La igualdad de oportunidades en la competencia electoral es esencial para la integridad de los procesos democráticos, por lo que, en ninguna circunstancia, la voluntad popular debe estar subordinada al poder del dinero. Por tanto, al margen de que el derecho al voto esté garantizado, es indispensable que los partidos, movimientos y candidaturas compitan bajo condiciones razonablemente equitativas.

En ese sentido, el artículo 216 de la Constitución Política establece entre los fines esenciales de los partidos políticos “contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular”.  Igualmente, la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, dispone el establecimiento de reglas claras sobre el financiamiento político, con el objetivo de preservar la equidad y la transparencia del sistema electoral.

Como bien sostiene Óscar Sánchez Muñoz en su obra La igualdad de oportunidades en la competencia electoral, la democracia se debilita cuando las desigualdades económicas se trasladan sin control al terreno de la competencia política.

Sin duda, el financiamiento lícito, regulado y fiscalizado, es una herramienta legítima para fortalecer la equidad electoral. En particular, el financiamiento público, incorporado al sistema dominicano como una política de Estado, responde a la convicción de que los partidos no deben depender exclusivamente de aportes privados, muchas veces vinculados a intereses sectoriales.

A propósito de esto, el politólogo Daniel Zovatto, entre otros autores, ha subrayado que el financiamiento público no busca uniformar la competencia, sino garantizar un umbral mínimo de igualdad que permita que las propuestas políticas se enfrenten en el plano de las ideas y no en el de los recursos disponibles.

Debe ser considerado el hecho de que el equilibrio se rompe cuando los fondos ilícitos entran al escenario de la competición electoral. El uso de recursos de origen ilegal, no declarados o utilizados al margen de los límites establecidos por la ley, representa una de las amenazas más graves a la integridad del sistema electoral. Estos fondos no solo generan ventajas indebidas, sino que colocan a los actores que cumplen la ley en una situación de desventaja estructural.

La experiencia comparada, analizada por autoras como Pippa Norris, demuestra que el dinero ilícito en la política erosiona la confianza ciudadana y debilita la legitimidad de los resultados electorales. En el caso dominicano, este fenómeno reviste especial gravedad, dada la necesidad de fortalecer la credibilidad de las instituciones y consolidar los avances democráticos alcanzados en las últimas décadas.

Cabe destacar que, como advierte Luigi Ferrajoli, sin controles efectivos sobre el financiamiento político, el principio de igualdad se convierte en una mera proclamación formal. Por ello, la equidad electoral exige no solo normas adecuadas, sino también mecanismos reales de fiscalización, auditoría y sanción, cuya responsabilidad recae en la Junta Central Electoral, que debe desempeñar un rol activo y riguroso en la supervisión del origen y uso de los recursos partidarios.

Finalmente, se debe tomar en cuenta que proteger el financiamiento lícito y combatir sin ambigüedades los fondos ilícitos es una condición indispensable para que la democracia dominicana siga siendo un espacio de representación auténtica, pluralismo real y decisiones libres de influencias derivadas del dinero.

jpm-am

La Autopista del Ámbar no nació de una demanda popular ni de una evaluación seria de las prioridades del país. Surgió en escritorios lejanos a las comunidades, impulsada por interés económico específico y luego envuelto en el lenguaje tecnocrático del “desarrollo”. En estas condiciones, el gobierno de Luis Abinader, que ha hecho de las grandes obras un sustituto del debate democrático, la bendijo desde el principio.

Este proyecto no fue discutido ni consultado. Fue impuesto bajo una lógica demasiado conocida en la República Dominicana: infraestructura grande,  préstamos, costo público, beneficio privado.

Y hoy, nos la presentan como inevitable. Pero no lo es.

¿Quiénes la imponen y por qué?

Detrás de la Autopista del Ámbar hay una alianza clara: sectores empresariales ligados al turismo, la logística y la especulación inmobiliaria del norte, junto a un gobierno que confunde crecimiento con desarrollo y modernización con cemento.

No se trata de conectar comunidades, sino de reordenar el territorio para ponerlo al servicio de intereses particulares. No es una solución nacional, sino un negocio con cobertura estatal.

Cuando un proyecto no nace desde abajo, genera rechazo ambiental y social, y concentra beneficios en pocos actores, no estamos ante una política pública legítima. Estamos ante una imposición.

Incluso desde dentro del propio sector de la construcción he escuchado versiones persistentes: el proyecto fue impulsado desde el más alto nivel del Ejecutivo pese a reservas técnicas y financieras por su alto riesgo. Que hoy avance no disipa esas dudas; las confirma. Ignorar advertencias conocidas no es visión de futuro: es terquedad política y captura del Estado.

Una obra marcada por fragilidad geológica, impacto ambiental severo y opacidad en su origen no puede llamarse desarrollo. Es, sencillamente, una jugada temeraria con respaldo oficial.

Desmontando los argumentos “a favor”

1. “Reducirá el tiempo entre Santiago y Puerto Plata”
Este argumento es engañoso. Ambas ciudades ya están conectadas mediante rutas existentes que, con mejoras puntuales, cumplen su función. No existe una emergencia logística que justifique el altísimo costo económico, el daño ambiental irreversible y el desvío de recursos de otras prioridades viales urgentes en el país.

Reducir algunos minutos de viaje no es una estrategia nacional. Es una excusa.

2. “Dinamizará el turismo y el desarrollo regional”
Aquí se revela el núcleo ideológico del proyecto: se nos pide sacrificar los ecosistemas de la Cordillera Septentrional —bosques, cuencas y biodiversidad— en nombre de un supuesto “turismo dinámico”.

Eso no es desarrollo. Es una contradicción.

El modelo que se impulsa es el de siempre: turismo concentrado, empleo precario, dependencia económica y comunidades subordinadas, no fortalecidas.

Este es el libreto del gobierno de Abinader: hablar de sostenibilidad mientras se profundiza un modelo extractivo, maquillado de verde y vendido como progreso. Un desarrollo que destruye su base natural no es desarrollo; es pan para hoy y hambre para mañana.

La mayoría de los “beneficios” de la Autopista del Ámbar son promesas estándar del manual de megaproyectos, refutables con evidencia técnica, económica y social. Lo que sí es seguro son los costos ambientales, fiscales y territoriales.

Lo que realmente es la Autopista del Ámbar

Hay que llamar las cosas por su nombre. La Autopista del Ámbar no es una obra estratégica, ni una prioridad nacional, ni una respuesta a una necesidad popular. Es:

• una imposición territorial,

• un negocio con respaldo estatal,

• una agresión ambiental presentada como modernidad,

• y otra muestra de un Estado capturado por intereses privados.

Cuando el “progreso” exige silencio, destrucción ambiental y exclusión social, no es progreso. Es abuso de poder.
Y frente a eso, lo responsable, lo ético y lo verdaderamente patriótico no es aplaudir, sino resistir, denunciar y organizarse.

jpm-am

Las Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, podría representar un gran progreso para la República Dominicana si se limitara y controlara el estilo alegre de dar comisiones a los Ministros y Directores Generales, para favorecer la Casta Empresarial. La nueva ley 47-25 y su reglamento, continuará siendo un factor de desprestigio para los gobernantes.

La administración pública no está facultada para contratar ni adquirir bienes y servicios que escapen al objetivo primario que le otorga la ley que crean los Ministerios o Direcciones Generales, porque afecta a los ciudadanos que acuden diariamente a solicitar servicios burocráticos que cada vez se hacen más dificultosos obtenerlos, porque los funcionarios dedican su tiempo a contratar y no a servir.

Se consumen mensualmente altas sumas de dinero del Presupuesto, en contrataciones de material gastable y refrigerios tales como, tonel de computadoras y cintas de maquinillas, gasolina, gasoil,Compra de comida, flores, frutas secas, lujos, joyas, bebidas caras alquiler de vehículos de motor, con choferes, servicios de internet y celulares,  para llenar las avenidas de tapones, de funcionarios y empleados que deben estar dentro de sus oficinas resolviendo solicitudes de la población. No obstante en las oficinas públicas no devuelven correos ni llamadas.

Los procesos de contrataciones públicas deben estar coordinados con el Ministerio de Hacienda y  el Ministerio de Administración Pública y no por la Dirección de Contrataciones públicas, que está subordinado por jerarquía administrativa a los Ministerios, para que sean llevados a cabo mediante estudios previos para garantizar compras estratégicas y un verdadero  criterio de valor por dinero y estabilidad a menor costo, servicios complejos y altamente especializados en los contratos.

Los criterios de dichas licitaciones son preparados por la institución pública interesada en realizar la contratación, y dichas bases son revisadas por la Dirección General de  Contrataciones, la cual, en sentido general, las revisa sutilmente por no tener fuerza para decidir sobre la viabilidad o no del proyecto, para validar los aspectos de procedimiento, y no de fondo, en razón de su subordinación al Ministro en cuestión.

El Director general de  Contrataciones Públicas señaló que las contrataciones representan el 32 % del presupuesto general de la Nación. Y esa práctica  afectará grandemente la estabilidad económica de la República  Dominicana, en vista de que esa no es  su misión.

jaime668fernandez@gmail.com

JPM