La corrupción administrativa debe ser cercenada de raíz. Poco importa en cual administración se produjo el dolo. Es inaceptable que alguien malverse un solo centavo del erario nacional.
Muchos políticos consideran que al Estado se va a solidificar o crear fortunas. Es un salto a la suerte. Apoyar a un partido determinado, para que al ganar lo tenga en la nómina, y le deje manejar a su libre albedrío el presupuesto.
Por siempre en el país ha habido una línea complaciente con funcionarios corruptos, alguien le tira la toalla y da paso a la burla de la justicia. No es salir con un detector de corrupción y aplicárselo a todo el mundo.
Para determinar verdaderas culpabilidades hay que investigar a fondo, en la discreción del ministerio público, y actuar aplicando sanciones, solo cuando se encuentren indicios de culpabilidad.
De ahí que la lucha contra la corrupción no es una feria, ni una exposición de vagabunderías, sino la acción judicial para sentar responsabilidades. Se puede decir que la mayoría de los funcionarios públicos, de ayer y de hoy, son serios y responsables.
Funcionarios realizan su trabajo con dedicación, siempre tratando de servir al país, pero por desgracia despierta más la atención el que se mete en los bolsillos el patrimonio nacional. Para estos debe recaer todo el peso de la justicia.
Pero tampoco debe haber sospechosos favoritos, porque la justicia cojearía. Siempre se debe perseguir en base a la previa investigación. No es iniciar apertura-cierre de celdas sin previamente tener un sólido expediente.
Hoy la justicia tiene independencia, puede actuar de acuerdo con las leyes, sin esperar la orden que venga de niveles superiores. En un pasado lejano a los jueces y procuradores generales los designaba el presidente de la república.
El mandatario de turno muchas veces les ordenaba la acción a tomar. Por suerte estos son hechos del pasado que los dominicanos no deben volver a vivir y sufrir.
Si hay corruptos de ayer y de hoy deben ser investigados en la justicia, y condenados o libertados de acuerdo con las leyes. No puede haber un paredón moral en cada esquina, con vocingleros de turno, que se engordan con los caídos en desgracia.
Nadie puede hoy impedir que se haga justicia en casos de corrupción. La única traba podría ser la sobre actuación, el jugar al espectáculo de los medios y no preparar un expediente sólido basado en una investigación profunda. La justicia debe ser soberana y actuar con imparcialidad.
jpm-am

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