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OPINION: Más allá de una Reforma Fiscal (I de 3)
POR NELSON RAMON PEÑA
“Los políticos siempre quieren que el dolor por la economía se sienta después de la próxima elección”. Jamle whyte: “Crímenes contra la lógica”).
A propósito de las elecciones presidenciales del 2012, planteamos lo siguiente: “El País se dispone a elegir al presidente de la República, en medio de una campaña electoral estéril en el sentido de que no se discutieron los grandes problemas nacionales que se presentan como grandes desafíos a enfrentar, no solo en el próximo cuatrienio, sino también, a mediano y largo plazo.” (Reforma Fiscal: Retos del Próximo Gobierno, Listín Diario, 2012).
La situación de las finanzas públicas dominicanas se caracteriza por un elevado déficit fiscal, un sistema tributario complicado, con una conformación que dificulta su aplicación, creciente nivel de endeudamiento, alto gasto tributario sin medición de impacto, baja presión fiscal; alto requerimiento de financiamiento presupuestario y una distribución del ingreso que aumenta su característica regresiva.
A pesar de este panorama, el gobierno de Danilo Medina (2012-2020) no asumió la responsabilidad del mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), donde se establece el plazo no mayor de 3 (tres) años para el pacto fiscal, optando por la política de endeudamiento. Ocho años después, la situación se presenta insostenible dada la situación de crisis provocada por la pandemia.
En el Proyecto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del nuevo gobierno de Luis Abinader, sometido en el mes de octubre del 2020, para ser ejecutado en este año 2021, se incluyeron unas modificaciones a la legislación tributaria vigente. Tales propuestas, incluidas y retiradas en el presupuesto, causó en la opinión pública tal alharaca alrededor de las mismas, por su carácter regresivo, que obligó al gobierno a posponerlas, para evitar consecuencias de convulsiones sociales tipo Colombia.
En el “Programa de Gobierno del Cambio, 2020-2024”, del PRM, en el ítem 34: Deuda, gastos e ingresos públicos, se establece las principales políticas para enfrentar la deuda y el déficit fiscal; después de un análisis sobre las causas de tal situación, se asume como propósito el “Pacto Fiscal”.
Sin embargo, las autoridades hablan indistintamente de Reforma Fiscal y Pacto Fiscal, actuando de manera subrepticia mediante estudios de propuestas de reforma sin el asentimiento de los sectores que podrían ser afectados, motivando cierto temor en los mismos, especialmente aquellos de más bajo ingresos y la clase media, a pesar de su carácter ineludible. De lo que se trata es determinar qué tipo de Pacto fiscal necesitamos de cara a garantizar lo establecido en la END.
Ante tal panorama, las autoridades expresan cierta premura para aprobar una reforma que llevará tiempo. En efecto, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, declara que el gobierno espera que el Pacto Fiscal “entre en vigencia a inicios del próximo año, aunque dependerá de “cómo esté la coyuntura” (Diario Libre (20-06-2021); mientras que al siguiente día el presidente Abinader ripostó que “No harán reforma fiscal”; hasta que” las condiciones económicas y sociales estén dadas”. (Listín diario 22 de junio de 2021).
La reforma fiscal debe plantearse en el marco de un “pacto fiscal” tal como establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. El carácter integral de un pacto fiscal implica la coordinación de políticas, acorde con los ejes y objetivos estratégicos de esta, para focalizar los incentivos, los subsidios y las exenciones, de cumplir con la suficiencia presupuestal, la eficiencia del gasto público.
Tal como está establecido en la Ley 1-12: Art 36: “Se consigna la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar, la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley de responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento”. Los objetivos son los siguientes:
i) Reducir la evasión fiscal. ii) Elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público. iii) Elevar la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria, iv) Consolidar en el Código Tributario los regímenes de incentivos. v) Racionalizar los esquemas tarifarios en la provisión de servicios públicos. vi) Elevar la presión tributaria, para viabilizar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible formulados en esta END-2030.vii) Cumplir con los compromisos asumidos en los acuerdos comerciales que tienen implicaciones fiscales.
De esta manera la nueva estructura tributaria se convertiría en un medio para la equidad, manifestado en la distribución de la carga tributaria y la eficiencia del gasto público de manera sostenida.
JPM
excelente comentario prof. nelson peña