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Una de las tareas más complicadas que tiene que asumir la Junta Central Electoral es su permanente esfuerzo para someter a los partidos políticos al marco de la legalidad, lucha en la cual el órgano de comicios se ve con frecuencia desbordado por una especie de “fait accompli”.
Es el estadio al que los partidos y organizaciones políticas recurrentemente llevan a la JCE, al obligarla a dejar que las cosas discurran con “normalidad”, aun cuando se sabe que incurren en violaciones a las leyes.
Por ejemplo, con ocasión del subterfugio del que se valió el Partido de la Liberación Dominicana para escoger, en octubre de 2022, a su candidato presidencial mediante una “consulta”, la Junta debió mirar hacia otro lado y aceptar como bueno y válido un proceso que nada tenía de válido.
La JCE bien pudo invalidar la candidatura de la formación morada por haberse escogido mediante un proceso irregular, pero esto hubiera significado la victimización de un partido cuyo fracaso electoral estaba predeterminado en 2024.
En el partido Fuerza del Pueblo, en la misma etapa, se promocionó ampliamente la figura del presidente y líder de esa organización, doctor Leonel Fernández, a través de la utilización de una sutileza electoral llamada “proceso de inscripción”, para lo cual se llenó el país de vallas con la imagen del futuro candidato presidencial.
Si bien la JCE llamó la atención en ambas situaciones, al final si impuso el dejar hacer, dejar pasar, quizá porque la institución consideró que debía llevar la fiesta en paz con los partidos, en el entendido de que son ellos quienes le dan sustento a la democracia y son, al mismo tiempo, el centro gravitacional de la cuestión electoral.
Ante la violación sistemática de las leyes sobre la materia, la JCE ha tenido que emitir señalamientos específicos para que los partidos ajusten sus actividades al marco de la ley.
Resulta que estas organizaciones realizan actividades propias de un proceso electoral en curso, pese a que el proselitismo abierto tiene un periodo establecido por las leyes que rigen la materia, el más cercano de los cuales está a casi dos años.
Sin embargo, llama la atención que la Junta se haya dirigido expresamente a dos organizaciones—PRM y Camino Nuevo—una franca discriminación frente a otras formaciones.
