En todo contexto de existencia humana existen quienes por su connotación y accionar social dan notaciones de ser imprescindibles.

Son aquellos que por sus principios y extraordinaria sensibilidad tienden a dejar un vacío significativo, en su espacio de convivencia cotidiana, al momento de migrar transitoria o definitivamente por diversas razones.

Hablamos de los que generalmente, sin nunca proponérselo y dejar de ser humildes y altruistas, hacen falta y son necesarios.

Concretamente, en esta oportunidad, estamos compelidos a referirnos al caso ejemplarizante del abnegado, prestigioso y armonioso ciudadano de origen sancarleño y brillante profesional en el área de la medicina, doctor Rafael Lantigua Ciriaco, dominicano que en la plaza neoyorquina supo granjearse la admiración y el respeto, convirtiéndose en un auténtico lazarillo para quienes recurrían a la llamada Gran Manzana en busca de recuperar su estado de salud.

Allí, logró descollar con sencillez y dando notaciones de persona parsimoniosa y de propuestas sensatas y equilibradas, interviniendo en la búsqueda de salidas salomónicas en aquellos conflictos sociales y de política partidaria que proyectaban una imagen y un comportamiento colectivo cuestionable desluciendo la esencia de la naturaleza humana de quienes los protagonizaban.

Cotidianamente, sus incontables intervenciones valiosas, en ánimo de respaldar las iniciativas de proyectos y programas que contribuyeran al mejoramiento de vida de la población hispana, acuñando matices de urgencia, además de asumir una acentuación impresionante y habitual, proyectando matices de una costumbre impostergable.

Alejado de la soberbia y la altanería que suele arropar a los presumidos y anarquistas sabihondos que pululan homenajeando la imprudencia y el desenfreno, el doctor Rafael Lantigua Ciriaco, el afable Rafi de siempre, terminó convirtiéndose entre los suyos y aquellos reducidos y conflictivos adversarios, en el mediador por excelencia de poco hablar y de convencer con el ejemplo.

Embajador

Consecuencia de tan irrefutable impronta, ahora cuando el emblemático médico ha sido justipreciado por múltiples razones al ser designado en el Viejo Continente como Embajador Dominicano Extraordinario y Plenipotenciario, con asiento en Roma, Italia, se siente de manera relevante el vacío dejado por su ausencia física en diferentes escenarios donde con frecuencia nos tenía acostumbrados a su atinada y valiosa intervención para posibilitar el deseado consenso y el accionar apremiante.

El hueco dejado en el contexto neoyorquino, en donde, tal como ocurre en otras demarcaciones los representativos de la llamada diáspora dominicana parecen reflejar una dinámica salpicada de percepciones y valoraciones que tienden a dar notaciones de conflictos, fruto de las pasiones naturales que caracterizan los intereses y aspiraciones partidarias  y las deficiencias académicas, entre otras causas, exige un urgente relevo con un perfil psicosocial un tanto similar al  exhibido por el doctor Lantigua Ciriaco, que reencause el marco aspiracional y el modelo conductual colectivo de la población dominicana y su liderazgo en la denominada Babel de Hierro.

Se trata de una respuesta que no debe tardar mucho tiempo en tanto es una especie de garantía para reconocer el inmenso sacrificio, los singulares esfuerzos y el ennoblecedor aporte profesional de un conciudadano solidario y receptivo a quien no debemos responder de manera irresponsable con una actitud y un comportamiento cimentado en la dejadez y el olvido.

El vacío dejado por el doctor Rafael Lantigua Cirriaco en la impresionante y bulliciosa urbe de New York es evidente, es sentido por todos y ningún promotor de las diatribas, en su sano juicio, osaría en negarlo, por tanto, el momento es propicio para que esta necesidad sea cubierta y asumida con responsabilidad y sensatez.

¡¡Sinceramente, vale la invitación a atreverse a dar el paso a una permuta…!!

jpm-am                                         

                                                                

 

Durante los primeros meses de 2025, México ha registrado una disminución superior al 5% (mas de 2,000 millones de dolares.en la recepción de remesas respecto al mismo periodo de 2024. Este fenómeno coincide con un aumento significativo en las deportaciones masivas de trabajadores mexicanos desde Estados Unidos, generando preocupación entre analistas, funcionarios y la sociedad.

Las remesas son una fuente esencial de ingresos para más de cuatro millones de hogares mexicanos, y su reducción, junto con el retorno forzoso de migrantes, plantea un riesgo económico y social comparable al vivido en países como Haití o El Salvador.

La caída en las remesas representa una ruptura con la tendencia alcista de los últimos años, donde México alcanzó un récord histórico de 63 mil millones de dólares en 2024, según datos del Banco de México.

La reducción de más del 5% durante 2025 se asocia principalmente con la intensificación de las políticas migratorias estadounidenses y el endurecimiento de los controles laborales, lo que ha afectado especialmente a trabajadores en sectores agrícolas, de servicios y construcción.

Otro factor relevante es la desaceleración económica en Estados Unidos, que ha impactado la capacidad de envío de dinero de los migrantes. a ello se suma el aumento del costo de vida en ciudades con alta presencia mexicana como Los Ángeles, Chicago y Houston.

Estas condiciones han reducido el margen de ahorro y, por ende, el monto destinado a las familias en México, que dependen de esos recursos para educación, salud y vivienda.

Vulnerabilidad

Las deportaciones masivas, que superaron las 200 mil personas entre enero y septiembre de 2025, tienen consecuencias directas en la estructura social mexicana. Muchos retornados llegan sin ahorros ni redes de apoyo, enfrentando un mercado laboral saturado y salarios bajos.

Esta situación incrementa la vulnerabilidad de comunidades enteras, sobre todo en estados como Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde la migración es una tradición económica.

El retorno forzoso también genera presión sobre los servicios públicos locales: la demanda de vivienda, salud y educación se eleva sin que existan políticas de reinserción efectivas. En consecuencia, se fortalecen economías informales e incluso estructuras criminales que ofrecen “empleo” rápido en actividades ilícitas, aprovechando la desesperanza de los recién llegados.

Este fenómeno ya ha sido observado en zonas de alta migración como la frontera norte y el Bajío, (altiplano mexicano)

Efecto  bumerán

Para Estados Unidos, esta coyuntura representa un riesgo de retroalimentación negativa. El debilitamiento económico y social en México puede estimular el crecimiento del crimen organizado, lo cual incrementa el tráfico de drogas, armas y personas  hacia territorio estadounidense.

Además, el aumento de la violencia podría generar una nueva ola migratoria, precisamente de aquellos que regresaron o fueron deportados, alimentando un ciclo de inestabilidad regional.

Fortalecimiento de los carteles de la droga

Las autoridades estadounidenses reconocen que la estabilidad de México es una cuestión de seguridad nacional. El propio Departamento de Estado ha advertido que la expansión de carteles como el de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación afecta la seguridad fronteriza y complica las operaciones antidrogas.

Un aumento del desempleo en México, junto con la reducción de remesas, podría fortalecer estas organizaciones al reclutar a jóvenes sin alternativas económicas.

Apremio social

El impacto también se extiende al ámbito político. La presión social generada por el desempleo y la pobreza puede debilitar al gobierno mexicano y erosionar la confianza en las instituciones. Si la población percibe que el Estado no puede garantizar empleo ni seguridad, se abre espacio para movimientos populistas o autoritarios, como ha ocurrido en otras crisis latinoamericanas vinculadas al colapso económico y la migración.

Menos circulante, menor consumo interno

En el plano económico, la reducción de remesas implica menos consumo interno, menor dinamismo en pequeñas economías regionales y una caída potencial del PIB de hasta 0.5 puntos porcentuales, según estimaciones preliminares de organismos financieros. Los municipios más dependientes de remesas, que en algunos casos representan hasta el 15% de su economía local, podrían enfrentar una contracción severa en 2025.

Ante este panorama, se requiere una respuesta binacional. México necesita fortalecer programas de empleo y emprendimiento para migrantes retornados, mientras que Estados Unidos debería equilibrar su política migratoria con mecanismos de cooperación económica. El relanzamiento de proyectos conjuntos de inversión fronteriza o en zonas agrícolas podría reducir la presión migratoria y contener la expansión criminal.

La experiencia de países centroamericanos demuestra que cuando la migración se convierte en expulsión y las remesas disminuyen, el crimen organizado encuentra terreno fértil. México, con carteles más poderosos y violentos, enfrenta un desafío aún mayor. No atender esta crisis a tiempo podría tener consecuencias directas en la seguridad continental.

Haitianizacion mexicana

En conclusión, la combinación de la disminución de remesas y las deportaciones masivas configuran un escenario de alto riesgo tanto para-México como para Estados Unidos. Si no se implementan políticas de reinserción laboral, inversión social y cooperación regional, el país podría experimentar un auge criminal comparable   o peor al observado en Haití. Solo mediante una estrategia coordinada podrá evitarse que la pobreza y la desesperanza se conviertan en combustible para la delincuencia y la desintegración social.

Conclusión

El presidente Donald Trump  y la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentran ante la coyuntura de balancear   las deportaciones  de  trabajadores mexicanos  y el  potencial aumento de la criminalidad en México, pues estos carteles  aztecas, mejor armados, mas orgnizados y violentos que las bandas haitianas tienen como principal cliente, precisamente a su  país vecino norteno,  ahora con el agravante del trafico  del maldito fentanilo, un opioide sintético que en los últimos años se ha convertido en una de las drogas más peligrosas del mundo, responsable de cientos de miles de muertes por sobredosis, especialmente en el coloso del norte.

CarlosMcCoyGuzman@gmail.com

POR LUISANA LORA

En cada esquina del país, el sonido de un motor se ha vuelto el fondo musical de la vida cotidiana. Pero detrás del ruido y la velocidad, hay una realidad que se nos ha ido de las manos: los motociclistas se han convertido en protagonistas y muchas veces, en víctimas o verdugos de una tragedia nacional que no cesa.

Las cifras son estremecedoras. En los primeros cinco meses del presente año, 616 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito vinculados a motocicletas. Y el año pasado, el 70% de las muertes en las vías involucraron estos vehículos de dos ruedas: 1,393 hombres y 124 mujeres. Detrás de cada número hay un rostro, una familia rota, una historia que no llegó a destino.

Mientras tanto, más de dos millones de motores circulan sin registro, sin placa y sin control, como un ejército informal sobre ruedas que desafía las normas y la autoridad. ¿Cómo exigir respeto a la ley cuando el propio sistema no puede ni siquiera identificar a quienes la violan?

El Plan Nacional de Regulación de Motocicletas, lanzado en 2012 con grandes expectativas, lleva cuatro años estancado. Cuatro años en los que la inacción estatal se ha traducido en sangre, dolor y miedo en las calles. Esa parálisis es más que una falla administrativa: es una irresponsabilidad que tiene consecuencias mortales.

Pero la tragedia no se limita a los accidentes. Entre enero y julio de 2025, se han registrado 33,295 robos, con violencia y sin ella, cometidos mayormente por personas que se desplazaban en motocicletas. Es decir, el motor no solo se ha convertido en un símbolo de movilidad popular, sino también —lamentablemente— en una herramienta para el crimen.

Este ecosistema desbordado de dos ruedas se ha ganado, además, el despreciable mérito de ser el escenario de los mayores irrespetos y transgresiones a las normas de tránsito: motoristas en vías contrarias, sin casco, con tres pasajeros, o sobre las aceras.

Todo eso erosiona el valor y el vigor de la ley, y nos deja frente a una sociedad donde el desorden se normaliza y la autoridad se diluye.

Ya no basta con campañas de concienciación. Es momento de acciones reales, de controles efectivos y de políticas coherentes que aborden el fenómeno desde la raíz: regulación, educación vial, persecución del delito y respeto a las normas.

Porque mientras el Estado mira hacia otro lado, las calles siguen siendo un campo minado de tragedias sobre dos ruedas… y cada día que pasa, ese sonido de motor que oímos a lo lejos puede ser el anuncio de otra vida perdida.

jpm-am

POR ALEJANDRO SANTOS

La deuda externa dominicana ha sido objeto de análisis tanto desde las distintas escuelas del pensamiento económico como desde las posiciones de los líderes políticos y los gobiernos de turno.

En el plano teórico, los enfoques van desde los keynesianos hasta los liberales ortodoxos. Este ámbito está reservado, sobre todo, para quienes asumen posturas fundamentadas en los paradigmas económicos.

Los keynesianos entienden que la deuda externa juega un papel clave en la construcción de infraestructura, al permitir cerrar brechas estructurales y generar un efecto multiplicador en las actividades productivas.

Por su parte, los neoliberales ponen el acento en la disciplina fiscal, otorgan mayor protagonismo al sector privado en la inversión de proyectos que impulsen el crecimiento económico y enfatizan la importancia de mantener bajo control el riesgo país.

Donde se quiebran la coherencia y la consistencia es en el terreno político dominicano. Aquí observamos cómo un mismo fenómeno —la deuda externa— se define y se asume según las conveniencias coyunturales.

En la oposición, los líderes partidarios critican el endeudamiento; pero una vez en el poder, lo justifican como necesario e imprescindible. Esta ha sido una constante en todos los partidos y gobiernos recientes, al igual que el crecimiento sostenido del endeudamiento público.

Durante el gobierno de Hipólito Mejía, la deuda externa aumentó en aproximadamente US$6,487.2 millones.

En los mandatos de Leonel Fernández, se incrementó en US$4,565.7 millones (2004-2008) y US$9,624.3 millones (2008-2012), para un total de US$14,190 millones.

Bajo los gobiernos de Danilo Medina, el endeudamiento creció en US$9,037.7 millones entre 2012 y 2016, y en US$20,366.7 millones entre 2016 y 2020, alcanzando un aumento total de US$29,404.4 millones en sus dos períodos.

En la actual gestión de Luis Abinader, la deuda ha aumentado en alrededor de US$28,000 millones durante los cinco años que lleva en el poder.

Según datos de la Dirección General de Crédito Público, al 31 de agosto del presente año, la deuda externa dominicana asciende a US$44,041.9 millones, equivalente al 34.3% del PIB.

Sin tregua

No es necesario ser un experto en matemáticas o finanzas para advertir que la República Dominicana se encuentra en una carrera ascendente de endeudamiento, sin señales de tregua.

Los compromisos anuales de pago de este volumen de deuda comprometen seriamente los recursos del presupuesto nacional. Si se continúa por esta ruta, el país podría entrar en un contexto de alto riesgo de insolvencia para mantener el flujo de pago, al tiempo que se reducen los fondos disponibles para sostener la nómina pública y la inversión en infraestructura.

Los gobiernos, sin distinción de partido, se han centrado en tomar prestado sin prever las consecuencias futuras, convirtiendo la deuda externa en una amenaza latente para las generaciones presentes y venideras.

Ha llegado el momento de reconocer que, en materia de endeudamiento, los partidos y dirigentes dominicanos actúan bajo la lógica del refrán popular: “una cosa es con guitarra y otra es con violín”.

Y, como bien dice el dicho, “todo depende del color del cristal con que se mire”, porque una cosa es estar en el gobierno… y otra muy distinta, estar en la oposición.

jpm-am

POR RAMFIS RAFAEL PEÑA NINA

No hay decepción más profunda que la de quien ve caer instituciones que alguna vez representaron esperanza. La ONU y el Premio Nobel de la Paz, pilares del ideal humanista y la diplomacia mundial, hoy yacen heridos por la corrupción moral de sus decisiones. El descrédito no es percepción: es evidencia acumulada.

Durante décadas, el Premio Nobel de la Paz fue sinónimo de sacrificio, lucha y entrega por la humanidad. Pero en tiempos recientes, parece haberse convertido en un trofeo político, un reconocimiento manipulado por intereses ideológicos y geoestratégicos.

La ONU, por su parte, se ha transformado en un escenario de discursos vacíos, donde los poderosos dictan y los pueblos sufren.

No es la primera vez que el Nobel se mancha. En 1973, el mundo fue testigo de uno de los actos más bochornosos de su historia: Henry A. Kissinger fue galardonado junto a Le Duc Tho por las negociaciones del alto al fuego en Vietnam. Aquel mismo año, Kissinger —responsable de intervenciones sangrientas en Chile, Camboya y Timor Oriental— fue elevado a la categoría de “pacificador”.

Le Duc Tho, con dignidad moral, rechazó compartir el premio con quien consideraba un criminal de guerra. Esa fue la primera grieta visible en el pedestal del Nobel.

Desde entonces, la lista de incoherencias no ha dejado de crecer. Este 2025, el nombre de María Corina Machado junto al de instituciones y figuras como la Cruz Roja, Bertha von Suttner, Jane Addams, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcuta, Nelson Mandela o Malala Yousafzai, resulta una afrenta a la ética y a la memoria de los verdaderos apóstoles de la paz.

No hay en esa designación huella de sacrificio colectivo ni legado humanitario universal. Solo intereses, manipulación mediática y conveniencia política.

Empujar a Machado al mismo podio donde alguna vez resonó la voz del Dalai Lama, o donde Gandhi —paradójicamente nunca premiado, pero eterno referente— levantó la bandera de la no violencia, es tergiversar la esencia misma del galardón. Es usar el símbolo del pacifismo como disfraz de poder.

Qué dirían hoy Adolfo Pérez Esquivel o Desmond Tutu al ver profanado el templo moral del reconocimiento universal. Qué sentiría Jimmy Carter, quien entendió la paz no como discurso, sino como acción concreta y servicio. Qué vergüenza ajena deben sentir quienes creyeron que el Nobel representaba una consagración ética, y no una medalla diplomática vacía.

El Nobel de la Paz y la ONU se han convertido en instituciones paralizadas por la hipocresía y la conveniencia. Ya no son guardianes de la justicia, sino voceros de las potencias. Y lo más grave: al degradar su significado, también erosionan la fe de la humanidad en los ideales que alguna vez los sostuvieron.

Lo ocurrido este año no es una excepción, sino la confirmación de una decadencia anunciada. Los nominados fueron —como tantas veces ocurre en nuestra Latinoamérica— malos, muy malos y peores. El premio ha dejado de reconocer la luz y se ha vuelto cómplice de las sombras.

La historia juzgará, como lo hizo con Kissinger, la diferencia entre el aplauso del momento y la vergüenza del mañana. Porque el tiempo, implacable, siempre devuelve las máscaras a su lugar.

jpm-am

POR PEDRO CABA

Hay que reconocer como un acierto del presidente Abinader haberse adelantado con los informes propios acerca del crecimiento, mejoras en la política social y manejo correcto de la deuda, pues los informes de ONU-CEPAL y del FMI, además de evaluadoras de riesgo y bancos de inversión, lo que hacen es certificar esos informes.

Poe eso es lo que aterra a la oposición y a los medios de difusión que los respaldan: sus comparecencias puntuales en La Semanal.

Este ejercicio de información del gobierno lo mantiene al día en la divulgación de políticas públicas, al tiempo que posibilita al jefe del Estado ofrecer su versión acerca de cuanto acontece en la vida nacional que merezca la pena tratar.

Además de que destacan una singularidad con respecto a los jefes de Estado del pasado: Abinader dispone de tiempo y aplicación personal para darle seguimiento a cada una de las políticas base del gobierno.

–Organismos Multilaterales Dan Credibilidad Inobjetable Cifras Oficiales

Las instituciones de Naciones Unidas como Fao, Programa Mundial de Alimentos y Comisión Económica para América Latina CEPAL disponen de oficinas locales que les permiten entrar en contacto directo con las políticas orientadas a la producción y suministro al mercado de alimentos, programas de asistencia social de combate a la pobreza y acciones directas del gobierno orientadas a mejorar el acceso a bienes y servicios de los más desfavorecidos.

El FMI lo mismo que las agencias evaluadoras de riesgo y los bancos de inversión manejan las cifras grandes del PIB y de la deuda, así como también el resultado de los ejercicios fiscales.

Eso hace imbatibles a las fuentes locales e internacionales los datos referidos a la disminución hasta un 18% de la población la pobreza total y a un 4.9% la pobreza extrema.

Lo verdaderamente ejemplar y satisfactorio para los dominicanos es que CEPAL haya capturado y divulgado la información del resultado de la última evaluación del índice GINI, el complejo sistema que permite determinar si, en efecto, las políticas públicas de un país atacan con efectividad la desigualdad.

En el caso del índice GINI de Cero al 1 donde cero es el ideal y 1 marca el total deterioro, la República Dominicana cerró con el 0.39, ¡el más bajo de la América Latina! en estos momentos.

El gobierno se vio obligado contratar deuda y disponer de ahorros en forma extraordinaria para hacer frente a los devastadores efectos del Covid 19 en el 2020 y siguientes que dejó la infraestructura productiva y de servicios casi en el suelo. Así pudo disponer de incentivos orientados a la agropecuaria, manufactura-zonas francas, construcción y turismo, además de incrementar los programas sociales y dejar de cobrar la energía a los sectores menesterosos.

Al cabo de estos 5 años transcurridos no deja de asombrar el informe certificado por el FMI: Al 16 de septiembre pasado la deuda del sector público no financiero representa el 46.9% del PIB. En términos más concretos al 31 de agosto pasado el saldo de la deuda interna y externa del sector público totalizó US$60,182 o el 46.7% del PIB estimado para este año.

Y no es que el gobierno le tema a la deuda ni esté consciente es un instrumento imprescindible para el desarrollo y crecimiento. Lo resaltante es tomando todos estos factores en cuenta, ha sabido manejar con pericia la deuda.

¡En hora buena!

jpm-am

POR CARLOS FERNANDEZ

El reciente llamado del arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, a mantener la unidad dentro de la Iglesia Católica, llega en un momento crucial para la institución. Sus palabras, emitidas en medio de rumores sobre divisiones internas, reflejan no solo una preocupación legítima, sino también una invitación a la reflexión sobre el papel y el rumbo de la Iglesia en la sociedad dominicana actual.

Durante años, la Iglesia Católica en República Dominicana ha mostrado señales de debilitamiento institucional. Se percibe un vacío gerencial en su estructura pastoral, un distanciamiento de la feligresía y una falta de liderazgo capaz de inspirar confianza y participación activa en la vida comunitaria.

Más que una advertencia, las palabras de monseñor Ozoria pueden entenderse como una autocrítica dirigida a la jerarquía eclesiástica: es tiempo de volver a lo esencial, al servicio pastoral y al acompañamiento humano. La Iglesia debe reafirmarse no solo como guía espiritual, sino como promotora de justicia social, diálogo y esperanza, de cara a una sociedad que enfrenta profundos desafíos éticos y morales.

Si este “despertar” se traduce en acciones concretas, más cercanía con las comunidades, liderazgo transparente y compromiso real con los valores evangélicos, podríamos estar ante una nueva etapa de renovación. La unidad, más que un eslogan, debe convertirse en una práctica viva, visible en una Iglesia coherente, servidora y capaz de reconciliar e inspirar a su pueblo.

Institución influyente con grandes responsabilidades

No se puede ignorar que la Iglesia Católica ha sido una de las instituciones más influyentes en la historia de la República Dominicana. Desde la llegada del cristianismo, su huella se ha entrelazado con la formación moral, educativa y cultural del país.

Pero esa misma influencia conlleva una gran responsabilidad: ser referente ético y espiritual en tiempos de crisis moral, desigualdad, corrupción y pérdida de confianza en las instituciones.

La Iglesia no puede limitarse a predicar desde los altares; debe acompañar al pueblo en sus luchas diarias, especialmente a los más pobres y marginados. Tiene la obligación de participar en los debates públicos, incluso en aquellos espacios de poder, donde se toman decisiones que definen el futuro de la sociedad dominicana.

En un contexto político, es donde el poder y la impunidad parecen entrelazarse, en ese espacio, la voz profética de la Iglesia debe resonar con fuerza, denunciando las injusticias y defendiendo la dignidad humana.

Asimismo, su papel en la educación es esencial. A través de sus colegios, universidades y movimientos pastorales, puede formar ciudadanos con conciencia crítica y compromiso social. Pero debe cuidarse de no perder su esencia evangélica ante intereses económicos o políticos, pues su autoridad moral depende de su coherencia y cercanía con los más necesitados.

Desafíos internos y renovación necesaria

La Iglesia también enfrenta desafíos internos: la falta de vocaciones sacerdotales, los escándalos de abusos y el alejamiento de la juventud son señales que reclaman una renovación profunda. Esa renovación debe nacer de la transparencia, la humildad y el diálogo sincero con la sociedad moderna, sin renunciar a los principios del Evangelio.

En definitiva, la responsabilidad de la Iglesia Católica en República Dominicana va mucho más allá del culto religioso. Le corresponde ser guía espiritual, agente de transformación social y defensora del bien común. Su verdadera grandeza no radica en su poder, sino en su capacidad de acompañar al pueblo, promover la justicia y vivir con coherencia el mensaje que predica.

Solo una Iglesia cercana, humilde y fiel a su misión podrá seguir siendo faro moral en medio de una sociedad que anhela esperanza, verdad y renovación.

Jpm-am