En lecturas de las informaciones que nos llegan a través de diversos medios de comunicación, redes sociales  y de conversaciones que hemos sostenido con algunos de los venezolanos que se han exiliado en nuestro país, indican que la crisis económica, política y social que padece, desde hace unos dos años,  la hermana R. de Venezuela se profundiza y,  peligrosamente, se agrava como consecuencia de la radicalización de las partes enfrentadas.

Al inicio del pasado mes de abril, la oposición política,  agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y varias organizaciones de la sociedad civil se empezaron  a manifestar, casi todos los días,  a través de protestas en las calles, con una secuela de cientos de heridos, presos, más de 70 muertos, saqueos de  negocios y  destrucción de propiedades públicas y privadas.

La MUD exige la realización de elecciones presidenciales por adelantado, mientras que el gobierno del Presidente Nicolás Maduro respondió a esa solicitud con el decreto presidencial (del 1-5-17) convocando la Asamblea Nacional Constituyente, cuya elección de sus 545 integrantes se realizaría el próximo 30 de julio, de acuerdo a una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Catalogando el llamado a esa Constituyente como inconstitucional, fraudulenta y golpe de Estado al orden institucional,  la MUD, varias organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las iglesias mediante manifiestos de la Conferencia Episcopal Venezolana y Consejo Evangélico de Venezuela se oponen a la realización de la Constituyente.

Por igual, contra la Constituyente se manifestó, recientemente,  la Fiscal General de la República. También se opone el Secretario General de la OEA, 14 países latinoamericanos, 23 ex presidentes iberoamericanos y  los gobiernos de España, Italia y Estados Unidos de América (EUA).

Es decir, además del real cuestionamiento que se expresa contra la Constituyente en la misma Venezuela, a nivel internacional se le ha tendido un creciente cerco al gobierno del Presidente Maduro y a la Constituyente que propone como solución  a la crisis política que ya es una triste y tangible realidad.

Esa crisis política se viene desarrollando, simultáneamente, con la crisis económica y social que se está  agudizando mediante estos preocupantes indicadores:

1.- Altísima inflación combinada con una gran carestía de importantes productos de la canasta familiar. 2.- Devaluación de la moneda e inestabilidad cambiaria. 3.- Reducción en la producción de petróleo, su principal generador de divisas. 4.- Emigración de inversionistas, fuga de capitales y cierre de empresas. 5.- Considerable aumento del desempleo. Y,  6.-  Refugio creciente  de sectores de la clase media venezolana en otros países, que salen huyendo a los efectos de esa crisis económica y social.

Como complemento negativo, se agrega el fracaso del diálogo entre la oposición política y el gobierno del Presidente Maduro que gestionaban cuatro ex presidentes y el Vaticano a los fines de consensuar una solución pacífica y democrática a la crisis que sufre Venezuela.

Ante ese delicado panorama económico, social y político que observamos en la Venezuela post Hugo Chávez,  nos formulamos estas tres preguntas:

Las elecciones Presidenciales por adelantado, que exige la MUD y a la que se opone el gobierno del Presidente Maduro, resolvería la crisis?

La realización de la Constituyente, convocada por el Presidente Madura y a la que, radicalmente, se opone la MUD, organizaciones de la sociedad civil, la OEA, EUA, 14 países latinoamericanos y 23 ex presidentes iberoamericanos,   resolvería la crisis de Venezuela?

Un  golpe de Estado o una fratricida guerra civil resolvería esa lamentable crisis que mantiene en zozobra al pueblo venezolano?

Esas tres posibles salidas son anti históricas, improcedentes y por el contrario, agravarían mucho más la crisis, con consecuencias imprevisibles. Es menester detener la hostilidad e injerencia de los intereses mercuriales internacionales y de otros gobiernos extranjeros. Por tales razones, se impone retomar el diálogo franco, transparente y pacífico entre los venezolanos.

Es imprescindible y urgente que se imponga un cese a las protestas callejeras que protagoniza la MUD, suspender la celebración de la Constituyente que promueve  el Presidente Maduro y aceptar la participación como mediador válido y calificado al Secretario General de la ONU para volver a la mesa de las negociaciones que permita la superación de este peligroso impasse y arribar  a una solución viable y pacífica a la crisis para  que retorne la paz social, el respeto a los derechos humanos, las libertades y la convivencia democrática entre los hermanos venezolanos.