¡Solo siendo dominicano, se siente lo que yo siento!

La prensa escrita, las redes sociales, la TV, comentaristas, etc., nos traen la absurda noticia de que el magistrado Alejandro Vargas impuso al señor Carlos Puntier un impedimento de salida del país, presentación periódica y el pago de una garantía  económica de RD$50,000.00, para dejarle en libertad condicional, por éste llamar “traidor” al Señor Presidente, por el tema de la inmigración haitiana en República Dominicana.

Veamos si el Señor Carlos Puntier ha violado algún articulado de nuestro Código Penal, para merecer esas medidas de coerción y que posteriormente sea condenado, quizás a 30 años de prisión:

Nuestra Carta Magna en su artículo 3, que habla sobre la Inviolabilidad de la soberanía y principio de no Intervención,  señala:  «Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir  la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad o integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución….”

El Señor Presidente y sus demás colaboradores, realizan y permiten actos que constituyen intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos  que atentan contra la personalidad y/o integridad del Estado, como lo es el mal manejo del tema haitiano.

Así vemos la promoción que hace el Estado en Haití para que los haitianos vengan no como turistas, sino a residir aquí, para lo cual permiten una frontera abierta con 81 pasos libres, donde según el Embajador de Haití en la OEA, ellos entran y salen como en su propia casa, sin restricciones de ninguna clase. También vemos cómo se entregan nacionalizaciones y residencias a haitianos, con solo decir que aquí nacieron, sin ser cierto, y el Gobierno se gasta $2,000 millones de pesos en tales identificaciones. También vemos como se permite un tráfico de parturientas en los hospitales oficiales y los de la Seguridad Social, donde las propias autoridades admiten que  los haitianos consumen en salud, el 30% del Presupuesto Nacional.

El señor Carlos Puntier ha hecho uso legítimo de sus derechos como ciudadano, a que le faculta el Articulo 22, Ordinal  5),  de nuestra Constitución, el  cual señala: «Es derecho de los ciudadanos:  Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo.”

Este Artículo parece que el Gobierno desea que sea inaplicable, no le  gusta,  pues denunciar que el tema haitiano ha sido mal manejado como Poder Ejecutivo por el Señor Presidente, no es ni pecado, ni violación alguna al Código Penal, ni ofensa al Señor Presidente, ni a ninguna ley especial.

Si el Gobierno encabezado por el Señor Presidente  ejerciese los derechos de soberanía, cerrando  los 81 pasos libres de frontera, o ponga un Muro de soberanía, y ordenase a los militares no dejar  cruzar a ningún haitiano sin documentos legales, y que veamos que los haitianos no circulan en masa por nuestras ciudades ni quitan los empleos a los dominicanos, ni se burlan de los símbolos patrios, ni se obran en las calles, como ningún dominicano lo hace, y que el país está libre de ellos, muy difícil sería que el Señor Puntier ni nadie, alegue o mencione,  que dicho mandatario es traidor a la Patria.

Quien debe mostrar, de buena fe,  como líder transparente de su Gobierno  que tiene seis años gobernando,   lo es el  propio Mandatario con verdaderas acciones patrióticas, de actos de soberanía, de defensa del territorio,  no de entrega, para que el pueblo  lo palpe y sepa que tenemos un Presidente que defiende la soberanía. No todo lo contrario. Es más que evidente,  que el mandatario ha manejado mal, muy mal el tema haitiano y denunciarlo  públicamente, es un derecho que asiste a todo ciudadano.

Abundando,  ha permitido que la Unión Europea done dinero y lo entregue, para que las autoridades otorguen la nacionalidad dominicana a haitianos que dicen haber nacido aquí, sin cumplirse ninguno de  los requisitos exigidos por la ley de Migración, su Reglamento ni la Constitución.

Para que se constate la   entrega de la Nación a Haití y los poderosos del Planeta Tierra, vemos  que el vicepresidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), el Congresista Keith Ellison de Minnesota, junto con otros 15 colegas, enviaron una carta al Secretario de Estado Rex Tillerson, el pasado 28 de julio de 2017, urgiendo al Departamento  de Estado a que resista los intentos continuados por la República Dominicana para rechazar la ciudadanía a personas de ascendencia haitiana.

La carta, esencialmente acusa al gobierno dominicano de no cumplir con sus promesas para con el pueblo y la comunidad internacional de reconocer la ciudadanía dominicana a aquellos clasificados en el Grupo A del Plan Nacional de Regularización del 2014 (169-14)”. 

Tan pronto se advierte que el Gobierno Dominicano es acusado de no cumplir con sus promesas para con el pueblo y la comunidad internacional de reconocer la ciudadanía dominicana a aquellos clasificados en el Grupo A del Plan Nacional de Regularización del 2014, es obvio que estamos en presencia de un crimen contra la Patria, en razón de que está claro,  que alguna autoridad gubernamental, y hay que descubrir cual fue con su nombre y apellido, prometió a los poderosos de gobiernos extranjeros que nuestro Gobierno reconocería  la ciudadanía dominicana a los supuestos clasificados en el Grupo A del Plan Nacional de Regularización del 2014, pues si esa promesa no hubiese sido hecha, los 16 legisladores norteamericanos no hubieran venido a nuestro amado país como Pretores romanos, a llamarnos la atención y peor aún, es que nuestras autoridades abandonando todo asomo de dignidad patriótica, les recibe  como dignatarios y se toman sonreídas  y alegres fotos,  para ocultar que están  entregados a esos poderosos,  con tal de mantenerse en el poder.

Cuando no tenemos o se nos veda, el derecho de expresarnos libremente estamos en presencia de una dictadura. ¿Perseguirá penalmente  el Ministerio Publico a todo aquel,  que ose denunciar lo que esta mal?

El Código Penal en su Artículo No. 76, el cual señala:

 “Art.  76.-  Toda  persona  que,  desde  el  territorio  de  la  República,  se  ponga  o  trate  de  ponerse  de  acuerdo  con  Estados  extranjeros  o  con  sus  agentes,  o  con  cualesquiera  institución o simples personas extranjeras, para tratar de que se emprenda alguna guerra contra  la  República  o  contra  el  Gobierno  que  la  represente,  o  que  se  les  hostilice  en  alguna  forma,  o  que,  contra  las  disposiciones  del  Gobierno,  se  intervenga  de  cualquier  modo  en  la  vida  del  Estado  o  en  la  de  cualquiera  institución  del  mismo,  o  que  se  preste  ayuda para dichos fines, será castigada con la pena de treinta años de trabajos públicos.  La   sanción   susodicha   alcanza   a   todo   dominicano   que   desarrolle   las   actuaciones  mencionadas aunque ello se realice desde territorio extranjero”.

Ya vimos cómo estamos perdiendo soberanía en las componendas o arreglos con poderes extranjeros y locales, sin que el Poder Ejecutivo ni el resto de sus funcionarios colaboradores, realicen actos de verdadero patriotismo y de defensa de nuestra soberanía, como ordena la Constitución.

Al analizar los elementos constitutivos de este crimen de traición a la Patria, que se castiga con 30 años de cárcel, vemos: a) Ponerse de acuerdo la autoridad o el actor,  con  Estados  extranjeros  o  con  sus  agentes,  o  con  cualesquiera  institución o simples personas extranjeras;

1. b)  Que la autoridad o el actor,   intervenga  de  cualquier  modo  en  la  vida  del  Estado  o  en  la  de  cualquiera  institución  del  mismo,  o  que  se  preste  ayuda con  fines de  tratar de que se emprenda alguna situación grave contra  la  República  o  contra  el  Gobierno  que  la  represente,  o  que  se  les  hostilice  en  alguna  forma,  o  que,  contra  las  disposiciones  del  Gobierno.

Es evidente que alguna autoridad nuestra,  prometió a los poderosos que se otorgaría la nacionalidad dominicana a los haitianos que dicen haber nacido en nuestro amado país, lo cual representa  un grave atentado a nuestra soberanía.

Esta promesa por sí sola,  sin mayores ingredientes,  es una traición a la Patria de Duarte, Sánchez y Mella y se acrecienta su volumen de gravedad cuando quien hace la aleve promesa,  es una autoridad legítima.

En segundo lugar, el hecho voluntario de acordar o en componenda consentir con países poderosos rendir a ciudadanos ilícitamente residiendo en el país, nuestra sagrada nacionalidad dominicana, es el otro elemento constitutivo de este horrendo crimen,  de traición a la patria.

Lo penoso es, que aquí lo digo y lo demuestro y nadie osara hacer nada para que ese crimen se persiga y todo continuara igual y veremos estupefactos un millón de haitianos nacionalizados  a la fuerza como dominicanos, porque uno o varios malos dominicanos se rindieron sin gallardía ni dignidad patriótica,  a los poderosos del Planeta Tierra,  sin darse cuenta de que  esos “nuevos dominicanos” nunca jurarían defender nuestra Patria, aunque verbalmente lo digan al Ministro de Interior el dia de su juramentación como tales, si se llega a ese punto, pues hasta creo que les entregaran el Carnet o una Cedula, y asunto concluido.

Las autoridades están tan seguros de su poder de dirección que nadie osara presentar querella alguna contra tan elevado mandatario, y el único reducto que queda es denunciar públicamente todo cuanto ocurre, pero si tuviéramos el poder de los jueces como en otras latitudes, otro seria el panorama.

Apresan y fijan medidas de coerción al denunciante ciudadano Carlos Puntier,  de la misma manera que apresan por cinco meses, y fijan medidas de coerción a un ciudadano que en defensa propia y de su familia, se vio obligado a terminar la vida del delincuente quien los asalto en su propio hogar.

Aquí les transcribo, otros Artículos del Código Penal relativos a este tema de traición a la Patria, para que los lectores deduzcan quien viola o no,  los mismos, y se vea quien es el que debe recibir las medidas de coerción.

“Art. 77.- Se castigará igualmente con la pena de treinta años de trabajos públicos a todo aquel que se hubiere puesto de acuerdo con los enemigos del Estado, o que por medio de tramas y concierto con ellos, procure los medios de facilitarles la entrada en territorio de la República y sus dependencias, o la entrega de ciudades, fortalezas, plazas, puestos, puertos, almacenes, arsenales, navíos o buques pertenecientes a la República. Igual pena se impondrá a los que suministren a los enemigos auxilio de hombres, soldados, víveres, armas o pertrechos de boca y de fuego, o que favorezcan los progresos de sus armas en las posesiones de la República, o contra las fuerzas dominicanas de tierra y mar, o que emplearen la sonsaca, o intentaren corromper a los oficiales, soldados, marinos u otros agregados al ejército, haciéndolos faltar a la fidelidad debida al Gobierno o a la Nación, o que de cualquiera otra manera atenten contra la independencia nacional.

 “Art. 78.- Sin embargo, si el resultado de la correspondencia con súbditos de una potencia enemiga, fuere suministrar a los enemigos instrucciones perjudiciales a la situación militar o política de la República o de sus aliados, aunque esa correspondencia no hubiere tenido por objeto ninguno de los crímenes enunciados en el artículo anterior, aquellos que la hubieren sostenido, serán castigados con la detención; sin perjuicio de penas más graves, en el caso de que esas instrucciones hubieren sido la consecuencia de un concierto de medidas constitutivas del crimen de espionaje.

Art. 79.- Las penas pronunciadas por los Artículos 76 y 77 se impondrán a los que dirijan sus maquinaciones, tramas o maniobras en perjuicio de la República, o de los aliados que, de acuerdo con ella, obren contra el enemigo común.

“Art. 80.- Las penas expresadas en el artículo 76 se impondrán a todo funcionario público, agente del Gobierno o cualquiera otra persona que, encargada o instruida, en razón de su destino, del secreto de una negociación o expedición, lo hubiere comunicado a los   agentes de alguna Potencia extranjera, o a los del enemigo”.

La visita del pasado año 2017 de los Señores Congresistas de EUA, no fue ninguna visita de cortesía, ellos vinieron a poner presión ante una promesa que se les hizo de que sería reconocida la nacionalidad dominicana a todo aquel haitiano que expresara que aquí nació, lo cual significa una violación grosera a la carta  de los legisladores también señala: “el gobierno dominicano le aseguró a su pueblo y a la comunidad internacional que los individuos que cayeran en la categoría del grupo A eran ciudadanos y que se pondría en marcha un proceso para que estos individuos reciban los formularios correctos de ciudadanía cuando la ley fuera aprobada.”

Es penoso decirlo, pero nuestras autoridades, demuestran  la entrega de nuestra soberanía a esos poderosos, cuando quedan en evidencia por la entregada carta de estos 16 legisladores norteamericanos quienes  acusan al Gobierno Dominicano de no cumplir con sus promesas para con el pueblo y la comunidad internacional de reconocer la ciudadanía dominicana a aquellos clasificados en el Grupo A del Plan Nacional de Regularización del 2014 (169-14), que son los haitianos ilegales que dicen que aquí nacieron.

La comunidad Tricolor, nacionalista y defensora de la soberanía, espera que el tribunal penal de fondo,  que conozca el caso del Señor Carlos Puntier, advierta que dicho  ciudadano en su denuncia,  hizo uso valientemente del derecho constitucional consagrado en el Articulo 22 ordinal 5)  y por tanto no puede ser castigado.

La República Dominicana, que es un estado soberano junto a otros 150 países del mundo incluyendo Haití,  garantiza ciudadanía basado en el principio universal de Jus Sanguinis (ley de la sangre) diferente a los Estados Unidos, los cuales adjudican la ciudadanía basados primordialmente en el lugar de nacimiento (Jus Solis).

Hoy, esta diferencia legal,  voluntaria y complacientemente  acomodada,  a los intereses de los poderosos,  les ha permitido previas canonjías y privilegios,  ganar adeptos nacionales e internacionales, en el sentido de designar como apátridas a estos haitianos ilegales, cuando el Articulo 11 de su Constitución haitiana, señala que son haitianos todo hijo de haitiano donde quiera que nazca, lo que demuestra que no son apátridas.

¡Autoridades nacionales y poderosos internacionales,  comprendan que no hay solución dominicana al problema haitiano!

¡Dominicano, hoy, se necesita sangre tipo Duarte!

manuel.berges@claro.net.do