P. RICO: Detención dominicana revive temor víctimas violencia doméstica
Por ANDREA CRUZ
“Son muchas las Aracelys que han venido a buscar ayuda”.
De esta manera, la directora ejecutiva del Centro de la Mujer Dominicana, Romelinda Grullón, advirtió que la deportación de una mujer dominicana, detenida por un policía municipal en la alcaldía de Cabo Rojo mientras tramitaba un permiso para vender helados, provocará que más mujeres migrantes víctimas de violencia de género desistan de buscar protección de las autoridades.
“Ella, como víctima y sobreviviente de violencia de género, estaba en un proceso migratorio, por lo que podía estar en el país en lo que empezaban su proceso de documentación. Estaba bien encaminada, ya tenía el permiso de trabajo… Hay mucha indignación. Tenemos miles de mujeres que están en la misma situación”, indicó.
Grullón explicó que Aracelys, de 47 años, estaba protegida bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, en inglés), regulación federal aprobada por el Congreso en el 1994, que permite a las mujeres migrantes víctimas de violencia doméstica solicitar órdenes de protección o someter casos criminales contra sus agresores sin represalias de las autoridades.
La ley federal también provee mecanismos para otorgar vivienda subsidiada a quienes soliciten el visado bajo VAWA.
“Son muchas las que han estado confiando y que han tomado acción para proteger su vida y la de sus hijos e hijas, porque se les ha dicho que pueden buscar órdenes de protección, que pueden ir a la policía a poner una acusación, que la Ley 54 y la ley VAWA las protege y, en este momento, se sienten bien defraudadas y muy preocupadas”, agregó la líder dominicana.
Para cualificar bajo VAWA, la víctima debe estar casada con un ciudadano o residente legal permanente de Estados Unidos, o contar con una sentencia de divorcio final y firme.
“Protocolo estricto de confidencialidad”
Por su parte, la procuradora de la Mujer, Astrid Piñeiro Vázquez, informó que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) “está evaluando el marco federal aplicable para asegurar que la situación de Aracelys sea considerada conforme a los procesos de ley y que se atienda con respeto a sus derechos fundamentales”.
“Dado que se trata de un caso activo y que involucra elementos de confidencialidad y protección legal bajo el Violence Against Women Act (VAWA), nos reservamos mayores comentarios sobre las gestiones específicas”, agregó la funcionaria por escrito.
Piñeiro Vázquez aseguró que las personas que acuden a la OPM en busca de ayuda o de algún servicio “no están sujetas a verificación de estatus migratorio”, y que la agencia mantiene “un protocolo estricto de confidencialidad”.
“Toda mujer tiene derecho a buscar ayuda y a sentirse segura al hacerlo. Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los derechos de las mujeres en situación de violencia, sin importar su nacionalidad o situación migratoria”, afirmó la procuradora.
Sin radicación de cargos
Aunque el abogado de Aracelys, Ángel Robles, informó el lunes que la mujer presentó su pasaporte, licencia de conducir y permisos de trabajo que demostraban que vivía legalmente en Puerto Rico, la trabajadora dominicana fue puesta a disposición de los agentes federales.
Robles precisó que Aracelys, detenida el pasado 26 de mayo, no aparece en el sistema de detención federal y aún no le han radicado cargos.
“Son 15 días sin que se le radiquen cargos. Cada vez que presento una moción para fianza, me la mueven de centro de detención. Cada vez que yo busco en el sistema, está en otro sitio y ahora no está ni en el sistema. O sea, no hay ni siquiera manera de pedir una vista de fianza porque ninguna corte sabe dónde ella está y la corte tiene que tener jurisdicción sobre ella”, explicó Robles, quien especificó que ha presentado mociones para fianza en dos ocasiones.
Según el abogado de inmigración, tras su arresto, la mujer fue enviada a centros de detención en Aguadilla, Guaynabo, Miami, Pompano Beach y El Paso, Texas.
El letrado también informó que la mujer cuenta con permisos de empleo vigentes en la Isla hasta el 2029, al igual que con permisos por ser víctima de violencia doméstica, los que dijo, caducan en el 2026.
“Ella lo único que le falta es someter unos exámenes médicos (para culminar su proceso de residencia permanente) y la fecha límite para hacer eso es julio 12”, enfatizó Robles.
No obstante, el portavoz del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) para la región del Caribe e Islas Vírgenes, Jeffrey Quiñones, dijo a este rotativo que, el día de la intervención, Aracelys “no tenía ningún documento que demostrara su estancia legal”.
“Si ella tenía algún permiso de trabajo, un permiso de trabajo no es un visado para estar presente en los Estados Unidos. Una vez se hace esa determinación y nosotros verificamos las bases de datos de inmigración de la agencia, corroboramos de que ella no estaba autorizada para estar en los Estados Unidos y por eso es que se comienza el proceso”, abundó el oficial de prensa, quien alegó que Aracelys también habría admitido entrar a territorio americano de manera ilegal.
Son 15 días sin que se le radiquen cargos. Cada vez que presento una moción para fianza, me la mueven de centro de detención. Cada vez que yo busco en el sistema, está en otro sitio y ahora no está ni en el sistema. O sea, no hay ni siquiera manera de pedir una vista de fianza porque ninguna corte sabe dónde ella está y la corte tiene que tener jurisdicción sobre ella.
Cuestionado sobre la protección de la mujer dominicana bajo la Ley VAWA, Quiñones indicó que Aracelys tampoco tenía ese visado cuando agentes federales intervinieron con ella.
La agente especial a cargo de la oficina de San Juan de la rama investigativa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, en inglés), Rebecca González Ramos, detalló en entrevista con Telemundo que, desde que inició la nueva administración del presidente Donald Trump en enero, la agencia federal ha arrestado a 596 personas sin estatus migratorio en la Isla.
REPRODUCIDO CON INFORMACION DE EL VOCERO

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