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Por LUIS ALBERTO CASTILLO
Con un nivel de remesas que significa para el Estado un ingreso superior al que aportan renglones de la economía como el turismo y zonas francas, la diáspora dominicana tiene fuerza moral para exigir demandas que los gobiernos han incumplidos y concesiones análogas a las que les hacen a los inversionistas extranjeros.
Se que es difícil hacerle nuevos reclamos a un gobierno, como el de Luis Abinader, que no ha sido capaz siguiera de modificar un decreto como el 430-17 mediante el cual el Estado “tumba” millones de dólares a nuestros connacionales al viajar al país, donde se les da un abusivo y desconsiderado trato de turista. Claro, este trato solo es para pagar los 10 dólares de turista al comprar un ticket de viaje.
De toda forma, los gobiernos existen para escuchar sus ciudadanos y cumplir con sus responsabilidades frente a la población, no tan solo para satisfacer a grupos especiales (mayormente económicos) o grupos políticamente afines.
Por eso, desde Alianza País y desde el seno de las comunidades emigradas se impone desatar una ofensiva pública reclamando que al momento de un connacional emigrado decida comprar una vivienda en República Dominicana el Estado le conceda una tasa preferencial de cero intereses.
Esto además de incrementar la de por si alta remesas anuales, constituirá un incentivo para que el dominicano que quiera retirarse a su país lo haga.
Por igual, el Estado debe incentivar la inversión del dominicano emigrado como incentiva la inversión de sectores extranjeros. Para eso se requiere librar la misma del pago de altos intereses, más cuando se sabe que los beneficios que se generan posiblemente sean reinvertidos para bien de la economía y la producción de empleos. De esto suceder tendríamos una dinámica distinta a la que se da con los inversionistas turísticos y de zonas francas, quienes repatrian sus ganancias.
El tiempo de los elogios para nuestra comunidad pasó, más cuando, según mi abuela me decía, con piropos no se va al mercado y tu no compra ni una libra de yuca.
El gobierno que administra el Estado Nacional no solo debe de existir para servir a la oligarquía financiera criolla y extranjera, sino, y en primer término, a sus propios constituyentes.