que afirmó han pervertido el negocio de los combustibles en el país.

“Esos personeros de varias instituciones del Estado, otorgan a diestra y siniestra, a través de un proceso mayúsculo y a gran escala de corrupción , que salpica a funcionarios enquistados en el Palacio Nacional”, enfatizó.

Precisó que tiene informaciones que en los próximos días, el Ministerio de Industria y Comercio tiene en plan entregar a personas y empresas multinacionales, más de 50 licencias para operar estaciones de gasolinas y envasadoras de GLP.

“Anadegas ha sido clara con respecto a las violaciones a las leyes, con relación a la aprobación de gasolineras en los últimos meses, producto de los niveles de corrupción que se están dando en el Ministerio de Industria y Comercio y otras esferas del Estado y ayuntamientos”, precisó.

Vásquez deploró que “hoy en lugares residenciales, lugares donde las leyes establecen un límite de distancia entre una y otras, próximo a escuelas, colegios, hospitales, iglesias, parque infantiles y recreativos, se violan las leyes y disposiciones, se instalan estaciones gasolineras y plantas de gas propano, se aprueban combos en Industria y Comercio”.

Afirmó que de octubre del 2014 a la fecha han sido instaladas con permisos otorgados de manera irregular, más de 50 estaciones de gasolina y otras tantas de gas licuado.

Esos establecimientos dijo se han instalado en el Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Barahona, entre otras demarcaciones, las cuales ninguna cumple con las leyes vigentes.

Entiende que además de no realizarse vistas públicas para que la comunidad opine sobre la instalación de una estación de combustibles o GLP, no se está respetando la distancia de los ríos para otorgar permisos a estos tipos de negocios

En tal sentido citó que en Santiago, próximo al puente sobre el Yaque del Norte, se otorgó un permiso para instalar una envasadora de GLP a menos de 40 metros del río, frente a un colegio, cerca de una iglesia y a unos 200 metros de otra estación de combustibles.

Aseguró que las empresas Next, Nativa, Sigma, Texaco, Shell, Petromovil, Coastal, Isla, Esso, y otras, impone estaciones a base de corrupción en lugares en que al instalarlas violan las leyes.

El ex presidente de Anadegas y distribuidor de gasolinas al detalle, doctor Rafael Polanco, sostiene que para obtener un formulario M-11 de Industria y Comercio y conseguir la licencia de instalación de una estación de combustibles, se debe erogar de “peaje, según la demarcación geográfica, dos, tres y cuatro millones de pesos”.

Adujo que las provincias que han tenido mayores conflictos por las construcciones de estaciones de bombas de gasolinas y envasadoras de GLP, son Santiago, La Altagracia, San Cristóbal, Puerto Plata, Distrito Nacional y Santol Domingo.

SANTIAGO

En la segunda ciudad de importancia del país, Santiago, la situación se ha convertido en un caos, donde líderes comunitarios, sacerdotes, profesores y estudiantes del sector Pekín, expresaron oposición a la construcción de una planta envasadora de GLP, que se construye en la cercanía de cuatro centros educativos.

El regidor del cabildo santiaguense, José Luis Estévez, aseguró que la obra se levanta de manera irregular, ya que el concejo no la ha aprobado ni se ha conocido en el organismo.

SAN CRISTOBAL

En esta ciudad, la situación está fuera de control, pues a todo lo largo de la autopista 6 de Noviembre y en la provincia, se ve una proliferación de envasadoras de GLP y bombas de gasolinas, que violan las leyes.

En el Cruce de Canastica, la comunidad se enfrentó con los promotores de una estación de combustibles próxima a viviendas, centros escolares, religiosos y escuelas públicas, y al lado de las tuberías matriz del acueducto, y el empresario banilejo, Manuel de Regla Santana, con sus “diligencias”, luego de que le negaran el permiso, logró el permiso bajo cabildeos, y ya la estación próximo abrir sus operaciones.

UN APUNTE

Hace siete años explotó el tanque de la envasadora de GLP de Propagas, situada en la calle Moca con Pedro Livio Cedeño. En esa ocasión, las autoridades determinaron que debido a que estaba en el centro de una gran zona residencial de Villas Agricolas, debía ser cerrada, sin embargo, los ejecutivos de la empresa sin tomar en cuenta el peligro, en vez de acatar la disposición, hace menos de un año, optaron por adquirir los solares de su entorno para ampliar la envasadora de gas que ahora está rodeada al sur por la Pedro Livio Cedeño, al oeste por la , Moca y al Norte sale a la calle 42, donde instalaron un tanque de 30 mil galones.
Además, están instalando otro tanque de 10 mil galones porque también se dedicarán a la venta de gas natural.

jpm

MOCA.- Quince años de prisión fueron impuestos a un hombre que quitó la vida a otro en hecho ocurrido aquí en el año 2011.

El Tribunal Colegiado de Espaillat condenó a Daniel Antonio Sánchez (Ñoño) por ultimar con arma de fuego a Jaime José Guzmán Santos.

La Procuraduría Fiscal de Moca, que dirige el magistrado José Aníbal Carela, explicó que el suceso ocurrió en la calle Rodrigo Cervantes, del sector La Punta, alrededor de las 11:00 de la noche del 13 de febrero del año 2011.

La víctima fue interceptada por Daniel Sánchez junto a José Aurelio Alfonso (Marky), Irvin José Ángeles y otro hombre solo identificado como Anthony, quienes se encuentran prófugos.

Durante el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el procurador fiscal Ramón Arturo Rosario.

 jpm

SANTIAGO.– Veinte profesores fueron reconocidos por sus méritos en ejercicio de su profesión y recibieron el premio magisterial Ercilia Pepín, que cada año entrega la administración que encabeza el Alcalde Municipal, doctor Gilberto Serulle.

Serulle resaltó la labor que a favor de la sociedad  dominicana realizan los profesores dominicanos desde las aulas en los centros docentes tanto públicos como privados.

«Mientras permanezcamos al frente del gobierno local, este reconocimiento al mérito magisterial se mantendrá, y más aún, cada vez iremos aumentando la cantidad de reconocidos», declaró el funcionario. 

De su lado, la licenciada Daisy Díaz, presidenta del Concejo de Regidores, afirmó que el reconocimiento que se hace a los maestros no solo es por su abnegada labor formativa y constructiva, sino por las sabias orientaciones que ofrecen sobre los valores morales y éticos que deben exhibir los ciudadanos.

Los maestros homenajeados, quienes recibieron sus pergaminos en un acto celebrado en el salón Juan Pablo Duarte del Ayuntamiento local,  fueron Gladys Minerva Sosa, Ramón Rodríguez, Carmen María Guzmán, Pedro de Jesús Peralta, Elsida Marleta Diaz, Ana Mercedes Hernández, Inocencia García de Lucas, Liquis Pascual, Mercedes Inoa Fabián, Carmen Yuberkis Parra, Rosario del Carmen Polonia, Petra Cepeda, Eddy Samuel Álvarez, Darmiana Marte, Rocío del Alba Caraballo, Juana Díaz de Pérez, Melida del Rosario Cruz y los fallecidos Demetrio Núñez, María Espinal y Lourdes Altagracia Peña.

jpm