Por Fernando Almánzar 

Para el presidente Donald Trump, ser recordado en la posteridad como «el gran defensor de la paz mundial» se ha convertido en una de sus nuevas prioridades de vida.

En octubre pasado, cuando María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, el mandatario estadounidense manifestó su descontento diciendo que él -y no ella- era el verdadero merecedor de dicho honor. Esto, a pesar de que la líder opositora venezolana le dedicó su reconocimiento a Trump «por su apoyo decisivo a la causa venezolana».

¡Trump ama la paz! Por ejemplo, este viernes en Washington, durante el sorteo de grupos de la Copa Mundial de Fútbol 2026, su supuesta «misión pacificadora» fue exaltada con el recién inventado Premio de la Paz de la FIFA, que según la organización deportiva reconoce a individuos cuyas «acciones excepcionales promueven la paz y la unidad» del planeta.

Pero no termina ahí… Más temprano en la semana, el Departamento de Estado anunció que rebautizó la sede del Instituto de Paz de Estados Unidos con un nuevo nombre: El Instituto de Paz Donald J. Trump.

Como parte de su filosofía de «promover la paz a través de la fuerza», Trump también cambió el nombre del Departamento de Defensa y rebautizó al Pentágono como el Departamento de Guerra.

Lo irónico es que, aunque Trump insiste en haber «puesto fin a ocho guerras en menos de un año», sus acciones parecen evidenciar lo contrario; especialmente en el Mar Caribe, donde la creciente presencia militar de Estados Unidos hace que los tambores de guerra resuenen cada día más fuerte entre Washington y Caracas.

De forma oficial, la Administración Trump declaró la guerra al narcotráfico. Desde principios de septiembre, Estados Unidos ha hundido más de una veintena de embarcaciones que -según la Casa Blanca- intentaban ingresar drogas al país. La llamada Operación Lanza del Sur ha cobrado la vida de más de 80 presuntos narcotraficantes, cuyas identidades no han sido divulgadas.

El problema es que el Gobierno norteamericano no ha presentado pruebas de que esas lanchas llevaban drogas o de que sus ocupantes eran delincuentes. Por ello, muchos cuestionan si estas acciones militares podrían considerarse crímenes de guerra, bajo los estándares de la Convención de Ginebra.

Y no es que uno esté defendiendo a narcotraficantes – ¡jamás! -, sino que todo sospechoso debe presumirse inocente hasta que se demuestre lo contrario ante un tribunal. Si la inteligencia estadounidense detecta una embarcación con droga, ¿por qué no interceptarla, detener a sus tripulantes y confiscar la evidencia?

Además, las tensiones entre Trump y Nicolás Maduro podrían estar enviando un mensaje equivocado a millones de venezolanos que hoy sueñan con la salida del dictador sudamericano y que ahora piensan que Trump entrará a Venezuela como Superman para derrocar al hombre fuerte que asumió el poder en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez.

Es cierto que, en julio de 2024, Maduro robó las elecciones al líder opositor Edmundo González, quien terminó exiliado en España. También es cierto que Trump no lo reconoce como presidente legítimo y que Marco Rubio, su secretario de Estado, ha denunciado repetidamente las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Sin embargo, Trump también les dio la espalda a miles de exiliados venezolanos en Estados Unidos: los acusó de delincuentes y les canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS), un alivio migratorio que les permitía trabajar sin miedo a ser deportados.

Y la mayor contradicción: Estados Unidos sigue comprando petróleo venezolano, a pesar de haber impuesto más de 100 sanciones económicas contra el régimen y de ofrecer una recompensa de $50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Maduro. Las reservas venezolanas superan los 300 mil millones de barriles, más que las de Irak y varias naciones de Medio Oriente.

En mi opinión, las fuerzas navales y aéreas estadounidenses en el Caribe no están allí para derrocar a Maduro. Creo que la crisis con Venezuela sirve más bien como distracción para que el pueblo estadounidense no se enfoque en sus problemas domésticos: economía, inflación, falta de cobertura médica, desempleo y la posible paralización del Gobierno, que podría iniciar el próximo 30 de enero si el Congreso no aprueba un nuevo presupuesto fiscal.

Y regresando a la guerra contra el narcotráfico, Trump ha insinuado que los esfuerzos militares podrían extenderse incluso al interior de territorio venezolano.

Lo que no entiendo -y tal vez aquí perdí parte de la película- es cómo funciona realmente esta guerra antidrogas. Porque, por un lado, Maduro es su enemigo «narco». Pero por el otro, su administración acaba de perdonar a uno de los narcotraficantes más grandes de la historia.

Esta semana, con una firma, Trump perdonó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien había sido sentenciado a 45 años de prisión por tráfico de drogas. Durante su mandato, Hernández convirtió a Honduras en un narcoestado, colaborando con cárteles, incluyendo el temido Cártel de Sinaloa. Según la evidencia, recibió incluso un millón de dólares de Joaquín «El Chapo» Guzmán.

Hernández fue extraditado, encontrado culpable en 2024 y condenado a 45 años, además de ser obligado a pagar multas millonarias.

Entonces pregunto: ¿por qué Trump declara la guerra a Maduro acusándolo de narcotráfico, mientras perdona a Hernández, un preso convicto del mismo delito? ¡Explíquenme, porque no entiendo!

Por ahora, solo podemos esperar. Prepararnos para lo peor, deseando siempre lo mejor. Aunque, con Trump… uno nunca sabe. Y lo peor todavía podría estar por venir.

Yo soy Fernando Almánzar, y así veo las cosas.

 

 

(Fernando Almánzar es un veterano periodista bilingüe, ganador de tres premios Emmys con dos décadas de experiencia en Radio, Televisión, Prensa Escrita e Internet, actualmente labora para CNN).

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El Tribunal Constitucional (TC) hizo un llamado de atención a los jueces de la instrucción en el sentido de que estos no tienen competencia para intervenir en procesos disciplinarios. Es decir, no tienen facultad legal para autorizar escuchas telefónicas en una investigación de carácter disciplinario.

La sentencia deja bien claro que por principio de legalidad ningún juez del Poder Judicial puede ordenar interceptaciones telefónicas frente a un proceso disciplinario. Apunta el colegiado constitucional en la sentencia TC/1278/25 de fecha 3 de diciembre del 2025 que la medida de autorizar escuchas telefónicas está reservada para el proceso penal.

En este tenor dijo lo siguiente: “el legislador reservó la interceptación telefónica al proceso penal y para hechos punibles «cuya sanción máxima prevista supere los cuatro años de privación de libertad», o casos complejos. Al utilizar el vocablo “sólo” (sic), el legislador vedó su aplicación a procedimientos administrativos o disciplinarios, o de otra índole, limitando su ámbito de aplicación únicamente al proceso penal, siendo su extensión posible si el legislador lo dispone.

En otras palabras, no podrá ordenarse la interceptación en los procedimientos sancionatorios o disciplinarios, sea directamente el órgano disciplinario o sancionatorio, o que dicho órgano solicite el auxilio de la jurisdicción penal para su uso en dicho procedimiento, a menos que el legislador habilite dicha posibilidad y agrega esta sentencia que el  uso  de  medidas  de  investigación  típicamente penales en el ámbito disciplinario implica una usurpación de competencia y generó un vicio sustancial de procedimiento.

La sentencia en su rol didáctico les indica a los jueces de la instrucción que una medida del ámbito penal no puede ser trasladada al ámbito disciplinario o administrativo. El TC mediante esta sentencia les dice a los jueces penales que no pueden hacer uso de la interpretación analógica y extensivas a menos que sea para beneficiar. A su vez, y por reserva legal, esta sentencia también les expone a los jueces que deben respetar el principio de legalidad, toda vez, que no pueden actuar sin previa habilitación legal. Al ordenar una escucha telefónica en un proceso disciplinario el juez desborda su competencia, ya que, que no hay ley que lo establezca.

Al respecto la sentencia apunta que, en lo que concierne a la aplicación del principio de legalidad, corresponde a esta sede constitucional destacar la importancia de la reserva de ley, entendida como una manifestación del principio de legalidad. Este tribunal ha precisado que dicha reserva actúa como un límite frente a las intromisiones de los poderes públicos en el goce de los derechos fundamentales, de manera que cualquier restricción solo puede derivar de la propia Constitución o de una ley en sentido formal.

Tal garantía se proyecta también sobre las actuaciones administrativas que incidan en el ámbito de los derechos fundamentales, pues toda medida que los reduzca o condicione debe fundarse en una norma legal debidamente aprobada, asegurando que materias sensibles, como las restricciones a la intimidad o al secreto de las comunicaciones, solo puedan ser reguladas por el legislador, que tiene la responsabilidad de establecer los contornos indispensables para el cumplimiento de las funciones estatales dentro del marco de la Constitución.

Añade el TC que la exigencia de reserva legal tiene como finalidad evitar que órganos administrativos o jurisdiccionales, aun actuando con buena fe, puedan invadir ámbitos protegidos de la vida privada, como el secreto de las comunicaciones, sin el debido respaldo normativo.

Esta sentencia se dictó en ocasión de un recurso de revisión constitucional donde el recurrente en su calidad de juez de Corte de Apelación fue investigado disciplinariamente por inspectoría judicial y en donde un juez de la instrucción ordenó la interceptación telefónica a dicho magistrado. La sentencia la emitió el Tribunal Superior Administrativo, fue recurrida en casación, pero los jueces que la dictaron como la justicia casacional no observaron estas violaciones y que el Tribunal Constitucional detectó.

La sentencia envía un buen mensaje a la justicia disciplinaria y deja bien claro que jueces penales no pueden autorizar interceptación telefónica frente a un juicio disciplinario, que deben respetar el principio de legalidad, que las pruebas deben ser obtenida conforme a la Constitución y las leyes.

Esta sentencia les dice a los jueces penales que no se puede hacer justicia violando el derecho y que no se puede sacrificar el derecho en aras de hacer justicia.

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