Obstáculos a la lucha anticorrupción

imagen
El autor es abogado. Reside en Panamá.

Los espectaculares operativos para apresar lideres políticos y militares imputados de escandalosos actos de corrupción en el pasado gobierno, estremecieron la sociedad dominicana. La algarabía se manifestaba por doquier. La gente celebraba la caída de sus verdugos.

 

Mientras que un clima aterrador se propagaba por las villas y mansiones de los demás exfuncionarios que habían acumulados cuantiosas fortunas, cometiendo hechos similares, el ministerio público informaba sobre voluminosos expedientes acusatorios por defalco de miles de millones de pesos.  

Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y Yeni Berenice, Procuradora adjunta del Ministerio Publico, eran los funcionarios más admirados por un pueblo hambriento de justicia. Coadyuvando a elevar la popularidad del presidente Luis Abinader. Abriendo las puertas para su reelección.  

En ese momento representaban la esperanza de recuperar los fondos públicos robados. Pero, como dice un refrán popular,  “La alegría en la casa del pobre dura poco”.

Con el transcurrir del tiempo, el fuego de la emoción colectiva, cansado de esperar, poco a poco se fue apagando hasta perder la certeza y convertirse en duda.  

Wilson Camacho, después que la jueza Yanibel Rivas varió la medida de prisión contra Adán Cáceres, Rafael Núñez de Aza, Rossy Guzmán y Tanner Flete Guzmán, manifestó que la decisión pretende que el Ministerio Público no haga grandes y exhaustivas investigaciones. El revés debió servirle para reflexionar, no para justificarse. 

Por otro lado, Yeni Berenice expresó que la mayoría de los tribunales varían sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos y casos de crimen organizados. Observar al Ministerio Publico y a los jueces acusándose mutuamente, es una muestra del bajo nivel donde ha caído el sistema judicial.  

Las estadísticas señalan que hay más de 27 mil personas privadas de libertad, el 61% son presos preventivos. Entre ellos, más del 50% cumplió el tiempo dispuesto por la medida de coerción. Pero, por la falta de recursos económicos para contratar influyentes abogados, continúan encerrados, sin juicio de fondo. Con la única condena de ser pobres.  

Una violación de los Derechos Humanos, que solo ocurre donde existe un sistema judicial podrido. El reclamo de Yeni Berenice contra los jueces (con honrosas excepciones) es una verdad conocida por el pueblo. El cual, está consciente del sucio manejo de la justicia para favorecer a los ricos. Mientras que, los pobres se pudren en las cárceles. 

Según el reporte anual del capítulo dominicano de Transparencia Internacional sobre la corrupción en el país, el principal obstáculo que enfrenta en los tribunales, es la lentitud de los procesos. Dilaciones planificadas entre jueces, fiscales y abogados, para evitar las condenas de quienes pueden pagar altos sobornos.  

Por tanto, los frutos de la corrupción se reparten, llegando hasta los jefes y custodios de las prisiones. Los pejes gordos que acaban de salir hacia la comodidad de sus hogares, invertirán suficientes recursos económicos en las próximas elecciones, en los dos candidatos con mayores posibilidades de ganar para asegurar impunidad.   

 jpm-am

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.
0 0 votos
Article Rating
Suscribir
Notificar a
guest
0 Comments
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios