El grupo político que hoy gobierna a Venezuela llegó al poder por medios democráticos en el año 1999, y desde entonces el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)  ganó varios procesos electorales de manera clara y convincente, hasta el 2015 en que fueron derrotados en las elecciones congresuales por la oposición.

El modelo político asumido desde la llegada al poder fue el llamado Socialismo del Siglo XXI, el cual llevó al PSUV a la confrontación permanente con la élite económica y política de Venezuela, así como también con las élites foráneas que inciden en Venezuela.

Los altos precios  alcanzados por el petróleo en el mercado mundial de combustibles fósiles así como también la nacionalización del negocio de la extracción, procesamiento y comercialización del petróleo, pusieron en manos del gobierno grandes cantidades de dinero que le permitieron implementar una agresiva política social en todo el país.

El modelo parecía imbatible  ya que generaba riquezas y reducía pobreza al mismo tiempo que era políticamente democrático porque obtenían victorias tras victorias en todas elecciones que se celebraban en el país.

Dos cosas empezaron a ocurrir que fueron: la disminución de los precios del petróleo en el mercado mundial y el incremento de los niveles de confrontación entre el gobierno, la élite económica y la oposición política,  sin que se viera una manera de revertir ese proceso de deterioro en el ámbito económico y también político.

De aquellos polvos, al caer la lluvia, vinieron estos lodos que han inundado el país entero sin que se pueda visualizar la manera de encontrar una salida a este atolladero que se ha creado en Venezuela.

El principio del fin de la democracia en Venezuela se produjo con la derrota del PSUV en las últimas elecciones congresuales del 2015 de manos de la oposición aglomerada en la Mesa del Diálogo, que es el nombre que ha tomado la oposición política organizada de Venezuela.

Tras la celebración de la Constituyente Popular en este mes de agosto, podemos afirmar que la democracia y la institucionalidad han perecido en Venezuela para dar paso a la dictadura y el totalitarismo del PSUV encabezado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

Lo más fácil sería culpar sólo al PSUV de todo lo que ha ocurrido en Venezuela, y si piensa así se llegará a una errada conclusión que generaría decisiones también equivocadas para superar la crisis y retornar a la democracia en Venezuela.

Es cierto que el que gobierna un país es el que tiene la mayor cuota de responsabilidad en lo que se hace pero la oposición tiene que entender que hay que respetar lo que decida el pueblo si es que se quiere seguir viviendo en democracia.

Hace tiempo que la oposición de Venezuela decidió tomar las calles y abandonar la lucha democrática bajo la creencia de que de esa manera  sacarían del poder al PSUV, pero ahora es el gobierno el que recurre a los procedimientos antidemocráticos bajo el pretexto de la oposición y sus aliados de afuera les han boicoteado la economía.

Hablar de una intervención militar extranjera en Venezuela es crear otro Iraq en América Latina y si las cosas siguen como van el PSUV terminará instalando una dictadura donde todo el que se oponga al régimen terminará preso, muerto o fuera de Venezuela.

El grupo político que gobierna Venezuela tiene suficiente apoyo militar y popular para reemplazar la democracia por una dictadura y usando los recursos que genera el petróleo podrán mantenerse en el poder por mucho tiempo más.

La lección debe ser tanto  para el gobierno como para la oposición a los fines de evitar que surjan otros casos similares en América Latina; mientras tanto pues que sigan los esfuerzos internacionales para encontrar una fórmula que permita salvar la democracia y garantizar la convivencia pacífica en Venezuela.

JPM

 

 

¡Solo siendo dominicano, se siente lo que yo siento!

 

 

Un periódico digital dominicano en los Estados Unidos de América, denominado THE DOMINICAN JOURNAL USA, bajo el título: 16 CONGRESISTAS DEMÓCRATAS DE EE.UU ABOGAN POR HAITIANOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, expresó lo siguiente:

 

“WASHINGTON, D.C., 6 de agosto.- El vicepresidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), el congresista Keith Ellison de Minnesota, junto con otros 15 colegas, enviaron una carta al Secretario de Estado Rex Tillerson, el pasado 28 de julio, urgiendo al Departamento  de Estado a que resista los intentos continuados por la República Dominicana para rechazar la ciudadanía a personas de ascendencia haitiana.

 

La carta, esencialmente acusa al gobierno dominicano de no cumplir con sus promesas para con el pueblo y la comunidad internacional de reconocer la ciudadanía dominicana a aquellos clasificados en el Grupo A del Plan Nacional de Regularización del 2014 (169-14)”.

 

Tan pronto se lee que el Gobierno Dominicano es acusado de no cumplir con sus promesas para con el pueblo y la comunidad internacional de reconocer la ciudadanía dominicana a aquellos clasificados en el Grupo A del Plan Nacional de Regularización del 2014 (169-14), es obvio que estamos en presencia de un crimen contra la Patria, en razón de que está claro,  que alguna autoridad gubernamental, y hay que descubrir cual fue con su nombre y apellido, prometió a los poderosos de gobiernos extranjeros que nuestro Gobierno reconocería  la ciudadanía dominicana a los supuestos clasificados en el Grupo A del Plan Nacional de Regularización del 2014, pues si esa promesa no hubiese sido hecha, los 16 legisladores norteamericanos no hubieran venido a nuestro amado país como Pretores romanos, a llamarnos la atención y peor aún, es que nuestras autoridades abandonando todo asomo de dignidad patriótica, les recibe  como dignatarios y se toman sonreídas  y alegres fotos para ocultar que están  entregados a esos poderosos con tal de mantenerse en el poder.

 

El periódico Metro, aquí en RD,  reseñó esta visita de la siguiente manera: “El Presidente Danilo Medina recibió hoy a una delegación de congresistas de los Estados Unidos. La visita de cortesía tuvo lugar en el salón Privado del Palacio Nacional.

No fue ninguna visita de cortesía, ellos vinieron a poner presión ante una promesa que se les hizo de que sería reconocida la nacionalidad dominicana a todo aquel haitiano que expresara que aquí nació, lo cual significa una violación grosera a nuestra Carta Magna en sus Artículos 3 y 23, por daño deliberado a los intereses de la Republica, y al Código Penal en su Artículo No. 76, el cual señala:

 

“Art.  76.-  Toda  persona  que,  desde  el  territorio  de  la  República,  se ponga  o  trate  de  ponerse  de  acuerdo  con  Estados  extranjeros  o  con sus  agentes,  o  con  cualesquiera  institución o simples personas extranjeras, para tratar de que se emprenda alguna guerra contra  la República  o  contra  el  Gobierno  que  la  represente,  o  que  se  les hostilice  en  alguna  forma,  o  que,  contra  las  disposiciones  del Gobierno,  se  intervenga  de  cualquier  modo  en  la  vida  del  Estado  o en  la  de  cualquiera  institución  del  mismo,  o  que  se  preste  ayuda para dichos fines, será castigada con la pena de treinta años de trabajos públicos.  La   sanción   susodicha   alcanza   a   todo   dominicano   que  desarrolle   las   actuaciones  mencionadas aunque ello se realice desde territorio extranjero”.

 

Al analizar los elementos constitutivos de este crimen que se castiga con 30 años de cárcel, vemos: a) Ponerse de acuerdo  con  Estados  extranjeros  o con  sus  agentes,  o  con  cualesquiera  institución o simples personas extranjeras;

1. b) Que la autoridad o el actor, intervenga  de  cualquier  modo  en  la  vida del  Estado  o  en  la  de  cualquiera  institución  del  mismo,  o  que  se preste  ayuda con  fines de  tratar de que se emprenda alguna situación grave contra  la  República  o  contra  el  Gobierno  que  la  represente,  o  que  se les  hostilice  en  alguna  forma,  o  que,  contra  las  disposiciones  del Gobierno.

 

Es evidente que alguna autoridad nuestra,  prometió a los poderosos que se otorgaría la nacionalidad dominicana a los haitianos que dicen haber nacido en nuestro amado país, lo cual representa  un grave atentado a nuestra soberanía.

Esta promesa por sí sola,  sin mayores ingredientes,  es una traición a la Patria de Duarte, Sánchez y Mella y se acrecienta su volumen de gravedad cuando quien hace la aleve promesa,  es una autoridad legítima.

 

En segundo lugar, el hecho voluntario de acordar o en componenda consentir con países poderosos rendir a ciudadanos ilícitamente residiendo en el país, nuestra sagrada nacionalidad dominicana, es el otro elemento constitutivo de este horrendo crimen,  de traición a la patria.

 

Lo penoso es, que aquí lo digo y lo demuestro y nadie osara hacer nada para que ese crimen se persiga y todo continuara igual y veremos estupefactos un millón de haitianos nacionalizados  a la fuerza como dominicanos, porque uno o varios malos dominicanos se rindieron sin gallardía ni dignidad patriótica,  a los poderosos del Planeta Tierra,  sin darse cuenta de que  esos “nuevos dominicanos” nunca jurarían defender nuestra Patria, aunque verbalmente lo digan al Ministro de Interior el dia de su juramentación como tales, si se llega a ese punto, pues hasta creo que les entregaran el Carnet o una Cedula, y asunto concluido.

La carta  de los legisladores también señala: “el gobierno dominicano le aseguró a su pueblo y a la comunidad internacional que los individuos que cayeran en la categoría del grupo A eran ciudadanos y que se pondría en marcha un proceso para que estos individuos reciban los formularios correctos de ciudadanía cuando la ley fuera aprobada”.

 

“En la práctica, miles de dominicanos de ascendencia haitiana que están categorizados como Grupo A bajo la ley 169-14 están todavía luchando para ejercer sus derechos ciudadanos.

A algunos de ellos no se les han emitido sus documentos de nacionalidad, otros, en vez de estar registrados como ciudadanos de la República Dominicana han sido registrados en el Libro de Transcripción. El status legal de aquellos registrados en este libro no está claro”.

 

Es penoso decirlo, pero nuestras autoridades, según se desprende de este Artículo publicado en Internet,  demuestran  la entrega de nuestra soberanía a esos poderosos, cuando quedan en evidencia por la entregada carta de estos 16 legisladores norteamericanos quienes  acusan al Gobierno Dominicano de no cumplir con sus promesas para con el pueblo y la comunidad internacional de reconocer la ciudadanía dominicana a aquellos clasificados en el Grupo A del Plan Nacional de Regularización del 2014 (169-14), que son los haitianos ilegales que dicen que aquí nacieron.

 

La República Dominicana, un estado soberano junto a otros 150 países del mundo incluyendo Haití,  garantiza ciudadanía basado en el principio universal de Jus Sanguinis (ley de la sangre) diferente a los Estados Unidos, los cuales adjudican la ciudadanía basados primordialmente en el lugar de nacimiento (Jus Solis).

 

Esta diferencia legal,  voluntaria y complacientemente  acomodada a los intereses de los poderosos les ha permitido, previas canonjías y privilegios, ganar adeptos nacionales e internacionales, en el sentido de designar como apátridas a estos haitianos ilegales, cuando el Articulo 11 de su Constitución haitiana, señala que son haitianos todo hijo de haitiano donde quiera que nazca, lo que demuestra que no son apátridas. ¡Autoridades nacionales y poderosos internacionales,  comprendan que no hay solución dominicana al problema haitiano!