La pena de muerte como crimen legal

René de Chateubriand una vez llegó a decir, a propósito de la pena capital (muerte), que ésta solo se ha perpetuado, por una especie de crimen legal.

Cuando los niveles de inseguridad pública se disparan en nuestra región, es cotidiano escuchar voces exigiendo la implementación de penas más severas contra el crimen, siendo su artífice principal, la pena de muerte para los crímenes más atroces y execrables.

Victo Hugo la consideró siempre como un acto de barbarie. Sus defensores, por el contrario, históricamente la han fundamentado en el ojo por ojo y diente por diente de ley de Talión, a lo que el célebre Gandhi respondió: «Si nos llevamos del ojo por ojo,el mundo se quedaría ciego.»

El mismo papa Francisco, al ser abordado sobre este tipo de pena, la ha catalogado como inaceptable en cualquier circunstancia (sin causas de justificación legal).

En el año 2019, al gobernador de California le cuestionaron sobre la pena de muerte y dijo: «Es cierto que matar a otra persona está mal, pero yo como gobernador no voy a supervisar de nadie por más legal que sea.»

Para quien suscribe la pena de muerte debería ser declarada inconstitucional en todos los países donde aún se aplica, por variadas razones.

Si el fundamento de las constituciones democráticas del mundo es el respeto a la dignidad humana (fin último de todos los demás derechos),y como el derecho a la no tortura es un derecho absoluto, siendo la vida el bien más preciado del ser humano, y que está íntimamente ligado a su dignidad humana,al declarar la pena capital como inconstitucional, se estaría colocando el mayor límite al poder punitivo del Estado contra sus propios ciudadanos.

Si el Estado somos todos, como un mismo ciudadano (que es ciudadano y Estado a la vez), consentirá y tolerará, que que legalmente le puedan abreviar su vida con una pena capital?

Además, si ciertamente el fin de la pena es la reeducación y reinserción de los que están penados, cómo se puede reeducar y reinsertar a la sociedad un finado?

Quiere decir, que desde el punto de vista del fin de la pena, su imposición carece de razonabilidad, y, al mismo tiempo, de proporcionalidad, pues si la pena debe ser proporcional al daño que se ha causado, sería admitir que el bien más preciado del ser humano (su vida), es equiparable a la gravedad del mayor resultado lesivo que ser humano pueda llegar a cometer.

Por lo anterior, quien escribe está totalmente en desacuerdo con dicha pena irracional y desproporcionada, pues nadie, en su sano juicio, legará a comprender que el Estado del cual él mismo es parte, pueda obrar y tomar una medida tan irracional y desproporcionada como la pena de muerte en su contra.

Es correcto reconocer que existen crímenes tan atroces y execrables contra seres humanos que presentan un estado altísimo de vulnerabilidad (como niños, enfermos, envejecientes, embarazadas, etc.), y que ciertamente merecen el mayor de los castigos que pueda imponer el Estado contra sus perpetradores, pero ninguna pena, por más severa que sea, le devolverá la vida al que ya la perdió, por lo que cobrarle el Estado al criminal con su propia, sería revictimizar la sociedad en sí misma, porque con ello ya no habría perdido uno de sus miembros, sino dos.

No podemos perder de vista que los sistemas de justicia penal no son perfectos, y siempre tendrán un reducto de errores judiciales, por lo que, toda vez que el sistema termine equivocándose, las ejecuciones son irreversibles. Es algo parecido al propio suicidio, que al igual que cualquier error judicial que conlleve y ejecute pena de muerte, ya no hay espacio para arrepentimiento.