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El tradicional fraude electoral
Desde el año 1962 los partidos políticos tradicionales que han ascendido al poder, léase PRSC, PRD y PLD, en sus ejercicios de gobierno han contribuido a incrementar, la compra del voto, la duplicidad de votación, la anulación del voto domiciliario, y han fomentado con saña, el traslado de votantes a los centros de votación en todo el País, lo que refleja que el liderazgo político ha sido mezquino e incapaz, porque se ha regido por las mismas estructuras dictatoriales de conculcar los derechos de los ciudadanos del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, coincidiendo con él, para mantener sometido al País a un mayúsculo desorden institucional.
En verdad, ni los jueces del Tribunal Superior Electoral ni los miembros titulares de la Junta Central Electoral (JCE) ni el Tribunal Constitucional son culpables únicamente del deterioro moral en materia de corrupción electoral, que embarga la República Dominicana, por cuanto el gran deterioro debe acreditársele a los dirigentes políticos de los partidos mayoritarios que no han hecho las transformaciones que requiere el sistema democrático moderno.
Coincido con el pensamiento de Euclides Gutiérrez Félix, funcionario y dirigente del PLD, que se pronunció en el sentido de que la iniciativa de la Ley de Partidos era un disparate que envuelve y complica la transparencia en lo partidos por cuanto se traduce en un enunciado de conceptos jurídicos oscuros que no se basta a sí misma y no es clara ni precisa, además de que dicha ley acusa carencia de elementos esenciales en su estructura, que la convierten en en una ley muerta y con muy poca incidencia de avance jurídico, encerrando a los Partidos y a la Junta Central electoral en un absurdo rosario de plazos fatales, que tendrán todos que violarse por improcedentes.
Es una ley ambigua que carece de procedimientos en su ejecución y se deja a la interpretación o a la reglamentación caprichosa del Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral, además no se prevé la competencia de los tribunales, en la violación de los fraudes, delitos electorales y violaciones en las que incurran las altas dirigencias de los partidos y no procuró el nombramiento del Procurador fiscal Electoral,
En el proyecto de Ley de Partidos «no se determina la calidad para demandar y el régimen de prescripción de la acción se queda en el limbo jurídico, el de sanciones es nulo y las pocas que existen son muy ambigua y benignas”. La pieza tiene «muchas deficiencias en la formación de los partidos y agrupaciones políticas, normas y estatutos así como derechos y deberes de los miembros; educación política, y campañas, patrimonio y financiamiento de los partidos, entre otros aspectos».
Para las próximas elecciones de no corregirse el sistema electoral vigente, tendremos un país envuelto en una gran crisis que habrá de llevarse los actuales dirigentes políticos que no han trabajado en beneficio de darle al país una salida democrática conforme a las exigencias del pueblo dominicano.
Por ejemplo, cómo acudir a un proceso electoral que permite pactos de alianzas, altamente viciados y en contra del régimen parlamentario interno de los Partidos. Al final, la Junta Central Electoral aprueba todos los pactos, y la presentación de candidatos, bajo el argumento del tiempo y bajo la presión de las autoridades que presentan documentos reprobables y que evidencian vicios que generan delitos e infracciones electorales, sin que la JCE pueda tener independencia de criterio, por estar constituida por miembros complacientes al gobierno de turno.
La Junta Central Electoral, entre la espada y la pared, en definitiva, justifica todas las irregularidades del proceso.
Un proceso viciado de arriba abajo, matizado por la compra del voto, una campaña alienante, una boleta electoral mal diseñada y confusa, con unos recuadros que incitan a la nulidad y la observación del voto y con un alto costo de abstención e incredulidad alarmante, que merma el sistema político dominicano.
JPM