Golpes crueles para los que menos pueden

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El autor es contador público autorizado. Reside en Santo Domingo

POR RAFAEL EVE

Desde la promulgación del Código Tributario en 1992, las familias de clases baja y media han sido forzadas a sufrir las severas consecuencias de las diversas reformas impositivas que se han hecho desde entonces. Todas han sido dirigidas a recaudar más impuestos y a reducir la frágil economía de los que menos pueden. Nunca han sido diseñadas para disminuir y adecentar el gasto público ni mucho menos para mitigar el dispendio de recursos y la corrupción. Una nueva pieza fiscal ha sido depositada en el Senado en estos días, con la cual se espera recaudar RD$122,000mm.

El proyecto nace principalmente por: (i) los acuerdos concertados en la ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo Hacia el 2030 (Art. 241/Carta Magna); (ii) el déficit fiscal, que se estima en RD$242,870mm para 2025, equivalente a un 3.0 % del PIB; (iii) el déficit comercial de las EDES, cuyo monto a enero de 2024 se ubicaba en US$73mm, (iv) los gastos del gobierno para el 2025, que superan los ingresos en RD$242,870mm; y (v) los intereses por RD$263,817mm, debido al crecimiento indetenible de la deuda pública.

Esperábamos propuestas justas y consensuadas con base al derecho, destinadas a organizar la casa, optimizar y adecentar la gestión pública, aplicar los impuestos progresivamente (Art.75.6/Carta Magna), respetado los principios constitucionales del régimen tributario (Art. 243); es decir, legalidad, justicia, igualdad y equidad. Soñábamos con cambios en la legislación, en la DGII y en el sistema tributario, repleto de injusticias, parches y artificios dañinos, que lo han convertido en uno de los más complejos del mundo, en palabras del Director del órgano.

La evasión

El proyecto es poco convincente respecto a los planes contra la evasión, donde reposa la mayor grasa que necesita el gobierno para atenuar el déficit fiscal y mejorar la vida de los que menos pueden. Se estiman niveles que rondan el 45% de ITBIS y 55% de ISR. Si tomamos como referencia los ingresos (de estos dos tributos) del presupuesto para 2025, es fácil concluir que el fisco no está recibiendo (por evasión) alrededor de RD$1,091,214mm, una clara evidencia de la ineficacia por años en la gestión de los tributos. Por eso debe retirarse del Senado el Proyecto de Modernización para ser rediseñado.

Pero hay más, el gobierno debió incluir en el proyecto la reducción de la superflua publicidad estatal, prevista para 2024 en RD$4,198mm; duplicando la de 2023 que sumó RD$2,059mm. Asimismo puede eliminar el barrilito, que ascendió a RD$368.8mm en 2023 y disminuir otros gastos del Congreso que pueden triplicar a este último (dietas, representaciones, gratificaciones, sobresueldos), y las asignaciones a los partidos que suman RD$2,520mm; purgar la nómina pública y los gastos innecesarios; frenar y reducir el endeudamiento para bajar los intereses (RD$263,817mm).

El proyecto de Modernización Fiscal es una pieza esencialmente impositiva; en vez de atender eficazmente los objetivos de la Estrategia Nacional, se ha convertido en fuente de perturbación para las familias de clases media y baja, que son las  que suelen pagar los platos rotos de la corrupción, de la impunidad y de la ineficacia de la gestión pública. Por eso este abordaje ha sido fértil para avisperos sociales por su propensión a sacrificar regresivamente a los que menos pueden, y porque no plantea el compromiso del gobierno en la reducción y adecentamiento de los gastos.

Golpe cruel

Uno de los golpes más crueles para los que menos pueden lo es el impuesto a la propiedad inmobiliaria (IPI), con el cual pretenden debilitar su limitada economía, en vista de que el monto actual exento de impuesto (para bienes inmobiliarios) es de RD9.86mm; sin embargo, el proyecto pretende reducirlo casi a la mitad para incrementar el pago del IPI; un monto que oscilará entre los RD$30mil y RD$200mil anuales, según sea la clase: media baja, media, media alta. Adicionalmente aumentará el precio de alquiler para continuar dañando a las familias que menos pueden.

También dispone que las personas que devenguen más de RD$624mil al año (RD$52mil al mes) estén obligados a presentar su declaración jurada del ISR (IR-1), lo cual luce ser una quimera, pues los empleadores ya declaran al fisco los reportes del salario y de los impuestos que pagan los asalariados (IR3 e IR13). En esto hay bastante hilo para enredar aún más el sistema de impuestos y limitar los esfuerzos de la institución en pro de la recaudación. Por lo tanto, esto podría resultar, en la práctica, más la sal que el chivo, un fomento a la complejidad del sistema tributario.

Se quiere aplicar otra perla a los que menos pueden, un nuevo tramo impositivo a la escala de ingresos para los que ganen más de RD$2.4mm anuales (RD$200mil al mes), quienes estarán sujetos a  una tasa marginal de 27% (la vigente 25%). Sin embargo, el proyecto no prevé aumentar la tasa de 27% de ISR a las grandes empresas, cuando se supone que la dignidad del proyecto debía sustentarse en la protección a los que menos pueden y propiciar la  progresividad fiscal (que paguen más impuestos los que más tienen). Este 27% de ISR a todos los negocios sin importar su tamaño es una clara vulneración a los principios del régimen tributario.

El proyecto libra de los anticipos a las microempresas y a las personas físicas. A estas últimas, no es  como se ha vendido, porque los honorarios por servicios, comisiones y otros ingresos que realizan están sujetos a retención de 15% de ISR (10% vigente). Esto es un pago a cuenta, dicho en otras palabras, un anticipo que ocurre en cada factura que emite. La mayoría de los puntos de la reforma no van en la misma sintonía de la visión a largo plazo de nuestra nación.

Se pretende duplicar el impuesto de circulación de vehículos (marbete) a RD$3mil para unidades con año de fabricación mayor a 5 años y RD$6mil de hasta 5 años. Esto es muy regresivo (pagan más los que menos pueden) y dañino para la familia. Lo justo es que no se aumente el impuesto a las unidades con 5 años o más de fabricación, porque en términos generales, este rango vehicular es más propicio en las familias de clases baja y media. Adicionalmente quita la exención de 200 dólares a las compras por internet, perjudicando a la mayoría que acceden estas para hacer rendir sus chelitos.

Para colmo, y es de lo peor, una cantidad considerable de productos agrícolas y de la canasta básica (víveres, vegetales, frutas, habichuelas, café, entre otros) entrarán a la danza del IVA (18% de ITBIS), con efecto inflacionario que deteriora severamente el poder adquisitivo de los que menos pueden, por ser rubros esenciales. También aplicarán 18% a las carnes de res y de cerdo, lo cual atenta contra el acceso familiar a fuentes proteicas. Igual sucederá con las bebidas azucaradas (jugos y otros) que son propicios en la alimentación infantil y en el comercio de las MiPymes.

omrafaeleve@yahoo.com

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