No me gusta el adverbio mente pero no hallo título más apropiado que el de aquella canción de Pablo Milanés para tocar el tema que envuelve a una comunicadora que por su tiempo en los medios ya es cara conocida.
A Yolanda Martínez la hemos visto no solo en su papel de comentarista de televisión o de radio. Es además, miembro de una organización de la sociedad civil, Participación Ciudadana, y estuvo muy activa en los reclamos por el 4% del Producto Interno Bruto para educación. Muy loable.
Ahora, designada presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) está envuelta en un escándalo por supuesto favoritismo, tanto en una licitación con la que habría beneficiado a una empresa vinculada a su pareja, como por los nombramientos de amigas en puestos claves.
Entre los argumentos para defenderla algunos esgrimen que el caso Odebrecht es más grande y no ha habido mucho alboroto. Un discurso parecido ya lo hemos oído con el caso de Félix Bautista.

Parece que hace falta repetir hasta desgañitarnos que no importa el tamaño, cada señalamiento debe ser investigado con la misma rigurosidad y cada hallazgo de culpabilidad debe ser sancionado. Sí, caiga quien caiga.
Por tanto, el asunto no es pedir indulgencia para los que consideramos menos culpables. Es exigir sanción para todos los que lastiman al Estado.
Que ese es un lío de mujeres, arguyen unos. Poco importan las razones que han traído a flote este nuevo escándalo. Lo importante, por el fortalecimiento de la institucionalidad, es determinar si son ciertos los señalamientos.
Otros han pedido esperar las investigaciones de Compras y Contrataciones Públicas. No obstante, aquí la cuestión a discutir no es si la empresa ganadora cumplió con los requisitos. Lo que ha levantado malestar, obvio, es la relación de los dueños con la funcionaria.
En cuanto al nombramiento de sus compañeras de iglesia, lo más lamentable no es ese hecho, es la reacción de mucha gente del pueblo que aun asume que los cargos públicos son para ayudar a los amigos.
Aunque en la primera descarga en su contra, Martínez respondió a Nuria Piera que no decidió en la licitación y que habían abordado su vida personal, no deja de ser abusivo que permitiera que esa firma concursara.
Encima, según las evidencias aportadas en el reportaje, firmó la convocatoria y peor, de acuerdo con ese mismo trabajo periodístico, su vida personal fue la que invadió a la entidad pública.
Otro de sus argumentos es que la ley prohíbe que liciten personas en unión libre o casadas con los funcionarios y que no es el caso. Imagino que en un tribunal esta acción sentaría jurisprudencia fácil.
La pelota está en su cancha pero parece que después de la segunda descarga de evidencias, Martínez prefiere el silencio o prepara su correcta defensa para demostrar que las cosas no son como nos han mostrado. Prefiero creer lo segundo.
Cada sospecha de corrupción salpicará de manera directa al presidente Danilo Medina y será el más favorecido cuando brille la transparencia. Por eso está obligado a tomar acciones.


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