La ilegitimidad de Maduro

Y es que tras la muerte del dictador Hugo Chávez, Nicolás Maduro queda como  “presidente encargado” heredero de la dictadura, a pesar de que la constitución chavista claramente decía que el puesto le correspondería al presidente de la Asamblea Nacional, en ese entonces presidida por Diosdado Cabello, en caso de que el presidente electo, en este caso el propio Chávez, no pudiera eventualmente asumir el cargo.

En medio de la gravedad de su enfermedad y ante la inminencia de la muerte, el agónico “comandante”, escogió a dedo, en contravención a la ley, al que era considerado favorito de Fidel Castro, para sucederle, por considerar que este garantizaría la continuidad de la dependencia del país, de la Habana, ya que Cabello no generaba la misma confianza a la dictadura cubana para asegurar tal propósito.

Fue así que en las elecciones celebradas en 2013, luego de la muerte del caudillo, su heredero putativo salió vencedor de manera cuestionable, bajo la sospecha de un extenso fraude, llevado a la practica abiertamente y de manera violenta y frenética, con el apoyo eficiente de los colectivos (paramilitares) pro chavistas y las fuerzas armadas.

En la oportunidad, el propio presidente del legislativo, le colocó, a su pesar, la banda presidencial a su soterrado rival favorito de los Castro, en medio de gran expectativa y de las encendidas protestas de la vapuleada oposición, que paulatinamente iba siendo maniatada y neutralizada por el continuo accionar antidemocrático del chavismo, que paso a paso fue eliminando el precario orden institucional, tomando absoluto control de todo su conglomerado.

Sin embargo aún con tanta ilegalidad, la comunidad internacional no cuestiona el aspecto ilegitimo de la elección de Maduro tras la muerte de Chávez, en unas elecciones denunciadas como fraudulentas por la oposición, por la inconstitucionalidad del candidato chavista y la pírrica diferencia por la que se decidió el “triunfo” de Maduro, en unas votaciones marcadas por el abuso de poder y el uso masivo de los recursos del Estado a favor del candidato oficialista.

Hay que resaltar que en la época, la Organización de Estados Americanos, OEA, estaba dominada por la izquierda en la persona de su secretario general José Miguel Insulza, quien se encargó de legitimar el régimen chavista con su accionar en defensa de la dictadura monitoreada desde la Habana, y en Venezuela controlada por los servicios de inteligencia del aparato represor castrista, el G2, compuesto por agentes y asesores que suman unos 45,000, lo que constituye una importante fuerza de ocupación en la colonia. 

En esta ocasión gran parte de la comunidad internacional; la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Lima, los gobiernos democráticos de Colombia, Chile y Brasil con su nuevo presidente, Bolsonaro, dicen que no reconocen como legal la elección de Maduro en las últimas “elecciones”, por considerar que estas no fueron legítimamente democráticas, ya que fueron avaladas por la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, y realizadas sin la participación de la oposición y sin observadores extranjeros.

De manera que luego del 10 de enero, Nicolás Maduro no será reconocido como presidente constitucional elegido democráticamente, por lo que estos entes internacionales arreciarán e iniciarán nuevas acciones que lleven al desalojo del poder del empecinado dictador caribeño.