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Licencia para robar: de las indelicadezas al pillaje
La historia de este desastre comenzó cuando los funcionarios cometían “indelicadezas” con los fondos públicos. Alegaban que los sueldos eran bajos y con gran cuidado se llevaban unos y otros “pesitos” para rendir su salario. Todavía en el partido se pronunciaba en voz alta la palabra “ética”.
Un fenómeno político comenzó a crear una especie de período de plena “licencia para robar”. La era de las campañas electorales implicaba la justificación del uso y abuso de los recursos del Estado. Los funcionarios desviaban parte del dinero del ministerio para la campaña y nadie se atrevía a criticar ese acto visible de corrupción.
Aprendieron a coger algo más para ellos y dizque para el candidato. Pero una vez afincados en el poder por la reelección continuada, inauguraron un nuevo sistema para despojar al Estado de grandes cantidades de dinero. Promovieron e implantaron una maquinaria perfecta de corrupción: robar sin riesgos de caer preso. De esa manera pusieron los mecanismos judiciales a su favor y la prensa que se vende como herramienta de protección.
En ese ambiente crearon sus “bocinas” para neutralizar las posibles denuncias en contra de la corrupción. Por eso, Nuria, Alicia, Marino Zapete, Juan Bolívar, Huchi, Nieves, y otros; eran enfrentados por los mercenarios “bocineros” que cumplían esa deshonesta misión. Era como un, “tú robas, luego me das lo mío y olvídate que de la prensa me encargo yo”.
El proceso continuaba con aparente normalidad, y con los gobiernos uno detrás del otro, los ya millonarios funcionarios pasaron a otro nivel del saqueo del Estado: la etapa del pillaje, donde se expolian los recursos oficiales con la violencia que las aves de rapiña arrebatan la presa. En esta era la garantía para desfalcar es total, porque parecen tener “licencia para robar”.
En este nuevo peldaño se cuenta con el “seguro protector” de varias instancias estatales: Policía Nacional, Procuraduría General de la República, Poder Judicial, Poder Legislativo, Cámara de Cuentas, Altas Cortes. Y de ñapa, por si hace falta, con los elevados fueros de la Iglesia. En ese contexto, la impunidad se vuelve un “seguro full”. Sus riquezas y sus bienes están protegidos por “todos los poderes”. ¡Es increíble, pero cierto!
En la etapa del pillaje, algunos senadores, diputados y síndicos “prósperos”, sólidos en pesos y en dólares, estructuran equipos políticos para reelegirse eternamente comprando votos. Así los candidatos terminan comprando también la democracia. Mas el pillaje, como todo lo indebido, hará crisis cuando hayan quebrado el Estado y nadie en el sistema financiero mundial les preste un dólar.
Entonces, la administración pública estará en condiciones de ruina. El Estado, totalmente desfalcado, sería una especie de vaca muerta sobre la cual se lanzarían en grupo los cuervos, y hasta su cuero podría ser destrozado a picotazos con el impulso irrefrenable del hambre. El despojo sería azotado por las plagas, que cargarían a sus madrigueras con los últimos vestigios.
Probablemente, aunque parezca exagerado, esto sucederá con las instituciones del Estado, pues si las cosas continúan como marchan, hasta el papel de baño de las oficinas públicas se los llevarán para su casa. Y los más desesperados, cargarán con grapadoras, escritorios, sillas, computadoras y con todo lo que tenga valor. Porque crecerá la percepción de que el barco del gobierno corre el riesgo de hundirse y no regresar.
Los simples empleados han visto en silencio durante años el mal ejemplo. Saben que su jefe se hizo rico en el cargo y que al salir del ministerio vivirá tranquilo con el dinero sustraído. Frente al temor de que un nuevo gobierno los bote, se pondrán el mismo traje de su superior, vestirán igualmente la indumentaria de los pillos: desvergüenza total. “Y que hablen y digan lo que quieran. ¿Y? ¡Eso qué importa!”.
Son muchos los que piensan que en ese camino estamos los dominicanos, gobernados por un grupito de pillos (hay excepciones) descarados, mentirosos, ruines, pedantes, engreídos y farsantes. No obstante, millones y millones de dominicanos pagándoles impuestos al gobierno y no reciben casi nada a cambio. Ser ciudadano es una categoría importante pero solo para pagar gravámenes. El Estado exige mucho, mas no devuelve nada.
El gobierno pudiera alzar su voz para defenderse de este artículo. Pero los gobiernos no se defienden con palabras sino con acciones y obras en las cuales invierten el dinero del presupuesto nacional sin malgastar, sobrevaluar, ni robarse un solo centavo. Los demás son discursos encubridores de la verdad.
Las obras realizadas con el dinero del pueblo deberían ser mudas y no aprovechar sus inauguraciones para manifestaciones políticas abiertamente reeleccionistas. Después, al pasar los años, se descubren y se muestran los vicios de construcción como pruebas evidentes de las acciones de un vulgar pillaje. Cuando alguien expresó recientemente, “O jugamos todos o se rompe la baraja”, se podría interpretar como un: “O robamos todos o se rompe la baraja”. ¡Hasta cuándo!