El denominado «chantaje mediático» o «sicariato de la información» se ha consolidado en la República Dominicana como una práctica paralela y altamente lucrativa que desvirtúa el ejercicio del periodismo Esta modalidad, atribuida a comunicadores empíricos, plataformas digitales y generadores de contenido, utiliza la difamación, las amenazas y la presión pública para extorsionar a empresarios, funcionarios y dirigentes políticos a cambio de beneficios económicos, contratos o colocaciones publicitarias

MECÁNICA DE LA «EMPRESA DEL CHANTAJE»

Este fenómeno puede operar bajo una estructura organizada de extorsión, mediante mecanismos como los siguientes

• Fabricación de campañas: Se difunden acusaciones sin fundamento, rumores o ataques sistemáticos contra la reputación de personas e instituciones
• Oferta de contención: Después de iniciar el asedio digital, radiofónico o mediático, los responsables presentan propuestas económicas o contratos de asesoría y publicidad como supuesta condición para detener los ataques
• Usurpación de funciones: El auge de las redes sociales y de los programas independientes ha facilitado la aparición de actores sin formación periodística ni compromiso con los principios éticos de la profesión, algunos de los cuales utilizan su exposición pública para ejercer presiones ilegítimas

IMPACTO EN LA SOCIEDAD Y LA DEMOCRACIA

Esta práctica representa una amenaza para distintos sectores de la sociedad dominicana y afecta tanto la actividad económica como la credibilidad de los medios de comunicación

1. Inseguridad jurídica y económica: Sectores productivos, como el desarrollo hotelero e inmobiliario en polos turísticos, particularmente Punta Cana y Bávaro, pueden verse afectados por campañas de descrédito dirigidas a presionar a empresarios o condicionar sus decisiones comerciales

2. Erosión de la credibilidad periodística: Cuando los micrófonos, las publicaciones y los algoritmos de las plataformas digitales se convierten en instrumentos de negociación privada, se deteriora la confianza ciudadana en los medios que ejercen una labor legítima de fiscalización social, sustentada en hechos verificables

3. Daño reputacional permanente: Aunque las tendencias en las redes sociales suelen ser pasajeras, las campañas de descrédito pueden ocasionar perjuicios duraderos a la honra, la imagen y los intereses económicos de personas y empresas

Combatir este fenómeno no significa promover la censura ni silenciar las voces críticas Por el contrario, supone fortalecer la institucionalidad, garantizar la libertad de expresión y aplicar el marco legal correspondiente cuando existan pruebas de difamación, injuria, amenazas o extorsión

MEDIDAS PARA COMBATIR EL CHANTAJE MEDIÁTICO

La lucha contra el denominado periodismo de chantaje requiere una estrategia integral que combine reformas legales, persecución penal de la extorsión, transparencia en la publicidad oficial, autorregulación profesional y educación ciudadana

1. FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL Y LA ACCIÓN JUDICIAL

La respuesta judicial debe distinguir claramente entre el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y las conductas delictivas cometidas bajo la apariencia de actividad periodística

• Actualización de la legislación: Revisar la Ley 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, para adecuarla a las nuevas realidades de la comunicación digital, sin establecer restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de prensa
• Persecución de la extorsión: Aplicar las disposiciones penales correspondientes cuando se compruebe que una persona solicita dinero, contratos o publicidad a cambio de no divulgar informaciones o retirar publicaciones
• Investigaciones especializadas: Fortalecer las capacidades del Ministerio Público y de los organismos de investigación de delitos tecnológicos para identificar amenazas, campañas coordinadas y posibles operaciones de extorsión digital

2. TRANSPARENCIA EN LA PUBLICIDAD PÚBLICA Y PRIVADA

El componente económico constituye uno de los aspectos que deben abordarse para reducir los incentivos de estas prácticas

• Depuración de la publicidad estatal: El Gobierno debe establecer criterios transparentes y verificables para distribuir la publicidad oficial, tomando en cuenta el alcance, la audiencia, la transparencia y la responsabilidad de los medios, sin utilizar estos criterios como mecanismos de represalia contra las voces críticas
• Responsabilidad empresarial: Las empresas privadas deben evitar acuerdos económicos destinados a comprar silencios o detener amenazas Cuando sean víctimas de extorsión, deben acudir a las autoridades y documentar las pruebas correspondientes

3. FORTALECIMIENTO DE LOS GREMIOS PERIODÍSTICOS

Las organizaciones profesionales tienen una responsabilidad importante en la defensa de la ética y la credibilidad del periodismo

• Aplicación de los códigos de ética: El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) deben promover mecanismos de evaluación, orientación y disciplina, respetando los procedimientos y las garantías correspondientes
• Identificación profesional: Impulsar mecanismos voluntarios y transparentes de acreditación que permitan a la ciudadanía reconocer a los profesionales y medios comprometidos con las buenas prácticas periodísticas, sin convertir la colegiación en una condición para ejercer la libertad de expresión

4. EDUCACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LAS AUDIENCIAS

La ciudadanía también desempeña un papel fundamental en la prevención de estas prácticas

• Alfabetización mediática: Promover la capacidad de verificar fuentes, contrastar informaciones y desconfiar de contenidos escandalosos que no presenten evidencias
• Denuncia de abusos digitales: Incentivar el reporte de cuentas y publicaciones que incurran en amenazas, acoso, extorsión o violaciones de las normas de las plataformas digitales, mediante los procedimientos establecidos

DIFERENCIAR LA CRÍTICA PERIODÍSTICA DE LA EXTORSIÓN

Para combatir eficazmente el chantaje mediático en la República Dominicana, sin caer en la censura previa ni en el silenciamiento de la prensa libre, es necesario establecer una clara diferenciación entre la crítica periodística legítima y la extorsión disfrazada de actividad informativa

1. DESPENALIZACIÓN DE LOS DELITOS DE OPINIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA VÍA CIVIL

La legislación dominicana sobre libertad de expresión y difusión del pensamiento debe adecuarse a los estándares constitucionales y democráticos actuales Las sanciones por difamación e injuria no deben convertirse en instrumentos para intimidar a periodistas, investigadores o ciudadanos que cuestionan las actuaciones de quienes ejercen funciones públicas

En ese sentido, se plantean dos medidas fundamentales

• Evitar las penas de prisión por delitos de opinión: La respuesta legal debe impedir que las disposiciones sobre difamación e injuria se utilicen para establecer mecanismos de intimidación contra la prensa y el debate democrático
• Establecer responsabilidades civiles proporcionales: Las indemnizaciones deben guardar relación con el daño efectivamente demostrado, evitando tanto la impunidad como las sanciones económicas desproporcionadas que puedan provocar un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión

2. TIPIFICACIÓN PRECISA DE LA EXTORSIÓN MEDIÁTICA EN EL CÓDIGO PENAL

Para enfrentar a quienes utilizan la comunicación como instrumento de chantaje, el sistema judicial debe concentrarse en la conducta extorsiva y no en el contenido de las denuncias o publicaciones

• El componente económico: La publicación de una denuncia, una investigación o una información de interés público no debe confundirse con un acto de extorsión Lo que debe investigarse es la exigencia de dinero, contratos o publicidad a cambio de retirar una publicación, detener ataques o abstenerse de divulgar determinada información
• La comprobación de las amenazas: Cuando existan pruebas de que se condicionó la divulgación o eliminación de información a la entrega de un beneficio económico, las autoridades deben investigar los hechos conforme a las disposiciones penales sobre extorsión y aplicar las sanciones correspondientes

UN COMPROMISO CON LA ÉTICA Y LA LIBERTAD DE PRENSA

El periodismo tiene como misión informar, investigar, fiscalizar al poder y servir a la sociedad No puede convertirse en un instrumento de intimidación, extorsión o enriquecimiento ilícito

La defensa de la libertad de prensa también implica defender la responsabilidad de quienes ejercen la comunicación La credibilidad de los medios depende de la veracidad de sus informaciones, la independencia de sus periodistas y el respeto a la dignidad de las personas

La República Dominicana necesita un periodismo libre, crítico, independiente y responsable, capaz de denunciar los abusos del poder y de los sectores privados, pero también de rechazar las prácticas que convierten la información en un negocio de chantaje

La libertad de expresión es un derecho fundamental; la extorsión, bajo cualquier disfraz, no puede ampararse en ella.

POR CLAUDIO RAMIREZ

La República Dominicana está viviendo uno de los procesos de expansión más acelerados de su historia en materia de constitución de cooperativas. Durante el período gubernamental 2020-2024 se produjo un crecimiento extraordinario en la incorporación de nuevas entidades cooperativas, una situación que merece una profunda reflexión sobre la calidad, sostenibilidad y capacidad de supervisión del movimiento cooperativo nacional.

Para dimensionar lo ocurrido, basta observar las cifras aproximadas que se manejan sobre la evolución histórica del sector: desde 1946, año en que se sitúan los primeros antecedentes de esta etapa de desarrollo del cooperativismo dominicano, hasta el año 2020, el país había acumulado alrededor de 1,500 cooperativas. Sin embargo, durante el período gubernamental 2020-2024 se habrían creado más de 2,000 nuevas cooperativas.

Esto significa que, en apenas cuatro años, se habría constituido una cantidad de cooperativas superior a la acumulada durante más de siete décadas de historia cooperativa dominicana.

Estamos ante una realidad que no puede pasar inadvertida. No se trata simplemente de celebrar un incremento estadístico ni de presentar la cantidad de organizaciones incorporadas como un indicador automático de éxito gubernamental. Se trata de preguntarnos si semejante crecimiento estuvo acompañado de los mecanismos de educación, planificación, asistencia técnica, fortalecimiento institucional y supervisión necesarios para garantizar que esas organizaciones nacieran con verdaderas condiciones de funcionamiento.

Un crecimiento histórico que exige explicaciones

La magnitud de este crecimiento obliga a formular preguntas que las autoridades correspondientes deberían responder con transparencia:

¿Cuántas de las más de 2,000 cooperativas incorporadas durante el período 2020-2024 se encuentran actualmente operando?

¿Cuántas cuentan con estructuras administrativas y financieras funcionales?

¿Cuántas han celebrado regularmente sus asambleas y mantienen activos sus órganos de dirección y control?

¿Cuántas han recibido programas de educación y capacitación cooperativa?

¿Cuántas han sido objeto de supervisiones técnicas y financieras por parte del IDECOOP?

¿Cuántas cuentan con estados financieros actualizados y mecanismos efectivos de control interno?

¿Cuántas fueron constituidas a partir de necesidades asociativas reales y de proyectos empresariales económicamente viables?

Estas interrogantes no buscan desconocer el esfuerzo de quienes han promovido nuevas organizaciones. Por el contrario, pretenden llamar la atención sobre la responsabilidad que implica impulsar una política pública de expansión cooperativa sin descuidar la calidad institucional.

El cooperativismo no puede convertirse en una carrera por incorporar organizaciones, acumular resoluciones o presentar estadísticas de crecimiento. La verdadera medida del desarrollo cooperativo debe encontrarse en la capacidad de las entidades para funcionar, generar bienestar, administrar responsablemente los recursos de sus asociados y cumplir con los principios y valores que sustentan este modelo económico.

El crecimiento cuantitativo no garantiza el fortalecimiento cooperativo

Una cooperativa no es simplemente una organización que se constituye mediante documentos, reúne un grupo de personas y obtiene una resolución de incorporación. Es una empresa de propiedad conjunta, administrada democráticamente, que necesita una estructura organizativa, económica, administrativa y social capaz de garantizar su permanencia.

La creación de una cooperativa requiere mucho más que completar un expediente. Implica identificar necesidades comunes, demostrar la existencia de un grupo genuinamente interesado, desarrollar capacidades administrativas, formar a sus futuros dirigentes, establecer mecanismos de control interno y construir un proyecto empresarial viable.

Cuando el proceso de constitución se convierte en una carrera por alcanzar cifras de nuevas cooperativas, existe el riesgo de sacrificar la calidad institucional en beneficio de la cantidad.

No podemos confundir la incorporación legal de una cooperativa con su nacimiento como empresa social y solidaria. Una organización puede estar legalmente constituida y, sin embargo, carecer de las capacidades necesarias para desarrollar sus operaciones, administrar los recursos de sus asociados y cumplir sus compromisos.

El verdadero éxito de una política pública de promoción cooperativa no debería medirse exclusivamente por la cantidad de entidades creadas, sino también por cuántas funcionan correctamente, cuántas mantienen una participación democrática real, cuántas presentan estados financieros confiables y cuántas generan beneficios concretos para sus asociados y comunidades.

El peligro de crear cooperativas sin las condiciones necesarias

La constitución acelerada de cooperativas, cuando no está acompañada de una metodología rigurosa, puede generar consecuencias preocupantes.

Entre los principales riesgos se encuentran:

1. Cooperativas sin identidad: organizaciones cuyos integrantes desconocen los principios y valores del cooperativismo y que terminan funcionando bajo esquemas empresariales tradicionales.
2. Falta de participación democrática: entidades donde las decisiones quedan concentradas en pequeños grupos, sin una participación efectiva de los asociados.
3. Deficiencias administrativas: consejos de administración y órganos de control sin preparación suficiente para desempeñar sus responsabilidades.
4. Problemas financieros: organizaciones que comienzan sus operaciones sin estudios de viabilidad, planificación presupuestaria ni controles adecuados.
5. Instrumentalización política: riesgo de que la creación de cooperativas responda a intereses coyunturales, clientelares o de promoción gubernamental, en lugar de surgir de necesidades asociativas reales.
6. Riesgos patrimoniales: recursos de los asociados expuestos a una administración deficiente, conflictos internos o posibles irregularidades.
7. Desprestigio del movimiento cooperativo: cuando una cooperativa fracasa, no solamente se perjudican sus integrantes; también se afecta la confianza de la sociedad en el modelo cooperativo.

El problema no es que se creen muchas cooperativas. El problema es que se creen más cooperativas de las que las instituciones responsables pueden acompañar, supervisar y fortalecer.

Crear cooperativas es importante, pero construir cooperativistas es indispensable. Incorporar organizaciones es una responsabilidad administrativa, pero garantizar su sostenibilidad es un compromiso institucional. Y supervisar no es una opción: es una condición esencial para proteger la confianza de quienes creen en el cooperativismo.

La República Dominicana no necesita solamente más cooperativas; necesita mejores cooperativas, más transparentes, más democráticas, mejor administradas y verdaderamente comprometidas con el desarrollo de sus asociados y de la sociedad.

Porque el verdadero éxito del cooperativismo no se mide por cuántas cooperativas se incorporan en un período de gobierno, sino por cuántas permanecen, crecen, transforman vidas y contribuyen al desarrollo nacional.

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