Las mafias y el poder político

La reciente destitución del ministro de Salud Pública, doctor Plutarco Arias, por  parte del presidente Luis Abinader, no puede verse como una simple u ordinaria cancelación  del jefe Estado en el tren gubernamental.

No, ahí subyacen otras cosas  y se ocultan  algunos elementos y detalles  muy distintos a los que las autoridades del gobierno han tomado como argumento justificativo para  despedir a ese funcionario.

Hasta el momento, las imputaciones que se le atribuyen  a la gestión del ministro saliente, doctor Plutarco Arias, son una supuesta alteración de precios a unas mascarillas para prevenir el Covid-19, la cual envuelven cientos de millones de pesos, así como una  presunta  venta de nombramientos en la entidad sanitaria.

Hasta ahora eso es lo que se conoce en la opinión pública y lo que en algún momento se ha dicho que investigan  las direcciones Ética e Integridad Gubernamental  y Compras y Contrataciones.

Ahora bien, ¿son esas las reales causas de esa destitución?, ¿hasta ahí es que han llegado las indagatorias del Gobierno en esa cartera rectora del Sistema de Salud?.

Bueno, si esos han sido los únicos y exclusivos  hallazgos  y motivaciones  encontrados en la  entidad para despedir al doctor Arias,  pienso que se han quedado cortos. Porqué, decimos eso. Veamos.

 Ahí  en el Ministerio de Salud Pública existe desde hace décadas, al igual que en otras instituciones del Estado, una mancuerna entre políticos, suplidores y empresarios, que se reparten los Comités de Compras para obtener las millonarias compras de equipos, insumos y medicamentos de alto costo.    .

También, los investigadores anticorrupción deben enterarse, por si no lo sabían, o se hacen los locos,   de que esa misma mancuerna controla las direcciones administrativas y financieras de las citadas instituciones para hacer sus diabluras y  que sus pagos sean los primeros.

Estos circuitos mafiosos son tan poderosos, señores,  que hacen de los ministros,  en muchos casos verdaderos rehenes de sus maquinaciones y  de las leyes y normas institucionales  un pedazo de papel.

Es ahí que está el problema, no es en sacrificar reputaciones de funcionarios que en su mayoría son  víctimas de esa delincuencia de cuello blanco que  se roba el presupuesto nacional y erosiona la institucionalidad democrática.

 Quezada.alberto218@gmail.com

 JPM