Washington.- El secretario de Justicia Jeff Sessions ordenó el viernes una política de «tolerancia cero» contra los inmigrantes que entren ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera con México.

La orden indica que los fiscales federales de los estados fronterizos deben de poner más énfasis en presentar cargos de ingreso ilegal contra inmigrantes, algo que históricamente ha sido tratado como un delito menor cuando se aplica a inmigrantes que no han sido detenidos previamente por las autoridades fronterizas o que han sido detenidos pocas veces.

Los «coyotes» o contrabandistas de inmigrantes que han sido detenidos varias veces generalmente son encausados por delitos más graves.

Sessions dijo a los fiscales que pidan más recursos si los necesitan. Como modelo, señaló a un proyecto de la Patrulla Fronteriza lanzado en 2005 que llevaría a condenas y sentencias carcelarias de poco tiempo.

La semana pasada, Sessions estableció que los jueces de inmigración tienen que procesar una cantidad mínima de casos a fin de mitigar el atraso en las cortes.

Gobernadores no podrían negarse a uso de Guardia Nacional

Entretanto, algunos gobernadores de los estados vecinos a la frontera con México, en su mayoría demócratas, han expresado oposición al plan del presidente Donald Trump de desplegar efectivos de la Guardia Nacional para asistir a la Patrulla Fronteriza en los esfuerzos para impedir el cruce de indocumentados desde México.

Los gobernadores tienen cierto margen de maniobra para decir no al presidente, pero dependiendo de qué ley usará Trump para ordenar el despliegue, el asunto podría estar fuera del control de los ejecutivos estatales.

El estatuto conocido como «Título 10» prevé que el personal de la Guardia Nacional pase a control del presidente y reciba paga y prestaciones federales. También prohíbe efectuar labores de policía civil a menos que se las autoricen explícitamente, según el Servicio de Investigación del Congreso.

Trump anunció el jueves que desea enviar de 2.000 a 4.000 efectivos de la Guardia a la frontera para ayudar a los agentes federales a combatir la inmigración ilegal y el tráfico de narcóticos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en Twitter que ella tuvo una «conversación productiva» sobre el despliegue con los gobernadores de los estados de la frontera suroeste.

El viernes, el gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey, anunció que la próxima semana enviará unos 150 miembros de la Guardia Nacional estatal a la frontera con México.

WASHINGTON.- El Gobierno de Donald Trump impuso este viernes sanciones contra siete oligarcas rusos y 12 compañías controladas por ellos en represalia por la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016.

En la lista, también hay 17 funcionarios del gobierno ruso -entre ellos el yerno del presidente Vladimir Putin- así como una compañía gubernamental dedicada al comercio de armas.

Las sanciones, de carácter económico, están expresamente diseñadas para afectar a oligarcas vinculados con Putin.

Entre los nuevos sancionados se encuentran Oleg Deripaska, Suleyman Kerimov, Kirill Shamalov y Viktor Vekselberg. Algunos de los funcionarios son Andrey Akimov, Andrey Kostin y Alexey Miller.

«El gobierno ruso opera por el beneficio desproporcionado de oligarcas y elites del gobierno», dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, en un comunicado. «El gobierno ruso se involucra en una serie de actividades malignas en todo el mundo, incluyendo la ocupación de Crimea e instiga la violencia en el este de Ucrania, suministra al régimen de Assad con material y armamento mientras bombardean a sus propios civiles, intentando subvertir las democracias occidentales, y maliciosos actividades cibernéticas. Los oligarcas y elites rusos que se benefician de este sistema corrupto ya no estarán aislados de las consecuencias de las actividades desestabilizadoras de su gobierno«.

En enero se publicó la «lista Putin» y en ella el Gobierno de Estados Unidos identificó, a petición del Congreso, a 96 oligarcas y 114 altos funcionarios del Kremlin que han ganado poder o riqueza gracias al mandatario ruso.

La elaboración de esa lista se hizo como parte de la conocida como ley CAATSA (siglas en inglés), aprobada por el Congreso en julio de 2017 con el objetivo de imponer sanciones a Rusia por su anexión de Crimea en 2014, su papel en la guerra civil siria y su supuesta injerencia en los comicios estadounidenses de 2016.

Trump ha recibido numerosas críticas de miembros de su propio partido, el republicano, por no reaccionar con suficiente dureza contra los supuestos ataques rusos de 2016.

La campaña electoral de Trump es objeto de las pesquisas del fiscal especial Robert Mueller, que desde mayo de 2017, de forma independiente al Gobierno, investiga los supuestos lazos entre dicha campaña y el Kremlin, al que las agencias de inteligencia de EEUU acusan de interferir en las elecciones de 2016.

Según informó CNN, el equipo de Mueller está investigando si oligarcas rusos donaron directa o indirectamente fondos a la campaña presidencial de Trump o a su comité de investidura.

El pasado 15 de marzo, Estados Unidos ya impuso sanciones a 5 entidades y 19 rusos, de los que 13 habían sido imputados por el equipo de Mueller por interferir en los comicios.

Las relaciones entre Washington y Moscú han empeorado en las últimas semanas debido al intento de asesinato en Reino Unido de Serguéi Skripal, el exespía ruso envenenado junto a su hija con un agente químico de fabricación rusa, en lo que se considera el primer uso de un arma química en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

En reacción a ese ataque, EEUU ordenó el pasado 26 de marzo la expulsión de 60 funcionarios rusos y el cierre del consulado ruso en Seattle (Washington), a lo que Rusia respondió tres días después con la expulsión de 60 diplomáticos estadounidenses y el cierre del consulado general en San Petersburgo.

China prometió el viernes que luchará contra Estados Unidos «a cualquier precio» luego de que el presidente Donald Trump propuso aplicar aranceles adicionales a 100.000 millones de dólares a productos chinos, en una escalada de la disputa comercial que enfrenta a las dos mayores economías del mundo.

La inesperada solicitud de Trump, que el jueves ordenó al representante comercial de Estados Unidos que considerase la subida impositiva, se da un día después de que Beijing anunció sus planes para imponer aranceles a 50.000 millones de dólares de productos estadounidenses, incluyendo soja y pequeñas aeronaves, en respuesta a una medida similar tomada por Estados Unidos.

Beijing no quiere una guerra comercial, pero no tiene miedo de librar una, dijo el Ministerio de Comercio chino.

«China se dedicará a este fin a cualquier precio y definitivamente luchará con firmeza” si Washington persiste en su «proteccionismo», dijo el departamento en un comunicado.

La propuesta de Trump intensificó la que se ha perfilado ya como la mayor batalla comercial desde la Segunda Guerra Mundial. Los mercados bursátiles de todo el mundo sufrieron caídas estrepitosas mientras los dos gigantes económicos se ponen en guardia por las agresivas tácticas comerciales de Beijing. La situación se había calmado el miércoles y el jueves con la esperanza de que Estados Unidos y China hallaran una solución diplomática.

En vez de eso, tras el cierre de los mercados, la Casa Blanca anunció el jueves que Trump había ordenado a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) que considerara si la aplicación de aranceles adicionales por 100.000 millones de dólares sería apropiada y, de serlo, que identificara a qué productos debería aplicarse. También dio instrucciones al secretario de Agricultura para “que implemente un plan para proteger los intereses de nuestros granjeros y de la agricultura”.

“Las ilícitas prácticas comerciales de China _ignoradas durante años por Washington_ han destruido miles de fábricas estadounidenses y millones de empleos estadounidenses”, declaró Trump en un comunicado que anunciaba la decisión.

La última escalada llega después de que la Casa Blanca anunció el martes que impondría aranceles del 25% a 50.000 millones de dólares de importaciones de China. Beijing respondió de inmediato con un incremento similar para una lista de productos que incluye la soja, la mayor exportación estadounidense a China, y aeronaves de hasta 45 toneladas (41 toneladas métricas) de peso. Entre los bienes señalados por las autoridades chinas figuran carne de res, whiskey, vehículos particulares y químicos industriales.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio de Educación dio su visto bueno para el uso de escuelas en la convención del Partido Revolucionario Moderno (PRM) del próximo domingo.

En un documento enviado a la Junta Central Electoral, institución que medió por solicitud del PRM, el ministro Andrés Navarro dijo que no tiene ninguna objeción en que se usen las escuelas como centros de votación.

En ese sentido, designó a Francisco de Jesús Cáceres, director de Gestión y Descentralización Educativa, como enlace para la selección de los planteles.

Este domingo, el PRM hará convención entre 35 a 37 municipios y distritos municipales donde no se pudo completar el proceso del pasado 18 de marzo.