Pese a las divergencias entre nosotros  los dominicanos en torno a la inmigración haitiana, hay unanimidad de que hay que regular la entrada de extranjeros al país, sobre todo de la que entra de manera no autorizada por la frontera con Haití; en que este es un asunto importante para la República Dominicana; en que el Estado dominicano no lo gestiona o maneja con eficiencia; en que tienen que haber mayor control fronterizo; y en que se debe regularizar a los indocumentados residentes en el país.

Sin embargo, con respecto al último consenso, hay un disenso respecto a qué hacer con los que ya residen en el país, sea en condición regular o irregular, y en particular sobre la eficacia y los resultados del Programa Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular (PNRE) y las dos prórrogas otorgadas a los inmigrantes para completar su documentación para optar a un carnet de residencia definitiva.

A dos años de finalizado el PNRE, y vencido el primer plazo prorrogado en junio del 2016, el Consejo Nacional de Migración (CNM) dispuso el pasado lunes 24 de julio prorrogar de nuevo el plazo para la presentación de la documentación definitiva a los que se les otorgó el carnet provisional.

¿Por qué el Gobierno dominicano -a través del CNM- se ha visto obligado en dos ocasiones a prorrogar el plazo a los  230 mil inmigrantes que le otorgó una residencia provisional para que completasen los documentos faltantes?

Si bien los dominicanos en su mayoría apoyaron la iniciativa gubernamental del PNRE, hubo y sigue habiendo opiniones encontradas en torno a su eficacia, los requisitos para la regularización, el período de vigencia y el costo de algunos de los documentos solicitados a los inmigrantes para la aplicación del plan.

Mientras algunos reclaman acciones más enérgicas, y entre ellos, los más escépticos aducen demasiada flexibilidad, otros alegan que las exigencias documentales para la admisión de solicitud desbordaron las posibilidades de los residentes haitianos, particularmente las constancias y contratos de adquisición de electrodomésticos, teléfono, vivienda, etc.

En una posición extrema, sectores de opinión que reivindican un anacrónico nacionalismo decimonónico consideraron y siguen considerando fútil ese esfuerzo, al decretar el fracaso del PNRM. ¿Por qué habría fallado o “fracasado” el PNRM, según esta apreciación? i) porque violaba en parte la Ley de Migración, al ser muy flexible con los indocumentados; ii) que no se detuvieron las deportaciones; iii) que se relajó la vigilancia en la frontera; iv) porque la mayoría de los haitianos no tienen documentación de su país.

Tal vez deba agregarse otra razón o decepción no declarada públicamente, pero expresada en tertulias,  en foros, en las redes sociales, y en comentarios en las ediciones digitales de los medios, y es que el número de solicitantes del PNRM estuvo muy por debajo de las cifras estimativas subjetivas de dos, tres, cuatro, cinco ó seis millones que difunden con frecuencia por los medios líderes políticos, religiosos y empresariales, senadores y diputados, comunicadores sociales y otros opinadores.

Con base en los citados argumentos, un sector de la opinión pública, espoleada por esos grupos minúsculos del ultranacionalismo que entiende que el problema número de RD es la inmigración haitiana, planteaban o presionaban al Gobierno para no extendiera el plazo a los los  230,065 inmigrantes con carnet de residencia provisional, que sencillamente se aplicase el Reglamento del PNRM, y en particular sus requisitos para calificar a la visa definitiva, y que los que no cumplan “e pa fuera que van”.

El argumento más socorrido de esos sectores es el de la supuesta falta de documentos de la mayoría de los haitianos, lo que entienden es una responsabilidad exclusiva del gobierno haitiano. Pero la cruda realidad es que el Gobierno dominicano lo hizo así porque sólo 7,834 de ellos han podido cumplir con toda la documentación que se les exige.

¿Cuán cierto es que el bajo nivel de cumplimiento en los requisitos del PNRE por parte de los haitianos solicitantes se debe a que la mayoría de no tienen documentación alguna de su país?

Los datos oficiales del PNRE desmienten esta afirmación: de los inscritos en el PNRE, 102,940 extranjeros aplicaron con la entrega de actas de nacimiento de su país de origen, 69,997 se inscribieron con cédulas, 95,164 con pasaportes y 20,345 sin ningún tipo de documento. Entre los de nacionalidad haitiana, el 36 por ciento lo hizo con acta de nacimiento, 33 por ciento con pasaporte, el 24 por ciento con carnet o cédula nacional de identidad, y el restante 7 por ciento no pudo presentar un documento de identidad  personal.

De otro lado, si bien el Gobierno haitiano no ha sido lo suficientemente diligente en su compromiso de dotar de identificación a sus connacionales que no la posean, la Embajada de Haití en el país anunció recientemente que el Programa de Identificación de Inmigrantes Haitianos (PIDIH) estará distribuyendo unos 11 mil 593 pasaportes que fueron producidos este año, con los cuales el programa llega a 15 mil 071 pasaportes producidos en su existencia, y estará produciendo 33 mil 146 cédulas, así como 39 mil 510 actas de nacimiento y extractos de archivos.

Por otra parte, los datos e informaciones anecdóticas disponibles indican que  las verdaderas razones para que tan pocos inmigrantes haitianos hayan cumplido a la fecha con la documentación requerida por el PNRE son la excesiva cantidad de documentos legales y otros como prueba de arraigo en el país que les se exigía -desde cuenta bancaria hasta contrato de teléfono y electrodoméstico hasta constancia de una junta de vecinos notarizada- y la falta de colaboración en muchos casos de empleadores y otros ciudadanos dominicanos al no facilitarles una constancia de trabajo o una firma.

¿Qué opciones tenía el Gobierno dominicano ante el vencimiento del plazo? La única sensata: prorrogar de nuevo el plazo -como lo ha hecho- o sólo otorgarle el carnet de residencia definitiva a los 7,834 que han completado la documentación.

De haberse acogido el Gobierno dominicano a la última opción que sugieren los neo ultra nacionalistas, ese escenario implicaría gestionar una repatriación masiva de los al menos medio millón de haitianos residentes en el país, lo que crearía una crisis profunda entre los dos gobiernos de la Isla, y una confrontación diplomática internacional de consecuencias imprevisibles, y probablemente una crisis de mano de obra en los sectores agropecuario y construcción y en los servicios de cuidado y vigilancia de de edificios, doméstico y otros servicios personales. De ser entre  2 a 6 millones los haitianos residentes en el país, como estiman voces y bocinas agoreras, el Gobierno dominicano que gestionar un éxodo sin precedente en la región en la época moderna.

Ahora bien, nuevas prórrogas erosionarían la legitimidad del PNRE y podría es entredichola inversión de más de RD$ dos mil millones que según información dada por el Ministro de Interior ha costado el PNRE. ¿Qué puede hacer el Gobierno dominicano ante esta situación?

Flexibilizar los requerimientos de documentación, reduciendo la relativa a arraigo y solvencia económica a tres certificaciones o constancias: la de trabajo, la de buena conducta y la de residencia habitual y arraigo.

¿Qué hacer, como ciudadano dominicano, para contribuir a que sea eficiente y eficaz el esfuerzo del Gobierno por regularizar la permanencia de los extranjeros en el país, y en particular de los haitianos indocumentados, mejorando la gestión de la inmigración, con el debido respecto a los derechos humanos de los inmigrantes y sin crear una crisis migratoria?

Una respuesta sensata, al márgen de preferencias o adherencias políticas, ideológicas, religiosas, étnicas u otro tipo de valorización, es que, de admitirse que en su mayoría o una fracción o parte de la mano de obra inmigrantes haitianos en RD es necesaria para la operación y continuidad de la producción agropecuaria, de la construcción y actividad inmobiliaria y de varios servicios  como el doméstico, vigilancia y otros, entonces se debería estar de acuerdo en la necesidad de dar continuidad al esfuerzo de regulación migratoria emprendido por el Gobierno dominicano en 2013 en el marco del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular (PNRE).

Que todo dominicano debería colaborar en la continuidad y éxito del PNRE, facilitando a los trabajadores haitianos con carnet provisional de residencia que laboren en nuestras empresas, negocios o residencias facilitándoles las constancias de trabajo, vivienda y/o de arraigo en el país para completar su documentación, y ayudar a que prevalezca en el país un ambiente en que las diatribas, insultos y apelaciones a miedos a “invasión pacífica” haitiana, ancladas en instrumentalizaciones políticas históricas y atavismos quesimplifican in extremis una problemática histórica muy compleja, sean el ejercicio del derecho a opinar de un muy minoritario segmento de de la sociedad dominicana que pretende escindir o enclaustrar el sentido de pertenencia y ejercicio de la dominicanidad en la falsa y perversa identidad dicotómica pro haitiano-traidor a la patria/patriota anti-haitiano.

idee5050@gmail.com

JPM

Las distensiones y diferencias entre sacerdotes y gobiernos  han estado presentes  en el país desde el   nacimiento mismo de la  Republica, el 27 de febrero de 1844, hace 173 años. El Presidente Pedro Santana, en su segundo mandato y después de romper relaciones con Buenaventura Báez,   se decidió a eliminar del escenario la influencia del clero  en  el acontecer nacional.

En una actitud tosca  e irrespetuosa ordenó la comparecencia del  arzobispo de Santo Domingo, monseñor  Tomás Portes, por ante el Senado, para que respondiera a una supuesta “acusación de fomentar el descontento del pueblo  contra el gobierno” y lo emplazó  a prestar juramento de acatamiento a la Constitución santanista.  En principios el  anciano  obispo se negó a comparecer, pero luego, ante la alternativa de hacer el juramento o ser deportado del país, cedió y prestó el juramento exigido por el gobernante. La violenta sacudida que sufrió el sistema nervioso del padre Portes le causó la pérdida del uso de sus facultades mentales dejando el control de la iglesia en  manos de clérigos sumisos que se identificaban abiertamente con los dictados del presidente.

Una posición enérgica y desafiante asumió otro arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Adolfo Nouel, quien criticó públicamente los desmanes y abusos de las tropas de intervención americana contra indefensos campesinos en la región Este, a quienes acusaban de “gavilleros”. A propósito de esa denuncia el ministro de los Estados Unidos, W.W. Russell, requirió del sacerdote sus impresiones acerca del estado general que vivía el país, luego de la ocupación militar iniciada a mediados de julio de 1916.

En su repuesta al ministro  norteamericano, contenida en una comunicación de cuatro páginas, de fecha 20 de diciembre de 1920, entre otras cosas, le expone  el sufrimiento y el sonrojo de los dominicanos,  después de la ocupación, así como lo que el obispo  llama “sentencia  prebostales en asuntos completamente civiles, cuando en su proclama  el almirante Knapp prometió que sus tribunales, que fallan soberanamente, sin derecho de reclamación, solo conocerían asuntos militares”.

Expresa que los dominicanos han sufrido  por espacio de tres años una censura para la prensa, no solamente humillante y despectiva, sino también ridícula y pueril. Recordó haber visto un articulo científico observado por un censor norteamericano, con su sello y su firma, prohibiendo su publicación porque el autor del trabajo decía: “Kant, el gran pensador alemán, padre de la filosofía moderna, no puede considerarse inferior a Platón ni a Aristóteles”. La guerra había estallado ya contra Alemania, y aquel infeliz censor gringo creyó que el elogio tributado al gran filósofo alemán podría causar la derrota de los ejércitos  de Estados Unidos”.

Relata el obispo Nouel en su responsable  exposición que un sacerdote español, de conducta ejemplar, que ocupaba la curia de Sánchez, en el Nordeste del país, “fue reducido a prisión, incomunicado  y encerrado en Samaná en inmundo calabozo, donde permaneció cerca de seis meses, por el solo hecho de haber elogiado  el valor y la organización del ejército alemán en la primera guerra mundial”.

A fines de diciembre de 1865  Buenaventura  Báez volvió por tercera vez al poder y su  opositor militante, el padre Fernando A. Meriño,  uno de los pocos políticos  de convicciones firmes e inconmovibles, fue elegido presidente de la Asamblea Nacional, y en tal virtud, debía juramentar al nuevo mandatario.  En un magistrar  discurso  advirtió  a Báez: “Mientras vagabais por playas extranjeras…  suceden en el país sucesos extraordinarios… Empero, yo que solo debo hablaros el lenguaje franco de la verdad… no prescindiré de deciros, que no  os alucineis por ello, que en pueblos como el nuestro “tan fácil es pasar del destierro al solio como del solio a la barra del Senado” Años después, y en reconocimiento a su firmeza y valentía, Meriño fue electo Presidente de la República.

TRUJILLO Y BALAGUER

El dictador Rafael L. Trujillo  navegó en aguas tranquilas y dóciles  a todo lo largo de su mandato  de 30 años, puesto que  la Iglesia siempre estuvo dirigida por obispos afines a sus ejecutorias  de gobierno (Nouel, Pittini, Beras) hasta los últimos días de su gestión, cuando la jerarquía católica lo enfrento abiertamente, ante  las muertes, torturas y vejámenes   de que fueron victimas cientos de jóvenes  que participaron en el delatado complot del 14 de Junio.. (Carta Pastoral del 30 de enero de 1960)

El Dr. Joaquín Balaguer, que siempre  hizo  de hibrido entre la iglesia y Trujillo, en los años de su mandato condujo con prudencia  las relaciones con  el clero, con excepción de casos aislados con algunos sacerdotes, nacionales y españoles, que  cuestionaron la represión militar del régimen y la insistencia del mandatario de permanecer en el poder. Los curas extranjeros    Sergio Figueredo, a través de los medios de comunicación y Gratiniano Varona, que tenía ministerio en El Seibo, fueron acosados por  autoridades reformistas que disentían de la posición de los religiosos  Ambos fueron deportados. Más adelante se presentaron otros conatos  aislados en Cotui, La Vega y Mao, al extremo de que en un asentamiento campesino en el Cibao, un padre de apellido    Solís,   topando sombrero de cana, con la literatura “soltero y sin compromiso”, lanzó criticas al gobierno lo que mereció una respuesta pública del mandatario.

El padre Francisco Sicard, que no escondía su preferencia por el Partido Revolucionario Dominicano, cuestionaba con insistencia  la politica agraria de Balaguer, pero meses después fue “reclutado” por el gobernante, que lo designó en altas posiciones, incluyendo   la famosa Comisión de Aplicación de las Leyes Agrarias. En sentido general, siempre fueron   cordiales las  relaciones Balaguer-Iglesia.

Los presidentes   Leonel Fernández, Hipólito MeJía y Danilo Medina  han tenido pequeños roces con religiosos católicos entre los que destacan Rogelio Cruz  y el  ex párroco de Las Mercedes, de la Orden de los Capuchinos, Santiago  Bautista; padre  Amparo Tapia, párroco de Gurabo, con   Hipólito y ahora  con Danilo Medina, el cura  Benito Cruz, de Santiago.

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JPM