En nuestra nación, la Constitución no es solo un documento legal; es la promesa de una sociedad justa y equitativa. Sin embargo, esta promesa ha sido traicionada. El artículo 63, numeral 13, que obliga al Estado a educar a los ciudadanos en sus derechos y deberes fundamentales, en la formación social y cívica, y en la enseñanza de la Constitución, ha sido enterrado.

Esto no es un accidente ni una simple omisión. Es un acto deliberado, parte de un modelo político, económico y social que sigue una lógica distópica: “quitarle a los de abajo para darle a los de arriba”.

En esta distopía real, ¿por qué educarían a un pueblo que, al conocer sus derechos, podría desafiar al sistema? Una ciudadanía consciente e informada es una amenaza directa al poder y los privilegios de una élite política y económica que se alimenta de nuestra ignorancia.

La desinformación no es una falla del sistema; es su principal herramienta de control. Nos mantienen embrutecidos para debilitarnos, para que no podamos exigir lo que por derecho nos pertenece.

No se limitan a mantenernos en la ignorancia. Han perfeccionado el engaño con un lenguaje propio de las novelas distópicas. Hablan de “modernización fiscal” cuando, en realidad, planean subir impuestos que golpean con más fuerza a los pobres.

Justifican “subidas abusivas en los peajes” con términos como “nivelación”, cuando esos recursos van directamente a engordar las arcas de sus financistas, quienes sostienen esta maquinaria de explotación.

Incluso los apagones programados, presentados como “control de oferta”, son un preludio para la privatización de nuestras infraestructuras energéticas en 2026, una maniobra diseñada para transferir el control de lo público a manos privadas.

El problema no es solo lo que hacen, sino cómo lo hacen. Cada acción está diseñada para sostener un sistema que despoja a las mayorías para beneficiar a una élite voraz. El sufrimiento de las mayorías se ha convertido en el precio de los privilegios de unos pocos.

Lo más indignante es que esta traición se perpetra desde el mismo Estado que, en lugar de protegernos, ha decidido ignorar su mandato constitucional de educarnos y empoderarnos.

Sin embargo, esta realidad no es inmutable. La educación en derechos fundamentales no es un lujo ni una concesión; es un derecho constitucional y, más importante aún, la herramienta más poderosa para romper el ciclo de manipulación que nos mantiene sometidos.

La educación

La historia ha demostrado que un pueblo educado no se somete, se organiza, lucha y vence. Por eso, la educación en derechos fundamentales debe convertirse en una prioridad nacional. Conocer la Constitución no es solo un derecho, es el primer paso para construir una ciudadanía fuerte y activa, capaz de enfrentar a un sistema que se beneficia de nuestra desinformación.

En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que un pueblo informado y consciente es un pueblo invencible. Debemos exigir el cumplimiento del artículo 63 y todas las garantías que la Constitución nos otorga. No podemos permitir que sigan utilizando nuestra ignorancia como su mayor herramienta de poder.

Solo a través del conocimiento podemos desafiar este sistema que nos quita para darles a ellos y construir una sociedad donde la Constitución sea una guía real, no un papel que otros pisotean. Pero no basta con indignarnos. Es hora de pasar a la acción.

Participemos en nuestras comunidades, promovamos la educación cívica, enseñemos a nuestros hijos y vecinos sus derechos, y fomentemos la unión en torno a un propósito común: recuperar nuestra dignidad y nuestra libertad.

La narrativa distópica que nos han impuesto no tiene por qué ser nuestro destino. El futuro no pertenece a la élite que nos oprime, sino al pueblo que despierta, se educa y se organiza. Imaginemos una sociedad en la que cada dominicano conozca sus derechos, donde el poder no esté concentrado en unos pocos, sino emanando del pueblo.

Esa visión no es un sueño lejano; está al alcance de nuestras manos si actuamos juntos. Dejemos de ser espectadores y convirtámonos en protagonistas de nuestra historia. El poder es del pueblo, y es hora de reclamarlo.

¡Despierta, RD!

 

jpm-am

La designación de Yeni Berenice Reynoso, como nueva procuradora general de la República, si así lo decide el gobierno del Presidente Luis Abinader, a través del órgano correspondiente, podría convertirse en el mejor aporte al mejoramiento de ese sector de la Justicia, el cual está sumido en un aterrador descuido para la falta de solución de millares de casos pendientes, especialmente de muertes vinculadas a accidentes de tránsito, agresiones, robos y otras.

A esos casos hay que agregarle los gravísimos problemas que tienen las cárceles del país, llenas de presos preventivos, como consecuencia de millares de Medidas de Coerciones que les impone la Justicia, a personas imputadas de diferentes delitos.

Esto se debe a la debilidad en los procesos investigativos, para depurar a presuntos culpables de los inocentes. ¡Como casi todo se soluciona con Medida de Coerción, cada día tenemos más presos preventivos!

La gestión de la actual procuradora general de la República, Miriam Germán, no llenó las expectativas que se crearon con su designación. Contrariamente a eso, Yeni Berenice Reynoso, con su talento sigue respondiendo, con sus actuaciones judiciales, a las expectativas del país. ¡Estemos de acuerdo o desacuerdo con su forma de actuar!

Hay cientos de casos judiciales pendientes en todo el país, que las diferentes Fiscalías tienen engavetados, por la razón que sea, especialmente en los Municipios no cabeceros.

En Tamboril, para sólo citar una comunidad, hay varios casos judiciales sin aclarar. Hay que admitir que ya los procuradores fiscales no tienen tanto poder, como antes, para tomar decisiones dirigidas a magistrados bajo su mando.

Estos casos podrían ser aclarados, en su totalidad, si el Presidente Abinader favorece la designación como procuradora general de la República, de Yeni Berenice Reynoso, la cual sigue demostrando eficiencia en sus funciones judiciales. ¡Y eso es lo que quiere el país!

¡Pero una nueva gestión en la Procuraduría General de la República, podría introducir cambios importantes para bien de la democracia y el propio gobierno!

Reynoso fue procuradora fiscal de Santiago, con la cual esa institución ganó el Gran Premio Nacional a la Calidad hace varios años, organizado por el Ministerio de Administración Pública (MAP), cuando la última entidad funcionaba con un jurado sumamente calificado, integrado por varios de los mejores expertos en Administración Pública de Estados Unidos, Europa y América Latina, bajo la orientación del entonces ministro Ramón Ventura Camejo.

Casos pendientes

La actual gestión de la procuradora general de la República no le hace caso a las solicitudes de investigaciones de casos que afectan a miembros los gremios de comunicaciones, como son el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la Fundación Periodismo en Reflexión (FUNPER), Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y otras instituciones del sector.

El Comité Ejecutivo del CDP, como el Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), le solicitaron a la actual procuradora general de la República, que recibiera a una comisión de ese gremio para plantearle asuntos relacionados con la muerte de Luis Norberto Céspedes Vega, hijo del autor de esta columna, hace un año y ocho meses, con varios recordatorios, pero nunca respondió, a pesar de que hay pruebas contundentes para sentar en el banquillo de los acusados al autor del hecho, ocurrido hace más de dos años en Tamboril.

En el caso de Céspedes Vega, hay que decir que en Santiago, además de esos gremios, también están las Asociaciones de Locutores de Santiago (ALS) y de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), unidos a los primeros gremios, exigiendo que ese hecho sea esclarecido. ¡Pero no hay ningún interés de resolverlo! Hay un vídeo, fotografías, un testigo y una serie de documentos fundamentales para resolver ese caso, pero la Justicia está silenciada.

La relación de Yeni Berenice con los medios de comunicaciones y otros sectores importantes de la sociedad, ayudará para que el gobierno mejore la actual situación de incredibilidad, por las malas gestiones, de muchos funcionarios judiciales.

En el Cibao, la tierra de Yeni Berenice, se está a la espera de ese nombramiento. Conociendo el apego del Presidente Luis Abinader de su Cibao, la designación de Reynoso podría ser una realidad para bien de la nación, aunque sabemos que hay sectores que fueron afectados, justa o injustamente, que no la favorecen.

En esta última parte, la historia nos dirá si sus todas actuaciones, como procuradora de la lucha contra la corrupción, estuvieron acordes con la realidad, o se equivocó en algunos casos. El Presidente Abinader sabe que aunque él y funcionarios de su gobierno digan que no intervienen en la Justicia, ordenar investigaciones para aclarar situaciones, como la de mi hijo, no es entorpecer la buena gestión judicial. ¡Es una de sus responsabilidades, para bien de su gobierno y el país!

jpm-am

 

Por JOSÉ ARMANDO TORIBIO

En la República Dominicana, el afán por obtener «likes» y «views» en plataformas digitales como YouTube ha llevado a una preocupante distorsión de los valores en los programas de entretenimiento y farándula.

Lo que antes era un espacio para el entretenimiento responsable y la información, ahora se ha convertido en un escenario donde las polémicas, los pleitos y hasta actos violentos son utilizados como estrategias para captar audiencia.

La plataforma de YouTube, caracterizada por su accesibilidad y la ausencia de filtros estrictos, ha permitido que contenidos de este tipo proliferen.

A diferencia de la televisión convencional, donde existen normativas y controles más estrictos, el ámbito digital se ha convertido en un terreno fértil para la «cualquierización» de la comunicación, donde lo escandaloso parece tener más valor que lo educativo o informativo.

Las plataformas digitales y los creadores de contenido tienen la responsabilidad de fomentar un ambiente ético y constructivo, en lugar de promover el morbo y la violencia.

Asimismo, las autoridades deben reforzar la aplicación de las leyes existentes para garantizar que actos como estos no queden impunes.

La sociedad dominicana necesita un replanteamiento de los valores que impulsan la comunicación en la era digital.

La búsqueda de popularidad no debe estar por encima del respeto, la seguridad y la responsabilidad social que exige este importante oficio.

jpm-am

La prensa escrita, radial, televisiva y las redes sociales se hicieron eco, este pasado fin de semana, de las noticias sobre personalidades dominicanas que supuestamente habían sido invitadas a la toma de posesión del presidente Donald Trump.

Entre los mencionados figuraban políticos, aspirantes presidenciales, artistas y peloteros. El evento, que originalmente estaba previsto para celebrarse al aire libre, había sido planificado para recibir a unas 250,000 personas.

Sin embargo, la naturaleza tenía otros planes: una tormenta cubrió toda la ciudad de Washington, D.C., con casi dos pulgadas de nieve y bajó la temperatura a 28 grados Fahrenheit, unos 4 por debajo del punto de congelación del agua.

Fallecimiento

Los organizadores, rápidos y precavidos, evitaron riesgos, quizás recordando la tragedia del presidente William Henry Harrison. El cual falleció el 4 de abril de 1841, apenas un mes después de asumir el cargo, debido a una neumonía que contrajo tras las frías condiciones de su extensa ceremonia de inauguración el 4 de marzo de 1841.

En aquella ocasión, Harrison pronunció un discurso de una hora y 45 minutos al aire libre, sin usar abrigo ni sombrero, lo que derivó en su prematura muerte. Este lamentable evento marcó la primera vez que un presidente estadounidense falleció en el cargo.

Para evitar complicaciones similares, el acto de toma de posesión de Donald Trump se trasladó al interior de la Rotonda del Capitolio, reduciendo la capacidad del evento a unas 700 personas.

Adicionalmente, se organizaron actividades en espacios cercanos, como el Capital One Arena.  Ubicado en Washington, D.C., este recinto es hogar de los Washington Wizards (equipo de la NBA) y los Washington Capitals (de la NHL). Tiene una capacidad aproximada de 20,000 personas para eventos como conciertos y partidos deportivos.

Esta logística fue muy selectiva y, sin proponérselo, dejó fuera a muchos de los llamados «bulteros dominicanos», quienes, armados con fotógrafos y celulares y dentro de una confusión de un cuarto de millón de personas, esperaban capturar imágenes junto a cualquier funcionario que apareciera en la multitud para presumir en redes sociales que realmente conformaron la asistencia al evento.

Al final, hasta para hacer alardes es necesario contar con el favor de la madre naturaleza, que, en esta ocasión, inocentemente arruinó los planes de los más meticulosos bulteros dominicanos, quienes no llegaron ni siquiera a hacerse el moño.

¡Qué lástima! Nosotros estábamos preparados para escuchar a los nuevos Esopos con sus siempre interesantes fábulas.

CarlosMcCoyGuzman@gmail.com

jpm-am

Las más recientes incidencias alrededor de la grave crisis política que sacude a Venezuela desde las cuestionadas elecciones del 28 de julio de 2024, más allá de los anhelos y las apuestas de las partes en conflicto y de sus patrocinadores y partidarios en la escena internacional, parecen arrojar cada vez más dudas respecto a la posibilidad de que en lo inmediato se produzca allí un cambio de mando.

Hasta el momento en que se escriben estas glosas solo dos hechos han estado claros: por una lado, las fuerzas opositoras desarrollaron una gran ofensiva nacional e internacional (manifestaciones populares internas e intenso activismo diplomático en el exterior) para tratar de impedir la juramentación de Nicolás Maduro, pero, por el otro lado, el gobernante reeleccionista se reinstaló sin mayores dificultades en el poder con el beneplácito de una Asamblea Nacional unicolor en desmedro de la legitimidad consensual que es propia de la democracia.

(En torno a la anunciada instalación de Edmundo González es poco lo que se sabe: éste se desprendió de España en viaje interoceánico y, luego de pasar entusiasmado por Buenos Aires, Uruguay y Estados Unidos, llegó a la República Dominicana para un acto “de apoyo a la democracia en Venezuela” -con la participación del presidente Luis Abinader y 8 expresidentes latinoamericanos- cuyo colofón se suponía que era partir hacia Caracas a prestar juramento, pero esto no se produjo alegadamente porque María Corina Machado le indicó que “no había condiciones” para ello luego de participar y hablar en una manifestación popular en aquella ciudad. De ahí en adelante, todo ha sido silencio o retórica de bajo tono).

Es obvio -aunque muchos quieran desconocerlo- que el gobierno de Maduro conserva todavía el apoyo de algunos segmentos de la población (cuya dimensión cualitativa sólo se puede presumir debido a la ausencia de mediciones creíbles) y de unas fuerzas armadas monolíticas y fuertemente politizadas, pero también lo es -aunque otros lo quieran negar- que las falanges opositoras han demostrado un vigor inusitado como plataforma política unitaria y un respaldo popular que luce caudaloso (también bajo presunción porque carece de confirmación institucional) frente a aquel.

No obstante, el gobierno de Maduro se percibe hoy menos promisorio que nunca, y no sólo en la arena internacional (donde la prensa lo desdora cotidianamente, los grupos de presión de las elites políticas tradicionales lo combaten sin descanso y sus aliados y defensores son cada vez menos numerosos), sino también en la escena interna (donde las expresiones en su contra son cotidianas, su legitimidad sigue en entredicho porque no pudo demostrar con las actas su presunta victoria electoral, y está recurriendo a procedimientos de defensa que no tienen nada que envidiarles a las dictaduras clásicas), con lo cual continúa moviéndose en un cauce de contracorriente de cara a la Historia.

En sentido análogo, la oposición (por primera vez cohesionada, con gran acopio de fuerza moral y con definida personería política) aparenta poco habilitada y aguerrida desde el punto de vista logístico para la toma del poder, hasta el punto de que sus principales líderes parecen temerle en demasía a la cárcel, a la represión y a la confrontación directa, creando la impresión entre muchos observadores de que están apostando a que la solución en su favor de la crisis política de su país llegue desde afuera y no desde adentro, con lo cual están desconociendo una enseñanza elemental del devenir: sólo la lucha de los propios pueblos garantiza cambios duraderos e irreversibles de gobierno.

Por otra parte, y como siempre ocurre en situaciones como la que vive el hermano pueblo de Venezuela, también es evidente que la polarización política, al margen de su verdadera gradación en términos de simpatías o apoyos, ha tenido a la verdad como su menos  justipreciada víctima, y tanto oficialistas como opositores en bastantes ocasiones han dado preeminencia a la mentira o a la ficción propagandística en sus descripciones sobre la realidad nacional, la correlación de fuerzas internas y la formulación de sus expectativas.

Exageraciones

Por ejemplo, insistir en que en Venezuela hay un régimen democrático “elegido por el pueblo” es una exageración romántica de ciertos amigos de la izquierda política y del progresismo social que quedó plenamente desmentida con el desempeño nada fiable del ente organizador de las elecciones y la posterior negativa de Maduro y Diosdado Cabello a transparentar el escrutinio, postura que, no obstante, es entendible en boca de la aristocracia “revolucionaria” que allí gobierna y de los ciudadanos privilegiados o económicamente cooptados que la defienden en su interior.

Igualmente, como ya se sugirió, afirmar que en Venezuela hay un régimen dictatorial “sin ningún respaldo del pueblo” es una exageración tendenciosa de ciertos amigos de la derecha política y del neoconservadurismo social que resulta impugnada por la libre y concurrida realización de actos públicos masivos y por la existencia de una prensa antigubernamental (incluyendo a la VOA y a la mayoría de las cadenas noticiosas de USA), posición que, empero, es entendible en boca de la aristocracia “democrática” que le hace oposición y de los ciudadanos empujados a la miseria y al exilio que luchan contra el gobierno en el interior o sueñan con volver a su patria desde el exterior.

Asimismo, asegurar que el régimen de Maduro es el heredero histórico del de Hugo Chávez es otra exageración idealista de ciertos amigos de la izquierda política y del progresismo social, como también lo es decir, cual lo hacen los chavistas nostálgicos y algunos opositores otrora admiradores del segundo, que esa administración no tiene ningún punto de contacto o no exhibe ninguna obra de continuidad respecto de aquel: chavismo y madurismo no son iguales, no representan lo mismo, exhiben estilos y estrategias diferentes, pero como tienen las mismas raíces ideológicas siguen emparentados en la retórica y en parte de su base social.

En otras palabras: los gobiernos de Chávez y Maduro son hijos de un mismo proceso (el que inició el primero en febrero de 1992 con una amplia plataforma de reivindicación social en procura del bien común contra la corrupta y desacreditada clase política “puntofijista”), pero bajo la conducción de este último tal proceso se ha desfigurado y esterilizado de tal forma (quiebre de la economía, deterioro de las condiciones de vida de la gente, corrupción, surgimiento de una plutocracia “revolucionaría”, sesgo autoritario, etcétera, sin importar que las causas sean la ineptitud y la descomposición moral de los dirigentes o el bloqueo económico externo y el aislamiento político) que se ha transfigurado en una verdadera caricatura de lo que originalmente era.

En ese respecto, es una verdad de tomo y lomo que el gobierno de Maduro ya no representa al chavismo primigenio, está históricamente agotado, desacredita con sus procedimientos totalitarios a la opción política progresista o de izquierda, camina peligrosamente hacia una tiranía,  se encuentra sitiado internacionalmente, y lo mejor que podría hacer -y ojalá que lo haga a tiempo- es reconocer que la mayoría de los venezolanos ya no lo quiere, darle paso a una transición pacífica del mando en beneficio del candidato opositor a las elecciones del año pasado y preparar su partido para futuras luchas dentro de la democracia.

Y aunque el autor de estas líneas está persuadido de que cuando los gobiernos llegan al punto de no retorno en que se encuentra el de Maduro es muy difícil pensar y actuar con lucidez (por el apego fanático al poder, los intereses materiales envueltos y el temor de sus dirigentes a su destino personal), no pierde las esperanzas de que éste y sus compañeros, pese a su juramentación de la víspera (social y políticamente no perturbada y con el espaldarazo de las bayonetas), en algún momento reaccionen y rectifiquen el camino actual, que podría terminar en un terrible baño de sangre venezolana.

lrdecampsr@hotmail.com

El hambre tiene cara de hereje, dice un refrán popular. Una expresión utilizada para justificar las acciones de una persona en situaciones de extrema desesperación. Durante la cual puede tomar decisiones descabelladas. Como el caso de una madre, que desenterró los restos de su hija y los llevó al Ministerio Público de Higüey, para reclamar justicia.

El hecho trata de una joven fallecida en oscuras circunstancias, con tan solo 16 años. Y es que, en nuestro país, el hambre de justicia aumenta sin cesar. Un sistema judicial representa la columna vertebral que mantiene el orden y la armonía del cuerpo social. Pero, cuando es permeado por la corrupción, se vuelve inoperante.

Los fiscales negocian con sus funciones de representar a las víctimas, para favorecer a quien pague el precio de la impunidad. Es por ello, que el sicariato ha estado en auge. Pues, quién tiene poder económico para pagar por el asesinato de un enemigo, encuentra quien ejecute la acción por unos cuantos billetes.

Las autoridades calman la convulsión social atrapando a los ejecutores, pero nunca a los autores intelectuales. Durante el año 2010 ejercimos la función de ayudante Fiscal por varios meses en el departamento de violencia intrafamiliar, ubicado en Alma Rosa, Por ende, conocemos los intríngulis que se esconden detrás del manejo de los casos de violencia de género.

En todas las querellas, lo primero que se toma en cuenta es la posición social de ambas partes. En la mayoría de los casos la víctima carece de recursos, pero el imputado no. Entonces el fiscal negocia con su abogado, para no presentar algunas pruebas cruciales. Luego dilata el proceso para provocar la ausencia de la víctima, la cual está obligada a dejar de trabajar para darle seguimiento.

Otra parte determinante es la relación política del imputado. Cuando se trata de un líder o un relacionado con el partido en el poder, con una simple llamada al magistrado, hay que buscar la forma para favorecer al imputado. Pues ningún funcionario se arriesga a perder su posición por cumplir con su deber, en una sociedad donde los familiares y amigos son los primeros en aconsejar “a buscarse lo suyo”.

Comercio

En nuestro país la justicia no funciona para proteger a la clase baja. Los casos judiciales se venden y se compran como mercancías en cualquier mercado. Max Weber (1864-1920) sociólogo, filósofo, jurista y economista alemán, decía la burocracia es, ante todo, una estructura de poder para dominar a la clase más vulnerable.

No es accidental sino parte esencial del poder burocrático. Y por supuesto permite al funcionario tomar decisiones que pueden estar acompañadas de actos de corrupción.

De ahí el aforismo  “justicia retrasada es justicia denegada”. Lo cual significa que para que una reparación se haga efectiva, debe realizarse en tiempo oportuno. De lo contrario fomenta la impunidad.

Como en el caso de la señora Mildred Correa que, en su desesperación por la muerte de su hija de 16 años en oscuras circunstancias, después de diez meses clamando por justicia y no se le prestara la atención debida, su desgarrante dolor la llevó a desenterrar sus restos y llevarlos en bolsas plásticas al Ministerio Público de Higüey.

Un hecho extremo, pero nos recuerda el caso de Luis Peña Valdez, un humilde albañil que estuvo encarcelado por 12 años sin recibir condena judicial. Por ir a la casa de un ingeniero a cobrar una deuda de trabajo. Sin embargo, en vez de pagar llamó a la policía quienes los llevaron presos y luego a la victoria, donde todo el sistema judicial lo olvido.

¿Fue sancionado ese ingeniero por ese abuso? No, eso solo sucede en un país sin régimen de consecuencias como el nuestro. Es una de las razones que impulsa a la gente a emigrar. Otro caso alarmante, fue el de la señora Nicaury Encarnación, quien fue sentenciada a ocho años de prisión de los cuales pasó tres y dos meses en la cárcel de Najayo, acusada de un crimen que no cometió.

Gracias a las constantes presiones de su familia a través de las redes sociales, el caso llegó a un abogado, quien solicitó una revisión en que se descubrió su inocencia y fue liberada.

Fueron sancionados los fiscales responsables de estos atropellos?. Dejamos la respuesta al lector. Jesucristo dijo: Hay que llorar con el que llora y reír con el que ríe. ¿Dónde se ha ido la sensibilidad humana del  dominicano? La vida es muy breve y algún día, todos daremos cuenta frente al Tribunal Divino.

 

eliasrosario7680@gmail.com

 

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