OPINION: La privatización de servicios consulares nuevo atraco contra la diáspora

El autor es coordinador general de Alpaís en ultramar. Reside en Nueva York

Por LUIS M. RODRIGUEZ
Fecha: 25/05/2022
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La condena de Alianza País al plan de Luis Abinader y su gobierno de pasar a manos privadas la administración de servicios consulares, llevó al Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), a través de su ministro Jatzel Román González, a dar una nueva declaración adobando su propuesta de abrirles nuevas fuentes de negocios a posibles socios comerciales de los dueños del poder. Nada nuevo presentó.

De su parte, el PLD que en sus 20 años de gobierno nada hizo en beneficio de nuestros migrantes, con un cinismo sin paralelo, criticó lo que consideró incompetencia oficial y su vocación de vender como infuncional lo que es público, lo que es estatal.

Ambos, los que están y los que estaban, tiene en común un proceder utilitarista sobre un enorme conglomerado humano que obligado por sus gobiernos a abandonar el territorio patrio, se ha convertido con el tiempo es un factor esencia para la sostenibilidad económica y social de República Dominicana.

Entregar a empresarios privados la administración de servicios consulares como emisión y renovación de pasaportes argumentando deficiencias administrativas, es una evidente incapacidad que desnuda a Abinader y su equipo en su rol de administradores y conductores del país.

Es a la vez una forma burda de ningunear al personal apto para trabajar en estos servicios, no así los enganchados por ser miembros del partido oficial.

La comunidad dominicana en ultramar debe tener conciencia que este es el primer paso para privatizar el conjunto de servicios que le da sentido de ser a los consulados.

El proceso de privatización es como un cáncer al hacer metástasis. Se inicia por un órgano para extenderse a todo el cuerpo humano.

Con este proceder es como el presidente Abinader responde al consistente reclamo de la diáspora a bajar el costo de los pasaportes y demás servicios consulares.

La privatización de bienes y servicios públicos en muchísimos casos ha devenido en incremento de sus costos, disminución en la calidad de vida de la mayoría y en una más acentuada y amplia exclusión y marginalidad sociales.

Dudamos, además, que el mal de la corrupción esté al margen de este millonario movimiento económico que envuelve un servicio público que debería mantenerse bajo control estatal.

El rastro privatizador de este gobierno continuará alargándose dentro y fuera del territorio nacional y llegará un momento en que hasta el agua, recurso imprescindible para la vida, estará bajo el control de los amigotes oligárquicos del presidente Abinader.

Alianza País no tan solo se opone a esta decisión oficial, sino que vamos a seguir reclamando con más fuerza que se produzca una reducción de un 40% en el precio del pasaporte y de todos los servicios consulares.

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