La Constitución que se debatió y aprobó en 2009 y que fuera proclamada en enero de 2010 incluyó entre otras novedades la separación de las elecciones de autoridades  municipales  respecto de aquellas en las  que se escoge al presidente y vicepresidente de la República. Con la particularidad de que eso se aplicaría  diez años después.

Hubo elecciones generales  en 2012 y 2016 y todo siguió sin el cambio previsto en el artículo 274, el cual indica que los alcaldes, regidores, directores distritales y vocales serán elegidos en febrero del año electoral y tomarán posesión  el 24 de abril de ese año. Esa disposición prevaleció en la alteración constitucional de 2015.

El arreglo efectuado en 2015 solo procuraba acomodar la Carta Magna  al interés del presidente Medina de repostularse, y lo hizo contra viento y marea. De este hecho  han pasado solo tres años y la mayoría de los actuales legisladores figuran como firmantes del texto constitucional. Algunos suscribieron también el de 2010.

Pero…miren lo que pasa cuando la gente es estudiosa. Sucede que ahora unos diputados se han puesto a estudiar el artículo 274 de la Constitución que ellos juraron. ¡Acaban de descubrir que a las autoridades municipales elegidas  en  2016  se les reducirán unos  meses, por cuanto entregarán el mando en abril y no en agosto de 2020!

¿Es que no conocían un texto que lleva ocho años publicado y que además es fundamental para el trabajo que realizan? El diputado Máximo Castro Silverio lo confirmó: Hay un grupo de diputados que ha comenzado a estudiar el artículo 274 de la Constitución que establece la diferencia de fecha en los niveles de elecciones.

Si bien el antiquísimo legislador santiaguense habló como un culebro –que no pero que sí…-  su colega  Víctor De Aza,  del Partido Revolucionario Moderno, admitió –como tenía que ser-  que los funcionarios municipales que compitieron con la modificación constitucional de 2010 saben que eso está consignado en la Carta Magna.

Pero algo se mueve  por lo bajo. Y no huele bien. Vi y escuché un breve corte noticioso en el que el senador Santiago Zorrilla –mi compueblano- quien es vocero del PRM, principal partido de la oposición, acepta con tranquilidad  que se está gestando una reforma a la Constitución. ¡Pero, por Dios, lo dijo sin alterarse! Como si comentara una trivialidad.

¿Será que la maquinaria  danilista  busca esta vía para introducir la apetecida  alteración a la Constitución que  permita, con la razón bruta, otro intento de repostulación?  El diputado Fidel Santana, del Frente Amplio, lo advirtió y su observación es muy pertinente. Lo contrario es  impertinente. ¿Para qué estudiar ahora lo conocido de viejo?

rafaelperaltar@gmail.com

JPM

Guiada por principios que no deben obviarse en ningún enjuiciamiento objetivo, como son los de la pluralidad, separación de funciones, flexibilidad, participación, gradualidad y equilibrio financiero, la Ley 87-01, de Seguridad Social, el la mayor reivindicación socioeconómica que se ha materializado en República Dominicana, después de la desaparición de la tiranía trujillista.

Es cierto que de los tres modos financieros con los que cuenta, el contributivo, el subsidiado y el contributivo subsidiado, el último aún no se aplica, como tampoco se ha creado la atención primaria, que son claves para el equilibrio financiero, pero a pesar de esas lagunas el país que conoceremos hoy en materia de servicios de salud y de garantías de una pensión de retiro o sobrevivencia, es muy distinto al que teníamos.

Independientemente de qué hay una agencia oficial de defensa de los derechos de los afiliados, que es la DIDA, en cada unidad productiva de este país debería educarse sobre esos derechos, dejando claros los deberes, para que no haya un solo trabajador o empleado que no sepa que es exactamente lo que el sistema les garantiza, y a que obliga al empleado y al empleador.

Que hayan entidades con roles  de intermediación, que alcancen rentabilidad con sus funciones no puede enforcarse como algo negativo, si eso es garantía de eficiencia y de mayor beneficio para los afiliados. No es lo mismo un médico o una clínica facturando servicios, sin otro interlocuctor que obligue al cumplimiento de ciertos protocolos a la hora de brindarlos para garantizar que se hayan ofrecido, y que correspondan a los que obliga el catálogo. El sistema público de salud, por más inversiones que se hace en el, es deficiente porque carece de guardianes de su racionalidad financiera.

La locura de una sociedad sin intermediación es sencillamente el mundo del caos, que no tiene ningún modelo que no conduzca al fracaso.

Llama la atención que la existencia de unos fondos de pensiones, que son una de las grandes virtudes de la economía dominicana, a la que les aportan una envidiable liquidez, se quiera proyectar como un factor negativo, al que se aprovecha cualquier oportunidad para bombardear, con razón o sin ella.

Es lo que ha ocurrido, con la campaña de que a más de diez mil familiares de fallecidos se les ha negado la pensión de sobrevivencia, dato que la Superintendencia de Pensiones, sostiene que es apócrifo y que carece de sustento.

No niega rezago en esa materia, y  conjunto con la Junta Central Electoral, ha acordado el mecanismo para disponer de la información de defunción, y notificar a las administradoras de pensiones, para que se contacten con los familiares, que cumplan con las previsiones del artículo 51 de la Ley 87-01, que otorga ese derecho a la o el cónyuge, hijos menores de 18 años, que pudieran estar cubiertos hasta los 21 si son estudiantes; o permanente si son discapacitados.

El que no esté en lo que pauta ese artículo, podrá ser un heredero, pero no un beneficiario de una pensión de sobrevivencia. Y para sus reclamos tiene que agotar un procedimiento distinto al pautado en la Ley de Seguridad Social.

Familiares de 8,178 fallecidos han tramitado el pago  del seguro de sobrevivencia, desde que está en vigencia, “de los cuales 19,178 se han beneficiado de la pensión, y aquellos que no son beneficiarios han recibido el saldo total de las cuentas de sus causahabientes”.