POR CARLOS SALCEDO 

Conforme he abordado en las entregas anteriores, son muchos los desafíos y retos que enfrenta la actual procuradora general de la República. Luego de abordar, los desafíos más importantes, de eliminar el lastre de opacidad investigativa, de no disponer la carpeta fiscal para los imputados, y de asumir un liderazgo unificador y motivador, abordaré los retos y desafíos que enfrenta en la parte administrativa de la gestión.

Ciertamente, la gestión administrativa de la nueva procuradora de la República Dominicana enfrenta varios retos significativos, especialmente en un contexto de falta de recursos y uso ineficiente de los existentes. Contexto este que es bien conocido y que por mantenerse en el tiempo es caldo de cultivo para la acumulación de estos retos y desafíos. Aquí indico algunos.

Primero. Limitaciones presupuestarias. La falta de recursos financieros puede obstaculizar la implementación de programas y proyectos necesarios para el funcionamiento eficaz de la procuraduría. Precisamente, ello es parte esencial para hacer frente a los retos anteriormente abordados. Así, la nueva procuradora deberá estructurar planes eficientes que le faciliten el camino de encarar la gestión de la misión encomendada.

Segundo. Prioridades de recursos. Con recursos limitados, la procuradora deberá identificar y priorizar áreas críticas que requieren atención inmediata, lo que puede generar tensiones entre diferentes departamentos. Saber manejar y enfrentar estas tenciones es clave para lograr avanzar hacia el deber ser institucional de la Procuraduría General de la República.

Tercero. Optimización del personal. En adición a las estrategias efectivas, ya abordadas, para lograr superar la desidia y falta de motivación de muchos fiscales y procuradores del país, la procuradora debe lidiar con la gestión administrativa del personal. Indudablemente, la ineficiencia en el uso del personal puede resultar en una carga de trabajo desigual y en una baja moral. En ese orden, debe buscarse un equilibrio que maximice el talento disponible.

Capacitación

Cuarto. Falta de capacitación. Con recursos limitados, puede haber un escaso acceso a la formación y desarrollo profesional, lo que dificulta mejorar las habilidades del equipo. Ahí la importancia de hacerse de estrategias adecuadas que permitan aún en el contexto indicado hacer frente efectivo a los demás desafíos y, en este caso particular, optimizar el personal conforme a las capacidades con las que cuenten, determinando las necesidades básicas de capacitación en los tiempos y momentos adecuados.

Quinto. Tecnología. La falta de inversión en tecnología puede llevar a procesos administrativos ineficientes, dificultando la recopilación y análisis de datos importantes para la toma de decisiones. Así, parte de la efectividad puede ser conseguida haciendo el esfuerzo y sacrificio momentáneo para la modernización tecnológica, lo que a largo plazo redundará en la potenciación de tiempo y recursos.

Sexto. Corrupción y falta de transparencia. La escasez de recursos puede aumentar la vulnerabilidad a prácticas corruptas. La procuradora deberá establecer mecanismos de control y transparencia.

Séptimo. Gestión del cambio cultural. Implementar cambios en la administración puede ser difícil, especialmente si hay resistencia por parte del personal acostumbrado a formas tradicionales de trabajo. De ahí que es de suma importancia el ejercicio de un liderazgo motivador y unificador.

Octavo. Comunicación interna. La falta de recursos podría limitar las capacidades de comunicación interna efectiva, lo que puede resultar en malentendidos y desmotivación del personal. Incentivar la cultura institucional de visión colectiva, podría auxiliar a la nueva procuradora a enfrentar el reto comunicacional.

Noveno. Expectativas de la ciudadanía. La presión por satisfacer las expectativas de la ciudadanía en cuanto a la justicia puede aumentar en un contexto de recursos limitados, llevando a tensiones en la gestión. Contar con un norte concreto, siempre respetando y haciendo respetar los derechos ciudadanos, es un buen medio para encarar la gestión. Siempre considerando que cumplir con las expectativas ciudadanas nunca debe ser sinónimo de elogios y que estos son el propósito de las misiones institucionales.

Décimo. Fomento de la colaboración. Promover la colaboración interinstitucional puede ser un desafío si los recursos no están alineados, dificultando los esfuerzos conjuntos para abordar problemas comunes. Abrir puentes de colaboración es la labor administrativa que asegura, al margen de recursos presupuestarios, el cumplimiento de objetivos institucionales generales.

Es muy preocupante que mientras hablamos, comentamos o escribimos acerca de la pandemia de los accidentes de tránsito, se nos están perdiendo muchas vidas cada día en la República Dominicana. El tiempo sigue su curso, las estadísticas crecen lastimosamente, el duelo nos cubre, y aún estamos en modalidad robots o icebergs. ¡Qué pena!

Sentimos que en la práctica cotidiana nos estamos acostumbrando a esta realidad pasmosa, acercando por la falta de ese despertar a la pérdida de la sensibilidad social. Decimos esto, aunque se aprecie muy fuerte, debido a que este tema se está manejando como un simple juego donde se pasa el balón de mano en mano, sin que nos atrevamos a encestar una solución que traiga consigo la seguridad vial en nuestra amada Quisqueya.

Vemos con asombro como se viene normalizando la impunidad vial marcado por el desinterés y la inobservancia de ciertos comportamientos que violan una y otra vez la ley y no pasa nada.

Ante esa mala práctica Aristóteles se refiere con mucha claridad: «Es preciso preferir la soberanía de la ley a la de uno de los ciudadanos» Urge en nuestro país priorizar el cumplimiento de las leyes por encima de seguir los deseos o intereses de individuos o grupos individuos en particular.

Respecto a esta cruda realidad existente del tránsito dominicano y sus reincidentes  transgresiones a la norma, nos debe situar a que analicemos como sociedad aquella ¨teoría¨ que plantearon los criminólogos James Q. Wilson y George L. Kelling, sobre ¨las ventanas rotas¨, al esgrimir que el desorden, el abandono, la falta de control y los pequeños actos de vandalismo en un entorno urbano, como ventanas rotas sin reparar, fomentan un ciclo de delincuencia y esto puede conducir a un aumento de la criminalidad.

Desorden progresivo

Debemos entender que una pequeña desconsideración a la norma de tránsito se convierte en un símbolo progresivo de desorden y negligencia vial. Ver como motociclistas se suben por las aceras, cruzan el semáforo en rojo sin ninguna reacción de la autoridad, camioneros que conducen a altísima velocidad y todo bien, guagüeros con ¨licencia¨ para infringir la ley de tránsito y no hay quien le toque, conductores que manejan con más alcohol que sangre en el cuerpo y no hay régimen de consecuencias.

A estos ejemplos o cadena de violaciones de tantas, se suma el hecho de que cuando se oculta el sol asimismo desaparecen de las vías las autoridades que deben velar por la seguridad vial.

Esto último es un fenómeno institucional muy extraño, ya que envía un mensaje confuso de que las calles, avenidas o carreteras en horario nocturno no necesitan de ningún cuidado, regulación, control o vigilancia. Esa notable ausencia de presencia policial por la noche evidentemente incide en que se reproduzcan los comportamientos más arriesgados.

Volviendo a la teoría de los criminólogos James Q. Wilson y George L. Kelling y llevándola al campo de los accidentes de tránsito en nuestro país, urge entender que esa ventana rota de manera metafórica es la existencia de esa crisis de seguridad vial; la cual está provocando numerosas vidas humanas trágicamente truncadas, donde un porcentaje significativo son jóvenes.

El Estado debe reparar con un abordaje oportuno esa dramática situación con el impulso de políticas preventivas integrales y la aplicación de un régimen de consecuencias efectivo. Dado que en la medida que discurre el tiempo sin respuesta estatal se consolida y sistematiza el establecimiento de la perniciosa cultura del caos, la cual conduce a la inseguridad ciudadana.

En definitiva, si no se confronta los comportamientos viales impropios desde el momento en que ocurren con respuestas idóneas dentro de los parámetros legales e institucionales, se estaría conllevando a crear un ambiente social hostil donde se normaliza y se excita a conductas cívicas aún más dañinas e insensibles. Es hora de poner orden en el tránsito.

angelgomera@gmail.com