POR ALEJANDRO SANTOS

El acuerdo firmado recientemente con Estados Unidos, que compromete a la República Dominicana a recibir deportados de terceros países, ha despertado serias preocupaciones sobre las consecuencias que este compromiso puede representar para nuestro país.

El hecho de recibir personas deportadas de terceros países tiene, obviamente, implicaciones migratorias, de seguridad y de soberanía. Este tema no puede abordarse de manera simple, porque toca aspectos muy sensibles para una nación como la nuestra, que ya de por sí enfrenta limitaciones estructurales en materia de control migratorio, institucionalidad y administración de justicia.

Cooperar dentro de una estrategia conjunta con Estados Unidos y otros países en el combate al crimen organizado constituye una labor legítima y necesaria del Estado dominicano. En estos tiempos, en que la delincuencia actúa con múltiples herramientas sofisticadas y opera en distintos países, se hace imprescindible que las naciones adopten medidas coordinadas.

Desde ese punto de vista, no es cuestionable que la República Dominicana participe con Estados Unidos en estrategias de lucha contra la delincuencia internacional.

Pero una cosa es cooperar en la lucha contra el crimen y otra muy distinta es asumir decisiones que pueden afectar sensiblemente el sentimiento nacional de soberanía. Ahí es donde aparece la preocupación principal que levanta este reciente acuerdo con Estados Unidos.

Dadas las vulnerabilidades y las limitaciones propias de la República Dominicana, este tipo de compromiso nos coloca ante la amenaza de que puedan llegar deportados que representen riesgos delicados para el país.

Que arriben a territorio dominicano personas deportadas desde Estados Unidos que sean nacionales de terceros países representa un hecho sumamente preocupante. No solo por la carga migratoria que esto implica, sino también por las interrogantes que se abren en torno a la seguridad, al control, a la custodia y a la responsabilidad que recaería sobre el Estado dominicano.

Hasta ahora, lo único que ha dicho el Gobierno es que se trata de un “memorando de entendimiento no vinculante”, dentro de la iniciativa “Escudo de las Américas”. Eso significa que el acuerdo no tendría que ir al Congreso para su ratificación y que no tendría condición jurídica obligatoria en los términos de un tratado formal. Sin embargo, que sea presentado como no vinculante no elimina la preocupación política, migratoria y soberana que ha generado.

No puede obviarse tampoco que la República Dominicana ha recibido en múltiples ocasiones el calificativo de ser un país permisivo con la entrada y permanencia de personas procedentes de distintos lugares del mundo, incluyendo individuos con problemas judiciales o perseguidos en sus países de origen. Existen innumerables casos de personas que se han ocultado durante largo tiempo en nuestro territorio para evadir condenas o procesos judiciales en sus naciones.

Por eso, este acuerdo no puede analizarse con ingenuidad. Un país con debilidades estructurales en materia de control, con presión migratoria permanente y con limitaciones institucionales evidentes, tiene que reflexionar muy bien antes de aceptar cargas adicionales, aunque estas se presenten bajo el nombre de cooperación internacional.

A todo lo anterior se suma un elemento todavía más inquietante: la Cancillería no ha dado a conocer el texto completo del acuerdo. Lo que se sabe hasta ahora ha salido de declaraciones del canciller, quien explicó que los migrantes recibidos quedarían bajo custodia de las autoridades dominicanas y que, al momento de referirse al tema, todavía no se había definido el lugar donde serían alojados. Esa falta de claridad no ayuda a tranquilizar al país; por el contrario, aumenta la incertidumbre.

Cuando un acuerdo toca asuntos tan sensibles como soberanía, seguridad y migración, la transparencia no debería ser opcional. La población dominicana tiene derecho a saber qué fue exactamente lo que se firmó, cuáles son sus alcances, qué compromisos concretos asume la República Dominicana, por cuánto tiempo, bajo qué condiciones y qué garantías reales existen para evitar que esta decisión termine convirtiéndose en una carga mayor para el país.

En un tema de esta naturaleza, lo menos que puede hacer el Gobierno es hablar con claridad, mostrar el texto completo del acuerdo y asumir con responsabilidad el debate nacional que esto provoca. Porque cuando se trata de soberanía, no basta con pedir confianza: hay que ofrecer detalles precisos sobre el alcance de los compromisos y demostrar transparencia real.

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En la vida del patriota Santiago Rodríguez Masagó, nacido el 25 de julio de 1810 en tierra del noroeste, no hay señal de que tuviera entrenamiento al estilo del que adquirían los que pasaban por el Pritaneo militar de Napoleón Bonaparte en la ciudad francesa La Fléche. Sin embargo, demostró ser un táctico y estratega formidable. En los días de la Independencia Nacional obtuvo por propios méritos el rango de coronel.

Fue uno de los hombres más importantes en las primeras y decisivas fases del proceso bélico que enfrentó a los combatientes restauradores dominicanos con las tropas del entonces imperio español y sus lacayos criollos. Aunque algún respetado historiador nunca le perdonó que al terminar la guerra restauradora se alineó con el caudillo rojo Buenaventura Báez.

Leyendo escritos mal hilvanados de uno de los usurpadores de la soberanía dominicana, cargados de ataques virulentos contra Santiago Rodríguez, se puede afirmar que contra él se “agotó el improperio, saqueó el epíteto y manchó la palabra”, hasta su fallecimiento el 7-11-1893 en la sección El Cantón, Sabaneta.

Venció a varios generales anexionistas, tanto españoles como dominicanos. El 26 de agosto de 1863, por ejemplo, puso en fuga vergonzosa al jefe militar de origen dominicano José Antonio Hungría. Eso fue en la loma del Tabaco, entonces jurisdicción de lo que se conocía desde tiempos precolombinos como Guaraguanó, que a partir el 9 de septiembre de 1907 es Monción.

Después de enfermarse, y analizar que el triunfo restaurador era inevitable, se estableció en San Ignacio de Sabaneta, el pueblo que se le atribuye haber fundado en el 1844 con los sobrevivientes del incendio que en dicho año hicieron los haitianos en Dajabón. Desoyó las múltiples peticiones que le hicieron para que fuera el presidente de la República en armas. Apadrinó para ese elevado cargo al valeroso José Antonio Salcedo, apodado Pepillo.

El general Santiago Rodríguez fue intrépido y estaba dotado de una enorme capacidad intuitiva para organizar combatientes victoriosos. Esos fueron los motivos, mezclados con mezquindad, para que jefes militares y civiles anexionistas lo presentaran como un ser endemoniado y creador del caos.

El general José de la Gándara, que fue el último capitán general durante la fracasada anexión, escribió largos y farragosos comentarios en su contra, especialmente en los dos tomos de su obra publicada casi dos décadas después de salir derrotado del territorio dominicano, titulada  “Anexión y guerra en Santo Domingo”. Son hojas que contienen muchas mentiras.

Sobre uno de los hechos más gloriosos encabezados por Santiago Rodríguez, acompañado entre otros patriotas por José Cabrera, Pablo Reyes, Benito Monción y Alejandro Bueno, es decir la acción patriótica iniciada el 16 de agosto de 1863 en el cerro de Capotillo, otro oficial español señaló que: “Apareció nuevamente la revolución, levantando erguida su asquerosa cabeza…tristes y graves acontecimientos…” (La dominación y última guerra de España en Santo Domingo. Editora Santo Domingo, 1974.Pp 128 y 129. Ramón González Tablas).

La realidad sin fisura fue que Santiago Rodríguez, como bien anotó uno de sus biógrafos, fue “un hombre eminente, iniciador supremo de la revolución libertadora…Tenía la preparación necesaria…sus virtudes de patriota y su grado de coronel de la Independencia”. (Historia de la Restauración. Editora Taller, 1986. P24. Pedro M. Archambault).

A pesar de que hay pruebas documentales acerca de delaciones y chivatazos de los preparativos patrióticos que comenzaron en el cerro de Capotillo (de lo que dan cuenta entre otros el historiador José Gabriel García), Santiago Rodríguez demostró en los hechos que era falso el alegato de los anexionistas de que entregaron la soberanía nacional al reino de España porque los dominicanos no tenían condiciones para sostener la Independencia.

Esos vendepatria terminaron en el zafacón de la historia, mientras los restauradores tienen un lugar de honor en el recuerdo de los acontecimientos más importantes de nuestro pasado, aquellos hechos que reafirmaron la dominicanidad.

Sin necesidad de sumergirse en profundizaciones sociológicas está demostrado que la Restauración fue una guerra popular, por el origen social del grueso de sus  oficiales y tropas. Sin embargo, eso no impide reconocer que en ella hubo dirigentes cuyos actos permiten ubicarlos en una clasificación especial.

Uno de esos jefes fue Santiago Rodríguez. Ante su memoria no hay por qué desdeñar la visión (no libre de controversias) del ensayista y filósofo escocés Thomas Carlyle sobre líderes eficaces y extraordinarios, a quienes categorizó como parte esencial para forjar la historia, tomando en cuenta el caudal de la energía creativa que son capaces de emanar frente a los demás cuando una situación se torna más difícil. (Teoría del Gran Hombre).

La principal provincia productora de leche y de casabe del país, con grandes encantos naturales, enclavada en el noroeste, entre las cordilleras Central y Septentrional, lleva el nombre de Santiago Rodríguez desde el 29 de diciembre de 1948, en virtud de lo dispuesto por la Ley 1892, que entró en vigencia el primero de enero de 1950. (Gaceta Oficial No.66882, publicada el 12-1-1949).

POR RAFAEL PASIAN

La República Dominicana arrastra una herida silenciosa que desde hace décadas se abre una y otra vez sobre el cuerpo social de la nación: el feminicidio. No se trata únicamente de crímenes aislados cometidos en momentos de ira o desesperación individual.

Sería demasiado cómodo, y hasta irresponsable, reducir el problema a simples “problemas de pareja”. El feminicidio dominicano tiene raíces profundas en la historia social, económica y cultural del país; nace en una estructura de poder construida durante siglos sobre el autoritarismo, el machismo, la desigualdad y la violencia normalizada.

Al observar la historia dominicana, desde la colonia hasta nuestros días, encontramos una sociedad moldeada por relaciones jerárquicas rígidas donde el hombre fue educado para ejercer dominio y la mujer para soportarlo. En el campo dominicano de principios del siglo XX, la figura masculina era presentada como dueño de la casa, de la tierra y hasta de la vida emocional de la mujer.

Esa cultura patriarcal no desapareció con el progreso urbano ni con la modernización económica; simplemente cambió de forma. La violencia dejó el machete del conuco para transformarse en control psicológico, dependencia económica, persecución y, finalmente, asesinato.

Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, el país vivió bajo un modelo de poder basado en el miedo, la obediencia y la imposición de la fuerza masculina como símbolo de autoridad absoluta. Aquella cultura política penetró profundamente en la vida doméstica. Muchos hombres aprendieron que perder el control equivalía a perder la hombría. Y en una sociedad donde la masculinidad se mide por la capacidad de dominar, algunos terminan viendo a la mujer como propiedad personal y no como ser humano libre.

En los últimos años, numerosos casos han estremecido a la nación dominicana. Mujeres asesinadas delante de sus hijos, exparejas perseguidas después de haber denunciado amenazas, jóvenes cuyos sueños terminaron bajo la violencia de hombres incapaces de aceptar el rechazo. Cada noticia provoca indignación momentánea, debates en televisión y promesas institucionales. Pero luego el país vuelve a la rutina hasta que aparece otra víctima. Esa repetición revela que el problema no es individual: es estructural.

También existen causas económicas y de clase social que agravan la tragedia. En sectores pobres, donde abundan el desempleo, la frustración y la falta de acceso a salud mental, la violencia doméstica encuentra terreno fértil. Pero el feminicidio no pertenece solamente a los barrios marginados. Ocurre igualmente en sectores acomodados, aunque muchas veces con mayor silencio mediático. La diferencia está en que la pobreza expone el drama mientras el privilegio suele esconderlo.

La desigualdad social dominicana también golpea directamente a muchas mujeres que desean abandonar relaciones violentas pero no poseen independencia económica para hacerlo. Hay madres que soportan amenazas porque no tienen dónde vivir ni cómo alimentar a sus hijos. Otras encuentran indiferencia institucional cuando acuden a denunciar. Algunas órdenes de alejamiento terminan siendo simples papeles sin protección real. Y en demasiadas ocasiones, el Estado llega después de la muerte.

La educación dominicana tampoco ha logrado desmontar suficientemente los patrones culturales que alimentan la violencia machista. Todavía muchos niños crecen escuchando que “los hombres no lloran”, que los celos son una prueba de amor o que la mujer “debe obedecer”. Se enseña matemática y gramática, pero pocas veces se enseña inteligencia emocional, resolución pacífica de conflictos o igualdad humana entre hombres y mujeres.

Transformación 

Frente a esta realidad, las soluciones no pueden ser superficiales ni oportunistas. El problema exige una transformación nacional profunda.

En el ámbito legal, la República Dominicana necesita fortalecer el cumplimiento efectivo de las leyes existentes, crear unidades especializadas con mayor presupuesto y garantizar protección inmediata para mujeres amenazadas. Las denuncias de violencia intrafamiliar no pueden seguir siendo tratadas como asuntos menores. Cada amenaza debe asumirse como una posible tragedia futura.

En el plano educativo, resulta urgente incorporar programas permanentes de educación emocional y respeto de género desde las escuelas primarias. Un país no cambia únicamente encarcelando agresores; cambia formando generaciones distintas. El machismo no nace: se aprende. Y lo que se aprende también puede desaprenderse.

Socialmente, las iglesias, los medios de comunicación, las organizaciones comunitarias y las familias deben abandonar la normalización de conductas tóxicas. El hombre dominicano necesita una nueva definición de masculinidad basada en la responsabilidad, el respeto y la capacidad de convivir sin violencia. Amar no es poseer. Amar no es controlar. Amar jamás puede significar matar.

El gobierno, por su parte, debe asumir el feminicidio como una emergencia nacional de salud pública y de derechos humanos. Más refugios para víctimas, acceso gratuito a terapia psicológica, programas de reinserción laboral para mujeres vulnerables y campañas permanentes de concienciación serían pasos fundamentales.

Pero quizás la solución más importante sea recuperar la sensibilidad humana. Una sociedad acostumbrada diariamente a la violencia corre el riesgo de perder la capacidad de conmoverse. Cada mujer asesinada deja hijos huérfanos, padres destruidos y comunidades marcadas por el dolor. El feminicidio no mata solamente a una mujer; hiere el alma colectiva de un pueblo entero.

La República Dominicana ha sobrevivido dictaduras, invasiones, pobreza y crisis políticas. También puede derrotar esta epidemia de violencia contra la mujer. Pero para lograrlo, el país debe comprender que el feminicidio no es un problema privado entre dos personas: es un fracaso social que nos involucra a todos.

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Por DELVI SANTOS

La República Dominicana ha vivido momentos en que el precio del petróleo deja de ser una cifra lejana para convertirse en angustia diaria. En 1990, mientras el mundo miraba el Golfo Pérsico, los dominicanos sentimos en carne propia cómo una guerra ajena desarmó la economía y convirtió la vida cotidiana en una carrera por sobrevivir.

Las estaciones de combustible se llenaron de filas interminables. Conductores varados, amas de casa recorriendo colmados en busca de lo más barato, salarios que se evaporaban frente a una inflación del 80%. Gobernaba Joaquín Balaguer en su quinto mandato, entre apagones, huelgas y un descontento que crecía con cada aumento.

Los datos de la CEPAL fueron contundentes: el PIB cayó 6.2%, el consumo privado 11%, quebraron siete bancos y las reservas internacionales se desplomaron. El galón de gasolina pasó de RD$6.00 a RD$11.00. Ese aumento se volvió símbolo de una época: racionamiento, transporte paralizado, alimentos por las nubes y protestas en las calles.

Décadas después, la historia se repite con otros nombres. Ni el acuerdo de Petrocaribe, firmado el 6 de septiembre de 2005 entre Leonel Fernández y Hugo Chávez, blindó al país de los vaivenes internacionales. En 2022, la guerra entre Rusia y Ucrania volvió a disparar los combustibles. El GLP subió, el transporte se encareció y el gobierno de Luis Abinader tuvo que aumentar subsidios para evitar un estallido social.

La tensión en Medio Oriente hace lo suyo. El estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, vuelve a estar bajo amenaza por los conflictos entre Irán, Israel y Estados Unidos. Y aquí lo sentimos de inmediato.

Ahora, en 2026, el barril de Texas tocó los US$104.86 por el conflicto en Irán. Economistas advierten: menos crecimiento, turismo y construcción más caros, y más presión sobre los subsidios. El Banco Central estima que cada dólar que sube el crudo le cuesta al país más de US$63 millones al año.

Solo en 2025, el Gobierno destinó cerca de RD$11,500 millones a subsidiar combustibles y más de RD$105,000 millones al sector eléctrico. Son cifras que sostienen la paz social, pero frenan inversión y desarrollo. Mantener los precios estables se ha vuelto una obligación política para no golpear a los más vulnerables.

La lección no aprendida

De 1990 a 2026, el guion es el mismo: crisis externa, filas, subsidios, deuda y sacrificio. Cambian los presidentes, cambian las guerras, pero la dependencia sigue intacta. No hemos diversificado la matriz energética con la velocidad necesaria. No hemos creado fondos de estabilización reales que aguanten estos choques. Seguimos reaccionando, no previniendo.

El petróleo seguirá siendo geopolítica. Mientras no asumamos una transición energética seria y una política de ahorro fiscal en tiempos buenos para usar en los malos, cada conflicto en Medio Oriente o Europa del Este se sentirá en el concho, en el pasaje y en la factura del colmado.

La guerra ajena nos seguirá tocando el bolsillo. La pregunta es hasta cuándo vamos a permitirlo.