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El fracaso eléctrico
EDWARD VERAS
Según la ley 1-12 que dicta la Estrategia Nacional de Desarrollo, se ordenó al Consejo Económico y Social CES a la convocatoria del llamado Pacto Eléctrico, con el objetivo de emprender acciones que corrijan las falencias técnicas y económicas que afectan el débil funcionamiento de nuestro sistema eléctrico nacional. En un análisis anterior, mostramos las desavenencias entre los sectores representados en las mesas de negociaciones y la falta de propuestas que modifiquen los escollos del marco legal de la operación del Mercado Eléctrico Mayorista.
Las labores plasmadas en el cronograma original, lucen estancadas. En tres meses luego de finalizada la penúltima fase, aun no se vislumbra un consenso para la plenaria final. Ningunas de las mesas en discusiones ha logrado acuerdo entre las partes, evidenciándose en algunos casos las declaraciones públicas de inconformidades y hasta el retiro de algunos actores fundamentales, varios de ellos representantes de la sociedad civil organizada.
El fracaso del pacto eléctrico se vislumbró desde su inicio. Más que buscar soluciones, el Estado jugó a socializar la culpa de las consecuencias que a futuro puedan acarrear las decisiones “consensuadas” en la plenaria y repartir la pesada carga que una vez en 1998 le costó el proceso de capitalización de la antigua CDE. Es como si el Estado estuviese renunciando a su rol de ejecutor de políticas de desarrollo y regulación de cualquier actividad.
La plenaria del pacto eléctrico toma al Estado desprovisto de un plan que reduzca a corto, mediano o largo plazo el 37% en promedio de las pérdidas en el sector distribución, asignando la eficiencia de las empresas estatales encargadas de la actividad a los cortes de suministro a la población, siendo la electricidad un servicio irremplazable para los procesos industriales, comerciales y domésticos.
El 2016 nos llega con un déficit financiero estatal, debido a la inversión del gobierno en la construcción de la central eléctrica de Punta Catalina sobrevalorada en más de un 117% de su costo estimado según el ranking internacional. Cabe recordar que el acuerdo de financiamiento suscrito por el Estado Dominicano con el Bandes de Brasil, se ha visto afectado por los escándalos financieros gubernamentales en la nación suramericana y las acusaciones a los gobernantes del partido de turno en el ejercicio de lobby internacional en favor de la poderosa Odebrecht.
¿Cómo puede un gobierno iniciar un proyecto de 2,140 millones de dólares (más del 3% del PIB), sin tener establecido de forma clara y precisa las fuentes de financiamiento del mismo? De forma desesperada, el gobierno emprende la búsqueda del desembolso de 200 millones de dólares para inversión en la central por parte de bancos europeos que representa menos del 10% del flujo de caja total, comprometiendo las finanzas públicas o un muy probable retraso del cronograma de ejecución.
Uno de los tropiezos visibles a futuro por parte del Estado es la adjudicación de la operación de la nueva central de 720 MW. ¿En qué términos se realizará la misma? ¿Estaremos realizando una segunda capitalización de la empresa eléctrica estatal, sin que la administración de la misma haya presentado deficiencias? ¿o sería ese nuevo contrato un pago por adelantado, con tal de aceptar el contrapeso de la socialización de la culpa de las acciones a tomar tras la finalización del pacto eléctrico? Queremos saber.
El año electoral que recién inicia nos presenta un “jaque” puesto por el sector de la generación privada al gobierno en el vencimiento de los contratos de compra y venta de energía de los mal llamados “Acuerdos de Madrid”. En agosto se fecha el vencimiento de la mayoría de estos y toma al gobierno en desventaja para renegociar, ya que el sistema eléctrico seguiría dependiendo de la generación actualmente contratada ante la falta de energía “barata” disponible, fuera de lo acordado en el año 2001.
Esta situación pudo ser prevista en la iniciativa de los 1,200 MW a carbón propuestos en 2007 con la empresa de capital oriental Sichuan Machinery o en la ejecución de las asignaciones del llamado a licitación en 2012 para la instalación de una capacidad similar a gas natural o carbón. Una vez más la falta de planeación estratégica estatal, nos coloca al borde de ceder ante negociaciones espurias que afectan el bien público y el interés común.
El trauma nacional tras el fracaso del pacto eléctrico se incrementa con el destape de una asignación de grado a grado, que de forma secreta habrían firmado en 2013 los ejecutivos de CDEEE con la empresa Pinegy Comercial Group, experta en fabricación de plásticos, para la instalación de unos 600 MW a carbón en la comunidad de Paya, Bani. Según el contrato suspendido mediante acto de alguacil por el holding estatal en mayo del 2015, se compromete cierta garantía soberana la cual podría ser reclamada en cualquier momento por la empresa tenedora de la concesión.
Vale la pena recordar que con la firma de este contrato, el estado estaría violentando la ley 125-01, o Ley General de Electricidad, en sus artículos 45 al 49, en torno al procedimiento establecido en los mismos respecto a la adjudicación de concesiones definitivas de explotación de una obra eléctrica.
Este último elemento agrava la disconformidad de los sectores que interactúan en la justa, destacándose la petición del sector social ante la presidencia del Consejo Económico y Social sobre el aplazamiento de la pre-plenaria convocada recientemente, hasta que el gobierno aclare los términos en que se realizó ese contrato secreto y ajeno a todas las discusiones. Estas acciones ocultas colocan en entredicho la palabra del gobierno en el cumplimiento de la cosa pactada.
No se ha hecho esperar la reacción social. El empoderamiento ciudadano mostrado a finales del 2015 en las afueras del Palacio Nacional y reclamando el cierre de la OISOE, se trasladó esta vez a la sede de las discusiones del pacto eléctrico, reclamando de forma enérgica y decidida toda la transparencia posible al Estado Dominicano en las acciones acordadas o no que afecten en un futuro el buen funcionamiento del sector eléctrico nacional.
edwardverasdiaz@gmail.com
no has habido en los ultimos 50 anios un goblerno que pueda ir en contra de los intereses economicos de poder en rep dom,ni este gobierno vas ha ser la excepcion,el problema electrico se has convertido en un negocio muy lucrative para el sector privado,las empresas electricas en vez de ser un servicio public,se has convertido en una fuente de latrocinio del sector privado.poque leonel en lugar de invertir 2.000.000 de dolares en un elefante blanco como lo es el metro,no modernize el pais con un sistema electrico eficiente ?,porque los capitalista no tienen beneficios.aun con estas dos marranas blancas… Leer mas »
¡ crónica de una muerte anunciada !se instaló el gobierno del presidente medina con tres pactos vitales y prioritarios, el pacto eléctrico entre ellos, el más conflictivo por los intereses envueltos y así mismo el que se prorrogó para último, aunque prácticamente el presidente juró que al término de gobierno del 2016 estaría resuelto la cuestión eléctrica, y desde luego que es imperceptible el avance. lo que se evidencia es lo referido en el artículo, el asunto eléctrico no es más que un botín o una vía de «capitalización » individual de sus dirigentes de gobierno, más elocuente no puede… Leer mas »
hermano si no se hacen las cosas asi en r.d. nunca vamos a solver el problema electrico. como estan la cosas en el gobierno de muchas cabezas e intereses particulares si se transparenta esta obra , siempre viene un a-za-ro-so- y lo destruye,lo entorpece y lo destruye porque no le dieron lo suyo. sr. presidente termine su obra tranquilo que la historia lo va a glorificar.porque usted sr. profesor veras diaz no menciona en su escrito cuantos millones se pierden mensualmente en dolares del presupuesto de dinero por las perdidas ocasionadas en las edes y las eses a costa del… Leer mas »
lea los numeros expuestos y si los comprende y tiene la manera de rebatirlos, proceda a politizar.