Tres factores empujaron a un procurador sin la pericia técnica para revisar el trabajo de su equipo, a precipitar un expediente de soborno que encarta a figuras de los dos principales partidos políticos, tres legisladores, algunos técnicos y un empresario, sin los presupuestos probatorios esenciales:

1-El interés por adelantarse a la liberación de documentos que Brasil tenía proyectada para el 1 de junio; 2-La presión de los ciudadanos abanderados en la lucha contra la impunidad; 3-La propia presión que se autoimpuso el Ministerio Público al fijar fecha en la que presentaría nombres de los involucrados.

Esta semana dirigió un espectáculo que se ocupó de grabar para alimentar el morbo con la difusión de los videos en los que se observa la aparatosidad con la que se produjeron las detenciones de personas que pudieron haber concurrido a cualquier llamado sin la menor resistencia, escenario preparatorio de una comparecencia de ánimo promocional para lanzar un discurso matizado de populismo judicial.

Desde el conocimiento de las medidas de coerción se advierte que no había diseñado el armazón jurídico necesario para el expediente instrumentado: los encartados fueron llevados ante un juez sin habérsele notificado del conocimiento de la coerción y sin haber sido puestos en conocimiento de las acusaciones y pruebas frente a las que deberían defenderse, lo viciaba el proceso.

El de la coerción no es juicio de fondo, pero la primera condición que establece el artículo 227 del Código Procesal Penal, para conocerla es: “Existen elementos de pruebas suficientes para sostener, razonablemente, que el imputados es, con probabilidad, autor o cómplices de una infracción”.

El Ministerio Público dispone de menciones formuladas por varios ejecutivos de Odebrecht en sus delaciones premiadas en Brasil, la mayoría de las cuales están planteadas en un contexto que no sustenta una imputación de soborno, y  ha procedido a levantar acusaciones, emanadas de una investigación en la que el principio de objetividad se tornó ausente.

La traducción de algunos testimonios se torna mágica, suple los silencios, complementa las oraciones y adivina los pensamientos. Donde se cite a un intermediario comercial, aunque la declaración se quede hasta ahí, se le agregará, Angel Rondón Rijo; si se habla de depósitos en una cuenta del referido personaje, aunque el texto en portugués no lo traiga, se añade que para sobornos, al tiempo que trata de forzarse a dar esa connotación a cualquier aporte que se haya entregado como aporte de campañas.

El criterio para el sometimiento no fue el de indagar si la mención pudo haber estado conectada con una irregularidad, sino que por aparecer mencionado, no importa cual fuera la referencia, se clasificaba para sometimiento.

Cuando la gente se percate de la insustancialidad del expediente que se ha levantado, podría creer que todo se ha montado adrede para burlarse de la sociedad.

La desafortunada mención de las termoeléctricas de Punta Catalina entre las obras adjudicadas u otorgadas con sobornos, pifia que después se quiso evadir arrojando más estiércol al Congreso con el cuento chino de que un empleado de Odebrecht dijo que los únicos sobornados en esa obra fueron un senador y un diputado,  para la aprobación del financiamiento;  error fue también colocar en la medida de coerción una persona que después se dijo que no estaba, o el de la fecha de corte de los documentos pedidos a Brasil, falla de  “traducción” , muestran que inexperiencia y prisa impidieron  elaboración de un expediente depurado.

Evidencias de la precipitación

Por JULIO MARTINEZ PO ZO

Tres factores empujaron a un procurador sin la pericia técnica para revisar el trabajo de su equipo, a precipitar un expediente de soborno que encarta a figuras de los dos principales partidos políticos, tres legisladores, algunos técnicos y un empresario, sin los presupuestos probatorios esenciales:

1-El interés por adelantarse a la liberación de documentos que Brasil tenía proyectada para el 1 de junio; 2-La presión de los ciudadanos abanderados en la lucha contra la impunidad; 3-La propia presión que se autoimpuso el Ministerio Público al fijar fecha en la que presentaría nombres de los involucrados.

Esta semana dirigió un espectáculo que se ocupó de grabar para alimentar el morbo con la difusión de los videos en los que se observa la aparatosidad con la que se produjeron las detenciones de personas que pudieron haber concurrido a cualquier llamado sin la menor resistencia, escenario preparatorio de una comparecencia de ánimo promocional para lanzar un discurso matizado de populismo judicial.

Desde el conocimiento de las medidas de coerción se advierte que no había diseñado el armazón jurídico necesario para el expediente instrumentado: los encartados fueron llevados ante un juez sin habérsele notificado del conocimiento de la coerción y sin haber sido puestos en conocimiento de las acusaciones y pruebas frente a las que deberían defenderse, lo viciaba el proceso.

El de la coerción no es juicio de fondo, pero la primera condición que establece el artículo 227 del Código Procesal Penal, para conocerla es: “Existen elementos de pruebas suficientes para sostener, razonablemente, que el imputados es, con probabilidad, autor o cómplices de una infracción”.

El Ministerio Público dispone de menciones formuladas por varios ejecutivos de Odebrecht en sus delaciones premiadas en Brasil, la mayoría de las cuales están planteadas en un contexto que no sustenta una imputación de soborno, y  ha procedido a levantar acusaciones, emanadas de una investigación en la que el principio de objetividad se tornó ausente.

La traducción de algunos testimonios se torna mágica, suple los silencios, complementa las oraciones y adivina los pensamientos. Donde se cite a un intermediario comercial, aunque la declaración se quede hasta ahí, se le agregará, Angel Rondón Rijo; si se habla de depósitos en una cuenta del referido personaje, aunque el texto en portugués no lo traiga, se añade que para sobornos, al tiempo que trata de forzarse a dar esa connotación a cualquier aporte que se haya entregado como aporte de campañas.

El criterio para el sometimiento no fue el de indagar si la mención pudo haber estado conectada con una irregularidad, sino que por aparecer mencionado, no importa cual fuera la referencia, se clasificaba para sometimiento.

Cuando la gente se percate de la insustancialidad del expediente que se ha levantado, podría creer que todo se ha montado adrede para burlarse de la sociedad.

La desafortunada mención de las termoeléctricas de Punta Catalina entre las obras adjudicadas u otorgadas con sobornos, pifia que después se quiso evadir arrojando más estiércol al Congreso con el cuento chino de que un empleado de Odebrecht dijo que los únicos sobornados en esa obra fueron un senador y un diputado,  para la aprobación del financiamiento;  error fue también colocar en la medida de coerción una persona que después se dijo que no estaba, o el de la fecha de corte de los documentos pedidos a Brasil, falla de  “traducción” , muestran que inexperiencia y prisa impidieron  elaboración de un expediente depurado.

Por EDYLBERTO CABRAL

La UASD vive hoy uno de los peores momentos de la gestión del doctor Iván Grullón Fernández (2014-2018), no sólo al referirnos al deterioro de sus precarias finanzas, sino principalmente a juzgar por la actitud reticente del gobierno dominicano, con razón o sin ella, frente a las peticiones de socorro que ha hecho la institución y a la luz de los cuestionamientos internos y externos generados recientemente.

De esos cuestionamientos se desprenden y airean variados marcos de solución ante la problemática de la UASD, sus crisis recurrentes y sus serios problemas coyunturales y estructurales.

Son cuatro los escenarios posibles que de manera más clara se han estado ventilando en la opinión pública:

1) La privatización pura y simple de la UASD y su manejo por empresarios de la educación.

2) La eliminación de la autonomía de la UASD y su retorno a la anterior Universidad de Santo Domingo en un contexto de mayor privatización que el actual.

3) La continuación y profundización del camino actual de ahogamiento económico de la UASD, mientras se privatiza gradualmente la educación superior dominicana.

4) El retomar el diálogo UASD-GOBIERNO en procura de un PACTO ACADÉMICO entre ambas instituciones, donde se integre a la UASD de manera explícita y entusiasta en la revolución educativa y en el logro de los principales objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y los actores principales garanticen la ejecución y control de un Plan de Desarrollo de la UASD con eficiencia, racionalidad y transparencia. Este escenario es planteado no sólo por los autores de estas líneas, sino también por muchas personas sensatas del país.

El camino de la privatización pura y simple significa, tal como ha sido planteado por algunos empresarios privados de la educación superior, poner en sus manos los recursos presupuestarios que recibe la institución estatal y además, vendiéndoles o alquilándoles a precios asequibles todo el patrimonio físico de la academia. En ese contexto se produciría una contratación de los recursos humanos con o sin el personal docente o administrativo que existe actualmente en la UASD, de manera como se realiza en sus universidades privadas sin fines de lucro. La proposición de parte de esos empresarios consiste en que con la suma de dinero en juego, que es de RD$7,600 millones, se podría cubrir una matrícula de más de 300,000 estudiantes, equivalente a un incremento de más del 30% de la matrícula actual. En consecuencia, todos los problemas del Estado en relación a la UASD desaparecerían, solamente con un cambio de dueño: de pública a privada.

En el segundo escenario se mantendría el carácter estatal pero eliminando la autonomía y el fuero de la UASD. A partir de entonces sus funcionarios y su personal docente y administrativo serían designados por el Poder Ejecutivo, los estudiantes serían sometidos a exámenes rigurosos de admisión, y se reformarían sus estatutos y reglamentos como la forma de eliminar su cogobierno y su democracia interna. El principio que reinaría sería el que no todos los estudiantes están en condiciones de realizar estudios universitarios. Por lo tanto, retornaría a la fuerza a una universidad elitista. La nueva Universidad de Santo Domingo, quizás con mejor suerte, no retomaría el mismo rumbo que en los años 30 del siglo pasado, sino más bien a un modelo autoritario pero con un gobernante demócrata. En ese tenor, el Estado dominicano no erogaría mayores inversiones y la matrícula estudiantil universitaria en el sector público se reduciría considerablemente. Entonces, la privatización continuaría pero de otra manera.

En el tercer escenario, en la continuidad de lo que se ha estado haciendo hasta ahora, se profundizaría el ahogamiento económico a la UASD mientras se privatiza, sin prisa pero sin pausa, la educación superior dominicana. En todo el largo interregno 1966-2016 y contrario al marco jurídico vigente, la asignación presupuestaria en la UASD ha pasado del 0,9% del PIB en el 1966 al 0.2 % del PIB en el año 2016. En términos de presupuesto de la nación esto significa pasar del 1.9% al 1.3% del presupuesto, contrario a lo que establece el marco jurídico de no menos del 5% del presupuesto de la nación para la UASD. No obstante a esto, en el año 1967 su matrícula estudiantil rondaba los 5,714 mil estudiantes y en el 2016 paradójicamente se multiplica por 32 dicha cantidad. En 1967 la UASD participaba con más del 79% del estudiantado universitario dominicano, mientras que en el pasado año 2016 apenas llegaba al 38%.

Pero quizás lo más grave de la situación es la disminución en relación al PIB que la UASD recibe en los últimos diez años, de 0.3% a 0.2%, lo que se corresponde precisamente con el incremento en el financiamiento de las labores especiales del MESCYT. Todos esos recursos, más otros otorgados en forma de construcción de edificaciones sumamente costosas para el erario público, se han canalizado de manera indebida para apoyar y financiar programas de instituciones privadas o para programas de fortalecimiento del lado de la “demanda” del sistema educativo.

Las consecuencias de estas prácticas en ese largo interregno 1966-2016 han sido fatales. La universidad dominicana ha devenido, fruto de estrategias y políticas propias de un neoliberalismo sumamente extremista, en un conjunto de universidades excesivamente heterogéneo, diferenciador social de la población estudiantil dominicana, caótico y además incontrolable por parte del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. El propio MESCYT se ha transformado de un organismo regulador a un organismo que asigna recursos sin que ninguna otra instancia juzgue o pueda evaluar la calidad en sus gastos cada vez más abrumadores.

El rezago de la educación superior dominicana en el contexto mundial y regional a que han conducido esas estrategias es sencillamente enorme. Y curiosamente, la UASD que está muy por detrás de las principales universidades públicas de América Latina, figura entre las tres universidades dominicanas mejor ranqueadas.

Es evidente que esas políticas han fracasado. Aun así, sus propulsores se preparan mediante un anteproyecto de ley a reformar la Constitución y la Ley 139-01 (la que supuestamente rige la educación superior dominicana) para disminuir aun más los recursos económicos a la UASD a favor de un puñito de “eficientes” instituciones privadas.

JPM

Por Cándido Mercedes

 “…Cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes que nos gobiernan; y decimos con propiedad que nos gobiernan, porque en una democracia no debe haber más gobierno que el de las leyes y los hombres, cualesquiera que sean sus posiciones están llamados a ser solo ejecutores de esas leyes”.

(Prof. Juan Bosch: Discurso Toma Posesión, 27 Febrero, 1963)

Asistimos a la más conspicua degradación del poder, a una degeneración ética política en la sociedad dominicana. Hay, si se quiere, una crisis de la legitimación de las instituciones políticas, medularmente visibilizada en los partidos políticos. Estos, sobre todo los cuatro que ostentan la categoría de mayoritarios, sobreviven, en gran medida, uno porque está en el poder y los otros, por el financiamiento público.

Lo que estamos viendo es cómo una empresa internacional copó por completo las instituciones públicas y capturó el Estado. El compromiso de los actores políticos con funciones públicas no era defender los intereses del Estado dominicano y con ello, el conjunto de la sociedad. No. Era la búsqueda de “donde está lo mío”. Todavía el acuerdo de homologación con ODEBRECHT, constituiría más una defensa y un cuido a esa empresa delincuente que la defensa por resarcir a la sociedad. ODEBRECHT sigue operando y cobrando, a pesar de que existe una ley que lo impide, pues lo que hizo conllevaba su inhabilitación.

La inmensa mayoría de los actores políticos que han gravitado en el escenario del Estado, propiamente dicho, no tienen sentido de la historia, no tienen conciencia moral, no proyectan su vida aun después de muertos. No se instalan, ni siquiera un segundo como lo van a ver las generaciones posteriores; no conciben pautar su existencia de hoy, conjugando el presente en una perspectiva de futuro. Su vida es ahora; sus sueños: la materialidad que le da el confort del consumismo. Su dilema ético: todo es relativo; hacemos todo lo necesario para mantener la opulencia del poder.

Como decía Martin Luther King “Un hombre no mide su altura en los momentos de confort, sino en los de cambio y controversia”. La sociedad dominicana se encuentra en esa nueva etapa de transición. ODEBRECHT, como curvatura, trajo consigo: crisis y oportunidad. En medio del estupor y dolor del grado de putrefacción, ella haría despertar el resorte y la rabia de ver tanta corrupción y la grotesca impunidad. ODEBRECHT nos capturó, nos tomó como el ejemplo y la cuna del paraíso de la depravación, de la llave segura donde podían trasladar “sus operaciones estructuradas”. ¡Nuestra estirpe era la estrella de la protección en la ruta de lo pútrido. ¡Cuánto escarnio!

Sund Land no condujo a imputados; empero, el dispositivo de la sentencia de la Suprema fue claro. FUNGLODE no condujo a una incriminación formal en los tribunales, sin embargo, retumba lo dicho por la Fiscal. “¿Dónde están los casos de corrupción? Que me los señalen”. El símbolo del poder, días después, se abriría como un telúrico de 9: CEA, CORDE, INAPA, Darío Contreras, OISOE, Tucano, etc. etc.

El poder sin autoridad moral, sin la debida legitimidad, sin la necesaria confianza, se fractura y resquebraja. No importa la fuerte relación clientelar que exista. En sociedades como la nuestra, la persuasión del espacio de hegemonía cultural e ideológico se basamenta y cohesiona con la clase media. El PLD, con esta degeneración ética, pierde lo que otrora fue su cemento y varilla de legitimidad. Son esos que hoy, en gran medida están en las calles con la Marcha Verde. Son esos que están construyendo diques de coraje para contener inundaciones de miedo, como nos hablaba el gran líder King.

Son ellos que nos están diciendo que una sociedad más decente es posible. Los que ayer, en medio de la apatía, frustración e inacción, fluyen en un nuevo cauce. Es el despertar de un nuevo parto de esperanza, de cambio, del germen colectivo que configura la creación de una nueva rueda social. En la sociedad dominicana, de manera objetiva, podemos decir que en los últimos 21 años no se ha resuelto ni un solo problema estructural. Hemos crecido, somos diferentes, tenemos más gente, la esperanza de vida al nacer ha evolucionado, pero, ¿qué sociedad que no esté en guerra o sea totalmente estado fallido no es hoy mejor que hace 21 años?

Es como un famélico, crece, está más grande, se mueve y a veces, ríe; no obstante, los signos vitales siguen como la secuela de su escualidez. La influencia política hoy, en nuestro país, está determinada no tan solo por la jerarquía, sino por el peso sustentante del dinero. Es lo que hace que tengamos una competencia ruinosa que nos produce cuasi una parálisis política, donde los actores tradicionales no logran diferenciarse ni en el discurso ni en los valores de la democracia ni en la agenda societal ni en el boceto de su ideología.

Una partidocracia que no tiene el mero sentido de la historia, que no logra dibujarse en la carpintería del juicio de su obra; difícilmente puedan lograr la confianza que ameritan las instituciones para legitimarse. Reinventarse, es su único camino, sin embargo, el síndrome del paradigma de robar, lo atormentan y no lo dejan caminar.

¡El desafío es buscar nuevos caminos que nos permitan concitar el trajinar de la epopeya hacia una gobernanza más efectiva. El deterioro social y político nos convoca para generar las expectativas que crean el puente de una realidad más horizontal. Es democratizar la democracia que atraviesa por poner la justicia al servicio de la democracia y de la ciudadanía!