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NUEVA YORK.- El fiscal general de Nueva York, Eric T. Schneiderman, mantiene el pulso con las empresas de comida rápida para que cumplan las leyes laborales.
El martes, la fiscalía llegó a un acuerdo con seis franquiciados de Domino's Pizza para que abonen un total de $450,000 a unos 750 empleados que cobran salario mínimo y a los que se les han violado sus derechos laborales. Un número significativo de trabajadores beneficiados por el acuerdo son latinos. Se estima que estos cobren entre $200 y $2,000, dependiendo del caso.
Las empresas investigadas por la oficina de Schneiderman gestionan 23 restaurantes de Domino's en la Ciudad de Nueva York, en los condados de Dutchess, Erie, Nassau, Rockland, Schenectady, Suffolk y Westchester.
Los dueños de estas franquicias —Yash Sharma, Emir López, Maha Zaatreh y Khaled Handan, John Dobson, John Cilmi y Christopher Hanley— admitieron al fiscal haber pasado por alto, entre 2007 y 2013, varias leyes laborales que protegen a trabajadores de bajos ingresos. Por ejemplo, en algunos casos los encargados de las entregas (delivery) cobraban $5 la hora, que es menos del salario mínimo que deben cobrar desde 2011.
Además, algunos franquiciados no pagaban las horas extra o no lo hacían adecuadamente. En otros casos, quienes usaban sus propios vehículos para hacer entregas no fueron reembolsados por los gastos o el mantenimiento. A quienes usaban sus bicicletas no se les proporcionaban equipos de protección adecuados como dispone la ley.
Las ofensas que ha observado la fiscalía incluyen también los pagos de salario de propinas, que es más bajo que el salario mínimo general, a quienes no trabajaban el tiempo suficiente en labores que les pudieran reportar compensaciones por parte de los clientes.
«Estos casos demuestran un patrón de comportamiento en todo el estado de los dueños de estas franquicias que han burlado la ley recortando ilegalmente el salario de trabajadores que luchan por sobrevivir», explicó Schneiderman.
Además de estos pagos, los empleadores de esta cadena de pizzerías estarán obligadas a poner en marcha procedimientos de quejas, proveer manuales bilingües para los empleados, publicar una declaración de derechos de los trabajadores y entrenar a los supervisores en la legislación laboral. Cada trimestre, durante los próximos dos a tres años, presentarán un informe a la fiscalía sobre el cumplimiento de lo acordado.
Dos de los franquiciados, que no reportaron una parte de los salarios para evadir impuestos, tendrán que contratar a un supervisor independiente que hará inspecciones sin previo aviso.
Este es el tercer acuerdo de la fiscalía con las cadenas de comida rápida. La semana pasada se llegó a uno similar por valor de $500,000 con un local de McDonald's y, en diciembre, otra de Domino's Pizza, en Washington Heights (Manhattan) fue obligada a recontratar a 25 empleados.
La oficina sigue investigando a otras franquicias de Domino's. «Mi oficina será implacable en el sometimiento a la justicia de empleadores de restaurantes de comida rápida que no pagan lo que deben a quienes son la columna vertebral de sus operaciones», advertía Schneiderman.
jt/am
Franquicias de Domino’s pagarán $450,000 a empleados
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