Cancillería Haití comprometida dar soluciones tras decisión EU

Puerto Príncipe, 9 jun.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de Haití expresó su compromiso de dar soluciones a las familias afectadas hoy por una decisión del Gobierno de Estados Unidos respecto a su política migratoria.

«La Cancillería es consciente de las consecuencias de esta postura para las familias haitianas tanto dentro como fuera del país, y se compromete a trabajar para encontrar soluciones rápidas», subraya su comunicado.

Dicha cartera manifestó su respeto a las medidas de política migratoria adoptadas por Washington en el ejercicio de los derechos soberanos de un gobierno extranjero.

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir la entrada de los haitianos al país norteño mantiene en shock a la sociedad de la nación caribeña.

Emisoras radiales comentaron en sus espacios que esta postura de Trump es una decepción para los nacionales que escogieron el territorio norteamericano para materializar sus anhelos profesionales y personales, pues en Haití se les hace imposible cumplirlos debido al caos reinante.

Estados Unidos, que hoy prohíbe la entrada de los haitianos, es considerado aquí uno de los responsables de las vicisitudes del pueblo, el cual sufre la violencia que genera el tráfico de armas y drogas organizado desde esa nación, que en el pasado ejecutó una intervención militar y posterior ocupación.

Puntualiza el diario digital Haití Libre, que como parte de la ofensiva migratoria de Trump desde el comienzo de su segundo mandato, el dignatario firmó una proclamación que prohíbe la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países, incluido Haití.

El inquilino de la Casa Blanca alegó que la medida era necesaria para protegerse contra terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad de Estados Unidos.

«No podemos permitir la migración abierta de un país donde no podemos examinar de manera segura y confiable a las personas que buscan ingresar a Estados Unidos», afirmó Trump.

La proclamación entrará en vigor el 9 de junio de 2025, recordó el rotativo.

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Entra en vigor veto migratorio EEUU a ciudadanos de 12 países

WASHINGTON.- La prohibición generalizada del presidente Donald Trump de viajar a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países entró en vigor este lunes, en medio de crecientes tensiones sobre la inmigración. La docena de países afectados son Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Por otro lado, los nacionales de otros siete países -Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela- están parcialmente restringidos.

El miércoles, Trump advirtió en un vídeo que podrían añadirse nuevos países a la lista a medida que «surjan amenazas en todo el mundo.» La prohibición llega más de ocho años después de que su primera prohibición de viajar en 2017 negara la entrada a ciudadanos de países mayoritariamente musulmanes, desatando el caos en numerosos aeropuertos y provocando meses de batallas legales.

A diferencia de la primera prohibición de Trump, en los aeropuertos y otros puntos de entrada no se apreciaron de inmediato trastornos de este tipo. Los expertos esperan que la nueva proclamación -más amplia y cuidadosamente elaborada- resista los desafíos legales, en parte debido a que se centra en el proceso de solicitud de visados.

La prohibición no revoca los visados expedidos a los países incluidos en la lista. Sin embargo, a menos que el solicitante cumpla criterios estrictos para una exención a la prohibición, cualquier solicitud será rechazada a partir del lunes. Los viajeros con visados expedidos con anterioridad deberían poder seguir entrando en EE.UU. incluso después de que la prohibición entre en vigor.

BATALLAS MIGRATORIAS

El anuncio de que la prohibición entraría en vigor el lunes se vio eclipsado por otras batallas migratorias, como las protestas generalizadas en Los Ángeles contra las redadas de deportación de Trump. Las manifestaciones provocaron el despliegue de la Guardia Nacional, a pesar de las objeciones del gobernador de California.

La política se dirige específicamente a los ciudadanos de Haití y Afganistán, aunque hace excepciones para las personas que colaboraron estrechamente con el Gobierno estadounidense durante la guerra de dos décadas. También impone medidas más estrictas a los ciudadanos venezolanos, que se han enfrentado a una mayor presión bajo la administración Trump en los últimos meses – incluyendo deportaciones abruptas a un centro de detención en El Salvador que han encendido una batalla legal.

Japón busca superar los 1.000 billones de PIB para año 2040

MADRID 9 Jun.- El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, pretende que su país supere la barrera psicológica de los 1.000 billones de yenes (6,054 billones de euros) de PIB nominal para el año 2040 frente al entorno de los 600 billones de yenes (3,632 billones de euros) del pasado 2024.

«He dado instrucciones al aparato del partido para que nuestras promesas electorales se centren en alcanzar un PIB nominal de 1.000 billones de yenes y en mejorar la renta media de las familias por encima del 50% para 2040», ha asegurado el político en declaraciones recogidas por la agencia Kyodo.

La meta fijada supondría incrementar la actividad económica de la nación asiática en un 66,7% en 15 años. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), Japón se vio desbancada en 2023 por Alemania como la tercera mayor economía del mundo y este 2025 será relegada a la quinta posición por la India.

Ishiba, líder del Partido Liberal Democrático (LPD, por sus siglas en inglés), ha propuesto estos objetivos de cara a unos comicios que renovarán en julio la mitad de los miembros de la Cámara de Consejeros, cámara alta de Japón.

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Vicepresidenta inaugura Torneo de Beisbol Amateur de Santiago

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– La vicepresidenta Raquel Peña encabezó este domingo el inicio del Torneo de Béisbol Amateur de Santiago, en el marco de la celebración del 66 aniversario de la Asociación de Béisbol de Santiago (Abesa).

La nueva edición del certamen deportivo está dedicada a la vicemandataria, y tomó al estadio Ambiorix Rodríguez, de Cienfuegos, como sede de su apertura formal.

Al tomar la palabra, la vicepresidenta Raquel Peña destacó cómo el béisbol representa una escuela de vida que forma carácter, enseña disciplina, cultiva el trabajo en equipo y alimenta la perseverancia de los jóvenes.

Peña indicó que desde el Gobierno, y bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, se ha asumido con firmeza el compromiso de apoyar el deporte en todas sus disciplinas.

En ese sentido, resaltó la inversión destinada para el rescate, mantenimiento y construcción de infraestructuras deportivas en todo el país.

La vicepresidenta, quien realizó el lanzamiento de la primera bola, también agradeció la dedicatoria del torneo. “Este gesto lo recibo con el compromiso de seguir impulsando el deporte dominicano como motor de transformación social”, expresó.

En tanto, el presidente de la Asociación de Béisbol de Santiago, Ambiorix Cruz Mata, manifestó que el encuentro deportivo ha permitido integrar y resaltar el valor de los municipios.

El Torneo de Béisbol Amateur de Santiago reunirá a los equipos de Tamboril, Cienfuegos (Santiago Oeste), Navarrete y Sajoma (San José de las Matas).

También, los conjuntos de Villa González, la Escuela Tranquilo Tavares y Mercado Futuras Estrellas.

Los siete grupos de béisbol desarrollarán una agenda de 42 partidos, seguida por dos series semifinales al mejor de tres encuentros y una gran final pautada a un 5-3.

Durante la ceremonia de apertura, la vicepresidenta Raquel Peña estuvo acompañada de la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; el senador de la provincia, Daniel Rivera; Ángela Jáquez, viceministra de Interior y Policía; Iván Hernández, director de Intabaco; Manuel Estrella, presidente de Grupo Estrella; Chilote Llenas, vicepresidente de Las Águilas Cibaeñas; Eddy Báez, alcalde de Santiago Oeste; entre otras autoridades y personalidades de la provincia.

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Atribuciones incompatibles del Consejo Económico y Social

Este artículo analiza críticamente la reciente convocatoria del Consejo Económico y Social (CES) de la República Dominicana para tratar temas vinculados a la migración haitiana, la seguridad nacional y las relaciones internacionales. Se sostiene que tal ampliación de funciones desborda el marco constitucional y legal que regula a este órgano consultivo, atentando contra la distribución de competencias establecidas en la Constitución y creando un precedente institucionalmente riesgoso.

La convocatoria al Consejo Económico y Social (CES) realizada por el Presidente de la República Dominicana, incluyendo en ella a los expresidentes, pone en evidencia una estrategia política ante la creciente presión social e institucional generada por la inmigración ilegal de ciudadanos haitianos. Esta situación, de múltiples aristas, ha puesto a prueba los límites de las instituciones nacionales y la capacidad del Poder Ejecutivo de generar consensos legítimos.

El CES fue instituido mediante el artículo 251 de la Constitución de la República Dominicana (2010), con la finalidad de servir como órgano consultivo del Poder Ejecutivo en los ámbitos económico, social y laboral. La Carta Magna establece: “La concertación social es un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social. Para promoverla, habrá un Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral, cuya conformación y funcionamiento serán establecidos por la ley” (Constitución de la República Dominicana, art. 251, 2010).

La Ley No. 142-15, que regula el funcionamiento del CES, refuerza esta misión, delimitando su composición y competencias. De acuerdo con su Artículo 8, el Pleno del CES está integrado por representantes de organizaciones laborales, empresariales y sociales, sin incluir autoridades en materia de defensa, relaciones exteriores o migración (Ley No. 142-15, art. 8).

La agenda planteada por el Ejecutivo a través del CES incluye seis ejes temáticos: 1) Políticas migratorias respecto a Haití, 2) Comercio bilateral, 3) Desarrollo de comunidades fronterizas, 4) Seguridad nacional, 5) Relaciones internacionales y 6) Asuntos laborales. Exceptuando el último, todos los demás temas escapan del mandato legal del CES y comprometen funciones que la Constitución asigna a órganos como el Congreso Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración, el Ministerio de Defensa y la Junta de Aviación Civil.

La Constitución dominicana establece con claridad la distribución de funciones entre los órganos del Estado, y no contempla que el CES se erija como ente deliberativo en materias de soberanía, defensa nacional o relaciones exteriores. La atribución informal de tales temas a un órgano consultivo representa, en términos teóricos, una forma de «mutación institucional» que erosiona el principio de separación de poderes y debilita el marco institucional.

La inclusión de expresidentes en las mesas de concertación del CES podría interpretarse como un reconocimiento de que ciertas instituciones no están cumpliendo con su rol. También sugiere que el presidente busca respaldo político para compartir la carga de decisiones impopulares o de alta complejidad, como el manejo de la inmigración ilegal y la seguridad fronteriza. En otras palabras, parece estar construyendo un escudo político para no enfrentar en solitario las consecuencias de posibles fallos en esta materia, especialmente en un contexto preelectoral que podría definir el legado y afectar al oficialismo de cara a las elecciones del 2028.

La Constitución dominicana es clara en cuanto al control migratorio: la entrada y permanencia de extranjeros son responsabilidad de la Dirección General de Migración, Las Fuerzas Armadas, La Policía Nacional, Las Aduanas y los Puertos. Ninguno de estos roles puede ser usurpado por un órgano consultivo, por muy representativo que sea.

El CES tiene un papel valioso en la concertación social en áreas que le son propias: desarrollo económico, diálogo laboral, inclusión social. Sin embargo, su instrumentalización para abordar temas de política exterior, seguridad nacional y migración constituye una extralimitación de funciones que contradice tanto la Constitución como la Ley 142-15.

El respeto a las competencias institucionales no es sólo un imperativo jurídico, sino una garantía para la estabilidad democrática. La crisis haitiana requiere decisiones firmes, no reinterpretaciones legales que distorsionan el diseño constitucional del estado.

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La DGII es un escollo para el desarrollo del país

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), dio a conocer que durante el pasado mes de abril recaudó, por primera vez, más de 100 mil millones de pesos, lo que representa una cifra récord para la institución, un 82.4% de los ingresos fiscales del Estado. Esto se debe, según su director general, a la eficiencia con que la misma se viene conduciendo.

Aunque se promociona que esta tiene como visión presentar una imagen de que es una administración cercana al contribuyente, respetada por sus altos niveles de calidad e innovación del servicio mediante procesos simplificados y tecnológicos, en la práctica esta institución, en vez de ser un ente facilitador y de soluciones, se ha convertido en un obstáculo y en un escollo para el desarrollo y el crecimiento económico del país, por las trabas y dificultades que esta le pone a los contribuyentes.

En estos momentos las instituciones financieras y crediticias están confrontando graves problemas en sus operaciones financieras con la DGII, por la tardanza y lentitud de esta para la aprobación y el registro de las hipotecas de los inmuebles que son dados en garantías de préstamos. Dichas hipotecas están tomando hasta un mes y a veces más, para su aprobación y registro.

En cuanto a los impuestos sucesorales, a pesar de la insistencia y gran interés que muestran los contribuyentes para pagar los impuestos correspondientes, la DGII pone muchos obstáculos para investigar, tasar y estimar el monto a pagar, alegando escasez de personal, lo que deja mucho que desear, puesto que siendo la institución que más recursos le genera al Estado dominicano, carezca de los recursos humanos (colaboradores) necesarios satisfacer la demanda de servicios.

El haber recaudado esta cifra, no significa que esta institución se esté manejando con eficiencia, eficacia y en tiempo oportuno; es lo menos que puede exhibir, ya que ha sido sumamente deficiente en la persecución, cobro y reducción de la gran evasión fiscal del país, la cual ocupa nada más y nada menos que el lugar No. 3 de todos los países de América Latina, sobre todo, de los impuestos de los grandes contribuyentes, pues cuando se trata del cobro a los pequeños y medianos contribuyentes, aquí sí que es muy eficiente. Dicha evasión representa en estos momentos el 45% del Producto Interno Bruto (PIB), admitido por la propia institución.

Si se cobraran los impuestos correspondientes a esta gran evasión fiscal, se le podría hacer frente a la gran deuda social y a la deficiencia en los principales servicios básicos, que desde tiempos inmemoriales, padece nuestro país, como son los graves problemas de insalubridad, agua potable, educación, electricidad, deuda externa, seguridad social y ciudadana, alimentación, viviendas, entre otras

La eficiencia y eficacia se manifiestan por la calidad, rapidez y agilización de los servicios a través del uso de la tecnología. Este es de los pocos países, que aun requiriendo aumentar sus recaudaciones fiscales (presión fiscal), los contribuyentes tienen que insistir, perder tiempo, a veces hasta rogar, para poder pagar sus impuestos, pues muchas veces tienen que pagar recargos por atrasos involuntarios, pues la institución recaudadora se la pone muy difícil.

Ojalá que se produzca un cambio de actitud en la agilización de los servicios ofrecidos, ahora con el uso de la Inteligencia Artificial (IA).

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Acción y transparencia ante los presuntos casos de corrupción

La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG),
Milagros Ortiz Bosch, reveló, la pasada semana, mediante entrevista en
el programa “El Día”, lo siguiente:

“La DIGEIG ha sometido ante el Ministerio de la Administración Pública
(MAP) un total de 276 casos de presunta corrupción, todos ocurridos
durante la actual gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM)”.

La directora de la DIGEIG, también informó que “…había  depositado 50
expedientes ante la Procuraduría General de la República, una acción
que solo se ha producido durante los gobiernos del presidente
Abinader.”

Por coherencias y honrar la lucha contra la corrupción e impunidad y
la transparencia que, diariamente, predica el presidente Abinader y
sus principales funcionarios, nos preguntamos:

¿Cuáles son las instituciones gubernamentales en las que se han
cometido los actos de presuntas corrupción que denuncia la directora
de la DIGEIG?

Con las excepciones de los escandalosos casos de la Lotería Nacional y
de los “semáforos del  INTRANT”, nadie sabe cuáles son las 50 y 276
instituciones en las que cometieron los “presuntos actos de corrupción
del actual gobierno”. Y mucho menos a sus supuestos responsables.

Ahí, en esos expedientes, el gobierno actúa con opacidad o “protección
del honor” de sus funcionarios. ¡Para ellos no aplica la
transparencia!

También encontramos muy extraño que esa importante información apenas
circuló durante un día en muy pocos medios de comunicación. Después,
¡casos cerrados!

Por igual, observamos con extrañeza que importantes y acuciosos
comunicadores no se han interesado en indagar y dar a conocer las
instituciones que la DIGEIG ha sometido a la Procuraduría y al MAP.
¿Qué pasó con la cacareada transparencia?

En bases a recurrentes informaciones, el presidente de ADOCCO (Alianza
Dominicana Contra la Corrupción) solicitó a la nueva Cámara de Cuentas
(CCRD) la realización de 10 auditorías forenses a diferentes
instituciones estatales, en las que se han cometidos supuestas
irregularidades que deben ser puestas en evidencia, .

En esta denuncia, ADOCCO honra la transparencia y actúa con
responsabilidad, identificando las instituciones estatales en las que,
durante este gobierno, se han cometido “presuntos actos de
corrupción”. Estas son las diez:

“Ministerios de Educación, de Cultura, de Agricultura, la Empresa de
Generación Hidroeléctrica Dominicana, Banco Agrícola de la República,
el Fideicomiso Público Privado para la Gestión Integral de Residuos
Sólidos, la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de
Educación, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Instituto
Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio y el Instituto
Superior de Formación Docente Salomé Ureña.”

Ahora la población espera la responsable y transparente acción del
MAP, la PGR y la nueva CCRD, que tienen “el pandero en las manos”.
Deben proceder de acuerdo a las leyes y respetando el debido proceso
para esclarecer esos supuestos actos de corrupción (50 + 276 +10 = 336
casos). Les toca actuar con responsabilidad para honrar la
transparencia y la lucha contra la corrupción y la impunidad que
pregona el gobierno del PRM-Abinader.

La “justicia independiente” está en el deber de actuar, procediendo a
dilucidar esos 336  presuntos actos de corrupción.   ¡Así se actuará
con transparencia, equidad y justicia! Seguimos atentos.

jlopezb18@gmail.com

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JAPON: Cuatro heridos deja explosión en base aérea de EU

JAPON.- Cuatro soldados japoneses sufrieron heridas que no ponen en peligro su vida tras una explosión en un almacén de munición de guerra sin detonar en una base militar estadounidense de Okinawa, según confirmaron el lunes las autoridades locales.

El incidente se produjo cuando los soldados trabajaban en un lugar gestionado por la prefectura de Okinawa para almacenar munición antigua descubierta en la isla, escenario de una de las batallas más cruentas de la Segunda Guerra Mundial.

Según las autoridades, los soldados sufrieron heridas en los dedos durante la explosión. No se dispuso inmediatamente de más información sobre la naturaleza de la explosión o el estado de las instalaciones.

Investigación en curso

Las Fuerzas de Autodefensa de Japón dijeron que estaban investigando la explosión, que al parecer se produjo en la base aérea de Kadena o en sus inmediaciones. Una unidad especializada en la eliminación de bombas sin detonar había estado operando en la zona en ese momento.

Las Fuerzas de Autodefensa añadieron que se estaban realizando esfuerzos para determinar tanto la causa como el lugar exacto del incidente.

Grandes cantidades de artefactos sin detonar permanecen enterrados en todo Japón, especialmente en Okinawa, donde se produjeron intensos bombardeos estadounidenses durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial.

Estos restos se descubren con frecuencia durante trabajos de construcción o excavación. El pasado mes de octubre, una bomba de guerra estadounidense detonó en un aeropuerto comercial del sur de Japón, creando un importante cráter y obligando a cancelar decenas de vuelos.

EEUU: Condenan a 20 años al financiero del Cártel de Sinaloa

WASHINGTON 9 Jun.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este lunes que Jorge Humberto Pérez Cázares, alias ‘El Cadete’, que había sido operador financiero del Cártel de Sinaloa, ha sido condenado a cerca de 20 años de prisión por dirigir una «conspiración internacional de narcotráfico».

Según documentos judiciales, Pérez «era líder de una organización transnacional de narcotráfico responsable del envío de múltiples toneladas de cocaína desde Centroamérica a México para su posterior distribución en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles».

Además, «empleaba la violencia para proteger sus cargamentos de narcóticos y colaboraba con un estrecho aliado del colíder del Cartel de Sinaloa», tal y como reza un comunicado de la cartera ministerial estadounidense.

El jefe de la división criminal del Departamento de Justicia, Matthew Galeotti, ha destacado que ‘El Cadete’ fue «un importante narcotraficante mexicano» y que «utilizó la violencia para lucrarse con el ingreso de drogas tóxicas a Estados Unidos, sin importar el bienestar» de los ciudadanos estadounidenses.

El administrador interino de la Administración de Control de Drogas (DEA), Robert Murphy, ha manifestado que Pérez «no solo transportaba toneladas de cocaína, sino que alimentaba un imperio criminal». «Canalizó cantidades sustanciales de narcóticos a EEUU y se lucró con el sufrimiento de la adicción», ha señalado.

«El Gobierno demostró que no era un intermediario, sino un líder. Y ahora, la justicia ha dictado una sentencia que está a la altura de la destrucción que causó», ha añadido Murphy.

Pérez fue detenido en 2016 en México en virtud de una orden de arresto estadounidense y extraditado en 2021 a Estados Unidos. En 2024, se declaró culpable del cargo de conspiración para importar cinco kilogramos o más de cocaína a Estados Unidos.

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