Ecocidio y costo político (?)

A la empresa minera Barrick Gold – y al margen de los beneficios que la explotación del oro pueda dejarle al país – por sus hechos, daños medioambientales y desmanes y abusos evidentes en las comunidades donde se le autoriza operar, la conoceréis y recordareis no como cosa grata.

Con el visto bueno oficial recibido – con fuerza pública bien armada incluida- para dar paso a una muy controversial presa de cola, la empresa ha vuelto a ponerse en la picota y, con renovados bríos destructores, a ser piedra de escándalo y elemento de gran preocupación de amplios sectores sensatos del país.

Sin ir más lejos: El ecocidio – lo que ocurre en la actualidad la provincia Sánchez Ramírez con el derribo indiscriminado de árboles, afectación del único río de la zona y el despojo de las tierras a campesinos indefensos del lugar- se define como:” la destrucción o daño grave, extenso y duradero de los ecosistemas naturales, a menudo causados por la actividad humana.

En esencia, es una forma de “genocidio” para el planeta, ya que amenaza la supervivencia de las especies y afecta el bienestar de las comunidades. Se ha propuesto la incorporación del ecocidio como un crimen internacional en el estatuto de Roma, con el objetivo de que se pueda perseguir y sancionar a los responsables de daños ambientales masivos”.

Por lo visto, la Barrick se ampara para su desmedido accionar en un párrafo final – fuera de contexto y de la requerida aprobación del Congreso, porque enajena bienes públicos- en el decreto 270-22 del presidente Luis Abinader, relativo al apertura de los consulados de Orlando, Filadelfia y Paterson y el nombramiento del respectivo personal.

¿Error involuntario o un párrafo de contrabando?

Con una comunidad de pie, indignada en extremo y consiguiendo cada vez más respaldo a su causa, aquello no pintan nada bueno y amenaza con derivar en una matazón de inocentes rechazando atropellos y en defensa de derechos pisoteados.

Eso solo amerita de la atención y acción personal, y urgente, del jefe del Estado, antes de que la ampliación de la Reserva de Monte Negro y nuevas facilidades otorgadas a la Barrick en unas 50 mil tareas resulten un muerto muy pesado y de alto costo político para su gobierno.

¿Acaso no ha pensado en eso el ministro de Energía y Minas y el presidente del Senado, entre otros “facilitadores”?

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