Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Nahiony: Desde despacho Primera Dama trabajaré por necesitados
Abinader: triunfo predecible y derrota inminente de opositores
Abinader ganará con votación superior al 70%
Abinader y Leonel peores candidatos
PNVC celebra 51 años trabajando «sin descanso» por desarrollo RD
Encuestas y resultados
Juan Soto asciende primer puesto del ranking de bateadores latinos
La Coordinadora Cultural Con Abinader: un hito en la política dominicana
Framber Valdez, Jeremy Peña y Yainer Díaz se destacan en las GL
¿Dónde está su fe?
La empresa privada se enriquece con recursos públicos
Por JUAN MOJICA
Todo el que tiene un arma de fuego para protegerse y para proteger a su familia de la delincuencia y la violencia está regulado por la ley 36-65 de porte y tenencia de armas de fuego, mediante la cual debe pagar sus impuestos. Según datos publicados por el Ministerio de Interior y Policía (MIP), hay 235 mil usuarios registrados con armas de fuego y un promedio de 30 mil personas adquieren nuevas licencias cada año.
El MIP, a través del registro de armas SISNA, le impuso a los usuarios mediante la resolución 390-13 un nuevo contrato y un nuevo impuesto. Este contrato de concesión el CS107 se firmó en 2011 dos años antes de redactarse la norma en interior y policía.
La firma del contrato de concesión del MIP con la empresa LBC y SRL, para aplicar la tecnología del nuevo Laboratorio Balístico y Biométrico LBBS del (MIP), se hizo para tener registradas las huellas dactilares de las armas de fuego.
Este laboratorio debió hacerse con recursos públicos pero el MIP decidió por cuenta propia obligar a los usuarios a pagar su costo mediante la imposición de impuestos por $ 3, 918 para las nuevas licencias y $ 2,769 para las renovaciones y así costear la deuda que contrajeron estas empresas. En otra palabra privatizó este impuesto
Según el MIP, ellos emiten entre 30 y 40 nuevas licencias de armas de fuegos cortas diarias. Lo que nos permite calcular que a estas empresas le ingresa en promedio cerca de $ 150 mil diario, $ 4 millones 500 mil mensuales y $ 54 millones al año
Este impuesto es adicional al impuesto único que ya se cobra por el artículo 17 y 22 de la vieja ley 36-65 que va desde $ 1, 500 a $ 3,000 para pistolas y revólveres, y al ingreso adicional que se percibe por el artículo 3 de la ley 80-99 de la DGII de $ 2, 000. De estos $ 5, 000 la DGII o el gobierno percibe cerca de $ 1,125 millones. De hecho la DGII está cobrando 3 impuestos por el mismo servicio de licencias.
Como tenemos más de 10 mil armas con licencias vencidas en la calle, según el MIP, estamos hablando que cerca de 225 mil usuarios se han sometido a la renovación del nuevo proceso. De ahí que en el 2014 le ingresó a estas empresas en forma bruta sin sacar el 18% de itebis de la DGII, más de $ 623 millones. Sumado a 54 millones de renovación. Resulta un ingreso en más de $ 670 millones. Igual ingreso se puede calcular en el año 2015 que concluye e igual o mayor será para el 2016.
Este laboratorio costó más de $ 900 millones. Pero estas empresas tienen dos años cobrando el nuevo impuestos por lo que se han ganado más de $ 1,300 millones. Dicen que tienen 80 empleados pero nadie sabe la nomina. Solo en 1 año y medios estas empresas recuperaron su inversión y los recursos generado por este impuesto, sacando el itebis, quedan en los bolsillos de los propietarios de estas empresas.
Esta nueva modalidad de privatizar los impuestos públicos vía contrato de concesiones a empresas privadas se ha extendido como un virus a otras instituciones públicas como a los ayuntamientos, la JCE, Migración, Obras Publicas, algo que ha abierto nuevas ventanas a la corrupción y al enriquecimiento ilícito.
De hecho, los impuestos y tasas han sido desvirtuados y estamos frente a un proceso de encarecimiento en los servicios de las instituciones públicas. Aunque muchos usuarios se han acogido a este nuevo impuesto por razones de seguridad y protección, la mayoría lo rechaza por ser abusivo, excesivo y contrario a derechos.
Están cobrando un impuesto por una ley, y otro nuevo por una resolución y un contrato pero cuando los usuarios piden ver el contrato está reservado y declarado mediante el decreto 269-11 de seguridad nacional. Están modificando la ley 36-65 con una resolución y tenemos que sentarnos a ver la violación. Están obligándonos a pagar un aumento de $ 5 mil de impuesto anual y no tenemos derecho a saber nada.
Nadie tiene derecho a saber los nombres de los dueños de estas empresas, ni cual fue el monto total de su inversión. Tampoco se sabe si se hizo una auditoria previa. Y aunque se dice que el contrato está reservado por 5 años, nadie sabe cuál es la duración del contrato y se dice que podría ser por tiempo indefinido.
Este mismo fraude se hizo con el cobro de peajes que le costó al estado más US 135 millones que tuvimos que pagar por esos contratos a empresas privadas. ¿Que está esperando el gobierno para rescindir esos contratos leoninos? Mientras se dilata, la empresa LBC y SRL (RNC130784825) se enriquecen con recursos públicos.
esto es increible…