El debate político-electoral: entre la democracia y el espectáculo

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El autor es comunicador. Reside en Punta Cana.

El debate político-electoral podría ser una herramienta clave para mejorar la vida democrática. En este momento, vendría a ser una oportunidad para que representantes políticos y candidatos puedan exponer sus propuestas, visiones y defender sus posiciones sobre temas de interés público. Sin embargo, en la actualidad, esta práctica ha evolucionado, convirtiéndose en un espectáculo político y mediático que busca más afianzar el posicionamiento que el intercambio de ideas.

Los debates políticos, de algún modo, aspiran a informar y contrastar ideas y propuestas entre candidatos. Sin embargo, en la era de los medios de comunicación y las redes sociales, estos eventos son aprovechados para conquistar votos a través de la exposición mediática y la construcción de percepciones.

Aunque se desarrollan en los medios de comunicación de masas y las redes sociales en vivo, esto no significa que estas exhibiciones tengan un papel determinante en la construcción de la imagen y el posicionamiento de los candidatos con sus realizaciones, más bien son espectáculos mediáticos para incidir en el electorado.

El precandidato a diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional por Opción Democrática, Samuel Bonilla, propone mediante ley la obligatoriedad de celebrar debates para los aspirantes a la presidencia del país. Esta iniciativa busca seguir la tradición de otros países que ya han implementado debates políticos, como España y Argentina.

En el caso de España, recientemente se llevó a cabo un debate televisivo entre los principales candidatos a la presidencia del gobierno, aunque la ausencia de uno de los candidatos puso en evidencia la polarización y el rechazo a esta práctica por parte de algunos políticos.

Esta práctica es tan vieja como las leyes que la normalizan, pero esto de modo alguno significa mayor equidad, transparencia y libertad en los procesos electorales o, como presentaciones públicas, haya podido afectar resultados electorales o que podría alimentar el derecho a ser elegido. Son varios los continentes donde se realizan debates político-electorales entre candidatos a presidente o primer ministro u otros cargos electivos.

En algunos países de América Latina se montan para los medios de comunicación, que por la forma que se desarrollan denotan características para ser considerados como mediáticos, puesto que, como evento mediático durante las campañas presidenciales, se aprovecha para difundir su desarrollo, generar contenidos y amplificarlos como mensajes políticos por todos los medios de comunicación de masas y redes sociales, con la intención de incidir en las decisiones de los votantes.

En la actualidad, son diversos los formatos y las plataformas, lo que amplía su alcance y permite a los ciudadanos seguirlos y participar en ellos a través de medios digitales.

En el caso nuestro, la experiencia de debates políticos ha sido limitada, siendo el enfrentamiento entre Juan Bosch y el P. Láutico García en 1962 el único registro. Lo que significa que no hay tradición arraigada en la cultura política dominicana, nació y allí quedó. Los registros históricos y experiencias de otros países de ningún modo son suficientes para constituirse como práctica u obligatoriedad en el país, ahora sí podrían encarecer el costo del voto.

La relevancia de los debates político-electorales radica en que permiten a los ciudadanos conocer las propuestas y posiciones de los candidatos y representantes políticos, fomentando así la discusión y el intercambio de ideas. Sin embargo, su efectividad no está determinada por la mera existencia de una ley que lo regule, sino por el compromiso de los candidatos y la sociedad en promover la discusión y la participación ciudadana.

Sin embargo, es difícil demostrar con certeza que esta exposición en público a través de los medios pueda cambiar significativamente las preferencias de los electores a partir de un debate presidencial. No hay estudios que lo certifiquen, en cambio, sí existen pruebas realizadas que solo sí en proporciones muy pequeñas.

En ese sentido, la inversión para la realización, es decir, los recursos empleados para coordinar y desarrollar este evento político-electoral, que bien podrían emplearse para la promoción de valores democráticos en cuanto a su efectividad y fortalecimiento democrático, no se compensa el esfuerzo para su normalización.

La celebración de debates político-electorales no necesariamente sería un recurso para fortalecer la democracia en el país. Sin embargo, su éxito y permanencia dependen de la voluntad política y del compromiso de los actores políticos y la sociedad en promover debates constructivos, basados en la confrontación de ideas y enriquecimiento del debate público.

Sólo así, serían una oportunidad para conocer y evaluar a los candidatos y sus propuestas, y así tomar decisiones informadas en el ejercicio de nuestro derecho al voto.»

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jpm-am

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