Caso de la niña Brianna Genao González, desaparecida desde el pasado 31 de diciembre en el municipio de Imbert, Puerto Plata y donde su tío y un primo segundo, Reyes Núñez Rosario, de 43 años y Rafael Núñez Rosario, conocido como “Papito”, de 52, quienes habrían confesado su implicación en el crimen, mediante interceptación telefónica, en la cual habían admitido los hechos a un familiar, indicando que el cuerpo de la menor fue desaparecido y que “sin cuerpo no hay delito”.

Entrevistado por periodistas de este medio, sobre la posibilidad que tienen los familiares de una persona desaparecida, con serias evidencias de muerte por homicidio intencional, culposo y aun por un homicidio involuntario, de procesar antes los tribunales a quienes se les impute el hecho, el abogado Cesar Amadeo Peralta afirma: “claro que sí, existen varios precedentes en la justicia dominicana de condenas de hasta 30 años de prisión sin la existencia material del cadáver».

El acto de causarle la muerte a otra persona muchas veces lleva al autor a intentar encubrir el crimen hasta ocultándolo o desapareciéndolo, Peralta recordó que la ley 136-80 de fecha 23 de mayo del año 1980, que declara obligatoria la práctica de la autopsia judicial en la instrucción preparatoria del proceso penal por homicidio, tiene una excepción en su párrafo único, cuando establece que; 

Párrafo: Cuando la autopsia no pudiese ser practicada por alguna causa, el funcionario encargado de ordenarla, dictará al efecto Auto motivado dentro de las 72 horas del apoderamiento.

Explicó también que el artículo 9 de la misma ley 136-80, establece que no podrá hacerse la autopsia de un cadáver sin la previa certificación de la muerte expedida por el Médico Legista, luego de este funcionario emplear los procedimientos habituales para asegurar su realidad.

Lo que refuerza nuestro criterio jurídico amparado en la ley, de que no es obligatorio la existencia de una autopsia sobre un cuerpo desaparecido de una víctima, ni tampoco es obligatorio poseer un certificado de muerte expedido por el médico legista, porque ninguno de los dos ha podido ver el cadáver, y por tanto la ley le permite al Ministerio Público dictar un “Auto motivado”, de las causas, circunstancias y hechos que impiden la realización de la autopsia,  y del levantamiento del certificado de defunción, lo que legaliza el proceso penal, más aún si está basado y sustentado en otras múltiples pruebas, ya que de no ser así eso les hubiese permitido a los grandes criminales salirse con las suyas desapareciendo en cuerpo.

Tres casos 

La primera condena sin cadáver fue pronunciada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Monseñor Nouel, el 5 de mayo de 2017, donde fueron condenados a 30 años de reclusión mayor cinco acusados por secuestro y desaparición de un ciudadano cuyo cadáver nunca ha podido ser encontrado pero todos los indicios, pruebas y testimonios y declaratorias de culpabilidad llevaron el tribunal a producir esta sentencia.

La segunda condena sin cadáver fue pronunciada contra los acusados Ana Luisa Villanueva, Teodoro Santos y Julio César Herrera,  el día 25 de junio de 1991, por la Cuarta Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual fue confirmada en su totalidad por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo en fecha 19 de junio de 1997 y ratificada por la Suprema Corte de Justicia, confirmando el criterio sostenido por los tribunales de primer y segundo grado.

La tercera condena sin cadáver a 30 años de reclusión mayor fue pronunciada en febrero del año 2020, por el Cuarto Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en contra de Miguel Ángel Jorge Cruz alias (Miguelito el Sicario) por un caso de asesinato en el cual el cadáver de la víctima no pudo ser hallado, sentando de esta manera un importantísimo precedente para el órgano acusador en materia de crimen organizado, aunque posteriormente la Corte de Apelación ordeno la celebración de un nuevo juicio y no se en que paro ese caso.

Durante este juicio, el Ministerio Público comprobó ante el Cuarto Tribunal Colegiado, que el hoy condenado incurrió en la violación de los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Procesal Penal Dominicano que tipifica el asesinato y el sicariato como un delito muy grave.

El expediente acusatorio narra que el condenado Miguel Ángel Jorge alias (Miguelito El Sicario) y la víctima Ramón Adolfo Rodríguez Castillo acordaron reunirse en una estación de combustible, la tarde del 27 de junio 2017, fecha en que el acusado según el expediente asesinó y desapareció el cuerpo de la víctima y el mismo pudo ser condenado luego de un proceso investigativo que incluyó el análisis de inteligencia electrónica, recolección de pruebas testimoniales, documentales, materiales, referenciales y periciales, a través de las cuales se determinó que la última vez que la víctima se vio con vida fue junto al acusado, además de que el incendio de su vehículo fue provocado y que Miguelito el Sicario estaba en el lugar del hecho, lo que confirma su culpabilidad.

Hay casos en los cuales los imputados confiesan el crimen o los testigos narran los hechos y señalan como fue que los autores cometieron el crimen y la ley no exige de manera obligatoria la presencia del cuerpo del delito, tampoco el dictamen forense de la muerte de la víctima y esos casos son posibles en el ámbito del crimen organizado, puesto que pueden acreditarse a través de otros medios de prueba, como testigos, cámaras de videos y presunciones lógicas de hechos que resulten creíbles, como el hecho de que la víctima y el imputado salieron juntos y solos y pudiera haber sido lanzada a la profundidad del mar o de algún río caudaloso, o lanzada a las fauces de animales carnívoros feroces como es el caso de personas que tienen cocodrilos, leones, hipopótamos y otros que pueden devorar un cuerpo y dejar muy pocos rastros, hay personas que viven en lugares aislados sin vecinos cercanos y existen otras desapariciones en las cuales pudiera haber homicidios y desapariciones en incendios a muy elevadas temperaturas o en alta mar y otras circunstancias incontrolables.

Otro caso emblemático es el  del comerciante Ramón Sánchez (alias Monso), de 85 años desaparecido desde el 27 noviembre del 2013 sin que exista ningún rastro del mismo hasta la fecha, cuando fue raptado en su casa de Villa Trina, Moca, donde cinco hombres fueron condenados a 30 años de reclusión mayor por su muerte y desaparición incluido un hijo del comerciante desaparecido

También fue condenado a 30 años de reclusión mayor el caso del Panadero Esterlín Francisco Santos, que fue acusado de secuestrar, violar sexualmente, asesinar y desaparecer el cuerpo de la niña Liz María Sánchez, de 9 años de edad, en un hecho que se produjo en el Ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este, donde el Ministerio Publico tenía como evidencia los videos de la niña mientras entraba al callejón donde residía el imputado y posteriormente el video donde el panadero salía en su motor con un saco de nylon amarado en la parte trasera de su motor en donde se presumía que llevaba el cadáver de la niña y el mismo al ser arrestado e interrogado por las autoridades competentes, tras su perfil sospechoso, el hoy condenado admitió haber violado sexualmente a la menor edad, a la que luego estranguló y metió su cadáver con piedras dentro de un saco se dirigió al mar Caribe y próximo al Kilómetro 14 de la Autopista Las Américas, se acercó a los arrecifes y lanzó el saco a las aguas del mar. El cadáver de la niña aún no ha podido ser localizado.

Cada caso tiene su particularidad especial pero que en casos similares a estos, en el que se ha desaparecido el cadáver de la víctima, sin que pueda ser hallado, tienen jurisprudencias más notorias y seguidas en otros países como España, Argentina, Chile, Costa Rica y Guatemala, logrando que se dicten sentencias para que los culpables sean condenados.

jpm-am

La creación, mediante decreto, de una Comisión vinculada al Seguro Nacional de Salud (SENASA), con facultades de supervisión, aprobación de contratos, seguimiento administrativo y financiero de SENASA, entre otras funciones, representa una señal alarmante del rumbo institucional que está tomando la administración pública dominicana.

No se trata de un simple ajuste administrativo, sino de una amenaza directa al principio de legalidad y a la jerarquía normativa que sostiene el Estado de Derecho en nuestro país, al pretender suplantar las funciones, que, por Ley, le corresponden al Consejo del Seguro Nacional de Salud (COSENASA).

El principio de jerarquía normativa es claro y elemental: un decreto no puede modificar, condicionar ni reconfigurar un órgano creado por ley, salvo habilitación expresa de esa misma ley.

Cuando el Poder Ejecutivo crea, por vía reglamentaria, una instancia que se coloca por encima —en los hechos— de un órgano legal, incurre en una extralimitación de sus potestades reglamentarias y en una sustitución indebida del Congreso Nacional.

Este esquema genera una distorsión institucional peligrosa: el COSENASA, órgano creado por ley, queda subordinado a una instancia de menor rango normativo; y SENASA, que debe operar bajo reglas claras y estables del sistema de seguridad social, pasa a estar indirectamente condicionada por una estructura carente de sustento legal suficiente.

COSENASA es un órgano creado por ley, con una estructura, competencias y funciones definidas en el marco de la Ley 87-01, que organiza el Sistema Dominicano de Seguridad Social en nuestro país.

Ese diseño legal no es casual, responde a la necesidad de garantizar estabilidad institucional, transparencia, controles democráticos y protección frente a la arbitrariedad del poder reglamentario. Justamente por eso, su regulación no puede quedar a merced de decretos coyunturales.

Sin embargo, lo que hoy se pretende es someter a ese organismo a una instancia creada por decreto, sin habilitación legal expresa, que en los hechos se coloca por encima de un órgano legalmente constituido.

Las consecuencias de este esquema son profundas: COSENASA queda subordinado, de facto, a una estructura sin sustento legal equivalente, perdiendo autonomía funcional y previsibilidad normativa.

Ese accionar podría conducir a una práctica peligrosa, porque convierte a los órganos creados por ley en entes frágiles, susceptibles de ser rediseñados, intervenidos o neutralizados mediante simples decretos, sin debate público ni control legislativo.

Estamos ante una extralimitación clara de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo. El decreto deja de cumplir su función natural, que es facilitar la ejecución de una Ley, y pasa a desempeñar un rol que no le corresponde: alterar el diseño institucional aprobado por Ley en SENASA.

Desde la óptica del derecho administrativo, el problema es aún más grave. El decreto no se limita a reglamentar la ley, sino que crea un nuevo órgano con competencias no previstas por el legislador, afectando directamente la organización y el funcionamiento de SENASA.

Esta práctica consolida una tendencia inquietante: cuando la ley resulta incómoda, se gobierna por decreto. Esta lógica no fortalece la institucionalidad, más bien, la debilita.

Si existen deficiencias en el funcionamiento de COSENASA, o del sistema que lo regula, el único camino legítimo es la reforma de la Ley 87-01, mediante debate público, control democrático y responsabilidad política. Todo lo demás es un atajo incompatible con un Estado social y democrático de derecho.

La seguridad social no puede administrarse al margen de la ley, ni someterse a experimentos reglamentarios. Gobernar por decreto lo que la ley ya tiene regulado no es eficiencia: es erosión institucional. Y cuando la institucionalidad se erosiona, los primeros en perder son los ciudadanos.

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El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS) constituye un instrumento jurídico de alto valor estratégico para la protección de los derechos sociales de los trabajadores migrantes en el espacio iberoamericano. Su aplicación fortalece la coordinación entre los sistemas nacionales de seguridad social y garantiza el acceso efectivo a prestaciones fundamentales, particularmente en materia de pensiones.

La trascendencia del referido convenio se aprecia en el hecho de que para millones de iberoamericanos que han trabajado fuera de sus países, su preocupación no es solo dónde vivirán mañana, sino cómo vivirán cuando les llegue la vejez, a pesar de que muchos de ellos cotizaron a la seguridad social en distintos países sin haber logrado completar los requisitos en ninguno de ellos para acceder a una pensión.

Durante años, migrantes que trabajaron por décadas fueron víctimas de una terrible injusticia que los mantuvo sin protección social, hasta que entró en vigor el CMISS, que es esencialmente un convenio de justicia social entre países iberoamericanos, que no crea un sistema nuevo ni sustituye los regímenes nacionales, pero coordina las legislaciones existentes para que los años cotizados en distintos países puedan sumarse y permitir el acceso a prestaciones, especialmente pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Hasta la fecha, el convenio ha sido suscrito por 16 países y se encuentra funcionando en 13 de ellos, que son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay.

Por tanto, los trabajadores migrantes que han trabajado en estos países tienen el derecho a que se les sumen los períodos cotizados que han trabajado en cada uno de ellos. Para la República Dominicana, que es un país profundamente vinculado a la movilidad humana, cuya diáspora, por vía de consecuencia, ha contribuido al desarrollo económico y social de múltiples naciones, al tiempo que sostiene a miles de familias en el país. Gracias al CMISS, un dominicano que haya trabajado en República Dominicana y luego en España, Portugal, Chile o cualquier otro Estado parte, no pierde sus derechos adquiridos. Cada cotización cuenta, cada año trabajado suma, y cada esfuerzo tiene ahora una traducción concreta en protección social.

No se puede negar que el mayor impacto del convenio lo recibe la rama de pensiones, ya que permite la totalización de los períodos de cotización y el reconocimiento proporcional de las prestaciones. Esto significa que cada país paga la parte de la pensión que corresponde al tiempo cotizado en su territorio, garantizando así un ingreso en la vejez que, de otro modo, sería inalcanzable.

Para ser justo, en relación con el referido convenio, es imprescindible reconocer el trabajo técnico y político realizado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), con sede en Madrid, la cual estuvo presidida por la República Dominicana hasta el 2 de diciembre del 2025.

Finalmente, se debe destacar que en el actual contexto global, en el que la migración laboral seguirá creciendo, este convenio le garantiza a los dominicanos que el trabajo realizado dentro y fuera del país sí vale, sí se reconoce y sí puede convertirse en una pensión digna. Ese es, en definitiva, el verdadero sentido de una seguridad social moderna y humana.

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