Dice el Art. 184 de la Constitución de  la República que: “Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales…” Es un deber del TC, en consecuencia, impedir la vigencia de leyes particulares que riñan con la carta magna, ley sustantiva o ley de leyes.

Ahora que nos abocamos a la campaña electoral, para los comicios del 15 de mayo del presente año, oportuno es el momento para que el Tribunal Constitucional revise la ley electoral vigente. Esa ley contraría la Constitución de la República. El Art. 208 de la Constitución, que trata sobre el ejercicio del sufragio, dice así: “…el voto es personal, libre, directo y secreto.”

¿Directo? ¿Y se vienen eligiendo de forma directa a los senadores y a los diputados? ¡No señor! Se han visto casos de candidatos a senadores y diputados que han sido los más votados directamente y, sin embargo, no han resultado electos, porque en una inconcebible distorsión esas candidaturas se arrastran recíprocamente. En el caso de los regidores es igual o peor, porque se le viola al elector su derecho a sufragar a favor de un determinado candidato a regidor. Es el candidato a alcalde que lo arrastra.

Por lo visto, la gente sólo tiene derecho a elegir de forma directa al presidente y al vicepresidente de la República   —los cuales constituyen una fórmula—  y al alcalde. Los senadores, diputados y regidores no se escogen de forma directa, en violación a la Constitución de la República.

Hacer la enmienda pertinente, para acogerse a la Constitución de la República, sería lo más conveniente para la Junta Central Electoral, para evitar cuestionamiento y prevenir eventuales impugnaciones o instancias que finalmente irían al Tribunal Constitucional. Inclusive para fines de cómputos resulta conveniente a la JCE hacer la corrección de lugar.

Los órganos electorales, no obstante, no son responsables de basarse en una ley defectuosa, pues es al Poder Legislativo que le atañe la elaboración de las leyes. Y ninguna ley puede reñir con la Constitución de la República. Y le corresponde al Tribunal Constitucional declarar nulas todas aquellas leyes contrarias a la carta magna.  Por lo menos exhortar a la corrección a todas aquellas instituciones o poderes que aplican leyes inconstitucionales, como en efecto es la vigente Ley 275-97, con la cual se rige la Junta Central Electoral.

danilocruzpichardo@gmail.com

jpm

Por fin logró instalarse la nueva Asamblea Nacional venezolana, aunque no pudieron juramentarse los 112 diputados elegidos democráticamente, porque el chavismo, por ordenes de Maduro, que tanto ha alabado su sistema electoral, conspiró a última hora para que tres de estos y un oficialista incluido, para encubrir la patraña, no pudieron hacerlo por haber sido vetados por el Tribunal Supremo de Justicia –TSJ– alegando supuestas irregularidades en su elección.

Aunque luego de juramentados los diputados gobiernistas, se retiraron del recinto legislativo, alegando que el presidente de la nueva asamblea, Henry Ramos Allup, había violado el protocolo de la sesión legislativa, al permitir discursos fuera de agenda.

Se temía que el nuevo congreso unicameral iba a tener serios problemas para instalarse, ya que en una sesión previa la antigua asamblea había aprobado la instalación paralela de un llamado parlamento comunal, que operaría a la par de la Asamblea Nacional, con el obvio e innegable propósito de boicotear al nuevo congreso.

También por todo el ambiente de incertidumbre que aparte de la proyectada instalación del parlamento comunal, habían provocado el dictador gobernante y el segundo del chavismo, Diosdado Cabello, con sus imprudentes y provocativos discursos incendiarios de barricada y accionar conspirativo, que presagiaba lo peor, por lo que se temían peligrosos acontecimientos.

Como se sabe el chavismo amenazó con obstaculizar la ceremonia de inauguración del nuevo parlamento luego de un llamado de grupos paramilitares vinculados al régimen de ir a los alrededores del palacio legislativo, para impedir el acceso de los nuevos diputados. Aunque a pesar de las amenazas los legisladores pudieron ingresar por la protección brindada por un dispositivo de la Guardia Nacional, que evitó que estos fueran agredidos por las huestes chavistas.

Sin embargo aunque se protegió a los legisladores opositores, no sucedió así con la prensa, ya que dos fotógrafos de medios informativos fueron brutalmente agredidos por fanáticos del chavismo, entre ellos uno perteneciente al órgano informativo La Patilla, fuerte crítico del régimen de Maduro.

Todo transcurrió en relativo orden, aunque con leves disturbios provocados al comienzo, por cierta intransigencia manifestada por los legisladores chavistas, que trataron de interrumpir el orden de la sesión con escaramuzas provocadas por discusiones anárquicas que aparentaban que iban a degenerar en violencia física.

En su discurso de inauguración el presidente de la asamblea prometió buscar un mecanismo constitucional para sacar del poder a Maduro, al tiempo que anunció la pronta aprobación de una amnistía general para los presos políticos.

“El cambio que estamos proponiendo es constitucional, pacífico y democrático. Prometimos que en un lapso de seis meses ofreceríamos un método para cambiar el gobierno por vía constitucional y lo cumpliremos”, manifestó el presidente de la asamblea y líder de Acción Democrática, Henry Ramos Allup.

Se asegura que luego del acto de juramentación del nuevo presidente avalado por los 109 diputados instalados, los otros tres diputados impugnados, podrán ser instalados sin ningún inconveniente, por lo que se completaría la súper mayoría cualificada, que dispondría de un gran poder que es lo que intranquiliza al gobierno chavista.

De manera que el régimen despótico de Maduro está en la cuerda floja, pues lo que le espera es un futuro lleno de incertidumbre bajo esta seria amenaza de destitución por la vía democrática y constitucional.

joseflandez@hotmail.com

El proselitismo político absorbe la mayor parte del presupuesto correspondiente al 2016, a pesar de la estrepitosa descomposición económica que padece la República Dominicana, provocada en su mayor parte por la deuda pública, el soborno, la compra de conciencia y la corrupción sine qua non que prevalece en todas las esferas del gobierno.

Los países que no saben administrar sus recaudaciones terminan fracasados. El gobierno y los partidos se han encargado de sumergir sin desmedro la política de derechos alienables que confiere la constitución para el buen manejo de los recursos del estado, donde sólo unos cuantos se reparten botín, dejando de lado los objetivos para el que fue destinado el presupuesto de la nación.

“El que tiene dinero compra gente”, decía mi padre, Don Luís Báez Cáceres, al referirse a un sinnúmero de funcionarios y allegados del entonces presidente, Joaquín Balaguer, quienes se enriquecían ilícitamente con los recursos del estado, convirtiéndose esto en una estructura incurable que corrompe todas las filas de los partidos políticos.

En el marco de la campaña prevalece la compra de conciencia, negociaciones con partidos y sobornos individuales, todo a costa de obtener beneficios personales, lo que supone una falta de ética que debería ser evitada sin necesidad del castigo legal, aunque cuando se trata de ajusticiar o castigar a personas con secuelas de anomalías alrededor del gobierno, la justicia se muestra apática y carente de moral.

Todos los años aumentan las enmarañadas necesidades y demandas de los dominicanos para que se pongan en marcha proyectos con inversiones en hospitales, acueductos, agropecuaria, medio ambiente, educación, turismo y; lo más trascendental, saldar las deudas contraídas a través de los reincidentes acuerdos de préstamos millonarios, los cuales tienen al país sosegado, fallido e inestable. Son tanto los compromisos, que al gobierno no le alcanzan los recursos para cumplir con las capitulaciones estipuladas en el presupuesto, porque lo utiliza con otros fines, objetivos y propósitos, entre los que se encasillan el soborno y la compra de conciencia de altos dirigentes de la oposición.

La friolera presupuestaria del 2016 alcanza un monto RD$663,558.04 millones y de acuerdo con las políticas de manejo de esos recursos, “el dinero que se contempla en el Presupuesto es de las y los dominicanos, pues viene principalmente de los impuestos que pagamos y debe ser gastado en cubrir las necesidades de los ciudadanos”, no así para distribuírselo entre los partidos políticos con fines electorales.

Los grandes beneficiarios de los recursos del estado son los partidos y sus allegados. Por ejemplo, “el año pasado, los partidos políticos recibieron RD$805, 043,460, correspondientes a un cuarto por ciento de los ingresos contemplados en el presupuesto, hoy día, por considerarlo un año electoral, recibirán un medio por ciento más del doble que el año pasado, tomando en cuenta que el presupuesto para este 2016 aumentó en más de 35 mil millones, y el total de ingresos equivale a RD$490, 298, 322,780.

Nos preguntamos. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Junta Central Electoral (JCE), al mal uso de los recursos que reciben los partidos para la campaña? Por supuesto que ninguna.

En la historia política de la República Dominicana, la mayor parte de los candidatos buscan cualquier medio para ganar las elecciones, enfermedad que socava la dignidad humana y sirve de burla a la pobreza intestina que vive el país, porque el candidato que busca ser favorecido a través de promesas y la distribución de dinero, alimentos e  inversiones cada cuatro años y con el fin de ganar la confianza de los votantes, es un político sin alma y sin corazón.

Las necesidades de los individuos son dignas de tomarlas en cuenta para su solución sustantiva y somos más que optimista cuando vemos “tanto deseo de servir desinteresadamente por parte de los candidatos”. Sin embargo, el objetivo en este análisis no es señalar a aquellos que compran conciencia, sino más bien, a  aquellos que la venden, porque siempre que un ciudadano cede sus ideas, su voz aleja el desarrollo.

“Vivir, crecer, comenzar, amar, buscar, beber, escuchar, enseñar, esperar, estudiar, hablar, hallar, levantar, llorar, mirar, odiar, oír, olvidar, pelear, perdonar, respetar, robar, salvar, sufrir, comer, mentir,  envejecer y hasta morir. Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica”. (Primera de Corintios 23-10).

Recibir dádivas y gastarlas en segundos no resuelve el problema de los hambrientos, pero sí les hace responsables del mal funcionamiento del sistema democrático.

mbaezjj@gmail.com

Por JULIO CASADO

La palabra cambio es empleada por todos los partidos ajenos al gobierno de turno, como un eslogan repetitivo y cansado, rehusado y desgastado. La etimología de la palabra “Cambio” da cuenta de la incongruencia a que estos acogen su pregona. La real académica de la lengua (RAE) define el cambio como: 1.Dejar una cosa o situación para tomar otra. 2. Convertir o mudar algo en otra cosa, frecuentemente su contraria. 3. Dar o tomar algo por otra cosa que se considera del mismo o análogo valor. Entre otras definiciones que no atañen al tema tratado en este texto, en fin, no hace referencia a la reincorporación al tren ejecutivo de personajes desgastados que ya han ejercido la función pública y han demostrado su incapacidad para estar en el tren administrativo del estado.

El grupo encabezado por Hipólito Mejía y Andrés Bautista, uno de los cabecillas y promotor del gobierno que significó el descalabro económico más significativo que ha sufrido nuestro país, para los mal memorizados, entre otros personajes que copan las filas de ese partido.

El cambio debe ser sustantivo y sustancial, ejemplificado en el accionar de quien lo promueve y promete tanto en su vida personal como en el ejercicio, en este caso de la política.  No tomar una organización cambiarle el nombre a través de la imposición de nuevas directivas y llamarle a eso democracia o cambio. Tampoco es simplemente pregonar el hecho de que otra cara es un cambio significativo para todos los dominicanos y menos una cara repetida.

Su programa de gobierno aparenta ser un cronograma de las ejecutorias del gobierno actual ¿Dónde quedaron las propuestas innovadoras y la continuidad de Estado? La percepción pública en este país, es que un nuevo gobierno implica el estancamiento de las ejecutorias del gobierno anterior o que estas sean pospuestas hasta nuevo aviso, cosa que no favorece la indisposición de la oposición a aceptar lo positivo del gobierno actual ¿Por qué no aceptar las acciones que hayan contribuido a mejorar las condiciones de vida de las personas, llevadas a cabo por el gobierno? Es continuidad de estado en favor del país.

Cambio,  cambio y más cambio, que tal si el cambio no es lo que necesita este país,  sino la unión de todos los sectores en favor de lograr la ejecución de programas de gobierno a largo plazo y que trasciendan los intereses sectoriales, dejar de lado los vividores públicos y dar paso a los verdaderos servidores públicos aquellos que aportan. Mientras el “Cambio” siga siendo un eslogan, en el “eslogan” quedarán sus promesas.

juliocasado21@gmail.com

jpm

La República Dominicana hoy se encuentra a la puerta de un proceso electoral que definirá el cambio o el continuismo.   Se plantean dos grandes bloques, de un lado los que aspiran a seguir depredando el erario, promulgar la corrupción y mantener la impunidad ante crímenes de toda índole.

Y del otro lado, los que propugnamos por el adecentamiento de la actividad política, el fortalecimiento del orden jurídico, una mejor y más justa redistribución de la riqueza nacional, detener la carrera de endeudamientos, el cese del saqueo al patrimonio nacional y el retorno de la seguridad en nuestras calles.

Las tácticas políticas comienzan a implementarse. Citamos dos que desde nuestra óptica han sido las más sobresalientes hasta ahora.   La conformación de la Convergencia por un Mejor País y para cerrar con broche de oro el año 2015, el acuerdo arribado con el Partido Reformista.   Un hecho que muchos consideraban prácticamente imposible fue logrado gracias al desprendimiento e inteligencia de Luis Abinader, quien la población ya le identifica como el próximo presidente de nuestro país.

No consideramos necesario derramar mucha tinta insistiendo en el gran significado de estos acuerdos pues la historia contemporánea registra, y los dominicanos han sido testigo,  acuerdos similares que lograron coronarse con la gloria ascendiendo al poder político en la República Dominicana.

El PRM, Los Partidos miembros de la Convergencia por un Mejor País, el Partido Reformista Social Cristiano y los movimientos aliados que están en conversaciones con Luis Abinader, se encuentran en una posición muy ventajosa de cara a la contienda electoral.  Y es que en las últimas elecciones un 29% se abstuvo de votar por el actual mandatario y candidato a la re-elección.

No tienen ninguna razón para hacerlo ahora, pues no ha resuelto uno solo de los problemas que prometió resolver, y lo peor y más torpe de todas sus acciones fue la forma de imponer su candidatura, utilizando todas clases de malas artes, tratando de destruir el liderazgo institucional de su partido, resquebrajando la unidad interna del mismo.

El frente amplio opositor que postula a Luis Abinader, está caminando por el carril del centro, luce vigoroso y abierto a la sumatoria de otras fuerzas.  Su propuesta de cambio está siendo asumida por todos los dominicanos y dominicanas conscientes de que hay que ganar en la primera vuelta,  no podemos apostar a una costosa segunda vuelta cuya organización saldría de las arcas del Estado, dinero que será necesario para muy bien iniciar el pago de salarios aumentados a nuestros policías.

Concluimos conjugando dos frases del pensamiento de dos grandes paladines, mi líder José Francisco Peña Gómez  y el legendario Dr. Joaquín Balaguer.

Perremeístas y reformistas: ¡ni un paso atrás, marchemos hacia el poder, a pasos de vencedores!

jpm