Marina, Arma del Estado

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EL AUTOR es abogado. Reside en Azua.

Luisa Marina Elías García, conocida comunmente como “Marina”, es la mujer implicada en el “atraco” al oficial que se desempeña como seguridad personal de la madre de la Primera Dama de la República, el señor Domingo García. Mas que saber que fue criada como un Arma, hoy salen a la luz las faltas cometidas por el Estado en su contra. De ahí, que solo se lee su currículo delictivo.

Se dice que en el primer lustro de la década que concluye este año 2019, Marina fue acusada de cometer algunas conductas dolosas y por una de ellas, bajo el sentir Constitucional, obtuvo una Solución Alterna de Conflictos en la modalidad de Acuerdo Penal Abreviado Parcial y fue condenada a 10 años de prisión, de los cuales cinco debía pasarlos en prisión, como en efecto, y los restantes bajo la vigilancia del Juez de Ejecución de la Pena correspondiente.

En esos cinco años que pasó en prisión, el Estado debió hacer lo que no hizo cuando era libre. Debió educarla para que pueda luego reinsértarse a la sociedad como una persona de bien con aptitudes y competencias, pero no lo hizo, se olvidó de ella igual que cuando era niña y adolescente.

Una vez más, el Estado dispara su Arma. A Marina, quien al parecer atrapada en un entorno donde los modelos y estándares más próximos eran “Tiki Tiki y Falacia”, quienes imagino, reproducían hasta el cansancio sus “hazañas y epopeyas delictivas” sin consecuencia alguna y bajo la excusa de ser el único medio para producir placeres y quizás bienes para el sustento de vida, optó por el mismo camino o por el único que conocía, y ocho meses después de obtener su libertad por haber cumplido el tiempo acordado en prisión, nuevamente es acusada de cometer un hecho típico y antijurídico con ribetes políticos en cuanto al sujeto pasivo y al momento actual del país.

Como objeto al fin, el Estado volvio y utilizó su Arma, pero esta vez no la disparó, solo que violentando sus derechos, la colocó como noticia y la hizo la presa más famosa del país. Desde el apresamiento mismo, se habla de Marina la del vestido rojo. La que confesó ante las cámaras su prontuario delictivo. No conforme con eso, el Estado le impone una medida de coerción por un año con el único fin de calmar la sed social de que se haga justicia y como único medio de política criminal, pero no porque era justo ni legalmente necesario; incluso, razonablemente ilegal.

Marina, está en la cárcel, irá a los tribunales y dejará de ser noticia, para entonces habrán otros titulares. Quizás sea condenada. Quizás sea reeducada y reinsertada a la sociedad. Quizás nunca salga.

Si el Estado ejerciera su función esencial de proteger efectivamente “los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas” (Art.8 CRD), existieran menos Armas. Las Marinas estarían llenas de cruceros.

 

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