BRASILIA. La Segunda Sala de la Corte Suprema de Brasil confirmó este jueves un fallo ya configurado el miércoles y negó en forma unánime la excarcelación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a doce años y preso desde el pasado 7 de abril.

Hasta ahora, cuatro de los cinco miembros de la Segunda Sala ya se habían pronunciado en contra del recurso intentado por la defensa del exmandatario, en el cual se alegaba que la orden de prisión se dictó cuando aún restaban posibles apelaciones.

La votación concluyó el jueves con el pronunciamiento del magistrado Celso de Mello, decano del Supremo, quien siguió la misma línea que habían adoptado los jueces Edson Fachin, José Antonio Dias Toffoli, Gilmar Mendes y Ricardo Lewandowski.

Según la opinión unánime, el recurso no cabía pues el pleno de once miembros del tribunal ya se había manifestado en ese mismo sentido sobre el asunto, un día antes de que fuera ordenado el encarcelamiento de Lula.

En esa oportunidad, el pleno negó por seis votos frente a cinco un recurso de “habeas corpus” en el que la defensa esgrimía, para tratar de impedir la prisión, el mismo argumento que volvió a ser desestimado ahora en la Segunda Sala del tribunal.

El Supremo recibió el jueves otro pedido de habeas corpus intentado por la defensa de Lula, que mantiene una constante ofensiva judicial para lograr su libertad, pero aún no decidió cuándo será juzgado.

Lula fue condenado en julio del año pasado a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero y la pena luego fue ampliada a doce años y un mes por un tribunal de segunda instancia.

Las acusaciones se refieren a un apartamento que, de acuerdo a la Justicia, el expresidente recibió a modo de soborno de la vasta red de corrupción descubierta por la operación Lava Jato, que detectó multimillonarias irregularidades en la estatal Petrobras.

A pesar de que está en prisión, y todavía con seis causas penales pendientes en los tribunales, el Partido de los Trabajadores (PT) ha ratificado a Lula como su candidato para las elecciones de octubre próximo, en las que los brasileños elegirán un nuevo presidente.

Hasta ahora, el exmandatario encabeza las encuestas de opinión, pero el hecho de tener una condena por corrupción ratificada ya en una segunda instancia impediría su candidatura, de acuerdo a la ley electoral en vigor en el país.

La única esperanza de Lula para salir de la cárcel reside en una posible alteración de la jurisprudencia que permite que un condenado en segunda instancia comience a cumplir la pena, aún cuando resten apelaciones en tribunales superiores, como es su caso.

Washington, 10 may.- El presidente, Donald Trump, anunció hoy que su esperada cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un, se producirá el 12 de junio en Singapur, un pequeño país con el que ambos Gobiernos mantienen buenas relaciones.

CARACAS.- El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio, Miguel Ángel Martin, envió este jueves cartas al mando militar y policial venezolano en las que insta a detener al presidente venezolano, Nicolás Maduro, por su supuesta implicación en un caso de corrupción relacionado con Odebrecht.

Martin precisó que las misivas emanan de una resolución de la semana pasada de ese tribunal, que «declara la suspensión» de Maduro como presidente y su inhabilitación para ejercer cargos públicos en el marco de la investigación.

En sendas cartas enviadas al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, el presidente del TSJ «legítimo» los insta a la detención de Maduro como medida «preventiva».

A López lo llama a impartir «las instrucciones conducentes a fin de que una vez ubicado el mencionado ciudadano sea capturado, traslado o puesto a la orden de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia».

La medida, señala a Padrino López, busca dar «continuidad al proceso judicial de enjuiciamiento» de «Maduro, quien tenía a su cargo la Presidencia» de Venezuela con motivo de la investigación que adelantó el Ministerio Público «por la presunta comisión de delito contra el patrimonio venezolano».

En la resolución, los magistrados ya habían hecho un llamado a la Guardia Nacional Bolivariana a detener a Maduro, además de pedir a Interpol que emitiera una alerta roja para iniciar una «proceso penal» para determinar su responsabilidad, o no, en la comisión de los delitos.

La decisión fue tomada la semana pasada en un plenario en Miami al que asistieron varios miembros tribunal, así como otros magistrados que participaron por videoconferencia desde Colombia, Panamá y Chile.

En marzo, el mismo tribunal había admitido a trámite una querella de la ex fiscal general Luisa Ortega (también en el exilio) en la que se acusa a Maduro de delitos de corrupción relacionados con la constructora Odebrecht.

La denuncia de Ortega se relaciona con «pagos hechos a funcionarios públicos y empresas fantasmas por parte de la constructora» brasileña.

«El tribunal le ha garantizado todos los derechos fundamentales a Maduro, como es el debido proceso del derecho a defensa», ha señalado el magistrado Antonio Marval.

El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, designó el año pasado a nuevos magistrados para el TSJ, con la idea de que reemplazaran a los jueces en ejercicio de esa instancia, por considerar que estaban al servicio del Gobierno y habían sido elegidos ilegalmente.

La mayoría de los nuevos magistrados, perseguidos porla Justicia venezolana, optaron por salir del país e instalarse como Tribunal Supremo autodenominado «en el exilio».

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, calificó la Ley de Partidos Políticos como un instrumento muy importante que debe ser aprobado.

Dijo que lo ideal sería que todos los líderes de los partidos políticos lleguen a algún consenso para que dicha legislación sea aprobada, “pero también hay que recordar que para eso está el Congreso, que es quien tiene que rechazar, aprobar cualquier legislación o artículo o aspecto de la Ley de Partidos políticos”.

Al participar en una misa por el 20 aniversario de la muerte de José Francisco Peña Gómez, dijo que la fecha encuentra al PRD en un proceso de crecimiento y unidad, tras pasar por otro proceso de división “que evidentemente laceró grandemente al partido y estamos haciendo un gran esfuerzo para que se pueda poner en condiciones de competir con éxito en las próximas elecciones”.

En tanto, el dirigente del PRD, Guido Gómez Mazara, se lamentó que a 20 años de la muerte de  Peña Gómez, esa organización política se haya achicado en vez de crecer.

Mientras, monseñor Francisco Ozoria, arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, resaltó los dones del extinto líder político y llamó a la clase política del país a imitarlo.

Dijo que fue un hombre que luchó por el fortalecimiento de la democracia y el bienestar del pueblo dominicano a cambio de nada y desinteresamente. La misa fue oficiada en la Catedral Primada de América.

Washington, 10 may.- El presidente, Donald Trump, sugirió hoy la posibilidad de retirar las credenciales de la Casa Blanca a los medios de comunicación que él considera que están informando negativamente sobre su Administración, y aseguró que las “noticias falsas” están “trabajando horas extras” contra él.

SANTO DOMINGO.- Participación Ciudadana presentó este miércoles una propuesta contra la corrupción e impunidad para garantizar la independencia judicial en en el país, en el diálogo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con organizaciones de la sociedad civil de la República Dominicana.

El documento de la organización cuenta con 10 puntos  que citan acciones que la CIDH podría implementar para enfrentar el fenómeno de la corrupción.

El documento

Este es el texto del documento de PC:

«Documento presentado por Participación Ciudadana en el diálogo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con organizaciones de la sociedad civil de la República Dominicana

PC presenta propuestas a la CIDH contra la corrupción e impunidad y para garantizar la Independencia judicial en la República Dominicana

En Participación Ciudadana, Capitulo dominicano de Transparencia Internacional, hemos priorizado la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia, por lo cual hemos desarrollado acciones y construido un discurso y práctica coherente frente al fenómeno de la corrupción y la impunidad, por el debilitamiento que produce en el funcionamiento de un sistema democrático, impidiendo el fortalecimiento de nuestras instituciones y por ende el establecimiento de un Estado de Derecho, garantía de la protección de los derechos humanos.

Reconocemos la importancia de este diálogo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las organizaciones de la sociedad civil del país, y queremos aprovechar el espacio para presentar nuestras preocupaciones y propuestas en relación con la corrupción, impunidad e independencia judicial en la República Dominicana.

Valoramos la meritoria Resolución 1/18 sobre Corrupción y Derechos Humanos promulgada el 2 de marzo de 2018, e invitamos a la Comisión a realizar todos los esfuerzos para garantizar su implementación en nuestros país, para lo cual contarán con nuestra disposición como organización de la sociedad civil, porque entendemos que la misma abre las puertas para promover los vínculos en acciones concretas desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para la promoción y adopción de políticas que permitan reducir los altos niveles de corrupción e impunidad, uno de los mayores obstáculos para la garantía plena de los Derechos Humanos, socavado el Estado de Derecho, agravando la desigualdad y exclusión social de población  históricamente vulnerados.

En la República Dominicana, apremia promover medidas coherentes con los estándares internacionales del sistema interamericano para enfrentar el fenómeno de la corrupción, el necesario fortalecimiento de la independencia, imparcialidad, autonomía y capacidad de los sistemas de justicia. En ese sentido, en el país se necesita la adopción de las siguientes acciones y políticas que la CIDH puede colaborar para su implementación:

1. Apoyar el fortalecimiento y garantía de la independencia política, funcional, administrativa de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), implementando un sistema idóneo de selección, implantando el Estatuto del Ministerio Público y dotándolo de los suficientes recursos económicos, humanos y tecnológicos.
2. Recomendar la implementación de un eficiente sistema de integridad en el Ministerio Público, junto al fortalecimiento del Departamento de Inspectoría de la Procuraduría General de la República, garantizando su funcionamiento, su fortalecimiento institucional y generando confianza ciudadana.
3. Observar y hacer recomendaciones al ejercicio de las funciones del órgano responsable de la elección de los miembros de Altas Cortes y la evaluación de los mismos, como una forma efectiva de contribuir al fortalecimiento del Poder Judicial y su mandato constitucional de juzgar con independencia la corrupción, por el respeto absoluto a la ley y el derecho, evitando presiones externas de grupos políticos u económicos.

4. Promover algunos principios básicos en cuanto al proceso de selección de las Altas Cortes y requisitos objetivos para la evaluación desempeño. Proporcionar asistencia técnica en la implementación de los mismos, acompañado de monitoreo de los procesos de selección.

5. Solicitamos que la CIDH inste al Estado dominicano a que implemente de forma ágil y efectiva la carrera judicial, a fin de conseguir una verdadera profesionalización del Poder Judicial y evitar que en los procesos de selección de jueces se violen los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes.

6. Promover la cooperación internacional acorde con la normativa de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano. Que se orienten entre otras cosas, asistencia técnica para garantizar la calidad de las investigaciones para enfrentar la corrupción como un fenómeno transnacional, el caso Odebrechet presenta una oportunidad para hacer efectiva dicha colaboración, para el intercambio de información, la creación de unidades de investigación multilaterales, una política coordinada de identificación y recuperación de activos destinados a la corrupción.

7. Adoptar las acciones necesarias para la coordinación e intervención conjunta entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.

8. Exhortar al Estado dominicano a adoptar normativas para garantizar la protección de los denunciantes, víctimas y testigos de casos de corrupción.

9. Iniciar procesos regionales para la creación y funcionamiento de registros centralizados de cuentas bancarias, de beneficiarios reales de personas jurídicas, así como dotar de más medios a las unidades de inteligencia financiera.

10. Procurar la adopción de prácticas y principios que garanticen la separación de poderes. Instamos a la CIDH a explorar las posibilidades para crear una relatoría dedicada a la independencia judicial en la región, tal como existe en Naciones Unidas.

En nuestra organización estamos convencidos de que esas medidas serán relevantes para el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial, reducir la corrupción, evitar los altos niveles de impunidad, así como mejorar la calidad de la impartición de justicia y la consolidación del Estado de Derecho.» 

Consejo Nacional

Miércoles 9 de mayo de 2018