1. Las extravagancias del árbitro regional

Entre las gravísimas revelaciones que hace el Informe de la OEA, tras la visita de los comisionados enviados por el Secretario General, don Luis Almagro, la de mayor relevancia es la siguiente:

“Reconoce la existencia de desplazamientos de poblaciones que sobreviven en condiciones precarias.

Existen diferentes cifras sobre el número de personas que han cruzado la frontera, sin embargo es difícil confirmar estas cifras en este momento” ( Informe sobre la República Dominicana, 3/7/15)

Esas situaciones se han producido en detrimento del Estado dominicano. Ante ese problema, ambos Estados cuentan con el Tratado de 1938 y el modus operandi de 1939  refrendado en Washington ante los presidentes, Franklin Roosevelt, de Estados Unidos,  Lázaro Cárdenas, de México y Federico Laredo Bru, de Cuba. En ese tratado cada uno de los Estados se compromete a evitar el desplazamiento ilegal de su población y a impedir que ésta pueda franquear la frontera, desprovista de los visados y de  documentación. Son las normas establecidas entre todos los Estados del continente que deben ser refrendadas por la Organización de Estados Americanos y amparadas por la Organización de las Naciones Unidas. Escribir un informe superficial, ignorando esas realidades, es la muestra mayor de desprecio que sienten estos burócratas por la soberanía de los pueblos.

En África, en Asia,  las Naciones Unidas ha realizado los estudios pertinentes y ha tomado las medidas para evitar que los conflictos en potencia puedan descarrilarse y transformarse en guerra y caos y crisis humanitarias. No se trata, pues, de una rareza en este convulso mundo. Para los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el desplazamiento de poblaciones constituye una de las mayores amenazas a la paz y a la seguridad. Los desplazamientos son concebidos como un factor que puede desestabilizar a los países de acogida. Sobre este punto, en su artículo 39, capítulo  VIII,  de la Carta de las Naciones Unidas se estipula: “El Consejo de Seguridad constata la existencia de una amenaza contra la paz, una ruptura de la paz o un acto de agresión”. Para dar  por cumplida la legalidad internacional se recomiendan medidas en el artículo 41: interrupción de las relaciones diplomáticas, sanciones económicas, llamados a respetar   la intangibilidad de las fronteras etc. y ante la perspectiva de resistencia al llamado internacional, se baraja las posibilidades del bloqueo y, finalmente, la intervención militar (articulo 42). El Estado dominicano puede invocar, perfectamente, el artículo 51, estableciendo medidas de legítima defensa, con vistas a salvaguardar su soberanía e independencia. No hay, pues, ninguna disposición de las vigentes en las Naciones Unidas que invalide, en nombre de los derechos humanos, la soberanía del Estado dominicano ni de ningún otro Estado.

Al igual que las Naciones Unidas, la Carta de la OEA,  considera la ocupación territorial o el desplazamiento de poblaciones por parte de otro  Estado, aun sea temporal, como una agresión a la integridad, a la independencia y la soberanía   del Estado (Art.21  y Art. 28). Son esos los principios que debió esgrimir el  Secretario General al comprobar que contra el Estado dominicano se había producido un peligroso desplazamiento de poblaciones. En lugar de tomar nota  y establecer las providencias necesarias para prevenir los conflictos que tales circunstancias presagian,  el señor Almagro ha decidido llevar el error hasta las últimas consecuencias. Se ha olvidado de los principios del organismo que dirige; se entretiene intrigando con los haitianos y le aplaude todos los incumplimientos e infracciones. Por ejemplo, la Carta de la OEA prohíbe que ningún Estado aplique o incite a la aplicación de medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado (art.20) y eso es lo que ha hecho precisamente Haití, en comandita con los países del CARICOM;  pero  don Luis Almagro ha sepultado ese precepto. Las cosas, en verdad, han llegado demasiado  lejos.  En represalia, contra las decisiones soberanas de la República Dominicana, el Gobierno haitiano prohibió las importaciones dominicanas, y proclamó, de manera irresponsable, que la harina procedente del país producía cáncer,  declaración que ambicionada dañar el turismo de República Dominicana.

Todas estas circunstancias se han producido sin que el Secretario General defienda los principios que al asumir el mando de la Organización  jurara hacer cumplir y respetar. El primer precepto de que hace gala en desdeñar,  es el artículo 1,  que lo obliga a preservar la independencia y soberanía de los países miembros, y que  advierte  que “ninguna de las disposiciones le autoriza a intervenir en asuntos de la  jurisdicción interna de los Estados miembros”. Se burla olímpicamente don Luis cuando interviene en las disposiciones de migración adoptadas por la República Dominicana, que, en el caso haitiano, son las mismas que se aplican en Bahamas, en América Central, en las islas del  Caribe y en Brasil. Todos, al parecer, pueden ejercer plenamente su soberanía excepto la República Dominicana, a la que don Luis le pone cortapisas, le hace advertencias y recriminaciones.

Ante las consecuencias fatales de un desplazamiento de poblaciones, la Organización hemisférica—la OEA—y la propia Naciones Unidas hacen claras recomendaciones, tanto en sus estatutos, como  en los informes relacionados con los conflictos provocados por el desplazamiento irregular de grandes marejadas de poblaciones de un Estado a otro, para quitarle la espoleta a esa bomba de tiempo,  con enfoques preventivos que alejen la profundización del conflicto.  Tal eran las intenciones del Gobierno dominicano al emprender el Plan de Regularización de extranjeros, que, una vez concluido debió dar cumplimiento a un proceso de repatriación de extranjeros, que por hallarse en una cifra extremadamente alta constituyen una amenaza a la paz y a la seguridad de los dominicanos. Desoyendo todos los principios, don Luis Almagro, recomienda “frenar el retorno voluntario de los haitianos a su país” (CNN, 2/7/15). ¿qué pretende el señor Almagro con esta declaración?¿ Que nos despojemos de cualquier política migratoria? ¿Que se le legalicen a todos indocumentados, que no podamos repatriar? ¿Qué propone usted la legalización de la presencia extranjera? ¿Se desea anular la soberanía en nombre de los derechos humanos de los extranjeros ilegales? ¿Desde cuándo se halla privado el país del ejercicio soberano que le consagra el derecho internacional?

¿Qué hacer en un mundo donde las instituciones, llamadas a mediar entre los Estados, han sido prostituidas, por individuos que desconocen los propios principios que la han fundado? Ante los problemas que le plantea a la seguridad los desplazamientos, los organismos  multilaterales aplican  la asistencia preventivas, centradas en mitigar las causas del desplazamiento, sin olvidar el potencial de desestabilización  que desata en otros territorios, para los cuales representan auténticas calamidades, venidas desde el exterior.  Con esta actitud contraria a la soberanía de los Estados, que omite el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el señor Almagro está sembrando viento; cosechará, que  no le quepa la menor duda, grandes tempestades.

2. El meollo del problema

El Gobierno haitiano quiere que la República Dominicana le otorgue la nacionalidad dominicana a los hijos de haitianos, sin que intervenga ningún protocolo, bajo la presión internacional y presentando los hechos como una catástrofe humanitaria.  Conforme a la particular interpretación del Gobierno haitiano corresponde a la OEA, al CARICOM, a la Unión Europea y todos los miembros  de la Comunidad Internacional determinar las disposiciones del derecho interno de la República Dominicana. De este modo, hemos observado cómo todos estos organismos han hecho declaraciones en contra de la Sentencia 168/13 que proclamaba que los hijos de haitianos no residentes en el país no podían beneficiarse del jus solis, circunstancia que, en todos los países, en donde existe sólo arropa a los residentes, y desde luego, excluye a los trabajadores temporeros y aquellos  que no han formalizado residencia en el país.  Hemos tropezado, de este modo, con la madre del cordero.  Nos hallamos ante una inmigración emprendida con carácter permanente, y cuyo objetivo es proyectar  el influjo del Estado haitiano en el territorio dominicano.

¿Qué ha hecho el Gobierno ante estas amenazas que podrían definitivamente desplomar  a toda la nación?

• Desconocer la Sentencia TC168/13, mediante la promulgación de la Ley 169/14 que acredita como dominicanos a todos los hijos de haitianos no residentes en el país, que hallaban en parejas circunstancias que la señora Julienne Deguis Pierre. Un contingente de más de 55 mil haitianos y sus descendientes serán incorporados en el padrón electoral de los comicios del 2016. Una población cuyas proporciones podrían alcanzar las 250 mil personas. Con esta medida, el Gobierno ha desmantelado la unidad demográfica del Estado. De este modo,   se han incorporado  al país poblaciones que no tienen ninguna lealtad a la nación, que no comparten ni nuestra lengua ni nuestra cultura ni sienten respeto por nuestras instituciones, que, en el teatro internacional favorecen los propósitos de la disolución nacional ¿ Que hemos ganado con atribuirle la nacionalidad dominicana a extranjeros que queman la bandera, que viajan por el mundo  a pedir que se intervenga en el país y que  sirven a los propósitos de  Estados extranjeros?.
• Permanecerán como una espada de Damocles  los 288.466 haitianos registrados en el Plan de Regularización, de los cuales apenas habían completado sus expedientes unas 4.000 personas, para, tras las elecciones del 2016, otorgarle una amnistía migratoria, y exponernos a una mayor desnacionalización.
• Renunciar a defender el país de los ataques que ha desplegado la diplomacia haitiana ante la Comunidad Internacional. Ante los secuestros de cónsules,  asaltos de sede diplomáticas, asaltos de camioneros dominicanos, ataques en los foros internacionales y el incendio de la bandera dominicana, tras la devastación del consulado de Puerto Príncipe  y ante el despliegue de odio de sus autoridades que nos han llamado torturadores y nos han comparado con los peores especímenes de la Humanidad, el Gobierno dominicano ha rehusado a defenderse, y ha permitido que humillen el país, y que nuestra reputación sea arrojada a los perros.

¿Lograrán vencer el patriotismo, llevándonos de tapadillo al sacrificio de la nación, borrando todas las proezas que llevaron a la fundación del Estado dominicano? ¿Fracasaremos definitivamente y no lograremos repatriar esta ocupación extranjera? Como decía Ortega y Gasset, a nosotros lo peor que nos pasa, es que no sabemos qué pasa.  Sin embargo, en todos los sondeos realizados en los periódicos el  90%  de los dominicanos desaprueba esa política. El país se halla mentalmente secuestrado: desinformado, manipulado, engañado.  No puede comprender que, desde el Gobierno mismo, se le declare la guerra a sus conquistas sociales.

Inmediatamente el Gobierno le otorgó la nacionalidad a la señora Julienne Deguis Pierre, hija de haitianos no residentes en el país, fue llevada por Gonzalo Vargas Llosa, director del ACNUR, a una cumbre en La Haya (Holanda) , y luego a España, para denunciar a la República Dominicana, y actuar como testigo  en las distintas conferencias sobre apatridia.

Exponer públicamente las causas que han llevado a Haití a un colapso,  es llover sobre mojado.  Quien mejor lo ha hecho es el ex presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, en un artículo que escribió para el periódico El País, de España, en el que señaló:  “La triste realidad es que Haití ha vivido de desastre en desastre y no ha sido solamente el terremoto lo que lo ha devastado. Siguen siéndolo la incuria administrativa, la inestabilidad política y la corrupción”. 

También es reiterativo decir que República Dominicana es víctima de presión internacional para que cargue por sí sola las consecuencias de los males que, a lo largo de su historia, han afectado a su vecino. Esto lo ha expuesto el Gobierno Dominicano en múltiples escenarios internacionales y, lamentablemente, le han hecho poco caso.

Sería también redundante analizar los pro y contra del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que ejecuta la República Dominicana dirigido a controlar la inmigración ilegal.  Entiendo que por más que nos esforcemos en explicar los pormenores de este programa y en resaltar el derecho de los dominicanos a establecer sus propias leyes migratorias, nunca obtendremos un apoyo unánime de la comunidad internacional, la cual siempre se mantendrá recelosa.

No soy pesimista, pero considero que si bien es cierto que el Plan de Regularización es un buen instrumento que debe ser respaldado por todos los buenos dominicanos, NO ES NI SERÁ LA SOLUCIÓN AL CRECIENTE PROBLEMA DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL.   Es más bien un “calmante”, o lo que es lo mismo, una aspirina para un paciente que está aquejado de una  enfermedad crónica.   Es posible que se “regularicen”  doscientos mil, trescientos mil o más, pero aún así otros volverán,  y en seis meses o menos  tendremos el mismo problema de  haitianos deambulando por nuestros campos y ciudades.  Esto así, porque los males económicos y sociales de Haití seguirán agravándose, y sus moradores no tendrán otra salida que emigrar hacia la República Dominicana a través de una “inexistente” frontera, o dirigirse en yola hacia islas del Caribe o a algún país americano.

Un GRAN PROBLEMA QUE NO HA SIDO TOMADO EN CUENTA por el Gobierno Dominicano ni por organismos internacionales es que en Haití la mayoría de la población NO TIENE acta de nacimiento y mucho menos cédula.  Aunque Usted no lo crea, millares de haitianos, aunque están vivos, en la práctica no lo están debido a que no poseen documentos de identidad (no son “de aquí ni son de allá”).  (Se me ocurre pensar que los verdaderos apátridas no están en la República Dominicana sino en el propio Haití) y esto constituye una gran violación a los derechos humanos.

Una pregunta obligada es:  ¿cómo puede exigírsele al Gobierno de Michel Martelli que entregue documentos a haitianos que viven ilegalmente en la República Dominicana, cuando en Haití los propios moradores carecen de ellos?.    En estas circunstancias no hay que ser un sabio para concluir en que el PLAN DE REGULARIZACIÓN, SERÁ UN ROTUNDO FRACASO EN LO QUE RESPECTA A LOS HAITIANOS.

Entiendo que como la República Dominicana es la más afectada por el problema haitiano, debería cambiar su estrategia internacional:  en vez de canalizar tantos recursos para convencer a organismos y gobiernos sobre las “bondades” de su Plan de Regularización, debería concentrar su artillería en la meta de lograr que las grandes potencias, entidades y personas que ahora emiten pronunciamientos a favor de Haití, se incorporen a la titánica tarea de ayudar a que este país, por primera vez en su historia, tenga instituciones fuertes. 

El primer paso en este sentido necesariamente debería ser OBLIGAR A QUE LOS HAITIANOS TENGAN UN REGISTRO CIVIL en el que estén inscritos los  nacimientos, la filiación, el nombre y apellido, el nombre y apellido de las personas, los fallecimientos reales o presuntos, los matrimonios, las guardas, la patria potestad, las emancipaciones, las nacionalizaciones y los profesionales en distintas áreas.   Sin este registro nunca los haitianos podrán progresar,  pues ahora no pueden realizar ningún tipo de operación y mucho menos elegir debidamente a sus autoridades o ser beneficiarios de ningún programa social

Posteriormente hay que embarcarse en la tarea de REORGANIZAR EL ESTADO en toda su extensión, partiendo desde cero. Es imprescindible que Haití cuente con  instituciones sólidas, pues las que existen son desorganizadas y endebles.

Mientras no haya Estado y sus instituciones estén débiles, nunca este país podrá superar los cuadros de pobreza que presenta . Y, en consecuencia, nunca podrá ser detenida la emigración ilegal hacia la República Dominicana, Bahamas, Estados Unidos, Brasil y otros países.