En el 2013,   la población que juzgaba  con gran decepción el desempeño del Gobierno en  la delincuencia y el narcotráfico  se calculaba, según la encuesta GALLUP  en un 89,8% y en 82% respectivamente.  El 90%   declaraba que las cosas habían empeorado .  En la encuesta GALLUP 2015,  esas percepciones se redujeron considerablemente, sin llegar a derrumbarse. El 66,9% consideraba  la delincuencia como  el primer problema del país, seguido de la inflación con  un 43,9% y de la falta de trabajo con un  37,4%. En la encuesta GALLUP de marzo 2016 la delincuencia  volvió a elevarse como un ave cetrera  a un 75%. Inexplicablemente, en abril  cae, sin desplomarse completamente en un  53%. En resumidas cuentas, queda establecido que, en todas las indagaciones y sondeos,  la preocupación principal de la población  se centra en el crecimiento de la delincuencia. Es decir, en  los delitos contra la propiedad y en los delitos contra las personas.  A toda esa calamitosa circunstancia  se añaden las estafas bancarias y financieras, los hurtos en la administración pública, el enriquecimiento desmesurado de los funcionarios, el tráfico de influencias y la sobrevaluación en las infraestructuras construidas por el Gobierno. Delincuencia. Inseguridad. Corrupción. Impunidad. Las percepciones y las realidades se entrecruzan.

La República Dominicana se sitúa  en el mayor arco de violencia del mundo, calculado en los homicidios intencionales de la ONUDD. La mayor de porción de países se mueve en una orquídea  que va desde los países con menor violencia porcentual en cuya avanzadilla se halla Canadá 1.5x 100 000 personas; Chile 2.4; EE  UU, 4.7; Nicaragua, 5,0; Cuba,5,0; Uruguay, 5.9; Argentina,6.6; Bolivia 7.7; Ecuador, 8,1; Costa Rica 10,1; a los países de violencia intermedia como Paraguay 11,4; México 15,5; a los países de mayor violencia homicida  en el continente, y acaso en el mundo,  encabezados por Venezuela con 53,7 ; Honduras,51,4; El Salvador, 41,2; Jamaica,,41,2; Guatemala 39,9; islas Vírgenes 39,2;Saint Kits 38,2; Trinidad y Tobago 26,1, Puerto Rico 26,2;  Brasil, 26; Colombia, 26. En la  República Dominicana se mantiene en  25,0. Superior a todas las regiones del continente asiático, cuya tasa global es de 3,1;  a todas las zonas de Europa, donde figura Noruega y Finlandia que mantienen la menor tasa de criminalidad en el mundo 0.1; exceptuado África del Sur, la proporción de homicidios de nuestro país supera todas las subregiones de África que se proyectan en una orquídea de va de 5,9 a un 21,9 y desde luego supera la de todos los países desarrollados. Son, desde luego, cifras fluctuantes.

El Grupo  Giuliani Security and Safety  (GSS) hizo un diagnóstico sobre la inseguridad en la República Dominicana. Rudolf Giuliani había sido  un abogado criminalista. Posteriormente llegó a ser Fiscal de la ciudad y finalmente alcalde de Nueva York. En ese entonces una de las ciudades más  peligrosas. En diez años de gestión redujo la tasa de criminalidad en un 70%;  los asaltos en un 72% y los delitos contra la propiedad en un 73%, convirtiéndola en la ciudad más segura de la Unión Americana. Fue tal su éxito que incluso su nombre llegó a barajarse como candidato a la Presidencia de Estados Unidos.  Ese precedente le granjeó el respeto en todo el mundo, y lo ha convertido en asesor internacional de varios Gobiernos del mundo.

Al leer el informe que el grupo  Giuliani Security and Safety remitió al candidato  del PRM, Luis Abinader sobre la inseguridad en la República Dominicana se me ocurre dividirlo en dos  vertientes.

• Las incidencias delictivas en el país
• Los puntos críticos de las instituciones dedicadas a combatir el crimen, a saber: la Policía Nacional, la Fiscalía, el Instituto de Patología forense y el Ministerio de lo Interior y Policía.

¿Cómo examinar la compleja realidad que tenemos  por delante?  El Grupo Giuliani (GSS)  se centra en siete aspectos fundamentales:

1. Evitar la falsificación de las estadísticas. El diagnóstico sobre delitos y criminalidad se halla plagado de errores. Las estadísticas del Departamento de Medicina Forense, de la Policía Nacional y de la Procuraduría no encajan unas con otras. “Las estadísticas de homicidios de la Oficina de Medicina forense están en aumento, mientras que las de la Policía y la Fiscalía están bajando” (GSS, 22). El Fiscal General certifica y clasifica los delitos, con el auxilio de la Policía. Las estadísticas son manipuladas, para presentar al país una reducción de la criminalidad. El médico forense debe actuar de forma independiente, sin sujetarse a las conveniencias de la Jefatura de la Policía, que quiere salvar su cargo ni de la Fiscalía que obedece a objetivos de comunicación política. En Patología Forense GSS recibió la noticia de que entre el 30 y el 40% de los homicidios se hallaban  mal clasificado (GSS, 21). La policía  no suele notificar las violaciones; llega antes que Patología Forense a la escena del crimen; manipula la escena y, en muchos casos, se combina con la familia para entregarles el cadáver, sin que se estudie el caso.
2. Inexistencia de un mapa de la delincuencia.  Al meter el escalpelo en estas nebulosas realidades, el informe establece el patrón homicidios en las cinco principales ciudades, de las que se poseen datos: Independencia 34.5 por 100 000 habitantes; Peravia 26,4, La Altagracia 23,4; Duarte, 23,1 y Bahoruco 22,2; las cifras de robos  y asaltos reportados quedan eclipsadas; la Policía desbordada y sin medios para combatir el robo y los miles de delitos menores, termina suprimiendo estas informaciones.
3. Las operaciones de los carteles de droga y el  crimen organizado. En un informe dado a conocer (6/11/15) por el Gobierno británico sobre los riesgos de los negocios en la República Dominicana se hace este juicio sumarísimo: “ El crimen organizado está presente en la República Dominicana, y es alimentado por el tráfico de drogas, la corrupción, el fácil acceso a las armas y la falta de recursos para la aplicación de la ley.. El nivel de violencia y crimen en las calles es alto y ha experimentado un aumento significativo en los últimos años”. (GSS). Los carteles de droga operan con velada impunidad. Emplean a menores de edad en acciones delictivas, se valen de Policía y agentes corruptos; cuentan con jueces venales y esto ha favorecido la proliferación de bandas criminales en muchos barrios de las ciudades principales del país.
4. El fracaso de barrio seguro. Se trataba de un plan piloto para combatir la delincuencia iniciado en el 2004. A tales fines se importaron cientos de motos Harley Davidson ; se aumentó el patrullaje policial; se hicieron campañas de publicidad con los agentes policiales montados en las impresionantes motos que rugían como leones de hierro en los barrios miserables. Ese plan de seguridad democrático devoró más de 240 millones de pesos. Y, finalmente, todo se volvió agua de borrajas. Muchas motos fueron sustraídas, desguazadas y algunas fueron a parar a manos de delincuentes, que le dieron mejor mantenimiento.
5. Los atracos a turistas. Se han detectado pandillas de delincuentes que se dedican al atraco de turistas.   A estos se les dice que tendrán que invertir una buena porción del tiempo de sus vacaciones metidos en los intríngulis de un proceso judicial, que para hacer valer sus derechos tendrán que contratar a un abogado y regresar al país para presentarse ante los tribunales como querellantes. Ante la propagación de los robos, atracos, violaciones a turistas, el Gobierno se vio en la obligación de constituir Politur, cuya misión consiste en perseguir a los delincuentes que se ensañan, particularmente, en la población turística. Tales esfuerzos no han logrado desvanecer la mala reputación que ya se divulga, en algunos sitios de INTERNET, donde se presenta a nuestro país con unos altísimos índices de criminalidad (ocupamos el lugar 18 de 117 países), superado únicamente por Venezuela, Honduras y Trinidad y Tobago en el hemisferio americano. En los numerosísimos casos en los que las víctimas son turistas se esconde la verdad, para no afectar el negocio turístico.  Recientemente se reportó la muerte de una mujer por ahogamiento. El examen del patólogo certificaba que tenía traumas visibles en la cabeza y señales de estrangulamiento. Sin embargo, la muerte de esa señora quedó clasificada como ahogamiento por inmersión.                                          
6. El robo de vehículos. El robo de vehículos, al igual que la sustracción de los teléfonos celulares, se han transformado en una trivialidad. En el 2014, (véase ONE)  se presentaron 5.987 querellas de robos de vehículos. La mayor proporción eran las motos (4.700), automóviles (590), camionetas (272), Jeepetas (235), camiones (149), minibuses (31), autobús (5). En el año anterior, las querellas por robo de vehículos llegaron 8.648. En el cálculo medio se estima que 3 vehículos son robados diariamente. De 30 motos, suelen recuperarse seis. En los cincos meses de este año (2016) han sido sustraídos 453 vehículos (camionetas, automóviles y yipetas), 144 les han sido arrebatados a sus dueños  a punta  de pistola. Muchos son desguazados, o trasladados a Haití. En algunos casos, los propietarios han sido salvajemente asesinados. La recuperación de esas propiedades que en este año, ya superan los 700 millones de pesos, resulta difícil, y desborda las capacidades del departamento de robos. Son miles los casos sin resolver. Las bandas dedicadas a esta actividad, siguen operando en todo el territorio nacional.
7. La fundación Vanessa, la voz de las víctimas. Hace diez años, tras el asesinato de Vanessa Martínez para robarle un celular en Santiago, nació la Fundación Vanessa  para ayudar a las víctimas de los delitos.  He aquí el compendio de quejas de las víctimas.
8. Los criminales y delincuentes son libertados sin haber cumplidos sus penas.
9. Mientras los delincuentes cuentan con abogados de oficio, las víctimas deben aportar su patrimonio para que se le haga justicia. Tienen  que  pagar abogados, incluso hasta el  transporte de los testigos;
10. los numerosísimos casos de violaciones sexuales, abusos de menores; delitos de poca monta tales como puñaladas, golpizas y asaltos, son desestimados. A veces, ni siquiera son reportados.

En resumidas cuentas, el observatorio de la Fundación Vanessa nos dice, con el apoyo de sus propias estadísticas,  que el delito ha crecido enormemente en Santiago, su teatro de operaciones. Que la población ni siquiera se querella. Que no confía en la Policía y que la impunidad campa por sus respetos. Lo peor de todo es que el sistema carcelario en lugar de reformar al delincuente; lo fabrica. Lo vuelve aún más aguerrido y brutal.

Presentados, menudamente, los gigantescos problemas de inseguridad que padecemos, cabe preguntarse: ¿ Con qué instrumentos contamos para hacerle la guerra al crimen, contrarrestar  la delincuencia y  la inseguridad?

• La Policía Nacional consta en la actualidad con 35.057 efectivos. Entre los cuales hay 15.000 oficiales, y unos 6.000 agentes. No existe deslinde entre las unidades que deberían ocuparse de delitos de robos, violaciones, homicidios, violencia intrafamiliar, tráfico de drogas. Los miembros carecen del entrenamiento básico, aun después de ser reclutados. Los ascensos se hacen por favoritismo, nepotismo, sin tomar en cuenta el rendimiento y el mérito. Los salarios resultan realmente bajos, a lo que se añaden que las dietas alimentarias desaparecen en las faltriqueras de los intendentes, y las horas extras no suelen contabilizarse como parte del pago. No hay medición del rendimiento ni del seguimiento de los casos, ni programas de capacitación y especialización. Dicho más claramente: para combatir esos desmanes  contamos con una policía poco entrenada, desmoralizada en términos laborales y, peor aún: desplazada de sus obligaciones laborales. “el 75% de la fuerza (policial)  se utiliza para la protección de funcionarios públicos y generales retirados de la policía (GSS, pág. 10). Una porción incluso de los mejores oficiales no puede dedicarse a investigaciones, detenciones, patrullaje y allanamientos, porque se encuentran custodiando las casas de los funcionarios,  las  embajadas y otras dependencias, donde muchas veces devenga sobresueldos que les resultan más atractivos que las labores policiales ordinarias.
• La policía no cuenta con un banco de ADN que tendría múltiples propósitos: prueba científica para condenar a criminales o para absolver a inocentes, para descubrir a ladrones y delincuentes reincidentes, para identificar a violadores y constituir la plataforma de las bases de datos necesarias para estudiar el crimen y el delito. Estas instalaciones deberían acompañarse de programas (software) para combatir el crimen y el delito y con sistemas interconectados que permitan que un delincuente que resulte detenido por una infracción menor pueda ser descubierto si resultare responsable de un delito de mayor calado. Necesitamos una policía dotada de infraestructuras tecnológicas modernas, con capacitación, listeza y desde luego, mejores condiciones laborales.
• El departamento de asuntos internos tiene como objetivo supervisar, identificar los elementos de corrupción, abuso de poder. Pero no cuenta con los medios para investigar la corrupción en seno del cuerpo policial y llevar a juicio a los agentes que delinquen en el ejercicio de sus funciones. En muchos casos, las sanciones ante policías corruptos se resuelven con una simple baja del cuerpo y con recomendaciones de traslado. O sencillamente quedan en las penumbras  del despacho de la jefatura policial.
• En el ámbito judicial los delincuentes son, a menudo, libertados durante el proceso judicial, se proclaman en rebeldía; no acuden a los juicios. . En el país el 70% de los casos de homicidios y delincuencia son realizados por personas reincidentes que debieron hallarse tras las rejas al momento de la comisión del hecho delictivo. A toda esa calamitosa circunstancia ha contribuido el código procesal penal, cuya prioridad es la libertad de los delincuentes  y no la protección de la sociedad. “En marzo del 2016, un oficial antinarcóticos se negó a cumplir la orden de un juez de libertar a cinco venezolanos detenidos con 359 kilos de cocaína en La Romana. El juez interino, Arístides Mercedes, ordenó su libertad sin fianza. El oficial retuvo a los sospechosos en la cárcel. . Afortunadamente, pese a las maniobras del juez para libertar a los delincuentes, el escándalo de prensa paró la orden de libertad. Luego se descubrió que los individuos eran buscado por Interpol. Hay muchísimas ocurrencias de jueces venales, prevaricadores y corruptos.  Pese a los sobrados casos de esta naturaleza, ningún juez ha sido condenado por corrupción  en la República Dominicana.

El  Informe Giuliani (2016)  hace un diagnóstico de la Policía, de la Fiscalía  y de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana. Sin embargo, pierde de vista lo esencial, que es la frágil estructura social en la que opera el país. ¿Puede la República Dominicana combatir la delincuencia, el narcotráfico  excluyendo de los mecanismos de supervivencia que represente el empleo  a miles de dominicanos en la agricultura, en la construcción, en los servicios? ¿A dónde han ido a parar todos los excluidos, por una política que destruye el valor de los salarios y empobrece a los más pobres dominicanos? Cada año salen al mercado laboral desnacionalizado  y deprimido por una mano de obra extranjera, ilegal, numerosísima 100 mil dominicanos. Si no pueden trabajar en la agricultura, si no hay espacio para ellos en las grandes obras del Estado, si  de las  conquistas sociales—constituidas por los hospitales, las escuelas—resultan igualmente desplazados,  el único espacio que se les deja a los dominicanos  es la delincuencia, el juego, el narcotráfico.

Además de estas circunstancias, estamos importando la delincuencia haitiana. Por la frontera con Haití entra el contrabando, alijos de drogas, armas ilegales y personajes de los carteles de las drogas y delincuentes escapados de sus cárceles. Tras el terremoto del 2010,  más de 3000 personas que guardaban prisión escaparon, y una buena porción cruzo la frontera, y se instalaron en el país. La población carcelaria del país asciende a 24.417 reclusos.  La mayor proporción de extranjeros encarcelados la constituyen, sobradamente, los haitianos. Hemos vistos decapitaciones de dominicanos, atracos,   niños degollados, mujeres brutalmente violadas y acuchilladas. En el 2014,  aparecieron noticias como estas “Más de treinta crímenes brutales a manos de haitianos” (Listín Diario, 13/10/14).Han enfrentado a los inspectores de Migración a tiros; se han enfrentado a la Policía; la mayoría de los crímenes de estos delincuentes quedan impunes. Porque carecen de documentos de identidad  y no se hayan registrado en ninguna parte, delinquen, roban, matan, y luego se mudan de lugar; cambian de nombres, y a veces vuelven a Haití. ¿Quién recuerda a los asesinos de Maritza Núñez en Hatillo Palma? ¿A Luisa Chávez la violó un haitiano y luego le sacó los ojos? ¿Quién le hizo justicia?  En La Vega fue decapitado el agricultor Manuel Martínez por unos haitianos, ¿por qué ha quedado impune ese crimen horrendo?  ¿En semejantes circunstancias, hay motivos para la esperanza?