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En República Dominicana, el embarazo en niñas menores de 15 años sigue ocurriendo, aunque la ley diga otra cosa. En 2025 se registraron 826 embarazos en este grupo (Oficina Nacional de Estadística [ONE], 2026). No son números aislados: son niñas a las que les arrebatan la infancia. Además, las cifras son preliminares, lo que sugiere que el problema es aún mayor.
Los datos de 2026 confirman que la realidad persiste. Solo en el primer trimestre, el Servicio Nacional de Salud (SNS) reportó 41 embarazos en menores de 15 años: 34 terminaron en parto y 7 en aborto (SNS, 2026).
Pero hay algo que debe decirse: las niñas no se embarazan, son embarazadas.
Detrás de cada embarazo en una menor de 15 años hay un hombre. Y cuando ese hombre es adulto, o le lleva más de cinco años, estamos ante un delito. Nuestro Código Penal tipifica el sexo con menores como infracción penal (Código Penal de la República Dominicana). Además, la Ley 136-03 establece la obligación del Estado de protegerlas frente a toda forma de abuso o explotación (Ley 136-03, 2003). No es una opción: es su deber.
Nombrar importa. Porque mientras se siga hablando de “embarazo adolescente” sin diferenciar edades, se diluye una realidad mucho más grave: una niña embarazada es una víctima de violencia sexual (Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA], 2020).
Los riesgos para su salud están documentados. El embarazo en menores de 15 años se asocia con mayor probabilidad de complicaciones obstétricas y mortalidad materna. Sus cuerpos aún están en desarrollo, lo que incrementa la vulnerabilidad. Pero el impacto no es solo biológico: también hay consecuencias psicológicas —ansiedad, depresión, trauma— y sociales, como abandono escolar, dependencia económica y mayor exposición a la violencia (UNFPA, 2020).
Prevenir el embarazo en menores de 15 años implica prevenir la violencia contra niñas y adolescentes. Supone educar, sí, pero también nombrar a los responsables, aplicar la ley y dejar de normalizar vínculos que no lo son. Exige fortalecer la educación integral en sexualidad, con enfoque en derechos, consentimiento y protección. No como un debate ideológico, sino como una herramienta de salud pública. Negar esa educación no protege a las niñas: las deja expuestas (UNESCO, 2018).
Cada embarazo en una menor de 15 años es una alerta. Es evidencia de que fallamos en protegerlas. No basta con contar los casos. Hay que preguntarse por qué estos hombres ejercen violencia contra niñas, quiénes son y qué estamos dispuestos a hacer para que no se repita.
Porque no son estadísticas. Son niñas. Y merecen vivir su infancia, no sobrevivir a ella.